STC8088-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8088-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02824-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Esteban Flechas Rinc\u00f3n, contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, dentro del proceso de verbal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho que Katerin \u00c1vila Jim\u00e9nez promovi\u00f3 contra los herederos de Juan Pablo Flechas P\u00e9rez, radicado No. 2022-00472-00. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abdejar sin efecto las providencias proferidas en primera y segunda instancia, el 24 de marzo de 2023 y 29 de junio de 2023, por el Juzgado Primero de Familia de Yopal y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, respectivamente, dentro del [referido proceso], en las que se neg\u00f3 la solicitud de nulidad procesal\u00bb, en consecuencia, que las precitadas autoridades procedan a \u00abvalorar en su conjunto todas las situaciones f\u00e1cticas, anexos, medios de prueba obrantes en el expediente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido juicio el gestor pidi\u00f3 la nulidad del proceso con fundamento en las causales 4\u00aa y 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el menor demandado deb\u00eda ser representado por curador ad litem, debido al conflicto de intereses generado porque su progenitora y representante era la demandante; al presentar la demanda no le enviaron a su correo electr\u00f3nico copia de la misma y sus anexos y en dicho escrito no se inform\u00f3 bajo juramento su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico ni la manera como se obtuvo; el poder conferido por la demandante no indica la facultad de demandar a los herederos determinados e indeterminados de Juan Pablo Flechas P\u00e9rez, ni de hecho se nombra a \u00e9ste, no est\u00e1 dirigido al juez de conocimiento ni la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del apoderado all\u00ed plasmada, coincide con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. <\/p>\n
2.2. Sostiene el actor que la nulidad fue negada el 24 de marzo de 2023 por el Juzgado Primero de Familia de Yopal, oportunidad en la cual, entre otras decisiones, reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada de la aqu\u00ed accionante, tuvo a \u00e9ste notificado por conducta concluyente y design\u00f3 curador ad litem para representar al menor de edad demandado; el 20 de abril siguiente dicho estrado concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n presentada contra esa decisi\u00f3n, tuvo por contestada la demanda por el aqu\u00ed interesado y corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por \u00e9ste; el 29 de junio de 2023 la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal confirm\u00f3 la negativa a la invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La precitada decisi\u00f3n la tom\u00f3 la Colegiatura, seg\u00fan el actor, \u00absin realizar si quiera un estudio concienzudo de cada uno de los argumentos esbozados en el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, pues se consider\u00f3 sin mayor profundidad que no se avizoraba carencia total de poder, que ya se hab\u00eda nombrado representante para el menor demandado y que no hubo indebida notificaci\u00f3n al no haberse vinculado al demandado a trav\u00e9s de los actos viciados. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que le cuestiona el gestor, sin que la acci\u00f3n de tutela sirva para discutir el contenido de la misma, a modo de instancia adicional. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal en auto de 29 de junio de 2023, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 24 de marzo de anterior del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, de negar la nulidad del referido juicio por supuesta falta de poder e indebida notificaci\u00f3n, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 que, <\/p>\n
Frente a la nulidad por indebida representaci\u00f3n de las partes (CGP. art. 133-4) conviene precisar que solo se produce ante la carencia total de poder para actuar o cuando el defecto recae sobre la representaci\u00f3n sustancial (art. 54 ibidem). Para el caso, invoca la indebida representaci\u00f3n del menor de edad Mat\u00edas Flechas \u00c1vila ante el evidente conflicto de intereses con la demandante, por ser su progenitora. Al respecto, advierte la Sala Unitaria que la nulidad solicitada fue enmendada, pues el a quo en el auto objeto de opugnaci\u00f3n nombr\u00f3 curador ad litem para que represente al infante, actuaci\u00f3n que no reviste amonestaci\u00f3n, t\u00e9ngase en cuenta que las nulidades se contemplaron para adecuar el proceso y evitar equ\u00edvocos de manera que, su finalidad no es la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n sino la garant\u00eda del debido proceso. <\/p>\n
En cuanto a la apreciaci\u00f3n de las falencias en el poder otorgado por la parte actora, debe se\u00f1alarse que no se avizora carencia total de poder, por tanto, no se configura la nulidad planteada. <\/p>\n
Respecto de la nulidad por indebida notificaci\u00f3n (CGP. art. 133-8) al no haberse vinculado en debida forma al demandado tampoco se configura. Revisado el expediente digital allegado a esta instancia se constata que, para la fecha en que se impetr\u00f3 la solicitud de nulidad el estrado judicial de primera instancia no hab\u00eda tenido por notificado del auto admisorio de la demanda a la parte pasiva, es decir, que a\u00fan no exist\u00eda pronunciamiento sobre el cumplimiento de las normas que regulan la forma de notificaci\u00f3n personal, raz\u00f3n suficiente para negar la nulidad formulada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas procesales que rigen el caso, que al tener las nulidades adjetivas el prop\u00f3sito de adecuar el tr\u00e1mite al procedimiento aplicable, el supuesto vicio por la falta de representaci\u00f3n del menor de edad demandado, qued\u00f3 superado con la desingnaci\u00f3n de curador ad litem para representarlo, realizada en el prove\u00eddo apelado; las irregularidades atribuidas al poder conferido por la demandante a su abogado no equival\u00edan a carecer \u00edntegramente de poder y; las alegadas falencias en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n al demandado carec\u00edan de trascendencia, porque \u00e9ste no se tuvo por notificado como resultado de las mismas, sino por conducta concluyente al acudir al proceso mediante apoderada. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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