STC8086-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8086-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la libertad personal, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, entonces, ordenar \u00abal Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y\/o al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026) se disponga lo concerniente dentro de un plazo perentorio no superior a 10 d\u00edas para que me otorgue la extinci\u00f3n y liberaci\u00f3n definitiva prevista en el art. 67 del C.P. de la ley 599\/2000\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 19 de agosto de 1998 el accionante fue condenado por el Juzgado Tercero de Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 a la pena principal de cuarenta (40) a\u00f1os de prisi\u00f3n, como responsable del delito de homicidio agravado, sanci\u00f3n reducida el 12 de septiembre de 2002 por el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 por principio de favorabilidad a veinticinco (25) a\u00f1os de reclusi\u00f3n; el 8 de junio de 2009 el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja le concedi\u00f3 la libertad condicional con periodo de prueba de ciento dieciocho (118) meses y veinticinco punto cinco (25.5.) d\u00edas, el cual venci\u00f3 el 3 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.2. El 17 de febrero de 2021 el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 le neg\u00f3 al gestor la extinci\u00f3n de la pena y su liberaci\u00f3n definitiva por haber fenecido el periodo de prueba, decisi\u00f3n que \u00e9ste apel\u00f3, pero el 18 de agosto de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la nulidad de lo decidido frente a dicha solicitud y orden\u00f3 rehacer del tr\u00e1mite, por lo cual 25 de agosto de 2021 el juzgador de primera instancia reh\u00edzo el tr\u00e1mite respectivo, resultado del cual el 19 de octubre de 2021 revoc\u00f3 la libertad condicional y neg\u00f3 la libertad definitiva, decisi\u00f3n mantenida en reposici\u00f3n el 16 de diciembre de 2022, concedi\u00e9ndose la apelaci\u00f3n interpuesta en subsidio. <\/p>\n
2.3. El 10 de abril de 2023 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia apelada, con fundamento en que el gestor no hab\u00eda reparado a la v\u00edctima o hab\u00eda asegurado el pago de la indemnizaci\u00f3n, justificaci\u00f3n que \u00e9ste no comparte, porque se decidi\u00f3 con fundamento en una norma inaplicable, pues por favorabilidad debi\u00f3 acudirse a la anterior a la vigente, que no exig\u00eda la indemnizaci\u00f3n para poder conceder el subrogado penal y, en todo caso, porque no contaba con solvencia econ\u00f3mica para cubrir tal pago, pues no ha tenido trabajo estable, ha vivido de la ayuda de sus hijos y con cuenta con propiedades, de manera que una vez cumplidos los seis (6) meses que se le confirieron para indemnizar cuando se le concedi\u00f3 el subrogado de la pena, debi\u00f3 iniciarse el conteo del t\u00e9rmino extintivo de la misma. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las principales actuaciones surtidas previo a la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada y destac\u00f3 la razonabilidad de todo lo tramitado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad defendi\u00f3 la legalidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, tras citar el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Penal y los apartes que consider\u00f3 relevantes de la providencia cuestionada, y encontrar que el gestor no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de pagar los perjuicios determinados en la sentencia condenatoria, sin demostrar su incapacidad econ\u00f3mica ni la intenci\u00f3n de indemnizar durante el tiempo de libertad que tuvo, por lo que lo decidido por la Colegiatura no puede catalogarse como arbitrario, sino fundado en el incumplimiento de los compromisos que se adquirieron para haber concedido la libertad condicional. <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, insistiendo en que hab\u00eda fenecido el t\u00e9rmino para exigir el pago de perjuicios, pues de lo contrario estar\u00eda sometido a una sanci\u00f3n perpetua, m\u00e1xime cuando no cuenta con recursos para ello, y para probarlo el juzgador pudo actuar de manera oficiosa y requerir las pruebas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, el accionante se duele del auto de 10 de abril de 2023 que con que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 19 de octubre de 2021 del Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misa ciudad, de negarle la libertad definitiva tras revocarle la libertad condicional; pues, en sentir del promotor, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida interpretaci\u00f3n de las pruebas y la normatividad aplicables. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00fanica decisi\u00f3n sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque dentro del proceso cerr\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 que, <\/p>\n
El condenado dijo que el per\u00edodo de prueba (9 a\u00f1os, 10 meses y 25.5 d\u00edas) del subrogado venci\u00f3 el 3 de mayo de 2019, contados a partir de cuando firm\u00f3 el acta de compromiso el 8 de junio de 2009, tiempo en el cual el juzgado debi\u00f3 valorar si \u00e9l cumpli\u00f3 sus obligaciones. <\/p>\n
