STC8069-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8069-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-03016-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Se desata la salvaguarda de Luis Heberto Arroyo Cabrera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la Rep\u00fablica, extensiva a la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Ministerio de Relaciones Exteriores \u2013 Canciller\u00eda, el Ministerio P\u00fablico, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01657-02 (Rad. Interno 62201). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 que se \u00abi) remita nuevamente el expediente a la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Penal para que adelante el concepto y la etapa judicial (\u2026); ii) se [le] permita que nombre Defensor que verdaderamente [lo] escuche y pueda presentar ante las diferentes instancias recursos, reparos y solicitudes; iii) se permita el desarrollo de la queja disciplinaria que interpus[o] por las faltas en que incurrieron [sus abogados] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En respaldo se\u00f1al\u00f3, en suma, que se encuentra privado de la libertad desde el 13 de junio de 2022 con fines de extradici\u00f3n, por requerimiento de la Corte Federal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Cont\u00f3 que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal conceptu\u00f3 favorablemente (CSJ CP053-2023, 15 mar.). Narr\u00f3 que el Ministerio de Justicia y del Derecho expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00b0 088 de 14 de abril pasado, mediante la cual concedi\u00f3 su extradici\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la que interpuso reposici\u00f3n y fue desatada de forma negativa el 24 de julio de 2023 (resoluci\u00f3n n\u00b0 203). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en su caso hubo una deficiente defensa t\u00e9cnica, situaci\u00f3n que no fue tenida en cuenta por los accionados, raz\u00f3n por la cual denunci\u00f3 disciplinariamente a sus apoderados. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal resisti\u00f3 los anhelos y se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 concepto favorable y que en el tr\u00e1mite \u00abse siguieron las pautas legales y se garantizaron los derechos fundamentales del requerido, el cual fue debidamente notificado y particip\u00f3 directamente en la actuaci\u00f3n, as\u00ed como a trav\u00e9s de su defensor (\u2026)\u00bb. El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho luego de hacer el recuento de lo acaecido inform\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite se encuentra en la etapa administrativa final, en la cual, estando en firme la decisi\u00f3n de extradici\u00f3n, esta Direcci\u00f3n solicit\u00f3 a trav\u00e9s de MJD-OFI23-0027851 del 31 de julio de 2023 al Ministerio de Relaciones Exteriores que se informe al pa\u00eds requirente que el Gobierno Nacional concedi\u00f3 la extradici\u00f3n de Luis Heberto Arroyo Cabrera, pero que a\u00fan no se ha puesto a su disposici\u00f3n para el traslado porque la entrega qued\u00f3 condicionada al ofrecimiento de unas garant\u00edas (\u2026), y en ese escenario inst\u00f3 la declaratoria de improcedencia del amparo. La Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores inform\u00f3 que el 3 de agosto pasado notific\u00f3 los actos administrativos a la Embajada de los Estados Unidos y se opuso a las pretensiones. Para el momento de elaboraci\u00f3n del proyecto no se hab\u00edan recibido manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Conforme a los par\u00e1metros que han sido fijados por la Corte Constitucional, la tutela incoada debe fracasar, al percatarse el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Como de vieja data se viene pregonando por la Sala, las determinaciones que se expiden por parte del Ejecutivo en materia de extradici\u00f3n son actos administrativos cuya legalidad no es susceptible de ser cuestionada en este escenario residual y subsidiario, y en esa l\u00ednea de pensamiento se afirm\u00f3 que, <\/p>\n
El tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, sin duda alguna, ostenta unas caracter\u00edsticas que, por su naturaleza, s\u00f3lo admite el control dentro de su propio \u00e1mbito; ciertamente que, si as\u00ed no fuera, advendr\u00eda la participaci\u00f3n de otras autoridades, como se pretende en este caso respecto de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, que no est\u00e1n habilitadas normalmente para hacerlo, y menos si se trata de irrumpir en el ejercicio que a las competentes les corresponde en las diversas etapas en que participan. Lo anterior adquiere una mayor significaci\u00f3n cuando est\u00e1 de por medio la emisi\u00f3n de conceptos que en forma aut\u00f3noma y sin estar sujetos a control funcional emite la Sala de Casaci\u00f3n Penal, cuya opini\u00f3n adversa o favorable al extraditado, no vinculan a aqu\u00e9lla. Todo lo anterior permite recordar que la acci\u00f3n de tutela no se halla instituida para generar un tr\u00e1mite paralelo a los ya establecidos por la ley, ni para permitir la suplantaci\u00f3n de las autoridades administrativas competentes; y menos en caso como el presente donde la actuaci\u00f3n resulta en \u00faltimas examinada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que obra como \u00f3rgano l\u00edmite en la materia. Y desde luego cumplida la actuaci\u00f3n, la posterior del ejecutivo se halla revestida de un grado de discrecionalidad que, por fuerza, hace inadmisible su revisi\u00f3n por v\u00eda constitucional, mucho m\u00e1s si va en armon\u00eda con el concepto previo de la Corte, como ocurre en este caso. Bajo esas circunstancias, emerge la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en los t\u00e9rminos en que aqu\u00ed se ha planteado, pues lo que se pretende, seg\u00fan evidencia la demanda respectiva, es que el Juez constitucional participe en la revisi\u00f3n de los actos administrativos correspondientes, y que actuando as\u00ed como autoridad \u00fanica someta a tamiz los conceptos y decisiones de las autoridades competentes que por las circunstancias anotadas, resultan refractarios a la acci\u00f3n de tutela\u201d (CSJ STC6046-2014, STC055-2016, STC16595-2017 memoradas en STC11735-2022). <\/p>\n
Ahora, importa recordar c\u00f3mo en asuntos de similar linaje, la Corte tiene asentado que <\/p>\n
(\u2026) los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026), (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente. (CSJ STC125-2015, STC8742-2016, STC9649-2017, STC19408-2017, memoradas en STC4969-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, debe reiterarse que esta especial justicia no puede arrogarse competencias para pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordada por las v\u00edas legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural. <\/p>\n
Ahora en lo atinente a la supuesta ausencia de defensa t\u00e9cnica, es claro que dicha situaci\u00f3n no es motivo para exculpar su desidia pues, se itera que: <\/p>\n
(\u2026) enrelaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado\u00bb (CSJ, STC, 22 ene. 1999, exp. 5715, STC3925-2017, STC13941-2021 reiterado en STC068-2023). (Negrillas de ahora) <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al impulso de la queja disciplinaria, tambi\u00e9n fracasa el resguardo comoquiera que resulta evidente el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario que caracteriza este tipo de acci\u00f3n la cual fue destinada por el legislador exclusivamente a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (STC16673-2022, STC16153-2022, STC5869-2023, entre otras). <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Luis Heberto Arroyo Cabrera. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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