STC8079-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8079-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01299-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de junio de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Charry Lozano contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la defensa, al \u00abasesoramiento de un abogado\u00bb, a la \u00abejecuci\u00f3n de sentencias\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad acusada, en el marco del proceso verbal de responsabilidad m\u00e9dica que adelanta contra Salud Total E.P.S. y otros. <\/p>\n
En concreto solicita se ordene \u00abel aplazamiento de la audiencia programada para el 23 de junio del a\u00f1o en curso, hasta tanto sea relevado el doctor Helo Rafico Prieto Cortes y un nuevo abogado de amparo de pobreza proceda a cumplir con la carga procesal necesaria para probar los hechos de la demanda, ya que renunciar a la prueba pericial implica desconocer casi la totalidad de la demanda con los hechos de alt\u00edsima gravedad que ella menciona\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido proceso al aqu\u00ed accionante se le design\u00f3 como defensor de amparado de pobreza al abogado Helio Rafico Cortes, qui\u00e9n, seg\u00fan aquel, a pesar de no haber actuado con diligencia, el juez cognoscente no ha tomado medidas al respecto, situaci\u00f3n por la cual present\u00f3 una queja ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial, que no ha emitido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
2.2. Narra el gestor que el estrado cit\u00f3 a audiencia para el 13 de julio de 2022, donde se presentar\u00edan los peritos y se controvertir\u00eda la prueba pericial, pero la actuaci\u00f3n ha sido aplazada en m\u00faltiples ocasiones, tiempo durante el cual, seg\u00fan aquel, \u00abel doctor Helo Rafael Prieto Cortes se ha negado de forma continua y negligente a desplegar el esfuerzo necesarios para cumplir con dicha carga procesal\u00bb, a pesar de lo complejo del caso. <\/p>\n
2.3. Sostiene el accionante que en varias ocasiones ha informado de la situaci\u00f3n al juzgado, sin que \u00e9ste haya aplicado el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo General del Proceso ni haya reemplazado al profesional del derecho, por lo que llegar\u00eda a la audiencia programada para el 21 de junio del a\u00f1o que avanza, sin la prueba central del juicio. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 06 Judicial II adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles solicit\u00f3 que se verifique si la decisi\u00f3n cuestionada carece de razonabilidad o es manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial inform\u00f3 que all\u00ed cursa investigaci\u00f3n disciplinaria contra el titular del Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por supuestamente \u00abno haber honrado el deber de imparcialidad en el proceso [y] haber negado las solicitudes de amparo de pobreza, elevadas por espacio de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, y la postura asumida frente a los informes presentados sobre el desempe\u00f1o del profesional designado como apoderado de oficio, persona a quien ha insistido en mantener en el encargo a pesar de que \u00e9l mismo reconoci\u00f3 no tener la idoneidad necesaria para llevar a cabo la gesti\u00f3n\u00bb, actuaci\u00f3n que, precis\u00f3, no impide el desarrollo del proceso judicial relacionado con la queja, por lo cual pidi\u00f3 se desvincule a la entidad del presente tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe de las principales actuaciones procesales surtidas en el decurso reprochado, de las cuales resalt\u00f3 que para el momento en que se requiri\u00f3 el aporte del dictamen pericial, el gestor estaba representado por abogada de confianza y no aport\u00f3 la prueba dentro del t\u00e9rmino concedido, profesional del derecho que posteriormente renunci\u00f3 al mandato, por lo cual el 17 de enero de 2022 se accedi\u00f3 a la solicitud de aquel para ser amparado por pobreza y el abogado designado asumi\u00f3 el proceso en el estado en que se encontraba, esto es, cuando \u00abel t\u00e9rmino probatorio estaba m\u00e1s que vencido, por lo que, al contrario de lo alegado por el tutelante, ya no se pueden pedir ni adicionar pruebas\u00bb. <\/p>\n
Frente a la solicitud de relevo del abogado del amparo indic\u00f3 que le fue negada por improcedente, y tampoco se accedi\u00f3 a designarle un \u00abequipo interdisciplinario de expertos en derecho m\u00e9dico\u00bb, porque los abogados inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura no est\u00e1n clasificados por especialidades. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 extrajo del an\u00e1lisis de las actuaciones del proceso cuestionado, que el gestor cont\u00f3 con varios abogados de confianza que renunciaron al poder, lo que lo llev\u00f3 a actuar sin la intervenci\u00f3n de un profesional del derecho, pero tras varias solicitudes y una orden de tutela, se le concedi\u00f3 amparo de pobreza y se le design\u00f3 como apoderado a Helo Rafico Prieto, quien pidi\u00f3 nueva fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n, no obstante el actor manifest\u00f3 \u00abrevocar el poder\u00bb al abogado y pidi\u00f3 el aplazamiento de la audiencia, por supuesta falta de diligencia de \u00e9ste en la ejecuci\u00f3n de sus funciones e inexperiencia en el espec\u00edfico tema objeto del juicio, solicitud negada en dos ocasiones por improcedente. <\/p>\n