El sentenciado suscribi\u00f3 acta de compromiso (art\u00edculo 65 del CP): (i) informar el cambio de residencia; (ii) buena conducta; (iii) reparar los da\u00f1os o probar su incapacidad de hacerlo; (iv) no salir del pa\u00eds sin permiso; (v) presentarse al ser requerido. <\/p>\n
El juzgado de penas corri\u00f3 traslado de las pruebas del incumplimiento de la obligaci\u00f3n de reparar el da\u00f1o en el per\u00edodo de prueba, pero no justific\u00f3 su incumplimiento, pues aleg\u00f3 que el juzgado perdi\u00f3 competencia para exigirlo y el per\u00edodo de prueba ya venci\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en Colombia no existen penas perpetuas y que no cuenta con recursos que le permitan reparar los perjuicios, por lo cual estaba exonerado del pago. Por eso se deb\u00eda revocar el auto apelado y en su lugar se le conceda su libertad definitiva. <\/p>\n
El per\u00edodo de prueba fue por 9 a\u00f1os, 10 meses y 25.5 d\u00edas, y suscribi\u00f3 acta de compromiso el 8 de junio de 2009, de modo que tuvo ese lapso para propender por el pago de los perjuicios a la v\u00edctima, seg\u00fan el art\u00edculo 65 del CP, por lo que vulner\u00f3 su obligaci\u00f3n de pago. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el auto apelado, pues en el recurso no se trajo ning\u00fan elemento cr\u00edtico que enervara los argumentos del juzgado, rest\u00e1ndoles fuerza demostrativa ni credibilidad, de modo que el acierto y validez del mismo se conservan. <\/p>\n
El argumento central, referentes a que al condenado se le hab\u00eda concedido la libertad condicional por un per\u00edodo cierto, con unos compromisos, entre los cuales el de pagar 3000 gramos oro, evidencia que su incumplimiento fue injustificado. <\/p>\n
Es cierto que entre la fecha en que se cumpli\u00f3 el per\u00edodo de prueba (3 de mayo de 2019) y cuando se determin\u00f3 el incumplimiento injustificado (el 19 de octubre de 2021 se revoc\u00f3 la libertad condicional), mediaron 2 a\u00f1os y 5 meses. <\/p>\n
Aunque ese tiempo no es el ideal entre los dos eventos, esa tardanza no genera el derecho que aduce el recurrente, pues previamente se deb\u00eda surtir un debido proceso seg\u00fan el art\u00edculo 486 del CPP, con respeto de todas las garant\u00edas para el condenado, y as\u00ed se hizo. <\/p>\n
El art\u00edculo 488 del CPP dice: \u201c\u2026 Cuando al beneficiado \u2026 le hubiere sido imposible \u2026 indemnizar los perjuicios en el t\u00e9rmino se\u00f1alado, el juez de \u2026 penas \u2026 a petici\u00f3n justificada, podr\u00e1 prorrogar el plazo por una vez; si no cumpliere, ejecutar\u00e1 la condena\u2026\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 64 del CP dice en su inciso 3: \u201c\u2026 su concesi\u00f3n (de la libertad condicional) estar\u00e1 supeditada a la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima o al aseguramiento del pago de la indemnizaci\u00f3n \u2026 salvo que se demuestre insolvencia del condenado\u2026\u201d. <\/p>\n
Las peticiones para la pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino para pagar y que se <\/p>\n
declar\u00e9 que la incapacidad econ\u00f3mica de pagar de la indemnizaci\u00f3n, se deben tramitar por v\u00eda incidental, con esa pretensi\u00f3n y aduciendo las pruebas suficiente para demostrar sus supuestos f\u00e1cticos. <\/p>\n
Seg\u00fan la sentencia C 006 de 2003, el solo incumplimiento del pago de los perjuicios no determina la revocatoria del subrogado, sino en cuanto se demuestre que \u00e9ste es injustificado, y en este caso no se ha demostrado que el incumplimiento fue justificado. <\/p>\n
El condenado ha estado en libertad por el subrogado desde el 8 de junio de 2009, fecha desde la cuando no ha expresado ninguna acci\u00f3n o disposici\u00f3n para pagar los perjuicios, como lo dijo el juzgado, como tampoco pidi\u00f3 pr\u00f3rroga para hacerlo. <\/p>\n
La tardanza entre el vencimiento del per\u00edodo de prueba y la declaratoria del incumplimiento injustificado del pago de la indemnizaci\u00f3n, no trae el efecto de que no se le exija cumplir y que no se revoque el subrogado. <\/p>\n
No hay norma ni otra fuente de derecho que as\u00ed lo indique, en cambio la ley s\u00ed dice lo contrario, que se revocar\u00e1 el subrogado, seg\u00fan los art\u00edculos 482 y 486 del CPP, cuando no se cumpla, injustificadamente, la obligaci\u00f3n de hacerlo. Se confirma el auto apelado. <\/p>\n
No se trata que haya prisi\u00f3n perpetua, pues la impuesta se limit\u00f3 seg\u00fan la ley, e inclusive le fue reducida por favorabilidad. Pas\u00f3 que el sistema de justicia tom\u00f3 un t\u00e9rmino mayor al deseable para tramitar el incidente y definidir el cumplimiento de su deber de indemnizar <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Colegiatura accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas que rigen el caso, que durante el periodo de ejecuci\u00f3n del subrogado de libertad condicional, el sentenciado no pag\u00f3 la indemnizaci\u00f3n que se le impuso en la sentencia condenatoria, ni solicit\u00f3 pr\u00f3rroga para ese prop\u00f3sito, adem\u00e1s de que no demostr\u00f3 que la omisi\u00f3n obedeciera a una situaci\u00f3n justificada, por el contrario, tuvo casi diez a\u00f1os para evidenciar alguna voluntad de indemnizar, sin que el solo paso del tiempo tuviera como efecto legal que se extinguiera la obligaci\u00f3n, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que se revocara el beneficio en comento. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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