STC8053-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8053-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01016-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las acciones de tutela -acumuladas- interpuestas por Aura Julia Realpe Oliva, en calidad de Procuradora 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras y, por Miguel \u00c1ngel S\u00e1nchez, Leonor L\u00f3pez Barbosa, Jaime Casta\u00f1eda, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Vel\u00e1squez Mu\u00f1oz, Isaura Mart\u00edn, Luz Adriana Vel\u00e1squez, Olman Su\u00e1rez, Ubeimar Su\u00e1rez, Ana Garc\u00eda, Edgar Casta\u00f1o, Reinerio Criollo, Cecilia Lara Barbosa y Elvira Jara Barbosa, qui\u00e9nes aducen actuar en calidad de miembros de la \u00abComunidad Ebenezer\u00bb, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, tr\u00e1mite al cual se vincularon las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En los escritos de amparo se reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpropiedad privada\u00bb, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del fallo de restituci\u00f3n de tierras del 10 de marzo de 2022, aclarado el 5 de septiembre siguiente, comoquiera que, a pesar de acceder al pedimento de restituci\u00f3n realizado en nombre del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, omiti\u00f3 resolver las reclamaciones de los opositores. <\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico, en concreto, solicit\u00f3 ordenar al estrado querellado que \u00abproceda a resolver las oposiciones de acuerdo con los medios probatorios obrantes en el proceso o bien una vez se aporten los ordenados en el auto de 20 de enero 2021\u00bb, toda vez que la omisi\u00f3n del sentenciador \u00abimplica vulneraci\u00f3n del debido proceso de los opositores am\u00e9n de la propia comunidad \u00e9tnica, en punto de la certeza sobre los derechos de privados para los primeros y de la autonom\u00eda de su territorio ancestral para la segunda\u00bb. <\/p>\n
Los dem\u00e1s accionantes, quienes act\u00faan en nombre propio y afirman representar a la autoproclamada Comunidad [Campesina] Ebenezer, pidieron que \u00abse deje sin efectos la sentencia n\u00b0 1 del 10 de marzo de 2022 y en consecuencia se ordene realizar una nueva sentencia en la que considere la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica, f\u00edsica y catastral de los predios de la comunidad Ebenezer que ya han sido individualizados, alinderados y georreferenciados\u2026 como tambi\u00e9n previo a dictar esta sentencia nueva, se abra periodo probatorio y se realicen las acciones de georreferenciaci\u00f3n, alinderamiento e individualizaci\u00f3n contemplados en el auto 11 del 20 de enero de 2021, a fin de dar resoluci\u00f3n definitiva a la problem\u00e1tica de restablecimiento de derechos territoriales, en pugna entre el Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez y la Comunidad Ebenezer\u00bb. <\/p>\n
2. De la revisi\u00f3n de los expedientes constitucional y de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas (rad. n.\u00b0 76001-31-21-001-2016-00101-02), los hechos relevantes pueden compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
2.1. El Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez fue reconocido el 7 de diciembre de 1995, mediante resoluci\u00f3n n.\u00b0 058 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, con el englobe de los predios las Palmeras, Manantiales, la Ermita, el Recreo y Portobello. Adem\u00e1s, se adicionaron el dominio o derechos de posesi\u00f3n sobre los inmuebles las Ondas, Potrerito, El Triunfo, San Ram\u00f3n, Loma Seca y el Tambor, los cuales fueron entregados por algunos miembros de la comunidad ind\u00edgena para constituir el resguardo. <\/p>\n
2.3. Incoder, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n n.\u00b0 1767 del 12 de agosto de 2012, inici\u00f3 el tr\u00e1mite para evaluar una tercera ampliaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena; asimismo, dispuso sanear y reestructurar el territorio colectivo. <\/p>\n
2.4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en el a\u00f1o 2016 y en representaci\u00f3n del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicado n.\u00b0 2016-00101-00), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n de los predios \u00absituados en la falda sureste del cerro San Juanito, al norte de la Cordillera de Los Andes y al costado occidental de la Cordillera Central, veredas Los Cale\u00f1os (cabecera del resguardo), San Juanito, La Palmera, Villa Pinz\u00f3n y Betania\u00bb, corregimiento de La Diana, municipio de Florida (Valle). <\/p>\n
En sustento de sus pretensiones se adujo que, frente a la comunidad ind\u00edgena reclamante, se identificaron una serie de afectaciones comunitarias y territoriales a causa del conflicto armado, entre ellas: asesinatos, secuestros, torturas, amenazas, desplazamiento forzado, siembra de minas antipersona en espacios sagrados y contaminaci\u00f3n ambiental en zonas de conservaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, advirti\u00f3: (I) las dificultades existentes en la delimitaci\u00f3n del resguardo por falta de coincidencia entre las mediciones registradas y los l\u00edmites materiales del mismo; y (II) la existencia de veinticinco (25) predios sin informaci\u00f3n catastral, nueve (9) sin matr\u00edcula inmobiliaria, tres (3) de propiedad del resguardo (El Pinar, La Samaria I y el bald\u00edo englobado en 2007 por el Incoder) y catorce (14) de propiedad de particulares, sin registro de venta o donaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de la segunda ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, quien orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de quienes, en su condici\u00f3n de particulares, figuran como propietarios o reclamantes poseedores de los predios incluidos dentro del conjunto de t\u00edtulos que conforman el territorio del Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez conforme a la segunda ampliaci\u00f3n1 y los que potencialmente est\u00e1n destinados a quedar incluidos en la tercera2. <\/p>\n
2.6. En la referida providencia se orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras para que informara el estado del tr\u00e1mite de la tercera ampliaci\u00f3n del territorio y reestructuraci\u00f3n del resguardo, y para que identificara y explicara la situaci\u00f3n de los fundos particulares que estando inmersos en el territorio no han sido registrados como donados o comprados para integrar el territorio colectivo. <\/p>\n
Al apoderado de la solicitante se le deprec\u00f3 que aclarara el estado del conflicto con la comunidad \u00abEbenezer\u00bb, debido a las supuestas irregularidades cometidas en la segunda ampliaci\u00f3n del territorio resguardo. Adem\u00e1s, se requiri\u00f3 a diferentes entidades para delimitar el \u00e1rea y linderos de los predios implicados, georreferenciarlos y establecer su identidad registral y catastral. <\/p>\n
2.7. Los particulares vinculados presentaron sus contestaciones y manifestaron su oposici\u00f3n a las pretensiones de la comunidad ind\u00edgena en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, con el argumento cardinal de que sus predios fueron incluidos dentro de las ampliaciones bajo una presunci\u00f3n de ser bald\u00edos, sin evaluar su condici\u00f3n de privados y con propietarios particulares debidamente registrados. <\/p>\n
2.8. En el curso del proceso, la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas aclar\u00f3 los tr\u00e1mites administrativos adelantados tendientes a superar las desavenencias por la confusi\u00f3n o superposici\u00f3n de linderos. <\/p>\n
2.9. Fruto de las oposiciones, se remiti\u00f3 el expediente por competencia al Tribunal Superior del Distrito judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
2.10. El Tribunal decret\u00f3 pruebas adicionales, por auto del 20 de enero de 2021. En cuanto interesa, orden\u00f3 a la UAEGRTD, al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC-, a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y a la Superintendencia Delegada para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras, que de manera arm\u00f3nica y articulada, en el marco de sus competencias, presenten informe sobre (I) el alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n integral del territorio; (II) la identificaci\u00f3n, individualizaci\u00f3n y alinderamiento de las menores porciones sobre las cuales alegan derechos espec\u00edficos los miembros de la \u00abComunidad Ebenezer\u00bb y dem\u00e1s opositores, indicando n\u00fameros de matr\u00edcula inmobiliaria, c\u00e9dulas catastrales, ubicaci\u00f3n y extensi\u00f3n, con indicaci\u00f3n de su ubicaci\u00f3n dentro o fuera del resguardo ind\u00edgena reclamante y, en caso afirmativo, especificar su ubicaci\u00f3n y a que ampliaci\u00f3n o reconocimiento pertenece; y (III) establecer si los predios con folios de inmobiliarios n.\u00b0 378-688, 378-1175, 378-1255, 378-15715, 378-19610, 378-19616, 378-19617, 378-19374, 378-20892, 378-37954, 378-38208, 378-55853, 378-106353, 378-116726 y 378-122127, est\u00e1n ubicados al interior del territorio ind\u00edgena, sus extensiones, linderos y la relaci\u00f3n jur\u00eddica con los fundos. <\/p>\n
2.11. Cada una de las entidades allegaron su respuesta y aportaron las pruebas ordenadas; asimismo, la ANT alleg\u00f3 el expediente correspondiente al tr\u00e1mite de la segunda ampliaci\u00f3n y rindi\u00f3 informe sobre el tr\u00e1mite de la tercera. <\/p>\n
2.12. Mediante sentencia del 10 de marzo de 2022, el Tribunal criticado resolvi\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n promovida en favor del resguardo ind\u00edgena, protegiendo su garant\u00eda fundamental con ocasi\u00f3n de los da\u00f1os a su territorio, seg\u00fan las extensiones y linderos se\u00f1alados en las resoluciones n.\u00b0 58 del 7 de diciembre de 1995, 61 del 18 de diciembre de 2000 y 112 del 14 de junio de 2007. <\/p>\n
Tambi\u00e9n orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras que, en concertaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas y dem\u00e1s entes, \u00abrealice el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites que correspondan en orden a sanear los procesos de constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n del resguardo ya surtidos en punto a la ubicaci\u00f3n, alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n de los predios que lo conforman\u00bb, teniendo en cuenta la pruebas ya recaudas en el proceso, precisando que \u00abuna vez se surta(n) el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites en menci\u00f3n, se decidir\u00e1n las reclamaciones de los opositores\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En adici\u00f3n, mand\u00f3 cancelar los grav\u00e1menes existentes sobre varios de los fundos, poner en marcha proyectos productivos, monitorear los artefactos explosivos con riesgo de explosi\u00f3n, elaborar un plan integral de reparaci\u00f3n colectiva, definir planes para el manejo de recursos naturales, adecuaci\u00f3n y dotaci\u00f3n de vivienda a la comunidad del resguardo, empleo y emprendimiento en tecnolog\u00edas agr\u00edcolas y de conservaci\u00f3n ambiental, salud y educaci\u00f3n, fortalecimiento del patrimonio cultural de la comunidad Nasa, agotar el procedimiento de consulta previa para la explotaci\u00f3n de recursos mineros, entre otras decisiones. <\/p>\n
2.13. El 5 de septiembre de 2022 el Tribual aclar\u00f3 la sentencia, en punto a que, las referencias realizadas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo deben entenderse realizadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la misma data se deneg\u00f3 la aclaraci\u00f3n solicitada por la Contrar\u00eda General de la Rep\u00fablica, por existir precisi\u00f3n sobre la destinataria de la orden para concertar el plan de formaci\u00f3n integral de la funci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
2.14. Contra las anteriores determinaciones se promovieron los siguientes amparos constitucionales: <\/p>\n
2.14.1. El Ministerio P\u00fablico, por la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 91 de la ley 1448 de 2011, en tanto \u00abla sentencia debe referirse seg\u00fan indica su literal a) \u2018a todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y solicitudes de terceros\u2019 misma que resulta plenamente aplicable al Decreto Ley 4633 de 2011\u00bb, lo que no sucedi\u00f3 por no desatarse las oposiciones formuladas. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que tambi\u00e9n evidencia una transgresi\u00f3n de los art\u00edculos 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el fallo resulta incongruente, en afectaci\u00f3n al principio de reparaci\u00f3n integral, cuya efectividad reclama que la comunidad ind\u00edgena del resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez conozca \u00abcu\u00e1l era la suerte que hab\u00edan corrido las oposiciones, en aras de la salvaguarda de su territorio y de su autonom\u00eda y gobierno propio\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la etapa \u00abposfallo\u2026 no est\u00e1 reservada para emitir tal tipo de pronunciamiento, sino cuando las circunstancias\u2026 imponen\u2026 modular el sentido de los fallos, en orden [a] la materializaci\u00f3n de los derechos restituidos o bien de las medidas adoptadas a favor de los opositores o segundos ocupantes, como se\u00f1ala el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, plenamente aplicable al Decreto 4633 de 2011 por remisi\u00f3n normativa\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en el curso del tr\u00e1mite judicial, se plante\u00f3 que \u00absi bien podr\u00eda afirmarse que la tensi\u00f3n entre derechos de particulares y los territorios ind\u00edgenas debe resolver en favor de \u00e9stos \u00faltimos, como reconocimiento hist\u00f3rico a todos los actos de barbarie y genocidio am\u00e9n de exterminio de su cultura; no se puede dejar al garete los derechos de campesinos con tierra que derivan de aquella sus medios de subsistencia\u2026, solicitando para aquellos el amparo de medidas de pol\u00edtica p\u00fablica, como otorgamiento de proyectos productivos, en el evento de ser reubicados, y ofreciendo compra o indemnizaci\u00f3n por los fundos, obrando a tono con el tratamiento dispensado por la sentencia C 330 de 2016 para los segundos ocupantes, y atemper\u00e1ndose a los postulados de la acci\u00f3n sin da\u00f1o, de la mano de lo establecido en el art\u00edculo 64 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2.14.2. Los dem\u00e1s tutelantes, por la vulneraci\u00f3n de su garant\u00eda a la propiedad, \u00abde una comunidad campesina, que tiene arraigo en el corregimiento La Diana del Municipio de Florida-Valle del Cauca\u2026, que habiendo expresado en la motivaci\u00f3n de su sentencia las irregularidades de la segunda ampliaci\u00f3n del resguardo del Triunfo Cristal P\u00e1ez, que afect\u00f3 ostensiblemente el derecho a su libre disposici\u00f3n y goce de sus derechos territoriales de los miembros de la comunidad Ebenezer, dejando a libre arbitrio a la Agencia Nacional de Tierras, para que esta resolviera la individualizaci\u00f3n, georreferenciaci\u00f3n, determinaci\u00f3n de linderos de cada uno de los fundos privados, a sabiendas de la contumacia de cumplir las \u00f3rdenes impartidas por esta autoridad judicial, en auto de 20 de enero de 2021, relativas a la medici\u00f3n, georreferenciaci\u00f3n y establecimiento de linderos de los predios de la comunidad Ebenezer, que nunca cumplieron y dejando as\u00ed a merced a una comunidad que est\u00e1 arraigada m\u00e1s de 80 a\u00f1os en esa zona\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Manifestaron encontrarse en un limbo jur\u00eddico, por haber dejado \u00aben manos de la Agencia Nacional de Tierras, que despoj\u00f3 administrativamente nuestros derechos de propiedad privada, para que definiera si ten\u00edamos o no derechos de propiedad privada, para que definiera si ten\u00edamos o no derechos sobre lo que por muchas d\u00e9cadas hemos pose\u00eddo, ocupado y ejercemos derecho de libre disposici\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Destacaron que, ante la falta de claridad de los fundos, se genera \u00abuna situaci\u00f3n compleja de convivencia entre campesinos e ind\u00edgenas\u00bb, m\u00e1xime cuando vienen desarrollando pr\u00e1cticas productivas y tienen un proyecto de vida en el territorio. <\/p>\n
Arguyeron que el per\u00edodo probatorio no se agot\u00f3 apropiadamente, pues las autoridades requeridas no cumplieron las \u00f3rdenes judiciales, por lo que la decisi\u00f3n judicial es una muestra de la determinaci\u00f3n de cumplir con los t\u00e9rminos procesales en desmedro de los derechos de los opositores. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo formulada por el Ministerio P\u00fablico, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 2.2.3.1.3.1 del decreto 1069 de 2015 -adicionado por el canon 1\u00b0 del decreto 1834 del mismo a\u00f1o-, el 23 de marzo de 2023 se admiti\u00f3 y acumul\u00f3 al presente tr\u00e1mite, precisando que, por unidad de materia, a partir de esa data, las actuaciones se seguir\u00e1n de manera conjunta bajo el consecutivo del ep\u00edgrafe (rad. n.\u00b0 2023-01016-00). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, manifest\u00f3 remitirse a lo consignado en el expediente y en la sentencia criticada; posteriormente, otorg\u00f3 acceso a los archivos que componen la foliatura. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Departamento del Valle del Cauca, la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca, la Escuela Superior de Administraci\u00f3n P\u00fablica – ESAP, La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de la Caja Agraria en Liquidaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Trabajo, el Banco Agrario de Colombia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el Ministerio de Educaci\u00f3n, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Agencia Nacional de Miner\u00eda, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Desarrollo Rural y Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica, en escritos separados, instaron su desvinculaci\u00f3n, al considerar una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no son las llamadas a proteger los derechos invocados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Davivienda S.A. pidi\u00f3 negar la salvaguarda, al considerar que no se cumple con los presupuestos de procedibilidad; destac\u00f3 que no existen obligaciones pendientes a cargo de esa entidad bancaria, que den paso a la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Ministerio del Interior se refiri\u00f3 a los hechos y asever\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cont\u00f3 las actuaciones adelantadas por esa cartera ministerial, en pro del cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Tierras relat\u00f3 los tr\u00e1mites efectuados en favor del resguardo ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, en particular, frente a la tercera ampliaci\u00f3n del territorio; inform\u00f3 que est\u00e1 en curso el saneamiento del territorio formalizado (constituci\u00f3n y dos ampliaciones) pero, ante la ausencia de condiciones m\u00ednimas de seguridad, no ha sido posible la visita de campo, por lo que actualmente, la informaci\u00f3n topogr\u00e1fica y de georreferenciaci\u00f3n se encuentra en procesamiento para elaborar el respectivo informe con los hallazgos y conclusiones de dicha visita. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Procuradora 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras manifest\u00f3 que los hechos, con los que Miguel \u00c1ngel S\u00e1nchez, Leonor L\u00f3pez Barbosa, Jaime Casta\u00f1eda, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Vel\u00e1squez, Olman Su\u00e1rez, Ubeimar Su\u00e1rez, Ana Garc\u00eda, Edgar Casta\u00f1o, Reinerio Criollo, Cecilia Lara Barbosa y Elvira Jara Barbosa sustenta su petici\u00f3n de amparo, guardan similitud con los supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos con la acci\u00f3n de tutela que se inco\u00f3 por el Ministerio P\u00fablico, tocante a la falta de resoluci\u00f3n de las oposiciones. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
1. En el curso de la salvaguarda constitucional y con el fin de contar con informaci\u00f3n actualizada, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica y sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 21 y 22 de del decreto 2591 de 1991, el 30 de junio de 2023 se decret\u00f3 como prueba oficiar a la Agencia Nacional de Tierras, para que informe: <\/p>\n
a) Las diligencias adelantadas para dar cumplimiento al fallo de restituci\u00f3n de tierras del 10 de marzo de 2022, especialmente en cuanto se refiere al saneamiento del territorio ind\u00edgena del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez; y <\/p>\n
b) El estado actual, y los tr\u00e1mites realizados, en punto a la solicitud de tercera ampliaci\u00f3n del territorio pretendida por el pueblo \u00e9tnico, el cual se inici\u00f3 con resoluci\u00f3n n.\u00b0 1767 de 12 de agosto de 2012, del entonces Incoder. <\/p>\n
Se deprec\u00f3 que, de las afirmaciones, se arrime prueba que sirva de soporte. <\/p>\n
2. En cumplimiento de lo anterior, la Agencia Nacional de Tierras manifest\u00f3 que: <\/p>\n
2.1. \u00ab[E]n febrero del a\u00f1o 2021 el equipo t\u00e9cnico de topograf\u00eda de la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos -en adelante DAE- elabor\u00f3 un informe t\u00e9cnico\u2026 donde igualmente requer\u00edan el censo y caracterizaci\u00f3n de la comunidad Ebenezer\u00bb, en el cual se encontr\u00f3 que \u00abaunque el proceso [de constituci\u00f3n del resguardo] se surti\u00f3 con predios de presunta propiedad privada, se encuentra que seg\u00fan el cotejo de capas con la informaci\u00f3n catastral IGAC 2017, se evidencian predios diferentes a los que componen el Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez y que no fueron identificados en los procesos adelantados por el extinto INCORA e INCODER\u00bb, de all\u00ed que deba adelantarse el tr\u00e1mite de saneamiento. <\/p>\n
2.2. El 5 de abril de 2022 se sostuvo una reuni\u00f3n presencial con la DAE, con miembros del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, un delegado de la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas y un representante de la Organizaci\u00f3n Nacional Ind\u00edgena de Colombia, donde se inform\u00f3 sobre el avance de la tercera ampliaci\u00f3n del territorio ind\u00edgena, se adquirieron compromisos para activar una ruta de atenci\u00f3n con el resguardo, que contemple el saneamiento del territorio. <\/p>\n
2.3. En la semana del 24 de febrero al 4 de marzo de 2023, en articulaci\u00f3n de las autoridades del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo P\u00e1ez y los representantes de la Comunidad Ebenezer, se georreferenciaron algunos puntos estrat\u00e9gicos. <\/p>\n
Se revis\u00f3 la caracterizaci\u00f3n sociofamiliar de la comunidad y su ubicaci\u00f3n, concluyendo que \u00aben la cartograf\u00eda social se logr\u00f3 identificar 24 predios en el mapa, 16 se ellos en el pol\u00edgono del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abel 27 de febrero de 2023 se convoc\u00f3 un espacio con los representantes y los miembros de la Comunidad Ebenezer para socializar el plan de trabajo y articular el acompa\u00f1amiento conjunto para la toma de los puntos que comprenden la segunda ampliaci\u00f3n (donde mayoritariamente se ubican los inmuebles). Adicionalmente, se aprovech\u00f3 el espacio para recolectar documentos de tipo jur\u00eddico (cartas ventas, contratos de promesa de compraventa, acuerdos privados, escrituras p\u00fablicas, etc.) de las familias interesadas con el fin de realizar el an\u00e1lisis correspondiente de cada uno de estos predios\u00bb. <\/p>\n
