STC8078-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8078-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00199-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el pasado 14 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Danilo Zapata Casta\u00f1o contra el magistrado Jorge Isaac Posada Hern\u00e1ndez de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda y la secretaria de dicha corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto con radicaci\u00f3n 2022-00451. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Relata que, al interior del disciplinario indicado en p\u00e1rrafos precedentes, adelantado a instancias suyas contra el abogado Fredy Plaza Ma\u00f1osca, en audiencia del pasado 19 de mayo la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda profiri\u00f3 auto de terminaci\u00f3n anticipada y archivo de la actuaci\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, procediendo a sustentarlo de forma oral en el acto, por lo que se concedi\u00f3 ante el superior funcional. <\/p>\n
Dice que, con el fin de complementar los fundamentos de su alzada, solicit\u00f3 a la secretar\u00eda de la comisi\u00f3n copias de las audiencias celebradas, pero que, a vuelta de correo, fue informado de que, como no tiene la calidad de interviniente en el tr\u00e1mite, solo pod\u00eda conocerlas en la sede judicial. <\/p>\n
De los medios de convicci\u00f3n se extracta que, ante la respuesta brindada por la referida empleada, el quejoso insisti\u00f3 en obtener reproducci\u00f3n de las aludidas piezas procesales, raz\u00f3n por la cual la actuaci\u00f3n fue ingresada al despacho del magistrado sustanciador, quien con auto de 23 de mayo ratific\u00f3 tal negativa con fundamento en el art\u00edculo 56 de la Ley 1123 de 2007. <\/p>\n
3. Zapata Casta\u00f1o considera que la restricci\u00f3n impuesta por los servidores judiciales lesiona sus prerrogativas fundamentales pues se le impidi\u00f3 sin justificaci\u00f3n, ampliar la impugnaci\u00f3n formulada contra la decisi\u00f3n de finalizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual solicita se ordene a la secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial \u00abentregar la copia de los registros de las audiencias virtuales adelantadas el 31 de marzo del a\u00f1o 2023\u2026 y el 19 de mayo de 2023, esta \u00faltima, en decisi\u00f3n de primera instancia definida de manera anticipada en cuanto a su archivo [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La secretaria de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda confirm\u00f3 los hechos narrados por el promotor y advirti\u00f3 que las decisiones de no expedir copias de algunas piezas procesales encuentran soporte en los art\u00edculos 56, 65 y 66 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, de all\u00ed que no exista la trasgresi\u00f3n denunciada, por lo que solicit\u00f3 desestimar el ruego. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, a trav\u00e9s de apoderada, pidi\u00f3 ser \u00abdesvinculada\u00bb por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva pues \u00ablas acciones o presuntas omisiones [denunciadas] no son del resorte\u00bb de esa entidad. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada habida consideraci\u00f3n que las respuestas sobre las que recay\u00f3 el presente reclamo constitucional \u00abse avin[ieron] a las normas que establecen con precisi\u00f3n los l\u00edmites para acceder a la informaci\u00f3n de un proceso disciplinario e, incluso, brindo al actor la oportunidad de conocerlas con su supervisi\u00f3n\u00bb, la cual fue descartada por interesado quien prefiri\u00f3 acudir directamente a esta herramienta. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales y refiri\u00e9ndose a la secretaria de la colegiatura accionada y al profesional del derecho denunciado, en forma irrespetuosa y despectiva. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, hizo alusi\u00f3n a presuntas irregularidades ocurridas dentro de un proceso penal que motivaron la interposici\u00f3n de la queja disciplinaria, las cuales atribuy\u00f3 al abogado Plaza Ma\u00f1osca (defensor del condenado en dicha causa), y cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria que sobre ese t\u00f3pico realiz\u00f3 el magistrado querellado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Sala dilucidar si la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda vulner\u00f3 los derechos invocados por Jos\u00e9 Danilo Zapata Casta\u00f1o, al no autorizar la expedici\u00f3n de copias de algunas piezas procesales solicitadas dentro del tr\u00e1mite disciplinario en el que es quejoso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en las que Jos\u00e9 Danilo Zapata Casta\u00f1o fundament\u00f3 el presente amparo y confrontadas con las pruebas recopiladas por la primera instancia, resalta la Sala que ninguna irregularidad se advierte en las determinaciones objeto de reproche, pues encuentran soporte en las disposiciones legales llamadas a gobernar la materia. <\/p>\n
En efecto, de lo recopilado se extracta que, una vez proferida y apelada la decisi\u00f3n de finalizaci\u00f3n anticipada del proceso disciplinario 2022-00451, el magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda orden\u00f3 el env\u00edo de la actuaci\u00f3n a su superior funcional a efectos de que se surtiera la alzada; sin embargo, antes de cumplirse tal determinaci\u00f3n el quejoso (aqu\u00ed accionante) solicit\u00f3, v\u00eda correo electr\u00f3nico, la expedici\u00f3n de copias de algunas piezas procesales (audiencias) a efectos de \u00abadicionar\u00bb los fundamentos del recurso. <\/p>\n