De lo expuesto el Tribunal coligi\u00f3 que el proceso est\u00e1 en curso; ya se agotaron las etapas para solicitar pruebas; en las mismas actu\u00f3 un abogado diferente del designado como resultado del amparo de pobreza y en todo caso; no hay prueba de que \u00e9ste haya intervenido tard\u00edamente o no haya ejercido contradicci\u00f3n, sin que pueda exigirse la designaci\u00f3n de un profesional del derecho con una particular especialidad o pueda afirmarse que el que est\u00e1 actuando no ha ejercido adecuadamente su rol en la contradicci\u00f3n de las pruebas, pues la etapa para ello a\u00fan no se ha surtido, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n de no relevar al abogado de sus funciones no pueda catalogarse como arbitraria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor del resguardo, insistiendo en que la gesti\u00f3n probatoria recae en el abogado del amparo de pobreza, quien no ha desplegado ninguna actividad al respecto pese a que la audiencia de instrucci\u00f3n se ha aplazado por casi a\u00f1o y medio, situaci\u00f3n agravada por la falta de preparaci\u00f3n del profesional el derecho frente a la espec\u00edfica tem\u00e1tica del proceso, comparada con la que tiene su contraparte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, y por ende corresponde confirmar el fallo constitucional de primera instancia, porque seg\u00fan se extrae del an\u00e1lisis del expediente del proceso cuestionado, mediante auto de 23 de septiembre de 2022 el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 le neg\u00f3 al gestor la solicitud para que se reemplace el abogado que le fue designado en virtud del amparo de pobreza que lo beneficia, \u00abpor no ser procedente, am\u00e9n que la Oficina de Registro de Abogados, no clasifica a los togados, por especialidades, y tampoco el C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 tal situaci\u00f3n\u00bb, pronunciamiento al que se le indic\u00f3 estarse en prove\u00eddos de 25 de octubre y 5 de diciembre de 2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el estrado accionado determin\u00f3 que no resultaba procedente el reemplazo del profesional del derecho designado para representar al gestor con ocasi\u00f3n del amparo de pobreza, pues para el rol no es posible designar a otro abogado con la particular especialidad y grado de experiencia que reclama \u00e9ste. <\/p>\n
3. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Ahora, la deficiente labor probatoria de la cual se acusa al mandatario designado debido al amparo de pobreza, no puede atribu\u00edrsele por la supuesta omisi\u00f3n en la confecci\u00f3n del dictamen pericial decretado a favor del demandante, pues para el momento en que asumi\u00f3 el cargo, el 17 de enero de 2022, ya hab\u00eda concluido el t\u00e9rmino de 45 d\u00edas conferido en auto de 29 de septiembre de 2020 para presentar dicha prueba y hab\u00edan sido presentados los dict\u00e1menes solicitados por los integrantes del extremo demandado, sin que el abogado hubiera tenido posibilidad de atacarlos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto a la contradicci\u00f3n que de los medios de convicci\u00f3n en comento pudiere hacerse en la respectiva audiencia, la misma a\u00fan no se ha realizado, ni existe fecha cierta para llevarla a cabo, ya que en auto del 14 de julio de los corrientes el juzgado accionado decidi\u00f3 precaver futuras nulidades y ordenar notificar correctamente a una de las demandadas, actuaci\u00f3n que impide el avance del juicio hasta tanto se cumpla, por lo cual, la alegada falta de pericia para cuestionar a los peritos que elaboraron dichas pruebas o la ausencia de preparaci\u00f3n de la respectiva audiencia por parte del profesional del derecho, constituyen apenas una eventualidad, lo que impide la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez tutela, quien puede actuar para conjurar la vulneraci\u00f3n cierta de derechos fundamentales o la evidente inminencia de la misma. <\/p>\n
5. Con todo, si el promotor considera que la gesti\u00f3n desplegada por el abogado que lo representa no cumple con los est\u00e1ndares profesionales, en vez de pedir su relevo como ya lo ha hecho, puede solicitar por intermedio del juzgado accionado o directamente, el adelantamiento de la respectiva investigaci\u00f3n disciplinaria, conforme autoriza el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 156 del C\u00f3digo General del Proceso, escenario id\u00f3neo para calificar la actuaci\u00f3n del profesional del derecho, sin que la situaci\u00f3n pueda dar lugar a la procedencia del amparo, pues, como lo ha precisado la Sala, <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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