2.4. En relaci\u00f3n con la tercera ampliaci\u00f3n del territorio a favor del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, actualmente el equipo de compras de la DAE, tiene en tr\u00e1mite tales negocios respecto de cerca 10 fundos, con el fin de determinar tal ampliaci\u00f3n. \u00abA la fecha no se han presentado m\u00e1s ofertas voluntarias de compras para ser incluidas en la ampliaci\u00f3n del Resguardo Ind\u00edgena. En ese sentido, una vez se finalice la adquisici\u00f3n de todos los predios se podr\u00e1 continuar con el procedimiento de ampliaci\u00f3n o se convalidara con la comunidad si estos requieren la adici\u00f3n de nuevos predios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales. <\/p>\n
1.1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del orden jur\u00eddico, sin ninguna objetividad, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez, que busca evitar alegaciones tard\u00edas que atenten contra la lealtad procesal y el principio de confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
Es que en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, el juez de tutela debe intervenir con el fin de restablecer la juridicidad, a condici\u00f3n de que se satisfagan los requisitos generales de procedencia del amparo constitucional. <\/p>\n
1.2. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que procede la tutela contra decisiones judiciales, entre otros casos, por la ocurrencia de un defecto sustantivo, esto es, cuando: <\/p>\n
\u2026la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposici\u00f3n en el caso, que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; (v) omite motivar su decisi\u00f3n o la motiva de manera insuficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad (\u2026)\u00bb (negrilla fuera de texto, CC SU635\/15). <\/p>\n
Asimismo, el amparo constitucional procede por la materializaci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico, \u00abque surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u00bb; en otros t\u00e9rminos, \u00ab[s]e erige sobre la malinterpretaci\u00f3n de los hechos expuestos en un proceso, la cual deviene de una inapropiada valoraci\u00f3n probatoria, bien porque el juez no contaba con pruebas para sustentar sus afirmaciones, ora porque al estimar su valor demostrativo fue arbitrario\u00bb (CC SU072\/18). <\/p>\n
Los anteriores, advi\u00e9rtase, no facultan al juez de tutela para intervenir frente a la actuaci\u00f3n judicial con el fin de evaluar su correcci\u00f3n. En verdad, debe limitarse al examen de validez, para determinar el completo alejamiento de los c\u00e1nones de gobiernan la actividad judicial y, de ser procedente, ordenar que el proceso se reconduzca seg\u00fan la constituci\u00f3n y la legislaci\u00f3n vigente. <\/p>\n
La Corte ha manifestado que, \u00abel juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (STC, 11 may. 2001, exp. n.\u00b0 0183, reiterada en STC6187, 28 jun. 2023, rad. n.\u00b0 2023-02376-00). <\/p>\n
2. An\u00e1lisis de los requisitos generales de procedencia en el sub lite. <\/p>\n
Frente a las solicitudes para que se tutele el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la propiedad privada y a la tierra, dentro del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n confutado, son necesarias las siguientes consideraciones, respecto a la satisfacci\u00f3n de los requisitos generales de procedencia. <\/p>\n
2.1. Oportunidad. <\/p>\n
2.1.1. Seg\u00fan la posici\u00f3n decantada por esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar\u2026 Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC14719-2022 y STC120-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate suplicado, porque si el precursor se demor\u00f3 en proponer este remedio constitucional, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al despacho convocado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados (negrilla fuera de texto, STC6121, 28 jun. 2023, rad. n.\u00b0 2023-02400-00). <\/p>\n
2.1.2. La sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, se profiri\u00f3 el 10 de marzo de 2022, siendo aclarada el 5 de septiembre siguiente, determinaci\u00f3n \u00e9sta notificada, tanto por estado como por correo electr\u00f3nico, al d\u00eda siguiente, seg\u00fan la orden contenida en el prove\u00eddo: \u00abConforme lo dispone el art\u00edculo 93 de la Ley 1448 de 2011, ordenar la notificaci\u00f3n de la presente providencia a los distintos intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, en especial mediante mensaje de datos enviado a los correos electr\u00f3nicos de los distintos vinculados al proceso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, como la petici\u00f3n identificada con el n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01016-00 fue radicada en el aplicativo de recepci\u00f3n de tutelas de la Rama Judicial el 7 de marzo de 2023, se encuentra satisfecho este requisito. <\/p>\n
2.1.3. No sucede lo mismo respecto al amparo remitido por mensaje de datos el 21 de marzo, radicado el d\u00eda 24 siguiente (rad. n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01260-00), pues refulge su formulaci\u00f3n extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Y es que, aun si en gracia de discusi\u00f3n se acudiera al principio de confianza leg\u00edtima, generado de la instrucci\u00f3n del sentenciador en el sentido de privilegiar el enteramiento basado en el mensaje de datos, para tener por agotada la notificaci\u00f3n el 8 de septiembre, por fuerza de la agregaci\u00f3n de los dos (2) d\u00edas a que se refiere el art\u00edculo 9\u00b0 del decreto 806 de 2020, replicado en el mismo canon de la ley 2213 de 2022, deviene que los seis (6) meses para la proposici\u00f3n del amparo se hab\u00edan extinguido antes de que los interesados allegaran su escrito. <\/p>\n
Empero, como este mecanismo de protecci\u00f3n fue promovido por quienes se auto-reconocen como integrantes de la Comunidad Ebenezer, colectivo campesino que asegura tener pr\u00e1cticas organizativas y espirituales compartidas, se impone inaplicar el requisito de tempestividad, por estar frente a sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Para explicar conviene traer a la memoria el pensamiento de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia: <\/p>\n
\u2026si bien la procedencia del auxilio requiere su formulaci\u00f3n en un tiempo prudencial y previo agotamiento de los mecanismos de defensa previstos en la ley, la jurisprudencia constitucional y de esta Sala ha se\u00f1alado que puede prescindirse v\u00e1lidamente de tales exigencias, cuando, como en este caso, existen relevantes circunstancias que justifican una postura menos estricta para ajustar la actuaci\u00f3n a derecho. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce el reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 13, ago. 2013, exp. 00093-01). De ah\u00ed que al avizorarse \u00abuna anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo (\u2026), es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante, la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00)\u2026 <\/p>\n
Entonces, al igual que ocurre con la instauraci\u00f3n tard\u00eda del remedio excepcional, la no utilizaci\u00f3n de los recursos contra el prove\u00eddo recriminado, no implica, de manera absoluta, el cierre de la administraci\u00f3n de justicia para corregir la actuaci\u00f3n materia de reproche, cuando \u00e9sta no se muestra razonable, y, por consiguiente, afecta gravemente derechos amparados por la Carta Pol\u00edtica (STC7828, 22 jun. 2022, rad. n.\u00b0 2022-00069-01). <\/p>\n
En el sub examine, dado que la tutela se interpuso por campesinos, quienes se admite son una poblaci\u00f3n que \u00abpadece de estrechas -y muchas veces precarias- condiciones de vida\u00bb (AC1020, 20 mar. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00660-00), se impone tener una actitud proclive a la protecci\u00f3n de sus derechos, lo que se expresa con la morigeraci\u00f3n de ciertas exigencias, tales como la tempestividad para acudir a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ya la Sala tiene dicho: <\/p>\n
[C]on el fin de satisfacer las necesidades, inicialmente de la colonizaci\u00f3n, y despu\u00e9s de la consolidaci\u00f3n de los procesos de industrializaci\u00f3n, se promovi\u00f3 una \u00abfrecuente y masiva llegada de campesinos a las ciudades\u00bb (SC4649, 26 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2001-00529-01), lo que se tradujo en la trivializaci\u00f3n de la actividad agropecuaria y la concentraci\u00f3n de la inversi\u00f3n estatal en las urbes, con el fin de mejorar el saneamiento b\u00e1sico y el acceso a servicios p\u00fablicos esenciales. <\/p>\n
Lo que fue por muchos siglos el n\u00facleo de la sociedad -el campo-, por permitirle su subsistencia, pas\u00f3 a un plano secundario\u2026 El resultado fue la progresiva reducci\u00f3n de los trabajadores agrarios\u2026 as\u00ed como un d\u00e9ficit sistem\u00e1tico en la infraestructura rural\u2026 <\/p>\n
De esta forma el campesino perdi\u00f3 su condici\u00f3n de actor relevante de la sociedad, rol que de tanto en tanto reivindicaron, as\u00ed como apaciguados con cambios normativos \u00abformales\u00bb y con poca eficacia en la realidad (SC194, 18 de julio de 2023, rad. n.\u00b0 2013-00285-01). <\/p>\n
No en vano, en la redacci\u00f3n original de los art\u00edculos 64, 65 y 66 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se otorg\u00f3 \u00abal trabajador del campo y en general al sector agropecuario, un tratamiento particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producci\u00f3n[,] que encuentra justificaci\u00f3n en la necesidad de establecer una igualdad no s\u00f3lo jur\u00eddica sino econ\u00f3mica, social y cultural para los protagonistas del agro, partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la prosperidad de los otros sectores econ\u00f3micos y de que la intervenci\u00f3n del Estado en este campo de la econom\u00eda busca mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginaci\u00f3n social\u00bb (CC, C-066\/02). <\/p>\n
Medidas necesarias para \u00abenfrentar la desigualdad que persiste entre las condiciones de vida en las ciudades y en las zonas rurales, donde los \u00edndices de pobreza multidimensional son casi tres veces mayores (2,8 en 2019, seg\u00fan el DANE), lo cual limita de manera inaceptable los derechos de los habitantes del campo y corroe el Estado social de derecho\u00bb (CC, SU288\/22). Se afirma que \u00abla poblaci\u00f3n campesina enfrenta una triple falencia en la garant\u00eda de sus derechos fundamentales, pues enfrenta una brecha en el acceso y calidad de servicios p\u00fablicos; una brecha al interior del mundo rural; y ha padecido de especial manera los impactos del conflicto armado\u00bb3. <\/p>\n
Como respuesta, por medio del acto legislativo n.\u00b0 01 del 5 de julio de 2023, se modific\u00f3 el art\u00edculo 64 de la Carta Fundamental, en el sentido de reconocer que \u00ab[e]l campesino es sujeto de derechos y de especial protecci\u00f3n\u00bb, en tanto \u00abtiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producci\u00f3n de alimentos en garant\u00eda de la soberan\u00eda alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geogr\u00e1ficas, demogr\u00e1ficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales\u00bb. <\/p>\n
Dentro de estas medidas se previ\u00f3, entre otros, el deber del Estado de velar \u00abpor la protecci\u00f3n, respeto y garant\u00eda de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde un enfoque de g\u00e9nero, etario y territorial\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
Deviene de lo expuesto, de cara al presente caso, que como los campesinos fueron los que reclamaron -por tutela- el derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial sobre las oposiciones que plantearon en el juicio de restituci\u00f3n, en su condici\u00f3n de sujetos de especial reconocimiento constitucional por su v\u00ednculo con la tierra objeto de litigio, resulta posible obviar la tardanza de unos pocos d\u00edas en la proposici\u00f3n este mecanismo y entrar a su estudio de fondo. <\/p>\n
Situaci\u00f3n con mayor justificaci\u00f3n de considerarse que la accionante es una \u00abcomunidad campesina\u00bb, ciertamente informal, pero no por ello desprovista de derechos colectivos, que deben tutelarse para el beneficio de todos los integrantes del grupo cultural. Reit\u00e9rese, conforme al modificado art\u00edculo 64 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se \u00abreconoce la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica, social, cultural, pol\u00edtica y ambiental del campesinado\u00bb y se debe propender por la salvaguardia de sus derechos \u00abcolectivos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Subsidiariedad <\/p>\n
Como las quejas se centran en dos (2) censuras, se analizar\u00e1 el cumplimiento de esta condici\u00f3n frente a cada una de ellas, a saber: (I) falta de resoluci\u00f3n de las oposiciones, y (II) ausencia de recolecci\u00f3n de los medios suasorios decretados. <\/p>\n
2.2.1. En lo tocante al primer aspecto, se tiene que los afectados carecen de medios de defensa ordinarios, abri\u00e9ndose la posibilidad de acudir de forma directa al amparo constitucional. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el art\u00edculo 79 de la ley 1448 de 2011, aplicable al tr\u00e1mite de restituci\u00f3n colectiva de tierras por fuerza del precepto 158 del decreto 4633 del mismo a\u00f1o, estos procesos se decidir\u00e1n \u00aben \u00fanica instancia\u00bb. Procediendo como \u00fanico mecanismo de control la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb, seg\u00fan los c\u00e1nones 92 y 158 ibidem, en su orden, la cual est\u00e1 instituido para corregir los yerros listados en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, dentro de los cuales no se encuentra la congruencia o consonancia de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n ya ha dicho que, en la revisi\u00f3n, \u00ablos reparos referidos a temas de congruencia y reconocimiento oficioso de hechos constitutivos de excepci\u00f3n -art\u00edculos 281 y 282 del C. G. P.-, resultan ajenos al debate propuesto en esta extraordinaria senda, pues como se expuso en precedencia, cualquier yerro al respecto escapa de los precisos motivos legales y jurisprudenciales que la erigen viable\u00bb (SC1075, 22 ab. 2022, rad. n.\u00b0 2018-01513-00). <\/p>\n
En consecuencia, como el mecanismo ordinario resulta inid\u00f3neo para reclamar la omisi\u00f3n achacada al sentenciador enjuiciado, en punto a la ausencia de resoluci\u00f3n de una materia que era imperativa, puede acudirse sin m\u00e1s dilaciones al mecanismo fundamental. <\/p>\n
Total, seg\u00fan el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, uno de los motivos de procedencia del remedio extraordinario es la \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb. A su vez, conforme al numeral 5\u00b0 del precepto 133 ibidem, es causal de la nulidad la pretermisi\u00f3n de la oportunidad para \u00abpracticar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb. <\/p>\n
En seguida descuella que los interesados pueden acudir a la revisi\u00f3n, para criticar el no recaudo de las pruebas decretadas, al abrigo de la causal explicada. <\/p>\n
Existiendo un instrumento ordinario para revisar la decisi\u00f3n judicial, la tutela encuentra cerrada su procedencia, raz\u00f3n para excluir reflexiones sobre esta materia en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.3. Relevancia constitucional y trascendencia del error. <\/p>\n
En el presente caso se encuentra en discusi\u00f3n la garant\u00eda fundamental del debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los intervinientes en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n, ante la falta de resoluci\u00f3n de sus oposiciones, con evidentes implicaciones en el derecho sobre la tierra del grupo \u00e9tnico, lo que devela su relevancia y trascendencia. <\/p>\n
Para explicar contiene recordar que, \u00abcuando el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n consagra el principio fundamental del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, no est\u00e1 haciendo otra cosa que reconocer constitucionalmente el derecho de acci\u00f3n, como derecho subjetivo y fundamental, pero abstracto, de acuerdo con la concepci\u00f3n moderna que sobre el mismo se tiene, o sea el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, que en principio se agota con una sentencia de m\u00e9rito, dados los presupuestos formales y materiales que la condicionan\u00bb (negrilla fuera de texto, CSJ, SC, 1\u00b0 feb. 2000, exp. n.\u00b0 C-5135). <\/p>\n
La Corte Constitucional ha precisado que \u00abel derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 no se agota en la posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino que su materializaci\u00f3n implica que el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jur\u00eddico\u00bb (negrilla fuera de texto, T-799\/11). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la falta de resoluci\u00f3n de las defensas propuestas en el tr\u00e1mite, como es alegado por los tutelantes, dentro de los cuales se encuentran los auto-reconocidos integrantes de la comunidad Ebenezer, podr\u00eda comportar una transgresi\u00f3n evidente al derecho fundamental en menci\u00f3n por denegaci\u00f3n de justicia, con una importancia superlativa dentro del tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Sobre el punto, la doctrina especializada asevera: <\/p>\n
[N]o toda ausencia de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva, sino que para apreciar esa lesi\u00f3n constitucional debe distinguirse, en primer t\u00e9rmino, entre lo que son meras alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas \u00faltimas en s\u00ed mismas consideradas, pues, si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta expl\u00edcita y pormenorizada de todas ellas, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor, sin m\u00e1s posible excepci\u00f3n que la existencia de una desestimaci\u00f3n t\u00e1cita de la pretensi\u00f3n sobre la que se denuncia la omisi\u00f3n de respuesta expl\u00edcita (negrilla fuera de texto)4. <\/p>\n
Situaci\u00f3n con profunda incidencia en el disfruto efectivo del derecho fundamental a la tierra de la comunidad ind\u00edgena, pues la indeterminaci\u00f3n a la que se ven expuestos los opositores, al no conocer si deben restituir los fundos que actualmente ocupan y la procedencia, o no, de una medida de protecci\u00f3n en su calidad de propietarios, poseedores, segundos ocupantes o trabajadores agrarios, conduce a que el pueblo ancestral siga privado materialmente de su territorio y sometido a conflictos permanentes con quienes reclaman otros derechos sobre la tierra. <\/p>\n
2.4. Legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2.4.1. La tutela promovida por los opositores al juicio de restituci\u00f3n, al ser los directamente concernidos con la omisi\u00f3n atribuida al juzgador, descuella su legitimaci\u00f3n para reclamar la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En punto al amparo impulsado por el Ministerio P\u00fablico, \u00e9ste invoc\u00f3 como fundamento de su intervenci\u00f3n la \u00abdefensa del orden jur\u00eddico\u00bb y \u00abla protecci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales\u00bb, en particular, el debido proceso de las comunidades campesina y \u00e9tnica, fruto de \u00abpostergar la resoluci\u00f3n de los puntos que en derecho debieron resolverse en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Posibilidad que encuentra cabida en el art\u00edculo 277 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que permite, a los delegados y agentes de la Procuradur\u00eda, intervenir en los procesos judiciales cuando sea necesario para la defensa del orden jur\u00eddico, el patrimonio p\u00fablico o los derechos y garant\u00edas fundamentales (numeral 7). Potestad expresamente reglada en el decreto 262 de 2000, art\u00edculo 38, para referirse a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, siempre \u00abque resulten conducentes para asegurar la defensa del orden jur\u00eddico, en especial las garant\u00edas y los derechos fundamentales, sociales, econ\u00f3micos, culturales, colectivos o del ambiente o del patrimonio p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed despunta su legitimaci\u00f3n de este organismo, m\u00e1xime cuando est\u00e1 propendiendo por la defensa de los derechos fundamentales del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez y de la Comunidad [Campesina] Ebenezer. <\/p>\n
2.4.2. Por dirigirse la acci\u00f3n en contra de la Corporaci\u00f3n que emiti\u00f3 el veredicto objeto de censura, se satisface la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2.5. Identificaci\u00f3n razonable de los hechos vulneradores. <\/p>\n
Los documentos de proposici\u00f3n del amparo cumplen con las cargas argumentativas m\u00ednimas, pues hay una relaci\u00f3n de hechos y de argumentos, que permiten comprender el origen y responsable de la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, en particular, el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la tierra. <\/p>\n
3. La protecci\u00f3n del territorio ind\u00edgena: reglas generales. <\/p>\n
3.1. Contexto. <\/p>\n
Hablar de los pueblos abor\u00edgenes del continente americano, sin duda, implica mencionar su directo involucramiento con la tierra, como componente geof\u00edsico de su identidad. <\/p>\n
Desde la antropolog\u00eda se ha identificado una conexi\u00f3n imperecedera entre las tradiciones de las comunidades ind\u00edgenas y el territorio que habitan, por permitirles el desarrollo de su cultura, tanto en el \u00e1mbito grupal como individual. Desde la sociolog\u00eda, el suelo, representa una ligaz\u00f3n entre el pasado y el presente del trasegar social, pol\u00edtico, cultural y econ\u00f3mico de su civilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto bajo importantes principios, como la distintividad: que reconoce el car\u00e1cter especial de las comunidades ind\u00edgenas, entre s\u00ed y respecto a otros grupos culturales; derecho a lo propio: entendido como las reglas concretas que fundan su identidad, tales como la lengua, costumbres, creencias, lugares sagrados, etc.; y la prevalencia: en el sentido de que, por su condici\u00f3n de primeros moradores, su detentaci\u00f3n sobre el territorio es preponderante, as\u00ed como el derecho aplicable dentro del mismo. <\/p>\n
Luego, el territorio no es una zona o locaci\u00f3n, es una construcci\u00f3n metaf\u00edsica de las poblaciones ancestrales, que reflejan su evoluci\u00f3n y permite la reproducci\u00f3n de su identidad como sociedad organizada. De esta forma descuella la relevancia del territorio como factor social, al permitir que la colectividad interact\u00fae y exprese su cosmovisi\u00f3n; pol\u00edtico, por facilitar el dise\u00f1o de formas de gobierno; cultural, dado que es la forma de transmitir el patrimonio material e inmaterial de cada pueblo; y econ\u00f3mico, pues de all\u00ed obtiene su sustento, por medio de su explotaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que, en su condici\u00f3n de pobladores innatos, la detentaci\u00f3n ind\u00edgena era comprensiva de ampl\u00edsimos terrenos, de la cual fueron privados por la violencia de la conquista y su reasignaci\u00f3n a otros grupos poblacionales. Por lo que, en la actualidad, se propende por proteger el \u00e1rea que efectiva y permanente han ocupado o que utilizan de alguna manera, as\u00ed como la requerida para salvaguardar la continuidad de su proyecto de vida. <\/p>\n