Con el fin de dar celeridad a la actuaci\u00f3n, la secretaria de la colegiatura cognoscente, a trav\u00e9s del mismo medio en que se formul\u00f3 la petici\u00f3n, el pasado 23 de mayo inform\u00f3 lo siguiente al interesado: \u00ab(\u2026) En atenci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 65 y 66 de la Ley 1123 de 2007, el quejoso no es interviniente dentro del proceso disciplinario y, en consecuencia, solo puede concurrir al mismo como lo dispone el par\u00e1grafo del \u00faltimo art\u00edculo mencionado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora bien, como el quejoso insisti\u00f3 en su solicitud, la actuaci\u00f3n fue ingresada al despacho del magistrado sustanciador, funcionario que, con auto de la misma data, ratific\u00f3 la respuesta negativa de la secretaria de la colegiatura, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Despacho niega la solicitud de acceso a los videos de audiencias elevada por el se\u00f1or JOS\u00c9 DANILO ZAPATA, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 56 de la Ley 1123 de 2007, la investigaci\u00f3n disciplinaria es reservada, y teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n de archivo dentro del presente proceso no ha cobrado ejecutoria (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Es claro que las decisiones objeto de reproche tienen sustento en las disposiciones legales seg\u00fan las cuales (i) el quejoso no es interviniente en el proceso disciplinario, de all\u00ed que (ii) la actuaci\u00f3n le sea reservada hasta la iniciaci\u00f3n de la audiencia de juzgamiento, etapa que en el caso particular no se alcanz\u00f3 por cuanto el asunto finaliz\u00f3 anticipadamente y (iii) aunque pudo impugnar la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n dado que no se adopt\u00f3 a trav\u00e9s de sentencia, solo le era posible conocerla, as\u00ed como las dem\u00e1s piezas que conforman el expediente, en la secretar\u00eda de la respectiva sede judicial, esto con el fin de guardar la reserva que cobija el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque el demandante encamin\u00f3 la presente queja constitucional a hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las normas arriba citadas frente a la hermen\u00e9utica de la autoridad de conocimiento, adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
5. Cuestiones finales <\/p>\n
5.1. De las alegaciones novedosas aducidas en la impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n surge porque con posterioridad a la resoluci\u00f3n del asunto, concretamente al impugnar el fallo emanado del Tribunal Superior de Pereira, el gestor a\u00f1adi\u00f3 a su inconformidad consideraciones acerca de las presuntas irregularidades cometidas por el abogado Plaza Ma\u00f1osca al interior de un proceso penal y lo que consider\u00f3 como falencias en el ejercicio valorativo de las pruebas que realiz\u00f3 el magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial al disponer la terminaci\u00f3n anticipada del tr\u00e1mite contra dicho profesional del derecho. <\/p>\n
Empero, como sobre tales planteamientos no hubo pronunciamiento alguno ni se surti\u00f3 la debida contradicci\u00f3n, en la medida que no fueron objeto del reclamo inicial, la Corte no puede abordarlos en esta instancia pues, conforme al precedente jurisprudencial: <\/p>\n
\u00abSobre los supuestos f\u00e1cticos anunciados ante el funcionario que decide la apelaci\u00f3n, la Corte ha indicado que \u201c(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (sentencia de 15 de marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 7 de febrero de 2014, exp. STC-1214)\u201d\u00bb (STC800-2015, 5 feb. 2015, rad. 2014-00774-01, citada en STC552-2021, 29 ene., rad. 00621-01, entre otras). <\/p>\n
5.2. Respecto de las manifestaciones irrespetuosas utilizadas por el impugnante <\/p>\n
Por \u00faltimo, no puede pasar por alto la Sala, el empleo, por parte del promotor del resguardo, de expresiones descorteses y agraviantes para referirse tanto a los servidores judiciales accionados como al tercero vinculado al presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ciertamente, las manifestaciones utilizadas en el libelo de impugnaci\u00f3n, van m\u00e1s all\u00e1 del razonable disentimiento con las actuaciones confutadas y se enfilan hacia un ataque a la probidad y honestidad de las aludidas personas; por lo que se impone llamar la atenci\u00f3n de Jos\u00e9 Danilo Zapata Casta\u00f1o a efecto de que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en ese reprochable proceder y emplee en sus escritos un lenguaje moderado, acorde con el respeto que debe imperar en todas las actuaciones judiciales. <\/p>\n
Lo anterior, no pretende disminuir el derecho que le asiste de controvertir las decisiones con las que se muestre en desacuerdo, sino resaltar que dicho derecho debe realizarse sin superar \u00abel rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, a\u00fan en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en desarrollo de la actividad judicial. Es posible igualmente que a trav\u00e9s de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardent\u00eda una posici\u00f3n, pero sin llegar al extremo del irrespeto\u00bb (CC T-017\/07). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En consecuencia, se ratificar\u00e1 la negativa del amparo, porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante en tanto que las decisiones cuestionadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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