STC8080-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8080-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00355-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omara Cabeza Guerrero contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2021-00008. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, salud y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y anexos se extracta que tras el fallo de divorcio proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena el 25 de agosto de 2021, contra su ex c\u00f3nyuge Alix Manuel Ahumada Herrera, la ac\u00e1 querellante promovi\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos, la cual fue inadmitida el 24 de abril de 2023, y subsanada el 26 de abril de 2023 <\/p>\n
La promotora afirma que el despacho acusado \u00abno ha sido oportuno en evacuar las etapas procesales dentro de los t\u00e9rminos\u00bb y que \u00abha transcurrido tiempo prudencial desde que se present\u00f3 el memorial de subsanaci\u00f3n y del cual he visitado semanalmente al despacho en menci\u00f3n en busca del tr\u00e1mite pendiente, obteniendo informaci\u00f3n vac\u00eda y con poca precisi\u00f3n como por ejemplo \u201cque dicha gesti\u00f3n ha sido asignada a un funcionario, pero el mismo no ha emitido una decisi\u00f3n\u201d, lo que posterga mi situaci\u00f3n precaria\u00bb, por cuanto \u00abno cuento con otro medio para solventar mis alimentos y mi condici\u00f3n de salud empieza a desmejorar, dependo exclusivamente de los alimentos que se fijaron mediante sentencia de divorcio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene al despacho querellado \u00abproceda a resolver en la brevedad del tiempo el tr\u00e1mite de la admisi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de sentencia de alimentos de mayores, subsanada [el] 26 de abril de 2023, [y] emitir los oficios necesarios que garanticen el suministro de alimentos dejados de recibir en favor de mi persona\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez S\u00e9ptima de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que dentro del \u00abproceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico [impetrado por la ac\u00e1 accionante contra] Alix Manuel Ahumada Herrera, (\u2026) las partes acordaron la obligaci\u00f3n [alimentaria] que deb\u00eda asumir el demandado, de $350.000 pagaderos y consignados por el [obligado], los primeros 5 d\u00edas de cada mes (\u2026) en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Juzgado Promiscuo Municipal de San Estanislao de Kotska Bol\u00edvar o en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales que [la actora] tiene o tenga en el banco Agrario de Colombia\u00bb. Que \u00abmediante providencia de fecha abril 24 de 2023, se inadmiti\u00f3 la demanda ejecutiva presentada\u00bb, empero, que \u00aben auto de fecha 10 de julio de 2023 se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo [y que dicha] providencia fue publicada en el estado No. 117-2023\u00bb, por lo que \u00abno habr\u00eda lugar a otorgar el amparo deprecado por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 10\u00b0 Judicial II de Familia de Cartagena, manifest\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 considerarse la respuesta emitida por el juzgado de conocimiento para determinar si nos encontramos frente a un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abal revisar el expediente se evidencia que el despacho accionado, mediante auto de 10 de julio de 2023, libr\u00f3 mandamiento de pago contra el ejecutado Alix Manuel Ahumada Herrera, a lo cual se suma que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de esa misma fecha, decret\u00f3 el embargo de parte del salario de \u00e9ste, lo cual fue comunicado al cajero pagador de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental de Casanare por oficio de 14 de julio de 2023\u00bb, y ante ello concluy\u00f3 que \u00aben el presente asunto tuvo lugar una carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para se\u00f1alar que debido a que el embargo de posibles cuentas bancarias del demandado se dirigi\u00f3 a \u00ab25 entidades [bancarias]\u00bb, el juzgado debi\u00f3 notificar a todas ellas \u00aben un mismo correo emitido\u00bb, en lugar de indicarle a su apoderada judicial que diligenciara directamente tales comunicaciones, y que ante esa situaci\u00f3n de \u00abinoperancia con la que se ha tramitado mi proceso (\u2026), contin\u00faa vulnerando mis derechos [al] debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la actora, por no haber otorgado el impulso correspondiente a la ejecuci\u00f3n de alimentos deprecada al interior del juicio radicado bajo el n\u00ba 2021-00008. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC5661-2023, 14 jun., rad. 00401-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales allegadas, esta Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, porque frente a la \u00abmora judicial\u00bb que la actora le enrostra al accionado, se evidencia una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Esto, porque la demora injustificada del juzgado para emitir orden de pago y la entrega de cuotas alimentarias a su favor, (habida cuenta la tasaci\u00f3n que se estableci\u00f3 a cargo de su ex consorte Alix Manuel Ahumada Herrera en el fallo de divorcio del 25 de agosto de 2021), se corrigi\u00f3 durante el diligenciamiento de esta querella. <\/p>\n
En efecto, subsanada la solicitud de ejecuci\u00f3n presentada por la actora a trav\u00e9s de su apoderada judicial el 26 de abril de 2023, el expediente digital muestra que con auto del 10 de julio de la misma anualidad -notificado por estado al d\u00eda siguiente-, el estrado encartado libr\u00f3 mandamiento de pago por el capital e intereses deprecados, y adem\u00e1s, por tratarse de una \u00abprestaci\u00f3n peri\u00f3dica\u00bb, orden\u00f3 \u00abpagar mensualmente en lo sucesivo y de manera indefinida y hasta nueva orden, como cuota alimentaria la suma equivalente al 20% de [los] ingresos salariales y\/o pensionales y prestacionales, honorarios o cualquier emolumento de car\u00e1cter salarial o laboral, que [el ejecutado] devenga como docente adscrito al departamento de Casanare \u2013 Secretaria de Educaci\u00f3n Departamental del Casanare\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
Finalmente, dispuso \u00abel embargo y retenci\u00f3n de las sumas depositadas y las que posteriormente se lleguen a depositar en las cuentas corrientes y de ahorros que posea el demandado en las diferentes entidades financieras del pa\u00eds (\u2026), en donde el titular de la cuenta sea el demandado (\u2026)\u00bb, y para ello orden\u00f3 a la secretar\u00eda emitir los oficios pertinentes. <\/p>\n
Conforme con lo antedicho, la dilaci\u00f3n procesal enrostrada, la enmend\u00f3 el funcionario accionado durante el curso del presente resguardo, espec\u00edficamente a trav\u00e9s de los prove\u00eddos dictados en la misma fecha en que se le notific\u00f3 la demanda de tutela, y en tales condiciones, se constituye una carencia actual de objeto por hecho superado conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Respecto de dicha figura jur\u00eddica, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad para que se produzca el hecho superado, esa Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, tiene ocurrencia si en el curso del auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n, y, (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Sala ha dicho y reiterado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC6444-2023, 5 jul., rad. 00150-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza para se\u00f1alar que el argumento con el que la actora soporta la impugnaci\u00f3n, constituye un hecho novedoso, toda vez que la inconformidad expuesta en relaci\u00f3n con la manera en que habr\u00eda de perfeccionarse una de las medidas cautelares decretada en el pleito ejecutivo, surgi\u00f3 con posterioridad a la notificaci\u00f3n y traslado de la demanda tutelar, por ende, plantea una situaci\u00f3n no debatida por los interesados, en particular, por la funcionaria judicial que dispuso la actuaci\u00f3n por la que ahora se duele la peticionaria. <\/p>\n
Entonces, independientemente de la posible razonabilidad de librar oficio circular a los bancos, a fin de que la interesada los radique en aquellas entidades donde el demandado pueda tener alg\u00fan producto embargable, lo cierto es para cuando se promovi\u00f3 el ruego tuitivo, la cuestionada directriz para materializar la cautela, a\u00fan no se hab\u00eda generado, y por ello, mal podr\u00eda la Corte pronunciarse de fondo sobre ese espec\u00edfico punto. <\/p>\n
Al respecto, el precedente jurisprudencial se\u00f1ala que: \u00ab[s]obre los supuestos f\u00e1cticos anunciados ante el funcionario que decide [el recurso de impugnaci\u00f3n], la Corte ha indicado que \u201c(\u2026) es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (sentencia de 15 de marzo de 2011, exp. 00003-01, ratificada el 7 de febrero de 2014, exp. STC-1214)\u201d\u00bb (STC800-2015, 5 feb. 2015, rad. 2014-00774-01, citada en STC552-2021, 29 ene., rad. 00621-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, con la precisi\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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