Bien ha dicho la Corte Constitucional: \u00abla protecci\u00f3n constitucional del territorio no se restringe a los terrenos adjudicados de forma colectiva a los grupos \u00e9tnicos, sino que tambi\u00e9n abarca los lugares de significaci\u00f3n religiosa, ambiental o cultural para ellos, as\u00ed como la totalidad del h\u00e1bitat que ocupan o utilizan de alguna otra manera, aunque est\u00e9n por fuera de los l\u00edmites f\u00edsicos de los t\u00edtulos colectivos\u00bb (C-371\/14). <\/p>\n
No obstante, el esfuerzo perenne de las comunidades abor\u00edgenes, por permanecer en un territorio y evitar su desintegraci\u00f3n, pese a la desenfrenada embestida del mundo occidental, se ha visto truncado por actos de violencia y ocupaciones silenciosas, que tienen como resultado desestructurar su espacio vital y afectar su integridad cultural. <\/p>\n
De all\u00ed que se imponga la adopci\u00f3n de m\u00faltiples medidas para salvaguardar el territorio ind\u00edgena, no s\u00f3lo como un acto formal de reconocimiento de titularidad, sino incluyendo el ejercicio aut\u00f3nomo de gobierno, justicia y aprovechamiento. <\/p>\n
3.2. Algunas normas internacionales. <\/p>\n
En el campo internacional, los diferentes pa\u00edses han suscrito m\u00faltiples instrumentos que propenden por la integridad territorial de los pueblos y grupos ind\u00edgenas, destac\u00e1ndose los siguientes. <\/p>\n
3.2.1. Convenio n.\u00b0 107 del 26 de junio de 1957, de la OIT, \u00absobre poblaciones ind\u00edgenas y tribuales\u00bb. All\u00ed, en su art\u00edculo 11, se consagr\u00f3: \u00abSe deber\u00e1 reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuesti\u00f3n sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en su canon 13 se previ\u00f3: <\/p>\n
1. los modos de transmisi\u00f3n de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuesti\u00f3n deber\u00e1n respetarse en el marco de la legislaci\u00f3n nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo econ\u00f3mico y social. 2. Se deber\u00e1 adoptar medidas para impedir que personas extra\u00f1as a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezca. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a este instrumento, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se\u00f1al\u00f3: \u00abEl Convenio N\u00ba 107 de la OIT, aprobado en 1957, fue el primer instrumento internacional de gran alcance que enunci\u00f3 los derechos de las poblaciones ind\u00edgenas y tribales y las obligaciones de los Estados ratificantes a este respecto. Si bien se abrieron nuevos caminos, en el Convenio N\u00ba 107 se usaban t\u00e9rminos condescendientes y en el apartado a) del p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 1 se hace referencia a estas poblaciones como \u00abmenos avanzadas\u00bb y se preconiza un criterio asimilacionista\u00bb5. <\/p>\n
3.2.2. Convenio n.\u00b0 169 del 27 de junio de 1989, de la OIT, \u00absobre pueblos ind\u00edgenas y tribales en pa\u00edses independientes\u00bb. En su art\u00edculo 14 consign\u00f3: <\/p>\n
1. deber\u00e1 reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesi\u00f3n sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Adem\u00e1s, en los casos apropiados, deber\u00e1n tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no est\u00e9n exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deber\u00e1 prestarse particular atenci\u00f3n a la situaci\u00f3n de los pueblos n\u00f3madas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deber\u00e1n tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protecci\u00f3n efectiva de sus derechos de propiedad y posesi\u00f3n. 3. Deber\u00e1 instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jur\u00eddico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a este convenio, la Corte ha manifestado: \u00abEl referido conjunto de reglas ocupa un lugar preponderante la salvaguarda de los terrenos hist\u00f3ricamente ocupados por los colectivos ind\u00edgenas y afrodescendientes, teniendo en cuenta el especial lazo creado en torno a esos predios, el cual resulta indispensable para su supervivencia material y la de su patrimonio cultural\u00bb (STC482, 25 en. 2017, rad. n.\u00b0 2016-00043-02). <\/p>\n
3.2.3. Rem\u00e1rquese de estos textos que el Estado, no s\u00f3lo tiene el deber de reconocer la propiedad colectiva a las comunidades ind\u00edgenas, sino que adem\u00e1s debe garantizar su acceso efectivo, entendido como la aprehensi\u00f3n material compatible con la cosmovisi\u00f3n de quien lo habita, para el libre desarrollo de sus concepciones sociales, pol\u00edticas, culturales, econ\u00f3micas y espirituales. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 28 de noviembre de 2007, caso Saramaka vs. Surinam, precis\u00f3: <\/p>\n
[L]a Corte ha afirmado que: la estrecha relaci\u00f3n que los ind\u00edgenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia econ\u00f3mica. Para las comunidades ind\u00edgenas la relaci\u00f3n con la tierra no es meramente una cuesti\u00f3n de posesi\u00f3n y producci\u00f3n sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente [\u2026] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. <\/p>\n
En esencia, conforme al art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n, los Estados deben respetar la especial relaci\u00f3n que los miembros de los pueblos ind\u00edgenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y econ\u00f3mica. Dicha protecci\u00f3n de la propiedad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n, le\u00eddo en conjunto con los art\u00edculos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligaci\u00f3n positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos ind\u00edgenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente6. <\/p>\n
3.3. Normas nacionales. <\/p>\n
3.3.1. Nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dio un gran paso en la tutela de la integridad del territorio ind\u00edgena, al consagrar, en su art\u00edculo 63, que \u00ablas tierras comunales de grupos \u00e9tnicos [y] las tierras de resguardo\u2026 son inalienables, imprescriptibles e inembargables\u00bb. <\/p>\n
Significa que se consagr\u00f3 una protecci\u00f3n reforzada frente al territorio, materializada en sustraerlo del tr\u00e1fico jur\u00eddico y econ\u00f3mico, para evitar cualquier acto que pueda socavar su integridad. <\/p>\n
Regla que, conjuntadas con las que provienen de los instrumentos internacionales antes relacionados, fruto de su incorporaci\u00f3n al bloque de constitucionalidad a que se refiere el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permitieron a la Corte Constitucional doctrinar: <\/p>\n
8.2. Desde la Asamblea Nacional Constituyente se reconoci\u00f3 que el territorio y las comunidades ind\u00edgenas poseen una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica, esencial y constitutiva, que no puede ser equiparada a la que se deriva de la titularidad del derecho de propiedad cl\u00e1sico. Esa dimensi\u00f3n cultural del territorio se replica en el sistema regional de protecci\u00f3n de derechos humanos. <\/p>\n
8.3. En m\u00faltiples decisiones, la Corte IDH advirti\u00f3 que en relaci\u00f3n con los pueblos ind\u00edgenas debe superarse el concepto f\u00edsico de propiedad del derecho civil cl\u00e1sico. Por ejemplo, en los casos de las comunidades Mayagna (Sumo) Aw\u00e1s Tingni vs. Nicaragua, Yakye Axa vs. Paraguay, Sawhoyamaxa vs. Paraguay, X\u00e1kmok K\u00e1sek vs. Paraguay, Moiwana vs. Surinam, Saramaka vs Surinam, Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Gar\u00edfuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras as\u00ed como Kali\u00f1a y Lokono vs Surinam, se subray\u00f3 el v\u00ednculo que tiene la tierra con la cultura, la espiritualidad, la integridad de la colectividad, la supervivencia econ\u00f3mica y la preservaci\u00f3n de su ethos para las generaciones futuras. As\u00ed \u201cel territorio tradicional de la [sociedad ind\u00edgena o tribal abarca] aldeas, zonas de caza, pesca, lugares de entierro, fuentes de plantas medicinales y puntos relevantes en su historia. Tambi\u00e9n se indic\u00f3 que dentro de los derechos de propiedad se comprende el uso y goce de los recursos naturales en sus territorios\u201d. <\/p>\n
8.4. De manera que, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, que la Corte Constitucional comparte integralmente, la titularidad de ese derecho surge de la ocupaci\u00f3n de un espacio determinado por parte de la minor\u00eda \u00e9tnica y no de la formalizaci\u00f3n del derecho de propiedad que reconoce la administraci\u00f3n, verbigracia un registro. La posesi\u00f3n tradicional reemplaza el t\u00edtulo que otorga el Estado. La visi\u00f3n cultural de posesi\u00f3n y ocupaci\u00f3n de tierras no corresponde con el concepto occidental de propiedad, pues tiene una significaci\u00f3n colectiva y cultural, que merece ser salvaguardada, de conformidad con el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana. <\/p>\n
El Tribunal internacional ha indicado entonces que la relaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas con el territorio debe analizarse en cada caso particular y dependiendo de los siguientes criterios: i) las caracter\u00edsticas de la comunidad as\u00ed como de las circunstancias en que \u00e9sta se encuentra; y ii) la posibilidad de que el grupo mantenga el v\u00ednculo con la tierra. El nexo puede expresarse con la presencia tradicional del pueblo, los lazos espirituales o ceremoniales, los asentamientos, los cultivos ocasionales, el uso de recursos naturales ligados a su costumbre y las formas tradicionales de subsistencia, por ejemplo la caza, la pesca, la relaci\u00f3n estacional o n\u00f3mada con las tierras. Ello se acompa\u00f1a con la verificaci\u00f3n de que la comunidad tuvo la opci\u00f3n de realizar sus pr\u00e1cticas sociales y culturales, de manera que no exist\u00edan barreras de acceso (CC SU123\/18). <\/p>\n
3.3.2. Para concentrar estas directrices, con posterioridad al cambio constitucional, se han emitido m\u00faltiples normas con el fin de propender por la formalizaci\u00f3n de la propiedad ind\u00edgena, garantizar su destinaci\u00f3n social y resguardarla contra actos de terceros. <\/p>\n
Entendi\u00e9ndose por territorios ind\u00edgenas las \u00ab\u00e1reas pose\u00eddas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo ind\u00edgenas y aquellas que, aunque no se encuentren pose\u00eddas en esa forma, constituyen el \u00e1mbito tradicional de sus actividades sociales, econ\u00f3micas y culturales\u00bb (art\u00edculo 2.14.7.1.2. del decreto 1071 de 2015). <\/p>\n
Por reserva ind\u00edgena, \u00abun globo de terreno bald\u00edo ocupado por una o varias comunidades ind\u00edgenas que fue delimitado y legalmente asignado por el INCODER a aquellas para que ejerzan en \u00e9l los derechos de uso y usufructo con exclusi\u00f3n de terceros\u00bb (ibidem). <\/p>\n
Y por territorio ancestral y\/o tradicional, \u00abaquellas tierras y territorios que hist\u00f3ricamente han venido siendo ocupados y pose\u00eddos por los o comunidades ind\u00edgenas y que constituyen el \u00e1mbito tradicional de sus actividades sociales, econ\u00f3micas, culturales y espirituales\u00bb (art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 2333 de 2014). <\/p>\n
3.3.2.1. En efecto, con la ley 160 de 1994 se impuso, al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, la obligaci\u00f3n de \u00ab[d]elimitar las tierras de propiedad de la Naci\u00f3n, de las de los particulares. Tambi\u00e9n podr\u00e1 adelantar procedimientos de deslinde de las tierras de resguardo y las pertenecientes a las comunidades negras\u00bb (numeral 16 del art\u00edculo 12). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[p]ara asegurar la protecci\u00f3n de los bienes y derechos conforme al art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley 70 de 1993\u00bb, se permiti\u00f3, a la misma entidad, \u00abadelantar procedimientos de delimitaci\u00f3n de las tierras de resguardo, o las adjudicadas a las comunidades negras, de las que pertenecieren a los particulares\u00bb (par\u00e1grafo del art\u00edculo 48). <\/p>\n
3.3.2.2. Con el decreto 2164 de 1995, compilado en el t\u00edtulo s\u00e9ptimo del decreto 1071 de 2015, se estableci\u00f3 el tr\u00e1mite que debe adelantarse para fines de \u00ab[d]otaci\u00f3n y titulaci\u00f3n de tierras a las comunidades ind\u00edgenas para la constituci\u00f3n, reestructuraci\u00f3n, ampliaci\u00f3n, saneamiento de los resguardos ind\u00edgenas en el territorio nacional y clarificaci\u00f3n de la vigencia legal de los t\u00edtulos de origen colonial o republicano de los resguardos ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
La finalidad es hacer efectiva la funci\u00f3n social de la propiedad comunal, \u00abrelacionada con la defensa de la identidad de los pueblos o comunidades que los habitan, como garant\u00eda de la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n y con la obligaci\u00f3n de utilizarlas en beneficio de los intereses y fines sociales conforme a los usos, costumbres y culturas, para satisfacer las necesidades y conveniencias colectivas, el mejoramiento arm\u00f3nico e integral de la comunidad y el ejercicio del derecho de propiedad en forma tal que no perjudique a la sociedad\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 2.14.7.3.13.). <\/p>\n
Actuaci\u00f3n que servir\u00e1 para: (I) \u00ab[l]a constituci\u00f3n de resguardos a las comunidades ind\u00edgenas que poseen sus tierras sin t\u00edtulo de propiedad, o las que no se hallen en posesi\u00f3n, total o parcial, de sus tierras ancestrales\u00bb; (II) \u00ab[l]a ampliaci\u00f3n de resguardos constituidos a comunidades ind\u00edgenas, cuando las tierras fueren insuficientes para su desarrollo econ\u00f3mico y cultural o para el cumplimiento de la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad, o cuando en el resguardo no fueron incluidas la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su h\u00e1bitat\u00bb; (III) \u00ab[l]a reestructuraci\u00f3n de los resguardos de origen colonial o republicano, previa clarificaci\u00f3n sobre la vigencia legal de los respectivos t\u00edtulos\u00bb; y (IV) \u00ab[e]l saneamiento territorial de los resguardos y reservas ind\u00edgenas y la conversi\u00f3n de \u00e9stas en resguardos\u00bb (art\u00edculo 2.14.7.1.1.). <\/p>\n
3.3.2.3. Con el decreto 1953 de 2014 se reconoci\u00f3 \u00aba los Territorios Ind\u00edgenas su condici\u00f3n de organizaci\u00f3n pol\u00edtico-administrativa de car\u00e1cter especial\u2026 a trav\u00e9s de sus autoridades propias\u00bb (art\u00edculo 2\u00b0), basada en los principios de \u00abautonom\u00eda y libre autodeterminaci\u00f3n\u00bb, \u00abidentidad cultural\u00bb, \u00abreconocimiento de la diversidad \u00e9tnica y cultural\u00bb, \u00abterritorialidad\u00bb, \u00abunidad\u00bb, \u00abintegralidad\u00bb, \u00abuniversalidad\u00bb, \u00abcoordinaci\u00f3n\u00bb e \u00abinterpretaci\u00f3n cultural\u00bb (art\u00edculo 10). <\/p>\n
En concreto, se previ\u00f3 que \u00ablos Territorios Ind\u00edgenas estar\u00e1n gobernados por consejos ind\u00edgenas u otras estructuras colectivas similares de gobierno propio, reglamentados seg\u00fan la ley de origen, derecho mayor o derecho propio de sus comunidades y ejercer\u00e1n, dentro de su territorio, las competencias y funciones establecidas en la Constituci\u00f3n y las leyes\u00bb (art\u00edculo 11). <\/p>\n
Organizaci\u00f3n que puede estar presente para resguardos con linderos claramente identificados, resguardos de origen colonial y republicano que haya iniciado un proceso de clarificaci\u00f3n, o \u00e1reas pose\u00eddas de manera exclusiva, tradicional, ininterrumpida y pac\u00edfica por los pueblos y que hayan solicitado titulaci\u00f3n como resguardo (art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
3.3.2.4. Con el decreto 2333 de 2014 se consagr\u00f3 un procedimiento administrativo, ante el conocido Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder-, para la \u00abprotecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de tierras y territorios ocupados ancestralmente y\/o tradicionalmente por pueblos ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
Tr\u00e1mite que tiene por finalidad reconocer la posesi\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas sobre territorios ancestrales y\/o tradicionales, de lo cual se podr\u00e1 tomar nota en las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, lo que servir\u00e1 de insumo para iniciar el proceso de demarcaci\u00f3n y revocar las resoluciones de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos dentro de las zonas protegidas. <\/p>\n
Procedimiento que inicia por solicitud del Ministerio del Interior, cualquier entidad p\u00fablica o la comunidad interesada, o de forma oficiosa, que da lugar a la apertura de un expediente, una visita t\u00e9cnica, la realizaci\u00f3n de estudios socioecon\u00f3micos y topogr\u00e1ficos, de cuyo an\u00e1lisis se expedir\u00e1 una resoluci\u00f3n de protecci\u00f3n (art\u00edculos 5 y siguientes). <\/p>\n
4. Del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras despojadas y abandonadas de territorios ind\u00edgenas. <\/p>\n
4.1. R\u00e9gimen normativo aplicable. <\/p>\n
4.1.1. La restituci\u00f3n de tierras es considerada un derecho fundamental para las v\u00edctimas del conflicto armado, en tanto encarna el deber del Estado de reparar integralmente a las personas afectadas, con medidas indemnizatorias, de rehabilitaci\u00f3n y satisfacci\u00f3n, as\u00ed como la garant\u00eda de no repetici\u00f3n. <\/p>\n
Se ha dicho que \u00abla restituci\u00f3n de tierras implica la implementaci\u00f3n y articulaci\u00f3n de un conjunto de medidas, tanto administrativas como judiciales, cuyo objeto es el restablecimiento de la situaci\u00f3n previa a las violaciones sufridas como consecuencia del conflicto armado interno. As\u00ed, la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras se desarrolla en un contexto de justicia transicional, y por ello, est\u00e1 dirigida a la dignificaci\u00f3n de las v\u00edctimas que han sufrido m\u00faltiples violaciones de derechos humanos\u00bb (CC, T-647\/17). <\/p>\n
4.1.2. El fundamento de este derecho se encuentra en el pre\u00e1mbulo y en los art\u00edculos 2, 58, 64 y 229 de la Carta Pol\u00edtica, que propugnan por un orden social justo, el respeto de la propiedad privada y dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y el fomento a la producci\u00f3n agropecuaria y de alimentos, y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional cimenta, la mencionada naturaleza fundamental, \u00abpor un lado, como componente preferente y principal de la reparaci\u00f3n integral a v\u00edctimas y, por otro, como una pol\u00edtica dirigida a favorecer la recomposici\u00f3n del tejido social y la construcci\u00f3n de una paz sostenible, especialmente, en los territorios golpeados por la violencia\u00bb (CC, C-330\/16). <\/p>\n
Derecho con eco en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (art\u00edculos 1, 2, 8 y 10), Declaraci\u00f3n Americana de Derechos del Hombre (art\u00edculo XVII), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (art\u00edculos 2, 3, 9, 10, 14 y 15), Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (art\u00edculos 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63) y Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (art\u00edculo 17). <\/p>\n
De forma concreta, la restituci\u00f3n est\u00e1 expresamente reconocida en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos -conocidos como Principios Deng- y los Principios sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas -conocidos como Principios Pinheiro-. <\/p>\n
Principios que, valga la pena se\u00f1alarlo, forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que son pautas de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano en materia de protecci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de desplazamiento. <\/p>\n
De un lado, los Principios Pinheiro determinan que los derechos al retorno y a la restituci\u00f3n de la poblaci\u00f3n desplazada conllevan el compromiso Estatal para restablecer las viviendas, tierras y patrimonio de las v\u00edctimas del desplazamiento y el regreso efectivo a sus lugares de origen, en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad. <\/p>\n
Por otra parte, los Principios Deng o mandatos rectores de desplazamientos internos, prescriben que nadie podr\u00e1 ser privado de su propiedad o sus posesiones; a su vez, las personas desplazadas gozar\u00e1n de protecci\u00f3n en toda circunstancia, en particular, contra los actos de (I) saqueo, (II) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia, (III) utilizaci\u00f3n como escudos de operaciones u objetivos militares, (IV) actos de represalia, y (V) expropiaciones o destrucciones como forma de castigo colectivo (CC, T-029 de 2019). <\/p>\n
4.1.3. En nuestro pa\u00eds, es bien sabido, el derecho fundamental a la restituci\u00f3n se concret\u00f3 en la ley 1448 del 10 de junio de 2011, marco general para la \u00abatenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno\u00bb, en respuesta -ciertamente parcial- a las atrocidades originadas en tantos a\u00f1os de lucha violenta dentro del territorio patrio. <\/p>\n
La Sala tiene dicho: <\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n de tierras es un mecanismo propio de la justicia transicional, que vio luz en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano mediante la Ley 1448 de 2011. Su prop\u00f3sito, es revertir la situaci\u00f3n de despojo y abandono de las tierras, padecida por las v\u00edctimas del conflicto, procurando, preferentemente, retornarlas a los predios que ocupaban como propietarias o poseedoras antes de la situaci\u00f3n conflictiva de naturaleza sociopol\u00edtica de la sociedad colombiana que les impuso \u00e9xodos individuales o masivos. Cuando se prueban las causas del despojo, pero no se hace posible el restablecimiento de su retorno. Se contempla, subsidiariamente, la restituci\u00f3n por equivalente o el reconocimiento de una compensaci\u00f3n (SC4158, 7 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2015-00393-00). <\/p>\n
Sistema transicional que \u00abpone acento en los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado interno\u00bb, basado en los est\u00e1ndares de: <\/p>\n
\u2026(i) verdad; (ii) justicia; y (iii) reparaci\u00f3n integral. El primero est\u00e1 relacionado con que se conozcan los motivos y circunstancias de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que perjudicaron a los afectados (art. 23). El segundo consiste en que el Estado debe esclarecer tales violaciones, identificar a los responsables y sancionarlos (art. 24). Finalmente, el tercero propende porque los damnificados del conflicto armado interno sean puestos, en la mayor medida posible, en el estado de cosas anterior al momento en que fueron afectados por los hechos violentos (art. 25). Por supuesto, todas estas medidas deben satisfacerse procurando que los sucesos victimizantes no vuelvan a presentarse (garant\u00eda de no repetici\u00f3n) (SC4065, 26 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2016-02066-00). <\/p>\n
4.1.4. Ahora bien, atendiendo a las particularidades de los grupos \u00e9tnicos que integran el pa\u00eds, fue menester expedir preceptos especiales para gobernar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de algunos de ellos. <\/p>\n
As\u00ed, por el Decreto-ley 4633 de 2011, se establecieron \u00abmedidas espec\u00edficas de asistencia, atenci\u00f3n, reparaci\u00f3n integral y restituci\u00f3n de derechos territoriales para las comunidades y grupos ind\u00edgenas\u00bb; por el Decreto-ley 4634 del mismo a\u00f1o, se dictaron \u00abmedidas de Asistencia Atenci\u00f3n Reparaci\u00f3n Integral y Restituci\u00f3n de Tierras a las v\u00edctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano\u00bb; y por el Decreto-ley 4635 \u00eddem \u00abse dictan medidas de asistencia, atenci\u00f3n, reparaci\u00f3n integral y de restituci\u00f3n de tierras a las v\u00edctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras\u00bb. <\/p>\n
Estas normas expresan el profundo respeto a la \u00abdiversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n\u00bb, como lo consagra el art\u00edculo 7\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, de suerte que la restituci\u00f3n responda adecuadamente a la cosmovisi\u00f3n y a las din\u00e1micas culturales y sociales de los pueblos o grupos ind\u00edgenas, gitanos y negros. <\/p>\n
4.2. Tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n de tierras de pueblos ind\u00edgenas. <\/p>\n
4.2.1. Visto de forma concreta, el Decreto-ley 4633 de 2011 protege los derechos de los \u00abpueblos y comunidades ind\u00edgenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido da\u00f1os como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, cr\u00edmenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985 y que guarden relaci\u00f3n con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno\u00bb (art\u00edculo 3\u00b0). <\/p>\n
Preceptos que deben interpretarse respetando \u00abla Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio y har\u00e1 prevalecer el principio pro homine y los derechos humanos, fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos ind\u00edgenas contenidos en el bloque de constitucionalidad, sin desmedro de la autonom\u00eda y jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena\u00bb (art\u00edculo 7\u00b0). <\/p>\n
Se trata de un conjunto normativo autorreferente, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 158, en el sentido de que se aplica exclusivamente y sin consideraci\u00f3n de otras normas, en particular de la 1448 de 2011. De hecho, esta \u00faltima se integra s\u00f3lo en las precisas materias a que remite el decreto 4633, a saber: art\u00edculos 85 (tr\u00e1mite de la solicitud), 87 (traslado de la solicitud), 88 (oposiciones), 89 (pruebas), 90 (periodo probatorio), 92 (recurso de revisi\u00f3n de la sentencia), 93 (notificaciones), 94 (actuaciones y tr\u00e1mites inadmisibles), 95 (acumulaci\u00f3n procesal), 96 (informaci\u00f3n para la restituci\u00f3n) y 102 (mantenimiento de competencia despu\u00e9s del fallo). En adici\u00f3n, se aplican los c\u00e1nones 79 (competencia para conocer de los procesos de restituci\u00f3n) excepto su par\u00e1grafo 2, y los par\u00e1grafos 1, 2 y 3 del art\u00edculo 91 (contenido del fallo). <\/p>\n
Marco que se nutre de los principios de: unidad y autonom\u00eda de la cultura y el territorio de los pueblos ind\u00edgenas (art\u00edculo 4\u00ba); reparaci\u00f3n integral y restablecimiento del equilibrio y la armon\u00eda de los pueblos ind\u00edgenas (art\u00edculo 5\u00ba); garant\u00eda de pervivencia f\u00edsica y cultural (art\u00edculo 6\u00ba); reparaci\u00f3n integral de los derechos territoriales (art\u00edculo 8\u00ba); acceso al territorio (art\u00edculo 10); protecci\u00f3n del territorio (art\u00edculo 11); reconocimiento y visibilizaci\u00f3n de los da\u00f1os y violaciones hist\u00f3ricas (art\u00edculo 12); dimensi\u00f3n colectiva de las medidas de reparaci\u00f3n y restablecimiento y armon\u00eda de los pueblos y comunidades ind\u00edgenas (art\u00edculo 14), dignidad (art\u00edculo 20), coordinaci\u00f3n con las autoridades ind\u00edgenas (art\u00edculo 21), favorabilidad (art\u00edculo 34), y buena fe y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en favor de las v\u00edctimas solicitantes en restituci\u00f3n (art\u00edculo 162). <\/p>\n
4.2.2. Para fines de claridad y sin \u00e1nimo de exhaustividad, algunos de los puntos esenciales del decreto 4633 son: <\/p>\n
4.2.2.1. Reconoci\u00f3 el v\u00ednculo inescindible entre los pueblos ind\u00edgenas y la tierra que habitan, por encontrar all\u00ed las ra\u00edces de su cosmovisi\u00f3n. <\/p>\n
En virtud de esto, el proceso de restituci\u00f3n debe estar orientado a hacer efectivo el \u00abderecho colectivo de los pueblos ind\u00edgenas sobre su territorio, en tanto la estrecha relaci\u00f3n que \u00e9stos mantienen con el mismo, garantiza su pervivencia f\u00edsica y cultural, la cual debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y el desarrollo aut\u00f3nomo de sus planes de vida\u00bb (art\u00edculo 9). <\/p>\n
De all\u00ed que se haya consagrado que, uno de los fines esenciales del tr\u00e1mite, es propender por la \u00abrestituci\u00f3n material, con el fin de posibilitar el retorno a los territorios de origen\u00bb, siendo la medida de reparaci\u00f3n preferente, \u00absalvo que el territorio o parte de \u00e9l se encuentre degradado ambientalmente bajo amenaza o riesgo inminente de inundaci\u00f3n o desastre natural\u00bb, sin que en ning\u00fan caso sea posible la compensaci\u00f3n monetaria de los derechos territoriales (art\u00edculo 142). Preponderancia que se justifica en la perseveraci\u00f3n de la autonom\u00eda, reconocimiento, respeto y promoci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, la salvaguarda del derecho de los pueblos \u00e9tnicos sobre la tierra es una condici\u00f3n sine qua non para garantizar su pervivencia como grupo cultural, a lo cual se comprometi\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 al reconocer \u00abla diversidad \u00e9tnica y cultural de la Naci\u00f3n colombiana\u00bb (art\u00edculo 7\u00b0). <\/p>\n
Y es que, para los grupos \u00e9tnicos, el territorio es fuente de vida y de unidad, hace parte de su cosmovisi\u00f3n e incluso de su cosmogon\u00eda, le da sentido a su existencia y genera din\u00e1micas de desarrollo para la preservaci\u00f3n de sus tradiciones y saberes; es, en definitiva, un elemento de identidad sin el cual no es posible su permanencia. <\/p>\n
El v\u00ednculo entre territorio e identidad cultural, se explica por las creencias, pr\u00e1cticas y saberes de estos pueblos, habida cuenta que el espacio f\u00edsico es el lugar donde han subsistido y se conectan con lo ancestral. <\/p>\n
Esto explica que nuestro \u00f3rgano de cierre constitucional haya dicho que la detentaci\u00f3n de la tierra es un derecho fundamental, para las comunidades ind\u00edgenas, definido por <\/p>\n
(i) el car\u00e1cter imprescriptible, inalienable e inembargable del territorio; y (ii) la consideraci\u00f3n de la ancestralidad como \u201ct\u00edtulo\u201d de propiedad. Adem\u00e1s, la Corte Constitucional ha enfatizado que (iii) el concepto de territorio no se restringe a la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de una comunidad o un Resguardo ind\u00edgena, sino que se asocia al concepto m\u00e1s amplio de \u00e1mbito cultural de la comunidad\u00bb; de all\u00ed que \u00abse ha procurado la protecci\u00f3n del territorio que estos pueblos habitan, por la importancia y el papel fundamental que la tierra juega, \u201ctanto para su permanencia y supervivencia, como para su desarrollo pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social, de acuerdo con su cosmovisi\u00f3n y tradiciones\u201d (T-659\/13). <\/p>\n
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 27 de junio de 2012 (Pueblo ind\u00edgena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador), refiri\u00e9ndose a este derecho doctrin\u00f3: <\/p>\n
El art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n Americana protege la vinculaci\u00f3n estrecha que los pueblos ind\u00edgenas guardan con sus tierras, as\u00ed como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos. Entre los pueblos ind\u00edgenas existe una tradici\u00f3n comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de \u00e9sta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad\u2026 Desconocer las versiones espec\u00edficas del derecho al uso y goce de bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldr\u00eda a sostener que s\u00f3lo existe una forma de usar y disponer de los bienes\u2026 <\/p>\n
Debido a la conexi\u00f3n intr\u00ednseca que los integrantes de los pueblos ind\u00edgenas y tribales tienen con su territorio, la protecci\u00f3n del derecho a la propiedad, uso y goce sobre \u00e9ste es necesaria para garantizar su supervivencia… La protecci\u00f3n de los territorios de los pueblos ind\u00edgenas y tribales tambi\u00e9n deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez permite mantener su modo de vida. Esta conexi\u00f3n entre el territorio y los recursos naturales que han usado tradicionalmente los pueblos ind\u00edgenas y tribales y que son necesarios para su supervivencia f\u00edsica y cultural, as\u00ed como el desarrollo y continuidad de su cosmovisi\u00f3n, es preciso protegerla bajo el art\u00edculo 21 de la Convenci\u00f3n para garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema econ\u00f3mico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas ser\u00e1n respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la falta de acceso a los territorios puede impedir a las comunidades ind\u00edgenas usar y disfrutar de los recursos naturales necesarios para procurar su subsistencia, mediante sus actividades tradicionales; acceder a los sistemas tradicionales de salud y otras funciones socioculturales, lo que puede exponerlos\u2026 a situaciones de desprotecci\u00f3n extrema que pueden conllevar varias violaciones de sus derechos humanos\u2026 y perjudicar la preservaci\u00f3n de su forma de vida, costumbres e idioma. <\/p>\n
4.2.2.2. Adem\u00e1s, en el Decreto 4633 de 2011 se admiti\u00f3 que, \u00abjunto con las afectaciones individuales, los pueblos ind\u00edgenas por sus caracter\u00edsticas \u00e9tnico-territoriales, culturales e identitarias, han sufrido da\u00f1os de car\u00e1cter colectivo y requieren medidas espec\u00edficas para una reparaci\u00f3n pertinente\u00bb. <\/p>\n
Se posibilit\u00f3, entonces, la conjunci\u00f3n de reclamaciones individuales y colectivas, que deben ser tratadas de forma diferencial, aunque dentro del mismo tr\u00e1mite. Total, los pueblos ind\u00edgenas, no son s\u00f3lo una sumatoria de individuos, sino cuerpos org\u00e1nicos, atados por un entendimiento ancestral sobre la vida, los valores, la tierra, la divinidad, etc., que los dota de unidad de acci\u00f3n y criterio, sin que por esto se pierda la individualidad de cada uno de sus integrantes. <\/p>\n
En materia constitucional se tiene doctrinado: <\/p>\n
La comunidad ind\u00edgena ha dejado de ser solamente una realidad f\u00e1ctica y legal para pasar a ser \u2018sujeto\u2019 de derechos fundamentales. En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la forma de derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus miembros individualmente considerados, sino que tambi\u00e9n logran radicarse en la comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constituci\u00f3n hace a \u2018la diversidad \u00e9tnica y cultural de la naci\u00f3n colombiana\u2019 (art\u00edculos 1 y 7). La protecci\u00f3n que la Carta extiende a la anotada diversidad se deriva de la aceptaci\u00f3n de formas diferentes de vida social cuyas manifestaciones y permanente reproducci\u00f3n cultural son imputables a estas comunidades como sujetos colectivos aut\u00f3nomos y no como simples agregados de sus miembros que, precisamente, se realizan a trav\u00e9s del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros de la comunidad, cuando \u00e9sta como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera de intereses vitales y, debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicaci\u00f3n y exhibir como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protecci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personer\u00eda sustantiva a las diferentes comunidades ind\u00edgenas que es lo \u00fanico que les confiere estatus para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por s\u00ed mismas, su protecci\u00f3n cada vez que ellos les sean conculcados (art\u00edculos 1, 7 y 14)\u201d (T380\/1993, reiterada T-001\/94). <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia, por el mismo sendero, fij\u00f3 como derrotero: <\/p>\n
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha relievado el derecho de las comunidades ind\u00edgenas al reconocimiento de su personalidad jur\u00eddica como resguardos de esa naturaleza, con miras a garantizar diversas prerrogativas de orden fundamental y colectivo, como las que en este caso invocan los actores, pues de dicho estatus, derivan m\u00faltiples beneficios que el Estado colombiano reconoce a los pueblos abor\u00edgenes para la protecci\u00f3n de todas las esferas de su vida, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, su relaci\u00f3n con la tierra, su condici\u00f3n de vulnerabilidad por tratarse de grupos minoritarios e hist\u00f3ricamente violentados u olvidados por la sociedad en general, as\u00ed como la capacidad de autogobernarse y de acceder al Sistema General de Participaciones, entre muchos otros (STC5555, 24 ab. 2017, rad. n.\u00b0 2016-00055-02). <\/p>\n
Luego, cuando se presenta una reclamaci\u00f3n por la ruta colectiva, deber\u00e1 diferenciarse las reclamaciones de la comunidad, como sujeto colectivo, y las de sus miembros, como individuos, de suerte que en el tr\u00e1mite judicial se reconozcan remedidas reparatorias separadas para cada una de las afectaciones. <\/p>\n
4.3. Complejidades del proceso. <\/p>\n
La Corte Constitucional las sistematiz\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
Entre las complejidades que revisten las solicitudes \u00e9tnicas de restituci\u00f3n de tierras es importante tener presentes las siguientes. En primer lugar, estas recaen sobre amplias extensiones de territorio que pueden cobijar cientos o miles de hect\u00e1reas, lo que las diferencias de las restituciones individuales, cuyo objeto es m\u00e1s f\u00e1cil de delimitar. Segundo, la caracterizaci\u00f3n del territorio e identificaci\u00f3n de los terceros determinados se dificulta, a su vez, por la deficiente informaci\u00f3n catastral de muchas zonas rurales en las que se encuentran precisamente los resguardos y territorios colectivos. Tercero, los procesos de restituci\u00f3n con enfoque \u00e9tnico exigen trabajar de manera arm\u00f3nica y respetuosa con las autoridades ind\u00edgenas, lo que supone -entre otros- armonizar y hacer comprensibles instituciones del derecho mayoritario no solo a la comunidad accionante, sino a otros pueblos interesados o afectados con la decisi\u00f3n. De ah\u00ed que, a diferencia de lo que puede ocurrir con algunas solicitudes de restituci\u00f3n individual, aquellas que provienen de pueblos \u00e9tnicos no se resuelven acudiendo \u00fanicamente a la informaci\u00f3n que ofrecen los folios de matr\u00edcula inmobiliaria (T-341\/22). <\/p>\n
Por su importancia para el sub lite, conviene adentrarse en los subsiguientes. <\/p>\n
4.3.1. Terrenos a restituir. <\/p>\n
A diferencia de los tr\u00e1mites individuales, caracterizados porque las v\u00edctimas del conflicto armado reclaman predios determinados, concentr\u00e1ndose la actividad probatoria en su determinaci\u00f3n y alinderamiento, trat\u00e1ndose de comunidades y pueblos ind\u00edgenas se persiguen extensas zonas, muchas veces sin una clara delimitaci\u00f3n, las cuales incluyen terrenos de las diversas condiciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
(I) Extensi\u00f3n: como el territorio ancestral es un \u00e1rea colectiva, donde una comunidad, compuesta por m\u00faltiples familias, viven, comparten, interact\u00faan y realizan actividades de todo orden, se requieren mensuras superiores, que permitan el desarrollo de pr\u00e1cticas sociales, pol\u00edticas, econ\u00f3micas y religiosas, con el fin de transmitirlas a las futuras generaciones y sin la contaminaci\u00f3n proveniente de otras. <\/p>\n
(II) Indeterminaci\u00f3n: la ley protege tanto los territorios ind\u00edgenas, como los ancestrales y\/o tradicionales, sin requerir para esto que previamente est\u00e9n legalizados o delimitados, siempre que se demuestre la ocupaci\u00f3n o posesi\u00f3n tradicional de la comunidad o pueblo ind\u00edgena. <\/p>\n
Por tanto, para fines de restituci\u00f3n, el tr\u00e1mite puede iniciarse sin plena claridad de los linderos, e incluso fallarse con esta indeterminaci\u00f3n, bajo la consideraci\u00f3n de que \u00e9stos se definir\u00e1n con posterioridad, una vez se agote el procedimiento a que se refiere el t\u00edtulo s\u00e9ptimo del decreto 1071 de 2015. <\/p>\n
De all\u00ed que el Decreto 4633 de 2011 permita que la solicitud recaiga, tanto sobre resguardos y reservas ind\u00edgenas\u00bb plenamente alinderados, como sobre \u00abterritorios frente a los cuales existe tr\u00e1mite de titulaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n o saneamiento de resguardo\u00bb, \u00abresguardos ind\u00edgenas de origen colonial\u00bb y \u00abposesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n tradicional de pueblos ind\u00edgenas\u00bb (art\u00edculo 149), en los que despunta la obscuridad de sus contornos. <\/p>\n
De forma concordante, en el fallo de restituci\u00f3n, y siempre que sea procedente, debe emitirse, \u00abla orden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER o a la entidad que haga sus veces, de proceder a constituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas cuando as\u00ed proceda, en un t\u00e9rmino no superior a doce (12) meses\u00bb; y \u00abde realizar y\/o culminar los procedimientos administrativos para titular en calidad de resguardos las tierras que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario\u00bb (numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 166). <\/p>\n
Significa que el tr\u00e1mite puede adelantarse con una cierta vaguedad sobre el predio al restituir, quedando subordinada la decisi\u00f3n definitiva a la actividad que realicen autoridades administrativas competentes para decantar el \u00e1rea que realmente pertenece a la comunidad o pueblo ind\u00edgena, con ocasi\u00f3n de su formalizaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
(III) Oposiciones: La incertidumbre denunciada -en el terreno reclamado- tiene consecuencias, adem\u00e1s, en la evaluaci\u00f3n de las oposiciones formuladas, en tanto dificulta y, en ciertos casos, impide, determinar si el territorio ind\u00edgena se traslapa con fundos privados o bald\u00edos. <\/p>\n
En efecto, sin tener precisi\u00f3n sobre el terreno a restituir, puede darse la hip\u00f3tesis de que no pueda establecerse si la orden de restituci\u00f3n afectar\u00e1, o no, a los predios colindantes, lo que quedar\u00e1 supeditado a los tr\u00e1mites administrativos postreros. <\/p>\n
Y es que, por ejemplo, de existir bienes del Estado, que por naturaleza son imprescriptibles, se excluye la posibilidad de reconocer ipso iure un dominio preeminente sobre los mismos por fuerza de la usucapi\u00f3n, por lo que se impone la intervenci\u00f3n de una autoridad administrativa para que haga el tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n o saneamiento en favor de la comunidad, en caso de que se cumplan las condiciones para esto. <\/p>\n
4.3.2. Coexistencia con tr\u00e1mites administrativos. <\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n de tierras no es incompatible con los mecanismos generales de protecci\u00f3n de la propiedad colectiva, por lo que es posible que se adelanten de forma paralela, generando una coexistencia, con eventuales repercusiones. <\/p>\n
De este modo es dable que, aun despu\u00e9s de formulada la reclamaci\u00f3n de restituci\u00f3n, se promueva o contin\u00fae, el procedimiento administrativo de formalizaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n o de \u00abprotecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
De suceder lo anterior, son dos (2) las posibilidades: (a) Que el acto administrativo se emita antes de proferirse sentencia, caso en el cual corresponder\u00e1 el juzgador tenerlo en cuenta y emitir un veredicto acorde con lo dictaminado por la autoridad competente en materia de legalizaci\u00f3n o delimitaci\u00f3n; y (b) Que llegado el momento de proferir sentencia no se haya comenzado o decidido la actuaci\u00f3n administrativa, evento en el que se emitir\u00e1 aqu\u00e9lla, pero condicionada a las resultas de \u00e9sta. <\/p>\n
As\u00ed se infiere de lo prescrito en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 166 del decreto 4633 de 2011, a saber: <\/p>\n
La sentencia deber\u00e1 referirse a los siguientes aspectos, de manera expl\u00edcita y suficientemente motivada, seg\u00fan el caso: <\/p>\n
1. En caso de comunidades que al momento de ser desplazadas o afectadas no contaban con sus derechos territoriales formalizados, la orden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER o a la entidad que haga sus veces, de proceder a constituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas cuando as\u00ed proceda, en un t\u00e9rmino no superior a doce (12) meses. <\/p>\n
2. La orden al Incoder de realizar y\/o culminar los procedimientos administrativos para titular en calidad de resguardos las tierras que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario. As\u00ed mismo, las tierras adquiridas a cualquier t\u00edtulo con recursos propios por entidades p\u00fablicas, privadas o con recursos de cooperaci\u00f3n internacional en beneficio de comunidades ind\u00edgenas que deben ser tituladas en calidad de constituci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de resguardos\u2026 <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, al mismo tiempo que se dispone la restituci\u00f3n material de los territorios despojados o abandonados por la violencia, se puede ordenar que el procedimiento de saneamiento, regularizaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n inicie o termine, en un plazo m\u00e1ximo de doce (12) meses, el cual podr\u00e1 incidir de forma directa sobre lo que debe devolverse a los pueblos o grupos ind\u00edgenas, o sobre la prosperidad de las oposiciones. <\/p>\n
Por la raz\u00f3n se\u00f1alada, es que se descarta la posibilidad de acumular estos procedimientos en el tr\u00e1mite judicial, por fuerza del precepto 146 idem, ya que de permitirse se vaciar\u00eda el contenido de los transcritos numerales 1 y 2, pues en ning\u00fan caso el juez podr\u00eda dar la orden para que la autoridad adelante o resuelva el tr\u00e1mite de legalizaci\u00f3n, saneamiento, constituci\u00f3n o ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3.3. Calidad del solicitante. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, como ya se explic\u00f3, que \u00abse consideran v\u00edctimas a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido da\u00f1os como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, cr\u00edmenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1\u00ba de enero de 1985 y que guarden relaci\u00f3n con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 4633 de 2011). <\/p>\n
Por ende, el tr\u00e1mite debe iniciarse en favor de: <\/p>\n
(I) Los grupos \u00e9tnicos, como sujetos de especial protecci\u00f3n, buscando la defensa de los intereses de la colectividad, esto es, \u00abel restablecimiento del equilibrio y la armon\u00eda de los pueblos\u00bb. <\/p>\n
Posibilidad que encuentra asidero en la s\u00f3lida jurisprudencia de la Corte Constitucional: <\/p>\n
Los pueblos ind\u00edgenas son titulares de derechos fundamentales y sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Desde la sentencia T-380 de 1993, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios es imprescindible para garantizar su supervivencia y la continuidad de culturas diversas a la mayoritaria, que contribuyen a la formaci\u00f3n de la identidad nacional\u2026 <\/p>\n
La analog\u00eda entre el derecho a la vida de toda persona y el derecho a subsistir de las comunidades \u00e9tnicamente diferenciadas\u2026 surge a ra\u00edz de un an\u00e1lisis conjunto de los distintos factores que amenazan la subsistencia de los pueblos ind\u00edgenas, entre los que se encuentran (i) la existencia de patrones hist\u00f3ricos de discriminaci\u00f3n en contra de los pueblos y personas ind\u00edgenas; (ii) la presi\u00f3n ejercida sobre sus territorios; (iii) la incomprensi\u00f3n de sus formas de ver el mundo, organizaci\u00f3n social y percepci\u00f3n del desarrollo, por parte de la sociedad no-ind\u00edgena; (iv) los intereses econ\u00f3micos de la comunidad mayoritaria; (v) el especial impacto que el conflicto armado ha generado sobre sus territorios y forma de vida, y (iv) la marginalidad econ\u00f3mica, pol\u00edtica, geogr\u00e1fica y social que caracteriza su situaci\u00f3n y que se traduce en amenazas serias y reales para su pervivencia (C389\/16). <\/p>\n
(II) Los miembros del grupo \u00e9tnico de forma particular, buscando la reparaci\u00f3n de sus afectaciones concretas, a trav\u00e9s de \u00abmedidas y acciones\u2026 reconocidas de forma individual\u00bb (art\u00edculo 14). <\/p>\n
Sin embargo, en relaci\u00f3n con estos pedimentos, \u00ab[e]n la definici\u00f3n de las medidas de reparaci\u00f3n integral, as\u00ed como en las de asistencia y atenci\u00f3n integral a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas, las violaciones a todos los derechos individuales y colectivos se entender\u00e1n de manera interdependiente y se analizar\u00e1n bajo la \u00f3ptica de los da\u00f1os que se hayan producido o produzcan en la integridad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas, as\u00ed como en los efectos diferenciales en las personas de especial reconocimiento y protecci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 30). <\/p>\n
Esta multiplicidad de convocantes, a quienes se les debe garantizar su reparaci\u00f3n, aunque de forma interconectada, supone fallos en que se ponderen las expectativas personales y la cosmovisi\u00f3n del grupo en su conjunto, con el fin de alcanzar decisiones integrales. <\/p>\n
4.3.4. Calidad y n\u00famero de opositores. <\/p>\n
(I) La amplitud de los territorios perseguidos tiene una consecuencia colateral: el incremento exponencial de eventuales oposiciones. <\/p>\n
Y es que, al pretenderse la restituci\u00f3n de zonas de mayor envergadura, la eventualidad de que existan derechos de dominio, posesi\u00f3n o explotaci\u00f3n, por parte de terceros, se ampl\u00eda, lo que se traducir\u00e1 en un mayor n\u00famero de opositores o de segundos ocupantes, a quienes tambi\u00e9n debe defin\u00edrseles la situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Esto conlleva a que, tanto en la fase administrativa, como en la judicial, deban cumplirse mayores cargas en materia de recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n y de medios suasorios, identificaci\u00f3n de los fundos, debate probatorio y contenido del fallo final, haciendo m\u00e1s elongado el tr\u00e1mite. <\/p>\n
(II) Asimismo, las conocidas demoras para la legalizaci\u00f3n y saneamiento de la propiedad ind\u00edgena7, ha servido para que particulares las ocupen, ora bajo la convicci\u00f3n de que son bald\u00edos o por actos de adjudicaci\u00f3n del Estado, provocando eventuales derechos, que deben ser resueltos dentro del tr\u00e1mite administrativo o en el juicio de restituci\u00f3n. <\/p>\n
(III) Sumado a lo expuesto se advierte la aparici\u00f3n de nuevos opositores: los grupos \u00e9tnicos, ya corresponda a facciones al interior del grupo, u otras comunidades ind\u00edgenas, que reclaman derechos, para s\u00ed, sobre los terrenos pretendidos en restituci\u00f3n. <\/p>\n
Para su manejo, en el cap\u00edtulo IV del decreto 4633 de 2011, se previ\u00f3 un tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de \u00abcontroversias territoriales intra e inter\u00e9tnicas\u00bb, con el fin resolver las disputas \u00abque se presenten al interior de las comunidades o entre comunidades del mismo pueblo\u00bb (art\u00edculo 169). <\/p>\n
Diferencias que deben desatarse seg\u00fan estas directrices: (I) primero debe propenderse por el agotamiento del o los procedimientos existentes al interior de la comunidad o comunidades, lo cual deber\u00e1 hacerse en la fase administrativa, habilitando un plazo m\u00e1ximo de dos (2) meses para estos fines (art\u00edculo 153); (II) ante la inexistencia o el fracaso de los anteriores, se promover\u00e1 incidente de conciliaci\u00f3n ante el juez de restituci\u00f3n de tierras, para que en una \u00fanica audiencia los interesados discutan eventuales f\u00f3rmulas de arreglo y, de ser posible, auto-componga la controversia; y (III) determinaci\u00f3n judicial dentro del fallo de restituci\u00f3n, considerando \u00abperitazgo jur\u00eddico-antropol\u00f3gico y las dem\u00e1s pruebas que estime conducentes\u00bb (art\u00edculos 170 y 171). <\/p>\n
De tener que acudirse a esta \u00faltima posibilidad, el sentenciador debe actuar con el mayor celo, pues una inadecuada resoluci\u00f3n puede traducirse en agudizaci\u00f3n de los conflictos, \u00abporque ceden su autonom\u00eda jurisdiccional [las comunidades \u00e9tnicas] o porque los operadores de justicia carecen de herramientas cognitivas para tomar decisiones consecuentes con la diversidad \u00e9tnica\u00bb (CC, T-973\/09). <\/p>\n
(IV) Se agrega la eventual intervenci\u00f3n de otro actor relevante: los grupos de campesinos, entendidos como comunidades locales que se encargan de cuidar \u00abel entorno natural local y los sistemas agroecol\u00f3gicos\u00bb, caracterizados por \u00abuna relaci\u00f3n directa y especial con la tierra y la naturaleza a trav\u00e9s de la producci\u00f3n de alimentos u otros productos agr\u00edcolas\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0 de la Declaraci\u00f3n sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales). <\/p>\n
Colectivos reconocidos en el art\u00edculo 64 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica -modificado por el acto legislativo n.\u00b0 01 del 5 de julio de 2023-, por el mandato asignado al Estado de \u00abpromover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesino y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Y es que, entre campesinado y tierra, existe una conexi\u00f3n sustancial, no s\u00f3lo porque \u00e9sta le provee los medios de subsistencia, sino porque le permite el ejercicio de \u00absus formas de territorialidad campesina\u00bb (ibidem). <\/p>\n
La Corte Constitucional, en palabras que se revitalizan con el acto legislativo, ha reconocido a los campesinos, no s\u00f3lo el derecho a explotar la tierra, sino adicionalmente a la integridad de su territorio, consider\u00e1ndolo un bien de especial protecci\u00f3n: <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional, ha ido reconociendo a trav\u00e9s de los casos objetivos y concretos, las caracter\u00edsticas espec\u00edficas que posee el campo como bien jur\u00eddico de especial protecci\u00f3n constitucional, tanto desde los imperativos del Estado social de derecho, como desde la \u00f3ptica del progreso a trav\u00e9s de la competitividad y el correcto ejercicio de las libertades econ\u00f3micas. As\u00ed, la denominaci\u00f3n dada a la expresi\u00f3n \u201cCampo\u201d se entiende para efectos de este estudio como realidad geogr\u00e1fica, regional, humana, cultural y, econ\u00f3mica, que por lo mismo est\u00e1 llamada a recibir una especial protecci\u00f3n del Estado, por los valores que en s\u00ed misma representa. De otra parte, es el campo como conjunto de tierras destinadas a la actividad agropecuaria, el espacio natural de la poblaci\u00f3n campesina, fuente natural de riqueza del Estado y sus asociados. Este bien jur\u00eddico en tanto tal encuentra protecci\u00f3n constitucional a partir de los art\u00edculos 60, 64 y 66 C.P. (4.2.1.), 65 (4.2.2.) y 150, numeral 18 de la Carta (4.2.3.), desde los cuales se advierte el valor constitucional espec\u00edfico y privilegiado de la propiedad rural y del campesino propietario (4.2.4.) (C-644\/12). <\/p>\n
Dado que los campesinos, organizados como colectividad, tienen una relaci\u00f3n particular con la tierra, m\u00e1s all\u00e1 de su explotaci\u00f3n para fines de subsistencia, es posible que puedan plantearse conflictos en su detentaci\u00f3n con las comunidades ind\u00edgenas, los cuales deben desatarse en el marco del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
4.3.5. Otros obst\u00e1culos. <\/p>\n
(I) La presencia de actores armados ilegales dificulta en gran medida las actividades de restituci\u00f3n, pues la inseguridad que comporta impide adelantar las actividades requeridas para identificar y delimitar los terrenos, y complejiza el retorno en condiciones de seguridad, esencia de la restituci\u00f3n. <\/p>\n
(II) Los problemas de articulaci\u00f3n entre las entidades p\u00fablicas provoca retrasos en la actuaci\u00f3n, tanto en la fase administrativa, como en la de cumplimiento de las decisiones judiciales, por su impacto en materia de recolecci\u00f3n y contrastaci\u00f3n de informaci\u00f3n catastral y registral, as\u00ed como en el alinderamiento o georreferenciaci\u00f3n de los territorios. <\/p>\n
(III) La falta de formaci\u00f3n en asuntos \u00e9tnicos de las autoridades administrativas y judiciales, en lo tocante a la idiosincrasia propia de la comunidad imbricada en el proceso, conduce a decisiones que pueden atentar contra la cosmovisi\u00f3n de las v\u00edctimas, que se traduce en una forma de revictimizaci\u00f3n. <\/p>\n
4.4. Algunas soluciones. <\/p>\n
Igualmente, es indispensable que los sentenciadores hagan uso efectivo de las facultades especiales de las cuales se encuentran investidos, para hacer realidad la \u00abrestituci\u00f3n de derechos territoriales con base en los derechos humanos, fundamentales y colectivos de los pueblos ind\u00edgenas y sus integrantes\u00bb (art\u00edculo 2\u00b0 idem). <\/p>\n
As\u00ed lo puso de presente el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional: <\/p>\n
Las potestades conferidas por el Legislador a los jueces y magistrados de restituci\u00f3n de tierras se hacen particularmente visibles en este punto, y resultan en cierto modo at\u00edpicas. En contextos de estabilidad social, el derecho supone la existencia tanto de un orden social justo como de sujetos que deciden libremente (la autonom\u00eda privada de la voluntad). Por el contrario, en contextos de violencia, ni el orden es justo ni los sujetos deciden libremente. En otras palabras, \u201clos jueces y juezas transicionales de restituci\u00f3n tienen facultades at\u00edpicas porque es necesario contar con instrumentos jur\u00eddicos espec\u00edficos que faciliten la devoluci\u00f3n de tierras a las v\u00edctimas y que contribuyan a lograr los objetivos de la justicia transicional.\u201d <\/p>\n
A diferencia de los jueces civiles ordinarios, las autoridades que integran la Jurisdicci\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras han sido revestidos con amplias competencias para materializar los derechos a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n integral y la garant\u00eda de no repetici\u00f3n. Ello, incluye, por ejemplo, (i) la posibilidad de ordenar constituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas cuando as\u00ed proceda, (ii) las compensaciones a terceros; (iii) la nulidad absoluta de las decisiones judiciales que por los efectos de su sentencia, pierdan validez jur\u00eddica; (iv) la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que permitieron la realizaci\u00f3n de obras, proyectos, actividades que generen afectaciones territoriales, o que no hayan tenido consulta previa; (v) la suspensi\u00f3n de obras, proyectos o actividades ilegales o que no hayan tenido consulta previa; y, en general (vi) las dem\u00e1s \u00f3rdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del territorio, la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las v\u00edctimas (negrilla fuera de texto, T341\/22). <\/p>\n
Dentro del anterior contexto, se brindar\u00e1n algunos insumos para que los jueces de restituci\u00f3n puedan avanzar en la resoluci\u00f3n de las dificultades rememoradas, quienes, en todo caso, deber\u00e1n considerar las particulares de cada caso. <\/p>\n
4.4.1. Acumulaci\u00f3n de pretensiones. <\/p>\n
Si bien, como ya se anticip\u00f3, en los procesos de restituci\u00f3n colectiva se permite la sumatoria de pedimentos colectivos e individuales, esto no impide al sentenciador que, al momento de la admisi\u00f3n de la petici\u00f3n, o al fallar, act\u00fae con la mayor cautela para evitar una indebida acumulaci\u00f3n o un fallo citra petita. <\/p>\n
(I) Para explicar debe partirse del contenido del art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 4633 de 2011, el que determina que son v\u00edctimas las personas que hayan padecido graves y manifiestas violaciones de sus \u00abderechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, cr\u00edmenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario\u2026 y que guarden relaci\u00f3n con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno\u00bb. <\/p>\n
En particular, el precepto 14 establece que las violaciones se predican, tanto de los \u00abpueblos y comunidades ind\u00edgenas\u00bb, as\u00ed como de \u00abforma individual a integrantes de los pueblos ind\u00edgenas que hayan sido objeto de estas violaciones\u00bb (negrilla fuera de texto), a quienes debe garantiz\u00e1rseles una reparaci\u00f3n \u00abintegral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva\u00bb (art\u00edculo 21). <\/p>\n
De all\u00ed que se abra paso a la conjunci\u00f3n de pedimentos. Empero, su procedencia est\u00e1 condicionada a que las violaciones hayan ocurrido de consuno, lo cual se traduce en que los hechos, causantes de las afectaciones individuales y colectivas, sean los mismos. Por tanto, s\u00f3lo es posible sumar reclamos, si existe una conexi\u00f3n inescindible entre los fundamentos f\u00e1cticos que sirven de sustento a uno y otro reclamo. <\/p>\n
Claro, para establecer esta conexi\u00f3n, deber\u00e1 tenerse en consideraci\u00f3n el precepto 41, el cual instituye que las afectaciones individuales pueden ser \u00abf\u00edsicas, materiales, psicol\u00f3gicas, espirituales y culturales, as\u00ed como la vulneraci\u00f3n al lazo de la v\u00edctima con su comunidad, pueblo y territorio\u00bb. <\/p>\n
La solicitud de restituci\u00f3n, entonces, no puede ser utilizada de p\u00e1bulo para pretender la reparaci\u00f3n de pretensiones desconectadas, incomunicadas o inconexas, pues se socavar\u00eda la finalidad del proceso, correspondi\u00e9ndole al funcionario judicial poner de presente estas situaciones al solicitante, con los llamados de atenci\u00f3n que resulten procedentes. <\/p>\n
(II) Por otra parte, existen afectaciones individuales que, de observarse su ocurrencia, deben ser objeto de decisi\u00f3n, por fuerza del canon 53, a saber: \u00abPara efectos del presente decreto se evaluar\u00e1n de manera diferenciada los da\u00f1os que ocasionen afectaciones a las personas de especial reconocimiento y protecci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Esto sucede, en primer lugar, con los quebrantos a los derechos de las mujeres ind\u00edgenas, las que son consideradas de \u00abespecial reconocimiento y protecci\u00f3n y en raz\u00f3n de ello gozar\u00e1n de medidas espec\u00edficas de reparaci\u00f3n individual y colectiva que partan del reconocimiento de su importancia para la permanencia y pervivencia de los pueblos ind\u00edgenas\u00bb (art\u00edculo 16). Advi\u00e9rtase, \u00ab[l]as mujeres ind\u00edgenas sufren da\u00f1os f\u00edsicos, psicol\u00f3gicos, espirituales, sexuales y econ\u00f3micos causados, entre otros, por la violencia sexual ejercida como estrategia de guerra y como consecuencia de la presencia de actores externos, la explotaci\u00f3n o esclavizaci\u00f3n para ejercer labores dom\u00e9sticas, el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, el asesinato o desaparici\u00f3n de quien les brinda su apoyo econ\u00f3mico, la discriminaci\u00f3n, acentuada en el contexto del conflicto armado, y el desplazamiento forzado\u00bb (art\u00edculo 49). <\/p>\n
Lo mismo acontece, en segundo lugar, con las personas \u00abv\u00edctimas de violencia sexual\u00bb, a quien se les debe dotar de garant\u00edas procesales especiales (art\u00edculo 19). Incluso, existe el deber de promover las investigaciones ante las autoridades penales, para que los responsables sean \u00abprocesados, juzgados y condenados debidamente\u00bb (art\u00edculo 32). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en tercer lugar, al reconocerse car\u00e1cter prevalente a los derechos de los \u00abni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes\u00bb, calificando sus afectaciones como \u00abimpactos colectivos en los Pueblos Ind\u00edgenas que deben ser reparados integralmente\u00bb (art\u00edculo 48), se impuso que sean objeto de consideraci\u00f3n y decisi\u00f3n en el veredicto. \u00abSon da\u00f1os a los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y j\u00f3venes ind\u00edgenas v\u00edctimas, entre otras, la desestructuraci\u00f3n del n\u00facleo familiar, el reclutamiento forzado, tr\u00e1fico de drogas, trata de personas menores de edad, violencia sexual, especialmente en las ni\u00f1as, embarazos forzados a temprana edad y no deseados por las j\u00f3venes, m\u00e9todos coercitivos que restringen los comportamientos y la recreaci\u00f3n, la servidumbre, prostituci\u00f3n forzada, minas antipersonales (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MUSE), y el ser obligados a realizar diferentes tipos de actividades b\u00e9licas\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dentro de la categor\u00eda \u00abpersonas de especial protecci\u00f3n\u00bb, tambi\u00e9n se incluyeron (a) \u00aba los hombres y mujeres ind\u00edgenas mayores\u00bb por \u00absu importancia en la trasmisi\u00f3n de la sabidur\u00eda y la cultura a las siguientes generaciones ind\u00edgenas\u00bb (art\u00edculo 50), y (b) a las v\u00edctimas \u00abpor minas antipersonal\u00bb, am\u00e9n de sus implicaciones individuales y colectivas (art\u00edculo 52). <\/p>\n
En todos estos eventos corresponder\u00e1 a la autoridad administrativa, al momento de promover la demanda respectiva, elevar pedimentos resarcitorios individuales y, de advertirse una omisi\u00f3n, puede ser reconvenida por el juzgador especializado para que haga los ajustes que resulten pertinentes. <\/p>\n
Con todo, si el en curso del tr\u00e1mite se encuentra demostrada una afectaci\u00f3n a estos sujetos, en la decisi\u00f3n judicial deber\u00e1n ordenarse las reparaciones individuales y colectivas, de forma oficiosa, lo que se traduce en un fallo extra petita. <\/p>\n
De abstenerse de emitir estas determinaciones, hayan, o no, sido solicitadas, la sentencia ser\u00e1 incongruente, por dejar de resolver cuestiones de imperativa definici\u00f3n. <\/p>\n
4.4.2. Flexibilizaci\u00f3n de las reglas para la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
(I) El art\u00edculo 161 del decreto 4633 de 2011 establece que, la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, se har\u00e1 por estado al demandante, de forma personal a la procuradora judicial y a los demandados que se hayan caracterizado de forma personal, y a los terceros que tengan derecho a intervenir \u00abpor edicto que se fijar\u00e1 durante 10 d\u00edas en la secretar\u00eda del juzgado y se publicar\u00e1 por una sola vez en un diario de amplia circulaci\u00f3n en el lugar de ubicaci\u00f3n del predio y en una radiodifusora local, si la hubiera. El mismo edicto ser\u00e1 le\u00eddo por el secretario el domingo siguiente en voz alta en la plaza principal de las cabeceras municipales donde estuviere ubicado el predio\u00bb. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que, la forma por excelencia para el enteramiento es la personal, explicable por la necesidad de garantizar que los interesados conozcan de la existencia del proceso y, de considerarlo conveniente, intervenga en defensa de sus intereses. <\/p>\n
(II) Sin embargo, ante la multiplicaci\u00f3n de eventuales opositores y segundos ocupantes en los casos de ruta colectiva, exigir la notificaci\u00f3n personal de todos ellos deviene en una carga que puede resultar irrealizable, por la demora que significar\u00eda en el adelantamiento del tr\u00e1mite y por servir como fuente inagotable de nulidades procesales. <\/p>\n
En estos contextos de masividad, es razonable que, despu\u00e9s de vencido un plazo prudencial en el que se haya intentado el enteramiento directo, se posibilite que la vinculaci\u00f3n se realice por medio de curadores ad litem, o formas similares, bajo la convicci\u00f3n de que con el avance en el proceso de notificaci\u00f3n personal hace notoria la existencia del proceso entre todos los concernidos -por el voz a voz-, de quienes se exige un deber de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia, expresado en que concurran a la sede judicial de forma inmediata para notificarse, so pena de que su abulia le genere consecuencias negativas, que no es otra que asumir el tr\u00e1mite en el estado en que se encuentre al momento que decidan arribar. <\/p>\n
Y es que, si bien las normas procesales tienen un n\u00facleo duro, que debe ser cumplido en todo proceso para asegurar un entorno de justicia, tambi\u00e9n se debe reconocer su condici\u00f3n din\u00e1mica y evolutiva, de modo que interesa m\u00e1s el grado y modo de cumplimiento en el caso concreto, que la simple observancia predeterminada e inmodificable de los preceptos8. M\u00e1xime en contextos de gigantescos vol\u00famenes de casos, que reclaman del juez acudir a criterios de proporcionalidad, cooperaci\u00f3n y flexibilidad, para conducir efectivamente el tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
As\u00ed lo coligi\u00f3, recientemente, la Corte Constitucional, al encontrar ajustado a la Carta Fundamental que los opositores se vinculen a trav\u00e9s de un \u00abrepresentante judicial\u00bb com\u00fan, despu\u00e9s de transcurrir un interregno prudente sin que fuera posible la notificaci\u00f3n personal de todos ellos: <\/p>\n
Al despacho accionado se le exhortar\u00e1, si no lo ha hecho a\u00fan, a culminar los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n a terceros que se encuentran en curso, dentro del mes siguiente a la notificaci\u00f3n de este fallo, designando un representante judicial para estos terceros si es necesario, de modo que se pueda finalmente abrir la etapa probatoria del proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya han trascurrido m\u00e1s de cuatro a\u00f1os desde el inicio del proceso, en detrimento de la comunidad accionante; que la solicitud de restituci\u00f3n adem\u00e1s fue publicitada en varios medios locales y nacionales; que ya se incluyeron los sujetos que acudieron directamente ante el Juez de restituci\u00f3n, as\u00ed como aquellos otros que fueron individualizados tanto por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras como por el Ministerio P\u00fablico (T-341\/22). <\/p>\n
4.4.3. Emisi\u00f3n de condenas en abstracto. <\/p>\n
Dispone el decreto 4633 de 2011 que, treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la audiencia de alegatos, corresponde al sentenciador especializado proferir fallo en el que resuelva de manera definitiva sobre las pretensiones, excepciones y solicitudes de terceros (art\u00edculo 166). <\/p>\n
En concreto, debe proveer lo tocante a \u00ab[l]a entrega material y jur\u00eddica del territorio objeto de restituci\u00f3n indicando la identificaci\u00f3n, individualizaci\u00f3n, deslinde, ubicaci\u00f3n con coordenadas geogr\u00e1ficas y la extensi\u00f3n territorial a restituir\u00bb (negrilla fuera de texto), as\u00ed como \u00ab[c]ada una de las oposiciones que se presentaron a la inscripci\u00f3n del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Igualmente, las decisiones sobre controversias intra o inter\u00e9tnicas no resueltas en el incidente de conciliaci\u00f3n\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
(I) En relaci\u00f3n con la orden para la restituci\u00f3n de las tierras, parece advertirse una contradicci\u00f3n entre \u00e9sta y los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del mismo art\u00edculo 166, las cuales establecen que el sentenciador puede ordenar \u00abconstituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas cuando as\u00ed proceda, en un t\u00e9rmino no superior a doce (12) meses\u00bb, as\u00ed como \u00abrealizar y\/o culminar los procedimientos administrativos para titular en calidad de resguardos las tierras\u2026 en calidad de constituci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de resguardos\u00bb. <\/p>\n
Total, frente a la existencia de un tr\u00e1mite administrativo que tiene por objeto definir el \u00e1rea del resguardo, lo que de suyo hace incierto su tama\u00f1o o linderos, deviene contradictorio que al mismo tiempo se imponga al juez que condene a la devoluci\u00f3n precisando su extensi\u00f3n y coordenadas. <\/p>\n
(II) Para resolver esta contrariedad basta se\u00f1alar que, en verdad, las normas regulan situaciones diferentes. Uno es el escenario de los territorios que est\u00e1n claramente determinados, caso en el cual la restituci\u00f3n se har\u00e1 en concreto, seg\u00fan los confines definidos en el tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Otra es la consideraci\u00f3n frente a predios que corresponden a resguardos en proceso de constituci\u00f3n o que est\u00e1n en ampliaci\u00f3n, pues en este caso se emitir\u00e1 sentencia, pero con la orden de que se adelante el tr\u00e1mite administrativo pertinente dentro del plazo legal, junto a la devoluci\u00f3n en abstracto, condicionada a la decisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. <\/p>\n
De esta forma se evita que el proceso judicial se quede inmovilizado, hasta tanto se emitida el acto administrativo, como si de una prejudicialidad se tratara, la cual, no s\u00f3lo no est\u00e1 permitida, sino que contraviene los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 166. <\/p>\n
Significa que el derecho a la restituci\u00f3n se materializa por medio de la instrucci\u00f3n precisa para que se decida la actuaci\u00f3n administrativa, aunque la entrega material s\u00f3lo se concretar\u00e1 cuando se conozcan las resultas de este tr\u00e1mite, por ser el que permitir\u00e1 definir los confines concretos del territorio \u00e9tnico. <\/p>\n
Materializaci\u00f3n que, adem\u00e1s, se hace palpable con las determinaciones conexas que deben estar contenidas en el veredicto, seg\u00fan la situaci\u00f3n concreta, tales como la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que atentan contra la consulta previa o la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, la suspensi\u00f3n de proyectos de infraestructura o explotaci\u00f3n que afectan el territorio \u00e9tnico -en aquellos contornos en que exista plena claridad-, la protecci\u00f3n del patrimonio cultural, la resoluci\u00f3n de controversias inter e intra \u00e9tnicas, la decisi\u00f3n de las oposiciones, la orden para cancelar antecedentes registrales, y las dem\u00e1s medidas para garantizar la efectividad de los derechos de los pueblos. <\/p>\n
De esta forma la protecci\u00f3n a la garant\u00eda ius-fundamental a la reparaci\u00f3n se torna inmediata, incluso en escenarios de relativa indeterminaci\u00f3n, condicionado, en estos \u00faltimos, a la decisi\u00f3n que adopte el \u00f3rgano ejecutivo competente, a lo cual deber\u00e1 hacer seguimiento el juez dentro de la fase de ejecuci\u00f3n del fallo y, de encontrarlo necesario, hacer las modulaciones que sean pertinentes a su decisi\u00f3n. <\/p>\n
(II) El escenario es diferente cuando exista un tr\u00e1mite de saneamiento, pues aqu\u00ed se tiene certeza sobre el terreno a restituir, s\u00f3lo que falta adelantar actuaciones tendientes a que el dominio quede, de forma integral, en manos de la comunidad o pueblo ind\u00edgena, fruto, por ejemplo, de la falta de adquisici\u00f3n de derechos de privados, de la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos o de la integraci\u00f3n con fundos aportados por integrantes de la comunidad, particulares u otras entidades. <\/p>\n
En esta eventualidad, nada se opone a que el juez especializado ordene la restituci\u00f3n material, con la consecuente instrucci\u00f3n para que la autoridad administrativa haga el saneamiento dentro del plazo de doce (12) meses, imponi\u00e9ndole que haga las apropiaciones presupuestales que se requieren para cumplir con esta misi\u00f3n y, de ser procedente, adquirir los derechos en discusi\u00f3n. <\/p>\n
(III) Trat\u00e1ndose de una ampliaci\u00f3n territorial que no ha sido resuelta, por su propia naturaleza, impone al sentenciador especializado la adopci\u00f3n dos (2) determinaciones diferentes: <\/p>\n
(a) Frente al \u00e1rea que cuenta con un acto administrativo definitivo, esto es, el territorio reconocido para fines de constituci\u00f3n del resguardo, o ampliaciones ya definidas, procede ordenar la restituci\u00f3n f\u00edsica, acorde con las mensuras y delimitaciones se\u00f1aladas en aqu\u00e9l, en concordancia con las dem\u00e1s pruebas que reposan en el expediente; y <\/p>\n
(b) Respecto a la zona sobre la que se pretende la ampliaci\u00f3n -pendiente-, por faltar la decisi\u00f3n administrativa final, se excluye la procedencia de la entrega f\u00edsica e inmediata a la comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
En este evento el sentenciador deber\u00e1 mandar que la entidad competente tome una decisi\u00f3n, en un plazo m\u00e1ximo de doce (12) meses, a cuyo proferimiento, en desarrollo de la ejecuci\u00f3n del veredicto, deber\u00e1 efectuar las adecuaciones que sean ineludibles. <\/p>\n
(IV) Las reglas procedentes son aplicables, mutatis mutandi, para la resoluci\u00f3n de las oposiciones y protecci\u00f3n a los segundos ocupantes. <\/p>\n
En efecto, cuando se decreta la devoluci\u00f3n material del terreno, deber\u00e1n desatarse las pretensiones de terceros sobre \u00e9ste, con el fin de establecer si se dan las condiciones para una compensaci\u00f3n o para la protecci\u00f3n de personas en condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
Por el contrario, de estar pendiente el tr\u00e1mite administrativo, que hace incierta la heredad a restituir, los terceros no ser\u00e1n privados de su detentaci\u00f3n, de all\u00ed que la resoluci\u00f3n de sus pedimentos deber\u00e1 hacerse de forma abstracta en el veredicto, condicionando sus efectos al acto administrativo que se profiera. <\/p>\n
(V) Lo antes dilucidado devela que el juez de restituci\u00f3n de tierras puede emitir condenas en abstracto, esto es, resoluciones gen\u00e9ricas, que s\u00f3lo se determinar\u00e1n con posterioridad al fallo, en la fase de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, en casos de constituci\u00f3n o ampliaci\u00f3n del territorio \u00e9tnico, pendiente de decisi\u00f3n administrativa, el fallo se limitar\u00e1 a ordenar, in genere, que se desate la actuaci\u00f3n y, como consecuencia, el cumplimiento efectivo, en cuanto a la restituci\u00f3n se refiere, se diferir\u00e1 hasta la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n encargada de la gesti\u00f3n catastral y administraci\u00f3n de tierras de la naci\u00f3n. <\/p>\n
4.4.4. Manejo de conflictos interculturales. <\/p>\n
(I) El decreto 4633 de 2011, como ya se explic\u00f3, se limit\u00f3 a regular los conflictos inter e intra \u00e9tnicos, huelga reiterarlo, las divergencias que surjan al interior, o entre diversos grupos o pueblos \u00e9tnicos, respecto a la restituci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Circunstancia explicable, no s\u00f3lo por el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la norma, sino porque la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 fue profusa en reconocer la problem\u00e1tica ind\u00edgena, en comparaci\u00f3n con el tratamiento dispensado a las negritudes o al campesinado. As\u00ed, mientras que a los primeros se les reconoci\u00f3 un derecho de dominio imprescriptible, inalienable e inembargable sobre sus territorios (art\u00edculo 63), calific\u00e1ndolos de entidades territoriales (art\u00edculo 286), administradas por consejos \u00abconformados y reglamentados seg\u00fan los usos y costumbres\u00bb (art\u00edculos 329 -par\u00e1grafo- y 330), no sucedi\u00f3 lo mismo con los otros. <\/p>\n
(II) Sin embargo, en cuanto interesa al sub examine, por fuerza de diversos instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha reivindicado la situaci\u00f3n del campesinado, elev\u00e1ndolo a la condici\u00f3n de grupo cultural, susceptible de protecci\u00f3n debido a esta calidad. <\/p>\n
Total, las comunidades campesinas, se caracterizan por tener una conexi\u00f3n directa y especial con la tierra, as\u00ed como pr\u00e1cticas comunes en punto a su explotaci\u00f3n y conservaci\u00f3n, que son merecedoras de salvaguardia, ante la aceptaci\u00f3n de que una sociedad pluri\u00e9tnica y multicultural enriquece el desarrollo humano. <\/p>\n
Y es que las luchas campesinas han girado alrededor del acceso a la tierra, ocupada por diferentes actores como resultado de los variados procesos de colonizaci\u00f3n, la ineficacia de las reformas agrarias y la incapacidad para organizarse en defensa de sus derechos. <\/p>\n
Los campesinos terminaron moviliz\u00e1ndose a lo largo de las rutas de transporte, dando origen a ese patr\u00f3n especial de asentamiento que los soci\u00f3logos llaman aldea lineal, lo cual fue posible porque la extensi\u00f3n de los bald\u00edos suministraba oportunidades adecuadas de mercadeo y de crecimiento de la poblaci\u00f3n. Estos colonos sol\u00edan agruparse en aldeas nucleadas, a la postre conocidas como caser\u00edos. <\/p>\n
La colonizaci\u00f3n campesina, por tanto, no fue s\u00f3lo una actividad de particulares aislados, sino un ejercicio, las m\u00e1s de las veces descoordinado, que permiti\u00f3 din\u00e1micas sociales organizativas de los trabajadores agrarios, a la postre consolidadas en una visi\u00f3n com\u00fan sobre la vida rural. <\/p>\n
No en vano el Instituto Colombiano de Antropolog\u00eda e Historia define el campesino como un sujeto intercultural e hist\u00f3rico, con unas memorias, saberes y pr\u00e1cticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la producci\u00f3n de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada a la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. <\/p>\n
Por lo expuesto, debe reconocerse al campesinado un estatus jur\u00eddico propio, revalorizando su proyecto de vida y abriendo escenarios de participaci\u00f3n en los asuntos que les conciernen. De esta forma, no solo se revierte la injusticia asociada al d\u00e9ficit de identidad, sino que se favorece una participaci\u00f3n social m\u00e1s robusta, que conduzca a unas pol\u00edticas p\u00fablicas redistributivas dirigidas a garantizar una vida digna para los campesinos, en comparaci\u00f3n a la de otros actores sociales. <\/p>\n
En este sentido anduvo el acto legislativo n.\u00b0 01 del 5 de julio de 2023, que trajo como novedades la inclusi\u00f3n expresa del \u00abcampesinado\u00bb como \u00absujeto de derechos y de especial protecci\u00f3n\u00bb, con la condici\u00f3n de \u00abgrupo social\u00bb con \u00abcondiciones geogr\u00e1ficas, demogr\u00e1ficas, organizativas y culturales que lo distingue\u00bb, a quien se les debe garantizar derechos como \u00abla educaci\u00f3n de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios p\u00fablicos domiciliarios, v\u00edas terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biol\u00f3gica, el agua, la participaci\u00f3n reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensi\u00f3n agropecuaria y empresarial, asistencia t\u00e9cnica y tecnol\u00f3gica para generar valor agregado y medios de comercializaci\u00f3n para sus productos\u00bb (negrilla fuera de texto) <\/p>\n
(III) As\u00ed lo impone el paradigma multicultural, uno de cuyos objetivos es la lucha contra la discriminaci\u00f3n, en un primer momento, por razones de color de piel, creencias, origen nacional o pertenencia \u00e9tnica; en un segundo, como reivindicaci\u00f3n de las identidades colectivas y su reconocimiento como grupo o pueblo; y en un tercero, para que se proteja el patrimonio cultural. <\/p>\n
Este modelo propende por encontrar una convivencia pac\u00edfica entre las diferentes culturas, sin que se traduzca en la supresi\u00f3n o subvaloraci\u00f3n de alguna de ellas, sino en su reconocimiento abierto, para permitir la concertaci\u00f3n y di\u00e1logo. <\/p>\n
El conflicto intercultural surgir\u00e1 cuando comunidades, que comparten un mismo lugar geogr\u00e1fico, tienen objetivos incompatibles respecto a su detentaci\u00f3n, conservaci\u00f3n, destinaci\u00f3n o explotaci\u00f3n, lo que se traduce en tensiones entre ellas. Conflicto que, en realidad, es una oportunidad para el desarrollo de las culturas, al afianzar patrones hist\u00f3ricos y desaprender pr\u00e1cticas innecesarias. <\/p>\n
Un caso t\u00edpico de estos conflictos es precisamente el que se genera entre pueblos \u00e9tnicos y comunidades campesinas, cuando las bases ideol\u00f3gicas y culturales chocan entre s\u00ed, como respuesta a cosmovisiones dis\u00edmiles, sin que por esto se impida el intercambio de opiniones entre los interesados, en garant\u00eda de su autodeterminaci\u00f3n. <\/p>\n
Para dar cabida a la multiculturalidad, debe reconocerse al campesino como integrante de comunidades locales, encargadas de cuidar su entorno natural y los sistemas agroecol\u00f3gicos, que da como resultado una visi\u00f3n com\u00fan de la tierra y la vida. <\/p>\n
(IV) En el marco del proceso de restituci\u00f3n colectiva de territorios \u00e9tnicos, los conflictos interculturales con comunidades campesinas reclaman un tratamiento particular, que favorezca el di\u00e1logo franco y abierto, con el fin de buscar soluciones coordinadas. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de normas para resolver estas problem\u00e1ticas en el decreto 4633 de 2011, la analog\u00eda resulta ser la v\u00eda para aplicar los referidos art\u00edculos 169 a 171 ibidem. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, conforme al canon 158, los vac\u00edos de la reglamentaci\u00f3n \u00abpodr\u00e1n llenarse acudiendo a la analog\u00eda, exclusivamente con las normas que sean m\u00e1s favorables y garantistas para la protecci\u00f3n y restituci\u00f3n a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
Y, como las directrices para solucionar los problemas inter e intra \u00e9tnicos favorecen el autogobierno y la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, por dar prioridad a las formas hist\u00f3ricas sobre las judiciales, y promover la autocomposici\u00f3n, deber\u00e1 acudirse a aqu\u00e9llas para tratar las pol\u00e9micas interculturales, en especial, frente al campesinado. <\/p>\n
(V) De fracasar los mecanismos ancestrales y la conciliaci\u00f3n judicial, conforme al decreto 4633 de 2011, corresponder\u00e1 al juez de restituci\u00f3n decidir la controversia intercultural. <\/p>\n
Para estos fines, existe una suerte de prevalencia de la tenencia o posesi\u00f3n \u00e9tnica, por fuerza del derecho fundamental a la tierra, que se traduce en el imperativo de acceder a la restituci\u00f3n del espacio f\u00edsico. <\/p>\n
Sin embargo, esto no es una excusa para desatender la prohibici\u00f3n convencional de crear o favorecer escenarios de marginaci\u00f3n y revictimizaci\u00f3n para la poblaci\u00f3n campesina, como lo ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: <\/p>\n
136. Los se\u00f1alamientos estatales sobre los pobladores criollos que habitan los lotes 14 y 55 son acordes a las consideraciones que, en el \u00e1mbito de las Naciones Unidas, se han hecho respecto de campesinos, a trav\u00e9s de la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (en adelante \u201cDeclaraci\u00f3n sobre campesinos\u201d). El documento se\u00f1ala que en general los campesinos \u201csufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y malnutrici\u00f3n\u201d; tienen o suelen tener, por \u201cvarios factores\u201d, \u201cdificulta[des para] hacerse o\u00edr [y] defender sus derechos humanos\u201d, inclusive para \u201cacceder a los tribunales, los agentes de polic\u00eda, los fiscales y los abogados\u201d. En particular, la Declaraci\u00f3n sobre campesinos se\u00f1ala que el \u201cacceso\u201d a la tierra y recursos naturales \u201ces cada vez m\u00e1s dif\u00edcil\u201d para los \u201chabitantes de zonas rurales\u201d, y que hay diversos \u201cfactores que dificultan\u201d que esas personas puedan \u201cdefender [\u2026] sus derechos de tenencia y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen\u201d. La Declaraci\u00f3n sobre campesinos expresa que las \u201cnormas y principios internacionales de derechos humanos\u201d deben \u201cinterpret[arse] y [\u2026] aplic[arse] de forma coherente\u201d con la \u201cnecesidad de que se proteja mejor los derechos de los campesinos\u201d. La Corte aclara que no est\u00e1 evaluando la responsabilidad estatal con base en la Declaraci\u00f3n sobre campesinos, sino que hace alusi\u00f3n a la misma s\u00f3lo como una referencia complementaria que, en l\u00ednea con los se\u00f1alamientos de Argentina sobre la vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n criolla, muestra la pertinencia de tener en cuenta la situaci\u00f3n particular de dicha poblaci\u00f3n a fin de resguardar sus derechos. <\/p>\n
137. La Corte no puede soslayar que el Estado tiene deberes respecto de la poblaci\u00f3n criolla, en tanto que, dada su situaci\u00f3n de vulnerabilidad, debe adoptar acciones positivas tendientes a garantizar sus derechos. <\/p>\n
138. Ahora bien, como ya se ha dicho, no est\u00e1 en duda la propiedad de las comunidades ind\u00edgenas sobre 400.000 ha de los lotes 14 y 55. El Estado, a fin de garantizar ese derecho, ha debido concretar el deslinde de la propiedad ind\u00edgena, as\u00ed como adoptar acciones para concretar el traslado o reubicaci\u00f3n de poblaci\u00f3n criolla fuera de la misma. Sin perjuicio de ello, no puede hacerse caso omiso al modo en que el Estado tiene que cumplir con su obligaci\u00f3n. En ese sentido, Argentina debe actuar observando los derechos de la poblaci\u00f3n criolla (infra, p\u00e1rr. 329 d), y nota a pie de p\u00e1gina 323) (sentencia del 6 de febrero de 2020, Caso Lhaka Honhat \u201cnuestra tierra\u201d contra Argentina). <\/p>\n
Descuella, entonces, que son dos (2) los principios que deben ser observados cuando deben desatarse tensiones entre comunidades \u00e9tnicas y campesinas: (I) el derecho nacional no puede ser interpretado en el sentido de desconocer las garant\u00edas de la poblaci\u00f3n campesina, y (II) en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de territorios colectivos ind\u00edgenas deben garantizarse las prerrogativas ius-fundamentales del campesinado. <\/p>\n
Esto se traduce en que, en el escenario que las comunidades campesinas sean privadas de su tierra, deben ser consideradas como un sujeto colectivo y garantizarse su acceso a la misma, sin permitir la ruptura de las relaciones sociales ni concitar una mayor marginalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese lo se\u00f1alado en la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 10\u2026 2. Los Estados promover\u00e1n la participaci\u00f3n de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, directamente o por conducto de sus organizaciones representativas, en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia, para lo cual respetar\u00e1n la fundaci\u00f3n y el desarrollo de organizaciones en\u00e9rgicas e independientes de campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y promover\u00e1n su participaci\u00f3n en la preparaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas en materia de seguridad alimentaria, trabajo y medio ambiente que puedan concernirles. <\/p>\n
Art\u00edculo 12. 1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder de manera efectiva y no discriminatoria a la justicia, en particular a procedimientos imparciales de soluci\u00f3n de controversias y a medidas de reparaci\u00f3n efectivas por las vulneraciones de sus derechos humanos. Al adoptarse las decisiones correspondientes se tomar\u00e1n debidamente en consideraci\u00f3n sus costumbres, tradiciones, normas y sistemas jur\u00eddicos, de conformidad con las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. <\/p>\n
La especial consideraci\u00f3n al campesinado, de ninguna manera, puede entenderse como una excepci\u00f3n al car\u00e1cter imprescriptible de los bienes del Estado, en el sentido de que debe reconoc\u00e9rseles un derecho para que se declare la pertenencia sobre los bienes bald\u00edos -o incluso fiscales- que poseen, en desmedro de la comunidad \u00e9tnica o del Estado. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, ciertamente, en el C\u00f3digo Civil existen dos (2) disposiciones que pueden resultar contrapuestas. As\u00ed, en su art\u00edculo 2519, se califican como imprescriptibles los bienes de uso p\u00fablico, mientras que el precepto 2517 afirma que las reglas relativas a la prescripci\u00f3n se aplican en favor y en contra de la Naci\u00f3n. Sin embargo, esta contrariedad fue superada por el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, reproducido por el canon 375 del C\u00f3digo General del Proceso, que precisa que no se pueden ganar por prescripci\u00f3n adquisitiva los bienes que son objeto del dominio de las entidades de derecho p\u00fablico9, sin distinci\u00f3n de ninguna clase. <\/p>\n
4.4.5. Decisiones basadas en el agrupamiento de situaciones f\u00e1cticas similares. <\/p>\n
(I) Ante eventuales oposiciones masivas, es menester que los juzgadores adopten mecanismos que permitan agrupar y concentrar situaciones f\u00e1cticas equivalentes, para proferir decisiones comunes, sin descender a particularizaciones triviales o insustanciales. <\/p>\n
De esta forma se logra que las cuestiones comunes se resuelvan de forma uniforme, s\u00f3lo haciendo diferenciaciones para crear subgrupos, exclusiones o excepciones, cuando existan circunstancias significativas que modifican su estatus jur\u00eddico, f\u00e1ctico o social. <\/p>\n
(II) La posibilidad de acciones y procesos colectivos, no es nueva en el derecho, pues es reconocida su importancia para reducir los costos de la administraci\u00f3n de justicia, tanto humanos como de tiempo, as\u00ed como para contribuir a una mayor participaci\u00f3n. <\/p>\n
En estos casos, se propende porque al tr\u00e1mite concurra un representante de todos los que integran el grupo respectivo, quien actuar\u00e1 en nombre de la colectividad, con la finalidad de que se atiendan las reclamaciones de todos ellos. La notificaci\u00f3n se alcanza, no por enteramiento individual, sino a trav\u00e9s de publicaciones o avisos de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n debe ser \u00fanica, el sentido de que resuelva el centro de la problem\u00e1tica de forma uniforme para todos los que integran el grupo, sin privilegios ni preferencias de ning\u00fan tipo, salvo los tratos diferenciados. \u00ab[E]l juez decide que los aspectos de derecho o hecho comunes a los miembros de la clase prevalecen sobre cualquier cuesti\u00f3n que afecta apenas a miembros individuales\u00bb10. <\/p>\n
5. El caso concreto. <\/p>\n
Antic\u00edpese que el amparo est\u00e1 llamado a prosperar, con alcance parcial, de un lado, de forma oficiosa, por defectos f\u00e1ctico y sustancial, al haberse excluido de la decisi\u00f3n definitiva lo relativo a la tercera ampliaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena, y, del otro, a solicitud de la Procuradora Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras y de los intervinientes, por defecto procedimental, al no resolver las oposiciones -ni siquiera de forma abstracta- en el veredicto de restituci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. El amparo oficioso. <\/p>\n
5.1.1. La oficiosidad para tutelar. <\/p>\n
Ciertamente, atendiendo a la naturaleza fundamental de las prerrogativas protegidas por la acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la solicitud de amparo est\u00e1 concebida para atender la situaci\u00f3n con una mayor laxitud, en comparaci\u00f3n con las otras acciones judiciales, de all\u00ed que el juez de tutela cuente con facultades ultra y extra petita, para determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, y disponer lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha doctrinado que: <\/p>\n
\u2026los jueces de tutela [tienen la posibilidad] de fallar un asunto de manera diferente a lo pedido. Por ejemplo, en la sentencia SU-195 de 2012 la Sala Plena indic\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pac\u00edfica ha se\u00f1alado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y adem\u00e1s quien determina los derechos fundamentales violados. As\u00ed, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posici\u00f3n, toda vez que conforme a la condici\u00f3n sui generis de esta acci\u00f3n, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales.\u201d\u2026 <\/p>\n
Lo anterior permite concluir que el juez de tutela est\u00e1 facultado para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la demanda puede evidenciar la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, aun cuando su protecci\u00f3n no haya sido solicitada por el peticionario (T-104\/18). <\/p>\n
En ese orden, conforme los derroteros que anteceden, la acci\u00f3n constitucional no se circunscribe a las peticiones izadas por la parte activa, sino que adicionalmente debe proveerse lo necesario para garantizar la efectividad de los derechos supralegales. <\/p>\n
Esto cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo es pretendida por o para sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, raz\u00f3n para reconocerles un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva de sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los sujetos colectivos que han sido objeto de discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica, amenazando con la desaparici\u00f3n de sus costumbres y cosmovisi\u00f3n, como las comunidades \u00e9tnicas (cfr. CC, T-445\/22), para el caso, el Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez. <\/p>\n
5.1.2. Configuraci\u00f3n de los defectos sustancial y f\u00e1ctico. <\/p>\n
(I) El sentenciador del proceso de restituci\u00f3n de tierras, al referirse a los predios objeto del tr\u00e1mite judicial, manifest\u00f3: <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al tr\u00e1mite de la tercera ampliaci\u00f3n del resguardo (iniciado mediante resoluci\u00f3n n\u00famero 1767 de 12 de agosto de 2012), no cabe hacer pronunciamiento alguno en la presente sentencia, toda vez que concierne a una extensi\u00f3n territorial no titulada todav\u00eda y por ende no inscrita en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente de que trata el art\u00edculo 156 del Decreto 4633 de 2016. <\/p>\n
Sobre el particular, la CSJ, en Sentencia de Tutela STC6056 de 28 de mayo de 2021 precis\u00f3: \u201c(\u2026) si un determinado predio no obtuvo la autorizaci\u00f3n de inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente, quiere decir que sobre este no podr\u00e1 adelantarse el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n\u2026\u201d <\/p>\n
Significa que, en puridad, se abstuvo de emitir una determinaci\u00f3n sobre este territorio, fundamentado en que la ausencia de dominio sobre la \u00faltima ampliaci\u00f3n imped\u00eda tener como inscrito este inmueble en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente, requisito de procedibilidad para adoptar una sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
(II) Esta interpretaci\u00f3n desatendi\u00f3, de una forma evidente, tanto el marco normativo que gobierna la restituci\u00f3n colectiva de territorios ind\u00edgenas, como el contenido de la anotaci\u00f3n en el registro prenombrado. <\/p>\n
Y es que, como expresamente lo se\u00f1ala el art\u00edculo 11 del decreto 4633 de 2011, la protecci\u00f3n del territorio de los pueblos \u00e9tnicos se predica de todas las \u00e1reas con \u00abocupaci\u00f3n hist\u00f3rica o ancestral\u00bb, lo que encuentra eco en la definici\u00f3n de territorios ind\u00edgenas, que se transcribe nuevamente para enfatizar: \u00ab\u00e1reas pose\u00eddas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo ind\u00edgenas y aquellas que, aunque no se encuentren pose\u00eddas en esa forma, constituyen el \u00e1mbito tradicional de sus actividades sociales, econ\u00f3micas y culturales\u00bb (art\u00edculo 2.14.7.1.2. del decreto 1071 de 2015). <\/p>\n
A su vez, el canon 141 establece que el derecho de restituci\u00f3n puede ejercerse sobre \u00ab[l]as tierras sobre las cuales se adelantan procedimientos administrativos de titulaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de resguardos ind\u00edgenas\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Queda en evidencia, de este marco normativo, que el estudio de la s\u00faplica restitutoria no est\u00e1 condicionado a que la comunidad \u00e9tnica reclamante sea propietaria formal del territorio, sino que basta que alegue o invoque una posesi\u00f3n ancestral, o que est\u00e9 en tr\u00e1mite una solicitud de constituci\u00f3n, saneamiento o ampliaci\u00f3n, comprensiva del \u00e1rea reclamada. <\/p>\n
Incluso, para fines de la solicitud, se prev\u00e9 la posibilidad que se haga respecto a \u00abterritorios frente a los cuales existe tr\u00e1mite de titulaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n o saneamiento\u00bb, para lo cual basta que se indique el n\u00famero de radicaci\u00f3n de la solicitud, entidad ante la que se present\u00f3, tipo de tr\u00e1mite, fecha de la solicitud y estado de la actuaci\u00f3n (art\u00edculo 149). <\/p>\n
Adem\u00e1s, de forma concordante, al regularse el contenido del fallo, se prev\u00e9 que puede consistir en la orden para \u00abconstituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas, cuando as\u00ed proceda\u00bb (art\u00edculo 166). <\/p>\n
En este contexto, lo argumentado por el Tribunal para abstenerse de emitir un veredicto respecto de la tercera ampliaci\u00f3n -falta de dominio del colectivo \u00e9tnico-, vulnera de forma notoria las normas citadas y su correcta hermen\u00e9utica, en transgresi\u00f3n del derecho fundamental a la tierra de la comunidad ind\u00edgena. <\/p>\n
(III) Se suma a lo expuesto el flagrante defecto f\u00e1ctico en que incurri\u00f3 el sentenciador, por no interpretar correctamente el alcance de la anotaci\u00f3n realizada en favor de la comunidad Triunfo Cristal P\u00e1ez, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. <\/p>\n
Para explicar conviene transcribir, en lo que interesa, la resoluci\u00f3n n.\u00b0 RZE0315 del 31 de mayo de 2016, \u00abPor medio de la cual se resuelve sobre la inscripci\u00f3n del territorio ind\u00edgena Nasa de la comunidad del Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez, ubicado en el municipio de Florida (Valle del Cauca), en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente\u00bb: <\/p>\n
El Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez est\u00e1 localizado al norte de la Cordillera de los Andes, en el costado occidental de la Cordillera Central, en la falda sureste del cerro de San Juanito, corregimiento de La Diana, en las veredas Los Cale\u00f1os (cabecera de Resguardo), San Juanito, La Palmera, Betania y Villa Pinz\u00f3n\u2026 <\/p>\n
El territorio de Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez ha sido reconocido por el Estado como resguardo ind\u00edgena legalmente constituido, a trav\u00e9s de las siguientes resoluciones por parte del INCORA e INCODER: <\/p>\n
Resoluci\u00f3n 0058107-Dic-1995 (INCORA): Constituci\u00f3n de resguardo\u2026 Resoluci\u00f3n 0061\/18-Dic-2000 (INCORA) (ampliaci\u00f3n)\u2026 Acuerdo No. 112 del 13 de junio de 2007, INCODER (Segunda Ampliaci\u00f3n). <\/p>\n
Mediante la Resoluci\u00f3n No 1767 del 12 de agosto de 2012, se dio inicio al proceso jur\u00eddico y administrativo para adelantar la ampliaci\u00f3n, saneamiento y restructuraci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, ubicado en el cerro de San Juanito, corregimiento la Diana, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Florida, con una apuesta de ampliaci\u00f3n de una extensi\u00f3n aproximada de 593 Hect\u00e1reas y 6.976 metros cuadrados\u2026 <\/p>\n
En virtud de lo anterior, resuelve: <\/p>\n
Primero. Inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente el territorio colectivo de la comunidad ind\u00edgena Nasa del territorio del Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez, ubicado en el Municipio de Florida en el Departamento del Valle del Cauca, conforme al art\u00edculo 156 del Decreto Ley 4633 de 2011\u2026 (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Descuella con perspicuidad que la inscripci\u00f3n recay\u00f3, no s\u00f3lo sobre el terreno inicial y las ampliaciones decididas administrativamente, sino que tambi\u00e9n comprendi\u00f3 la \u00faltima de ellas, ciertamente en tr\u00e1mite, pero no por esto desprovista de protecci\u00f3n. As\u00ed se extrae del hecho de que fuera mencionada dentro de las motivaciones del acto administrativo de registro y que, en el ac\u00e1pite resolutivo, se hiciera menci\u00f3n al territorio colectivo, sin limitarlo a una porci\u00f3n de este. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta inexplicable que el Tribunal, sin mayores justificaciones, coligiera que la anotaci\u00f3n se acot\u00f3 a un \u00e1rea y que, basado en esta consideraci\u00f3n, se abstuviera de fallar sobre la restituci\u00f3n de la \u00faltima ampliaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto excl\u00fayase la aplicaci\u00f3n de la sentencia STC6056 del 28 de mayo de 2021 al presente, por cuanto all\u00ed se discuti\u00f3 una situaci\u00f3n f\u00e1ctica diametralmente diferente: el control de legalidad del acto de registro que excluy\u00f3 ciertos bienes del registro. Aqu\u00ed estamos frente a la hip\u00f3tesis opuesta, en cuanto el registro fue comprensivo de todo el territorio ind\u00edgena y el sentenciador pretender la exclusi\u00f3n de una parte de este, con una raz\u00f3n carente de apoyo normativo. <\/p>\n
(IV) Estos desafueros, por atentar contra los derechos fundamentales a la restituci\u00f3n y a la tierra, de un pueblo ind\u00edgena, ameritan la intervenci\u00f3n oficiosa de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Las \u00f3rdenes de la Corte procurar\u00e1n impedir que se imponga una afectaci\u00f3n a la comunidad \u00e9tnica por un posible error del sentenciador. Por lo tanto, de forma especial, se ordenar\u00e1 que se emita veredicto complementario en que resuelva el pedimento que est\u00e1 pendiente. <\/p>\n
No se deprecar\u00e1 la emisi\u00f3n de una nueva sentencia, comprensiva de todas las materias, por cuanto la proferida propende por el disfrute del territorio de la comunidad ind\u00edgena y, por ende, est\u00e1 llamada a seguir produciendo efectos. De all\u00ed que baste un veredicto adicional, en que se desate lo que se encuentra sub judice. <\/p>\n
En este nuevo pronunciamiento, remem\u00f3rese, de encontrarse configurados los casos expuestos en los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del canon 166 del decreto 4633 de 2011, deber\u00e1 emitirse un fallo en abstracto, condicionado a que, s\u00f3lo a la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite administrativo, la tierra quedar\u00e1 en manos del resguardo ind\u00edgena, sin que esto quiera decir que se dejen de resolver las oposiciones debidamente formuladas -aun de forma gen\u00e9rica-; es decir, si se emite decisi\u00f3n de restituci\u00f3n en abstracto, tambi\u00e9n debe de procurarse un pronunciamiento de las oposiciones en ese sentido. <\/p>\n
Ahora, de emitirse esa sentencia en abstracto, la etapa post fallo servir\u00e1 para adoptar todas las medidas pertinentes en pro de satisfacer los derechos de la reclamante, en aplicaci\u00f3n de la flexibilidad procesal. Total, en la etapa de post-fallo, \u00ablos jueces especializados en restituci\u00f3n de tierras mantienen la competencia para verificar el cumplimiento de sus \u00f3rdenes y para adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes a quienes les fueron restituidos o formalizados sus predios, as\u00ed como para proteger la vida e integridad de los reclamantes y sus familias\u00bb (CC, T-107\/2023). <\/p>\n
5.2. Procedencia de la tutela a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
(I) Para resolver las quejas constitucionales efectuadas por el Ministerio P\u00fablico y algunos opositores, relativas a la transgresi\u00f3n del debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ante la falta de decisi\u00f3n de las oposiciones, conviene rememorar lo se\u00f1alado en el ac\u00e1pite resolutivo del fallo criticado, en cuanto concierne: <\/p>\n
Primero: Reconocerle al Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez la condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado interno y de los factores subyacentes y vinculados al mismo y, en consecuencia, ampararle el derecho fundamental a la reparaci\u00f3n de afectaciones y da\u00f1os al territorio que lo conforma, seg\u00fan consta en las resoluciones INCORA n\u00fameros 58 de 7 de diciembre de 1995 (sobre constituci\u00f3n del resguardo), 1061 de 18 de diciembre de 2000 (atinente a la primera ampliaci\u00f3n del resguardo), y en el Acuerdo INCORA n\u00famero 112 de 13 de junio de 2007 (concerniente a la segunda ampliaci\u00f3n), el cual comprende las siguientes extensiones y linderos (esto sin perjuicio de la delimitaci\u00f3n que resulte con ocasi\u00f3n de los tr\u00e1mites de saneamiento a los cuales se hace alusi\u00f3n m\u00e1s adelante)\u2026 <\/p>\n
Segundo: Ordenarle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que en concertaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas (CNTI) y dem\u00e1s entes que correspondan, realice el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites que correspondan en orden a sanear los procesos de constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n del resguardo ya surtidos en punto a la ubicaci\u00f3n, alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n de los predios que lo conforman, debiendo ce\u00f1irse a los tiempos fijados en las normas que regulan la materia y permitir la intervenci\u00f3n de terceros interesados a los cuales habr\u00e1 de respet\u00e1rseles en todo momento su leg\u00edtimo derecho de defensa, conforme a las directrices trazadas en la parte motiva\u2026 <\/p>\n
Para los citados prop\u00f3sitos habr\u00e1n de tenerse en cuenta las pruebas aqu\u00ed recaudadas, incluidas las relaciones de propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n acreditadas, y en particular el Censo de Caracterizaci\u00f3n Socio \u2013 Familiar Comunidad Ebenezer y sus anexos elaborado por la UAEGRTD, obrante a fls. 216 \u2013 375 del Cdno \u201cIncidente Sanci\u00f3n Entidades\u201d. <\/p>\n
Una vez se surta(n) el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites en menci\u00f3n, se decidir\u00e1n las reclamaciones de los opositores (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sin ambages el sentenciador manifest\u00f3 que se abstendr\u00eda de resolver sobre las oposiciones, aguardando al proceso de saneamiento que orden\u00f3 se adelantara por parte de la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
(II) Con esta resoluci\u00f3n ciertamente el sentenciador dej\u00f3 de lado el deber que le asist\u00eda de emitir un pronunciamiento sobre todos los extremos del litigio, como era imperativo, en garant\u00eda de los derechos de los opositores y segundos ocupantes. <\/p>\n
Situaci\u00f3n agravada por el hecho de que, los opositores, se auto-califican como comunidad campesina, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, como ya se explic\u00f3, frente a quienes inclusive debe revisarse su condici\u00f3n de sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural, con reglas especiales de protecci\u00f3n y acceso a derechos, con el fin de respetar sus formas particulares de territorialidad, expresadas en din\u00e1micas econ\u00f3micas, sociales, culturales, pol\u00edticas y ambientales propias. It\u00e9rese, sin que esto se interprete como una excepci\u00f3n al car\u00e1cter imprescriptible de los bienes del Estado, que habilite la declaratoria de usucapi\u00f3n de tierras bald\u00edos -o bienes fiscales-, ocupadas por los campesinos. <\/p>\n
De existir alguna incertidumbre, que le impidiera a la autoridad judicial accionada adoptar una decisi\u00f3n de fondo sobre las oposiciones, tales como la ausencia del acto administrativo que sanee el territorio o que resuelva la ampliaci\u00f3n de la propiedad, debi\u00f3 emitir una condena en abstracto, condicionando sus efectos a la determinaci\u00f3n de la autoridad de la rama ejecutiva, como ya se explic\u00f3 en la parte te\u00f3rica de esta providencia. <\/p>\n
(III) La omisi\u00f3n de marras permite develar la comisi\u00f3n de un defecto procedimental en la actuaci\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las partes, por dejar sin definici\u00f3n una materia que era imperativa, de all\u00ed que se tutelar\u00e1 con el fin de que profiera veredicto complementario en que resuelvan las oposiciones. <\/p>\n
Para estos fines es imperativo que el enjuiciado tenga en cuenta que, en realidad, existe un conflicto intercultural entre el Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez y la autodenominada Comunidad Ebenezer, grupos que reclaman arraigo sobre la tierra, aunque desde \u00f3pticas diferentes. <\/p>\n
Por su parte, atendiendo el derecho fundamental a la propiedad colectiva, la comunidad ind\u00edgena fue constituida, como resguardo, mediante la resoluci\u00f3n n.\u00b0 058 de 7 de diciembre de 1995 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, con el englobe de los predios denominados \u00abLa Palmera\u00bb, \u00abManantiales\u00bb, \u00abLa Ermita\u00bb, \u00abEl Recreo\u00bb y \u00abPortobello\u00bb y los t\u00edtulos o posesiones entregadas con resoluci\u00f3n n.\u00b0 02510 del 7 de abril de 1989 del Incora, que inclu\u00edan los fundos denominados \u00abLas Ondas\u00bb, \u00abPotrerito\u00bb, \u00abEl Triunfo\u00bb, \u00abSan Ram\u00f3n\u00bb, \u00abLoma Seca\u00bb y \u00abEl Tambor\u00bb, del municipio de la Florida \u2013 Valle del Cauca, asign\u00e1ndole el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 378-96608. <\/p>\n
Luego, se adelant\u00f3 una primera solicitud de ampliaci\u00f3n del territorio, por lo que con resoluci\u00f3n n.\u00b0 061 del 18 de diciembre de 2000 del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, se incluy\u00f3 los predios denominados \u00abEl Pinar\u00bb, \u00abLa Margarita\u00bb, \u00abLa Santamar\u00eda I\u00bb, \u00abLa Santamar\u00eda II\u00bb y \u00abLa Estrella\u00bb; posteriormente, con resoluci\u00f3n n.\u00b0 112 del 13 de junio de 2007 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder englob\u00f3 un predio bald\u00edo, administrado por esa entidad. <\/p>\n
Actualmente, est\u00e1 en tr\u00e1mite una tercera solicitud de ampliaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena, la que se inici\u00f3 con resoluci\u00f3n n.\u00b0 1767 del 12 de agosto de 2012, donde se busca, adem\u00e1s, el saneamiento y restructuraci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, ubicado en el cerro de San Juanito, corregimiento la Diana, del municipio de la Florida \u2013 Valle del Cauca. <\/p>\n
Por otro lado, atendiendo el informe de caracterizaci\u00f3n de afectaciones territoriales del Resguardo Triunfo Cristal P\u00e1ez, realizado por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Universidad del Valle en el a\u00f1o 2015, la comunidad Ebenezer nace con la llegada de la iglesia Cristiana Bethesda al resguardo en el a\u00f1o 2005, momento en el que comienzan las desavenencias con la comunidad \u00e9tnica, desencadenando conflictos, que resultaron en su distanciamiento, aunque sin perder la detentaci\u00f3n de los predios, en los que se vienen realizando actividades y pr\u00e1cticas religiosas. <\/p>\n
En la declaraci\u00f3n de Cecilia Jara Barbosa, refiri\u00e9ndose a la comunidad campesina, dijo que est\u00e1 compuesta \u00abcomo de 150 personas con ni\u00f1os, adultos\u00bb, correspondiente a 36 familias. A su vez, en la entrevista a Olman Guillermo Su\u00e1rez Garc\u00eda, adem\u00e1s de referir que hace parte de la comunidad Ebenezer hace aproximadamente unos 15 a\u00f1os, al pregunt\u00e1rsele \u00ab\u00bfLa comunidad Ebenezer es para qu\u00e9 o como se identifica\u2026 que es la comunidad Ebenezer para usted?\u00bb, contest\u00f3: \u00abLa comunidad Ebenezer es como, lo que en realidad queremos con la comunidad Ebenezer, es una vereda independiente del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, esa es la finalidad de la vereda, tener nuestros propios proyectos socioecon\u00f3micos, culturales y religiosos\u00bb (consecutivo n\u00b0 140 del proceso asociado en el portal de restituci\u00f3n de tierras, proceso 76001-31-21-001-2016-00101-00). <\/p>\n
En el Informe de caracterizaci\u00f3n sociofamiliar de la comunidad Ebenezer, adelantado por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, se indic\u00f3 que \u00aba 33 familias se les realiz\u00f3 la encuesta, para un global de poblaci\u00f3n de 118 personas\u00bb (consecutivo n\u00b0 195 del proceso asociado en el portal de restituci\u00f3n de tierras, proceso 76001-31-21-001-2016-00101-00). <\/p>\n
En el Concepto n.\u00b0 004-2019, emitido por el Ministerio P\u00fablico, en punto a las oposiciones, refiri\u00f3 que \u00abla comunidad EBENEZER se opuso a los hechos de la demanda, aduciendo que no han afectado al resguardo, que es una comunidad que desarrolla actividades agropecuarias para su sustento con arraigo en el territorio por m\u00e1s de 80 a\u00f1os. Han coexistido con la comunidad ind\u00edgena. Con la segunda ampliaci\u00f3n del resguardo se afect\u00f3 a dicha comunidad porque gran parte de la propiedad qued\u00f3 dentro del territorio ind\u00edgena\u00bb. <\/p>\n
(IV) Es cierto que, dentro del tr\u00e1mite judicial, se agot\u00f3 la etapa conciliatoria para el manejo de conflictos inter intra \u00e9tnicos, lo que habilita que se profiera una decisi\u00f3n judicial de fondo sobre esta problem\u00e1tica. <\/p>\n
Sin embargo, llama la atenci\u00f3n que la labor del sentenciador se limit\u00f3 a notificar el auto que convoc\u00f3 a audiencia y a dejar constancia de la inasistencia del grupo ind\u00edgena en la fecha se\u00f1alada para la reuni\u00f3n, a partir de lo cual entendi\u00f3 clausurado este procedimiento. <\/p>\n
No hay constancia de que el juzgador hiciera gesti\u00f3n adicional alguna, menos a\u00fan que buscara un acercamiento real de los interesados, para promover la autocomposici\u00f3n, en garant\u00eda de la autodeterminaci\u00f3n de las comunidades \u00e9tnicas y la protecci\u00f3n de las formas de territorialidad campesina. <\/p>\n
Labores que eran de la mayor importancia, pues establecida una problem\u00e1tica intercultural, con repercusiones evidentes en materia de acceso a la tierra, formas de explotaci\u00f3n e incluso disponibilidad de servicios educativos, debi\u00f3 favorecerse el di\u00e1logo, la negociaci\u00f3n y el consenso. <\/p>\n
Por ende, como nada se opone a que la conciliaci\u00f3n se intente en cualquier momento, antes de resolverse sobre las oposiciones, se exhortar\u00e1 al Tribunal para que eval\u00fae lo sucedido y, de considerarlo pertinente, vuelva y agote el tr\u00e1mite para resolver el conflicto intercultural por mecanismos autocompositivos. <\/p>\n
6. Colof\u00f3n final. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se exhortar\u00e1 al Tribunal para que, previo a desatar las oposiciones, eval\u00fae si debe agotarse nuevamente el tr\u00e1mite conciliatorio para resolver el conflicto intercultural, considerando la primac\u00eda del derecho sustancial sobre el procesal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Conceder, con alcance parcial, de forma oficiosa y a petici\u00f3n de parte, el resguardo promovido por la Procuradur\u00eda 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras y, por Miguel \u00c1ngel S\u00e1nchez, Leonor L\u00f3pez Barbosa, Jaime Casta\u00f1eda, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Vel\u00e1squez Mu\u00f1oz, Isaura Mart\u00edn, Luz Adriana Vel\u00e1squez, Olman Su\u00e1rez, Ubeimar Su\u00e1rez, Ana Garc\u00eda, Edgar Casta\u00f1o, Reinerio Criollo, Cecilia Lara Barbosa y Elvira Jara Barbosa. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, que dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-21-001-2016-00101, emita sentencia complementaria, en un plazo m\u00e1ximo de dos (2) meses, en la que resuelva: (I) la solicitud de restituci\u00f3n de tierras sobre la ampliaci\u00f3n n.\u00b0 3 del resguardo ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, en una extensi\u00f3n aproximada de 593 Hect\u00e1reas y 6.976 metros cuadrados; y (II) las oposiciones formuladas en el tr\u00e1mite judicial, tanto por quienes se reconocen como miembros de la Comunidad Ebenezer, como por otros interesados, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Tercero: Exhortar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, para que eval\u00fae si debe agotarse nuevamente el tr\u00e1mite conciliatorio aplicable a los conflictos interculturales, previo a emitir sentencia complementaria. <\/p>\n
Cuarto: En lo dem\u00e1s se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01016-00 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto, me permito manifestar que disiento de lo decidido por la Sala mayoritaria, en cuanto concedi\u00f3 el amparo \u00abcon alcance parcial, de forma oficiosa y a petici\u00f3n de parte\u00bb, promovido por la Procuradur\u00eda 14 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras, Miguel \u00c1ngel S\u00e1nchez, Leonor L\u00f3pez Barbosa, Jaime Casta\u00f1eda, Jos\u00e9 Juli\u00e1n Vel\u00e1squez Mu\u00f1oz, Isaura Mart\u00edn, Luz Adriana Vel\u00e1squez, Olman Su\u00e1rez, Ubeimar Su\u00e1rez, Ana Garc\u00eda, \u00c9dgar Casta\u00f1o, Reinerio Criollo, Cecilia Lara Barbosa y Elvira Jara Barbosa, estos \u00faltimos, qui\u00e9nes aducen actuar en calidad de miembros de la \u00abComunidad Ebenezer\u00bb, por los motivos que paso a explicar. <\/p>\n
1. En las demandas de tutela acumuladas, formuladas por los citados accionantes se pretendi\u00f3, concretamente, que se dejara sin efecto el fallo de 10 de marzo de 2022 proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el proceso materia de queja y que se ordenara resolver las oposiciones planteadas por quienes, en ese asunto, afirmaron pertenecer a la \u00abComunidad Ebenezer\u00bb y dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
2. La Sala mayoritaria determin\u00f3 la procedencia del amparo de manera oficiosa en favor del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, quien fungi\u00f3 como solicitante en el tr\u00e1mite censurado, pero no acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela; y, adem\u00e1s, acogi\u00f3 la petici\u00f3n concerniente a la definici\u00f3n de las aducidas oposiciones. En consecuencia, orden\u00f3 a la Corporaci\u00f3n denunciada que \u00aben un plazo m\u00e1ximo de dos (2) meses, en la que resuelva: (I) la solicitud de restituci\u00f3n de tierras sobre la ampliaci\u00f3n n.\u00b0 3 del resguardo ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, en una extensi\u00f3n aproximada de 593 Hect\u00e1reas y 6.976 metros cuadrados; y (II) las oposiciones formuladas en el tr\u00e1mite judicial, tanto por quienes se reconocen como miembros de la Comunidad Ebenezer, como por otros interesados\u00bb. <\/p>\n
3. Estimo que la decisi\u00f3n adoptada por el tribunal accionado no vulnera derechos fundamentales; por un lado, el Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez, actor en el proceso de restituci\u00f3n de tierras reprochado, ning\u00fan reparo constitucional formul\u00f3, de donde puede advertirse su conformidad con lo all\u00ed decidido. <\/p>\n
Esa autoridad ind\u00edgena, por conducto de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD- present\u00f3 en el a\u00f1o 2016 la solicitud que dio inicio al litigio, pretendiendo la protecci\u00f3n de su derecho a la restituci\u00f3n sobre los predios reconocidos en (i) la Resoluci\u00f3n 0058 de 7 de diciembre de 1995 del Incora (sobre constituci\u00f3n del resguardo, conformado por el predio del Fondo Nacional Agrario denominado La Palmera \u2013con \u00e1rea de 1.357 hect\u00e1reas- y terrenos bald\u00edos \u2013con extensi\u00f3n de 432,5 hect\u00e1reas-, para un \u00e1rea total del Resguardo de 1.790,20 hect\u00e1reas); (ii) la Resoluci\u00f3n 0061 de 18 de diciembre de 2000 del Incora (sobre la primera ampliaci\u00f3n del resguardo, al cual se a\u00f1adieron 2.136 hect\u00e1reas, con 6.760 metros cuadrados); (iii) el Acuerdo e 112 de 13 de junio de 2007 del Incoder (sobre la segunda ampliaci\u00f3n, en cuanto al globo de terreno bald\u00edo localizado en jurisdicci\u00f3n del municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca, en un globo de terreno de 3.630 hect\u00e1reas y 5.987 metros cuadrados) y (iv) lo referido a una tercera ampliaci\u00f3n que se inici\u00f3 con la Resoluci\u00f3n 1767 de 12 de agosto de 2012, tr\u00e1mite en el que se pretende la \u00abampliaci\u00f3n, saneamiento y restructuraci\u00f3n del resguardo (\u2026) con una apuesta de ampliaci\u00f3n de una extensi\u00f3n aproximada de 593 hect\u00e1reas y 6.976 metros cuadrados\u00bb y que a\u00fan no ha concluido, el Tribunal cuestionado en la sentencia que se atac\u00f3 accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n de las extensiones contempladas en los tres primeros actos administrativos mencionados, pero se abstuvo de hacerlo en cuanto a la \u00abtercera ampliaci\u00f3n\u00bb, aspecto que en nada censur\u00f3 el \u00fanico interesado, esto es, el Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez ni en el proceso denunciado ni a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Quienes manifestaron oposiciones en el proceso atacado, alegaron siempre sus posibles derechos sobre lo que constituy\u00f3 la \u00absegunda ampliaci\u00f3n\u00bb, por lo que, se insiste, no se encuentra motivo para haberle impuesto al Tribunal, como se hizo en la sentencia de la que me aparto, que en un plazo m\u00e1ximo de dos (2) meses provea sobre la restituci\u00f3n de las 593 hect\u00e1reas con 6.976 metros cuadrados que, eventualmente, pueden ser parte de la \u00abtercera ampliaci\u00f3n\u00bb, tr\u00e1mite que, como se observa, lleva m\u00e1s de diez (10) a\u00f1os sin haber sido finiquitado, de un lado, porque est\u00e1 en curso el cumplimiento de \u00ablos compromisos para activar una ruta de atenci\u00f3n con el resguardo, que contemple el saneamiento del territorio\u00bb que figura en ciertas porciones en cabeza de particulares; y, de otro, debido a los problemas de \u00abseguridad\u00bb de los que dio cuenta la Agencia Nacional de Tierras al haber sido requerida en el curso de este mismo tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
4. En cuanto a los derechos que invocaron los accionantes como vulnerados, entre ellos, el debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abpropiedad privada\u00bb, en el proceso cuestionado no se evidencia tal vulneraci\u00f3n, pues los interesados contaron con la posibilidad de acudir al proceso y exponer su situaci\u00f3n en cuanto a la relaci\u00f3n que tienen con las \u00e1reas de terreno que hacen parte de la \u00absegunda ampliaci\u00f3n\u00bb del Resguardo Ind\u00edgena Triunfo Cristal P\u00e1ez. <\/p>\n
As\u00ed, algunos de los que acudieron a este amparo formularon oposiciones, otros adujeron su pertenencia a la Comunidad \u00abcampesina\u00bb Ebenezer y el hecho de habitar tales terrenos y derivar su subsistencia de los mismos y algunos terceros manifestaron, incluso, ser propietarios de fracciones de terreno ya tituladas en favor del Resguardo. <\/p>\n
Precisamente, por las anteriores manifestaciones, el Tribunal estim\u00f3 necesario establecer el \u00e1rea perteneciente al Resguardo y si los all\u00ed interesados estaban asentados en ese territorio y, aunque decret\u00f3 pruebas previo a la sentencia, ante la imposibilidad de su recaudo \u2013por lo que cursa un \u00abincidente sanci\u00f3n entidades\u00bb-, resolvi\u00f3 en el numeral segundo del fallo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abOrdenarle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que en concertaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas (CNTI) y dem\u00e1s entes que correspondan, realice el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites que correspondan en orden a sanear los procesos de constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n del resguardo ya surtidos en punto a la ubicaci\u00f3n, alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n de los predios que lo conforman, debiendo ce\u00f1irse a los tiempos fijados en las normas que regulan la materia y permitir la intervenci\u00f3n de terceros interesados a los cuales habr\u00e1 de respet\u00e1rseles en todo momento su leg\u00edtimo derecho de defensa, conforme a las directrices trazadas en la parte motiva\u00bb <\/p>\n
Para los citados prop\u00f3sitos habr\u00e1n de tenerse en cuenta las pruebas aqu\u00ed recaudadas, incluidas las relaciones de propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n acreditadas, y en particular el Censo de Caracterizaci\u00f3n Socio \u2013 Familiar Comunidad Ebenezer y sus anexos elaborado por la UAEGRTD, obrante a fls. 216 \u2013 375 del Cdno \u201cIncidente Sanci\u00f3n Entidades\u201d. <\/p>\n
Una vez se surta(n) el tr\u00e1mite o tr\u00e1mites en menci\u00f3n, se decidir\u00e1n las reclamaciones de los opositores\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente la ausencia de lesi\u00f3n a los derechos de los particulares que acudieron a este amparo, pues sus reproches se encuentran pendientes de definici\u00f3n por parte del Tribunal accionado y ninguna orden de entrega se emiti\u00f3 que suscite el abandono del bien; adem\u00e1s, el acatamiento de la orden antes citada y la alusi\u00f3n que la Corporaci\u00f3n acusada hizo a la necesaria determinaci\u00f3n del car\u00e1cter con el que dichos interesados ocupan el predio, previo a definir las oposiciones y la situaci\u00f3n de \u00absegundos ocupantes\u00bb, revela el respeto por sus garant\u00edas sustanciales, ya que, incluso sobre su situaci\u00f3n el accionado consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abel principio de la acci\u00f3n sin da\u00f1o, lleva a concluir que los integrantes de la Comunidad EBENEZER y dem\u00e1s ocupantes respecto de los cuales se establezca (con ocasi\u00f3n de los tr\u00e1mites de saneamiento y reanudaci\u00f3n y culminaci\u00f3n de los procesos de constituci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del resguardo atr\u00e1s referidos), que explotan parcelas ubicadas al interior del resguardo, o que residen en ellas, habr\u00e1n de ser, seg\u00fan corresponda, condignos merecedores de un enfoque diferencial, como lo es el consagrado en los art\u00edculos 13 de la Ley 1448 de 2011 \u2013ya citado\u2013, 64 y 65 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 281 \u2013par\u00e1grafo segundo e inciso final\u2013 del C\u00f3digo General del Proceso, y 168 del Decreto-Ley 4633 de 2011\u00bb. <\/p>\n
5. Por expresado, reitero no encuentro desafuero o arbitrariedad en la gesti\u00f3n del Tribunal censurado, ya que, revisadas sus decisiones, concretamente el auto de 20 de enero de 2021 y la sentencia de 10 de marzo de 2022, se constata que actu\u00f3 con la diligencia y cuidado necesarios para resolver la problem\u00e1tica a su cargo y en observancia de las normas aplicables. <\/p>\n
As\u00ed, en la primera providencia, dadas las notables contradicciones que se presentaron para establecer los terrenos a restituir, decret\u00f3 distintas pruebas y para ello ofici\u00f3 a la UAEGRTD, al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC-, a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y a la Superintendencia Delegada para la Protecci\u00f3n, Restituci\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de Tierras, con el fin de determinar el alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n integral del territorio; el de las \u00abmenores porciones sobre las cuales alegan derechos espec\u00edficos los miembros de la \u00abComunidad Ebenezer\u00bb y otros; si est\u00e1n ubicados o no en el \u00e1rea del resguardo ind\u00edgena; y si los predios de los que suministr\u00f3 las matr\u00edculas inmobiliarias, algunos reclamados por quienes acudieron como opositores, se encuentran o no en el territorio ind\u00edgena. <\/p>\n
Recaudados algunos informes, el Tribunal profiri\u00f3 sentencia en donde expresamente anunci\u00f3 que tales informes pon\u00edan de \u00abmanifiesto que en los tr\u00e1mites de constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n del resguardo ya surtidos se incurri\u00f3 en irregularidades en torno a la debida y adecuada identificaci\u00f3n de los predios que lo han ido integrando\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3 que le asist\u00eda \u00abraz\u00f3n a los miembros de la Comunidad EBENEZER y a JULIO ROBERTO BERNAL MAYORGA cuando en sus escritos de oposici\u00f3n (y otros) sostienen que el Acuerdo 112 de 13 de junio de 2007 por el cual el INCODER dispuso la segunda ampliaci\u00f3n del territorio del resguardo fue expedido sin haberse acreditado la revisi\u00f3n de los archivos y registros correspondientes\u00bb, cuesti\u00f3n por la que estim\u00f3 necesario actuar conforme a lo prescrito en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 166 del Decreto-Ley 4633 de 2011 -Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atenci\u00f3n, reparaci\u00f3n integral y de restituci\u00f3n de derechos territoriales a las v\u00edctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades ind\u00edgenas-, que se\u00f1ala: \u00abEn caso de comunidades que al momento de ser desplazadas o afectadas no contaban con sus derechos territoriales formalizados, la orden al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER o a la entidad que haga sus veces, de proceder a constituir, sanear o ampliar resguardos ind\u00edgenas cuando as\u00ed proceda, en un t\u00e9rmino no superior a doce (12) meses\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, esa Corporaci\u00f3n en su sentencia resolvi\u00f3 como se cit\u00f3 en el numeral anterior, que, previo a definir las oposiciones e intervenciones de los terceros, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en concertaci\u00f3n con la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas (CNTI) y dem\u00e1s entes competentes, deb\u00eda proceder en el plazo fijado en el anterior art\u00edculo a \u00absanear los procesos de constituci\u00f3n y\/o ampliaci\u00f3n del resguardo ya surtidos en punto a la ubicaci\u00f3n, alinderamiento y georreferenciaci\u00f3n de los predios que lo conforman\u00bb, decisi\u00f3n que se ajusta a lo ocurrido en el proceso y que, se itera, observa las normas aplicables, adem\u00e1s de garantizar los derechos de los all\u00ed interesados. <\/p>\n
6. Resta anotar que los dos (2) meses conferidos en la sentencia de la cual me aparto para que el Tribunal de manera exclusiva sea quien defina lo concerniente a la \u00abtercera ampliaci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s resuelva las oposiciones e intervenciones de quienes a\u00fan no se tiene determinada su relaci\u00f3n con el predio perteneciente al resguardo ind\u00edgena, resultan abiertamente insuficientes, si en cuenta se tiene la problem\u00e1tica del caso y las dificultades presentadas. Adem\u00e1s, conforme viene de exponerse, el Tribunal adopt\u00f3 una determinaci\u00f3n congruente con las pruebas que recibi\u00f3, fij\u00f3 par\u00e1metros y tiempos para lograr la identificaci\u00f3n del bien y manifest\u00f3 mantener su competencia para, luego, definir las oposiciones y dem\u00e1s intervenciones, todo lo cual, se insiste, descarta la vulneraci\u00f3n que hall\u00f3 probada la Sala mayoritaria. <\/p>\n
7. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Vinculados: Comunidad Ebenezer, representados por Marcos Fidel Poscu\u00e9, Ubeimar Suarez y Cecilia Jara; Julio Bernal Becerra (reclamante de las Ondas, la estrella y la estaci\u00f3n), Jorge Eli\u00e9cer Perdomo Casta\u00f1o (reclamante de El Helechal, sin informaci\u00f3n registral ni catastral) y Carlos Julio Bernal. <\/p>\n
2\u0002 Vinculados: Dionisio Ramos Quitumbo, predio \u00abLa Esperanza\u00bb, folio 378-11534; Alberto Pillimue, folios n.\u00b0 378-56738 y 378-56741; Benjam\u00edn Dagua, folio n.\u00b0 378- 70834; Guillermo Yatacue Trompeta, folio n.\u00b0 378-34736; Roberto Trujillo, folio n.\u00b0 37811020; Griserldina Cayap\u00fa de Dagua y Ana Cecilia Casamachin Cayap\u00fa, folio n.\u00b0 378-11020; Victoriano Pinz\u00f3n Mestizo, predio \u00abLa Fortuna\u00bb, folio n.\u00b0 378-7976; Celio Yotengo Campo, predio \u00abAlto de Bellavista\u00bb, folio n.\u00b0 378-59333; Luis Marino Yonda Casos, predio \u00abLa Betulia\u00bb, folio n.\u00b0 37846939; Jes\u00fas Mar\u00eda Mestizo, predio \u00abEl Bosque\u00bb, folio n.\u00b0 378-7637; Peregrino Pinz\u00f3n y Jes\u00fas Mar\u00eda Mestizo, folio n.\u00b0 378-86690; Juan Gregorio Pinz\u00f3n Guainas, folio n.\u00b0 378-60209; Jos\u00e9 Mar\u00eda Pinz\u00f3n Mestizo, folio n.\u00b0 378-98678; Mar\u00eda Dagua Casamach\u00edn, predio \u00abEl Higuer\u00f3n\u00bb, folio n.\u00b0 378-18760; F\u00e9lix Baltazar Yonda, predio \u00abLos Cale\u00f1os\u00bb, folio n.\u00b0 378-71580; F\u00e9liz Baltazar, folio n.\u00b0 378-65799; Juan de Dios Pinz\u00f3n, predio \u00abEl Cachimbo\u00bb, folio n.\u00b0 378-54490; F\u00e9liz Baltazar Yonda, folio n.\u00b0 378-72509; Lorenzo Yonda Poscue, predio \u00abOriente\u00bb, sin folio; Manuel Yonda Poscu\u00e9, folio n.\u00b0 378-65049; Guillermina Yonda Poscue, predios \u00abLa Esperanza\u00bb, \u00abBellavista\u00bb y \u00abLa Chorrera\u00bb, folios n.\u00b0 378-94052, 378-94050 y 378-94051; Juan Antonio Ipia, predio sin informaci\u00f3n; Isidro Yonda Casos, predio \u00abEl Salado\u00bb, folio n.\u00b0 378-97288; Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Taquinas, predio sin informaci\u00f3n; Rosa Julia Baltazar, predio \u00abEl Pedregal – Salado\u00bb; Jos\u00e9 Peregrino Pinz\u00f3n, predio sin informaci\u00f3n; Lisandro Guetio, predio sin informaci\u00f3n; Manuel Casamac\u00edn, predio sin informaci\u00f3n; Agust\u00edn Casamach\u00edn, predio sin informaci\u00f3n; Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Mestizo, predio \u00abBolivia\u00bb, folio n.\u00b0 378-54499; Octavio Casamach\u00edn Dagua, predio \u00abLa Palma\u00bb, folio n.\u00b0 378-22196; Jos\u00e9 Loy Cayapu Guasaquillo, folio revocado; Martha Lucia Yonda de Pinz\u00f3n, predios \u00abLa Esperanza\u00bb y \u00abLos Cale\u00f1os\u00bb, folio n.\u00b0 378-54545 -revocado-; Sergio Osnas Quitumbo, predios \u00abEl Tambor\u00bb y \u00abLos Cale\u00f1os\u00bb, folio revocado; Jos\u00e9 Mar\u00eda Pinz\u00f3n Mestizo, predio \u00abEl Rodadero\u00bb, folio revocado; Mar\u00eda Jes\u00fas Campo Trochez, predio sin informaci\u00f3n; Maria Licencia Baltazar, predio \u00abLas delicias – paraje Mateguadua\u00bb; y Ernesto Pay\u00e1n, predio sin informaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Exposici\u00f3n de Motivos al proyecto de Acto Legislativo n.\u00b0 19 de 2022 – Senado, Gaceta del Congreso n.\u00b0 930, a\u00f1o XXXI, 19 ag. 2022. <\/p>\n
4\u0002 Ciro Milione Fugali, El derecho a obtener una resoluci\u00f3n de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos y del Tribunal Constitucional Espa\u00f1ol. En Pablo P\u00e9rez Tremps (coord..), La Reforma del Tribunal Constitucional: actas del V Congreso de la Asociaci\u00f3n de Constitucionalistas de Espa\u00f1a, 2007, p. 27. <\/p>\n
5\u0002 Folleto n.\u00b0 8: la OIT y los pueblos ind\u00edgenas y tribales, disponible en https:\/\/www.ohchr.org\/sites\/default\/files\/Documents\/Publications\/GuideIPleaflet8sp.pdf. <\/A><\/p>\n 6\u0002 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, serie C n.\u00b0 172. <\/p>\n 7\u0002 Seg\u00fan cifras de la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas, al 2021, del total de actos administrativos de formalizaci\u00f3n, el 52% se han registrado, mientras que el 48% se encuentran en diagn\u00f3stico o sin registro; adem\u00e1s exist\u00edan 1262 solicitudes en tr\u00e1mite de formalizaci\u00f3n, deslinde, clarificaci\u00f3n o delimitaci\u00f3n, pendientes de decisi\u00f3n (Balance sobre la Formalizaci\u00f3n y la Seguridad Jur\u00eddica en los Territorios Ind\u00edgenas en el 2021, diciembre 2022, recuperado de https:\/\/www.cntindigena.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Balance-sobre-formalizacion-territorios-indigenas-2021.pdf). <\/A><\/p>\n 8\u0002 Mat\u00edas A. Sucunza, Legalidad procesal en el CPCM de El Salvador: una mirada integral en pro de un proceso judicial flexible. En Revista de Derecho, Vol. 6, Universidad de El Salvador, 2022. <\/p>\n 9\u0002 Cfr. CSJ, SC, 14 jun. 1988, y SC, 26 ab. 1995. <\/p>\n 10\u0002 Ada Pellegrini Grinover, De la class action for damages a la acci\u00f3n de clase brasile\u00f1a. En Ius Et Veritas. <\/p>\n 1 <\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" STC8053-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8053-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01016-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se deciden las acciones de tutela -acumuladas- interpuestas por Aura Julia Realpe […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}