STC8097-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8097-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00233-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de julio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por AV Villas S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La entidad accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado judicial querellado dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 31 de mayo de 2023 por medio de la cual se confirma terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. AV Villas S.A present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Atl\u00e1ntica S.I.A. Sociedad An\u00f3nima, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, autoridad que, el 21 de julio de 2005 libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 el embargo de los predios con folios inmobiliarios Nros. 080-52923 y 080-53036. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 15 de noviembre de 2005 el estrado judicial orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, disponiendo la venta en p\u00fablica subasta de los predios; decisi\u00f3n que adicion\u00f3 el 25 de noviembre siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 27 de mayo de 2022 el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, comoquiera que, la \u00faltima actuaci\u00f3n se dio el 24 de septiembre de 2019, a trav\u00e9s del cual se requiri\u00f3 a la Alcald\u00eda de la localidad 2 Rodrigo de Bastidas para adelantar la diligencia de secuestro, raz\u00f3n por la que el plazo dispuesto en el literal b) del numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso estaba superado; decisi\u00f3n que recurri\u00f3 la actora en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, aduciendo que dicho t\u00e9rmino no estaba satisfecho, pues no se tuvo en cuenta los tiempos de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por covid 19, paro y vacancia judicial; adem\u00e1s, porque previo a declarar tal terminaci\u00f3n, el despacho debi\u00f3 requerir e indagar las razones por las que la no se hab\u00eda ejecutado la orden dada a la Alcald\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 5 de agosto de 2022 el estrado de conocimiento mantuvo la referida decisi\u00f3n y, el 6 de junio de 2023 fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito querellado, tras aducir que, los t\u00e9rminos de vacancia judicial y de paros no deben ser descontados durante el periodo de inactividad del proceso, destacando que, aun teniendo en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales por cuenta de la emergencia sanitaria del covid 19, tambi\u00e9n se superaban los 2 a\u00f1os de inactividad; asimismo, destac\u00f3 la pasividad y negligencia de la ejecutante para dar impulso al proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por v\u00eda de tutela se duele la actora, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, no hab\u00eda lugar a terminar el proceso, toda vez que \u00ablas etapas procesales que era posible agotar ante el despacho ya se encontraban surtidas, estando en presencia de un proceso con sentencia en firme y liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas aprobada, del cual solo se encontraba pendiente la diligencia de secuestro para su avance procesal\u00bb, adem\u00e1s que, el 26 de octubre de 2019 radic\u00f3 el comisorio ante la Alcald\u00eda para efectuar tal diligencia, empero, el 20 de noviembre de ese a\u00f1o, le informaron que no agendaran diligencias judicial por la \u00e9poca navide\u00f1a, lo que, en su sentir, tambi\u00e9n debi\u00f3 ser informado al juzgado y no esperar que ellos lo hiciera. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Anot\u00f3 que el estrado judicial pudo evaluar de mejor forma las situaciones f\u00e1cticas del proceso, habida cuenta que, tiene que \u00absoportar no solamente la demora judicial desde el a\u00f1o 2016 sino tambi\u00e9n ahora de su estricta sujeci\u00f3n a la norma y los t\u00e9rminos que en ella se consignan\u00bb; destacando que, a su parecer, previo a decretar el desistimiento, se \u00abdebi\u00f3 requerir a la localidad dos a fin de conocer el porqu\u00e9 de la omisi\u00f3n a la orden de ejecutar la comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Indic\u00f3 que adem\u00e1s de la congesti\u00f3n judicial, lleg\u00f3 la declaratoria de estado de emergencia por el covid 19, lo que lleg\u00f3 a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, sin embargo, para la fecha final no se hab\u00eda superado la emergencia sanitaria, adem\u00e1s que, el decreto 564 de 2020 refiri\u00f3 que los t\u00e9rminos dispuestos en los art\u00edculos 317 del C\u00f3digo General del Proceso y del 171 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo quedaban suspendidos, y los del canon 121 del Estatuto Procesal se reanudar\u00e1n un mes despu\u00e9s del levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, por lo que, a su parecer, el conteo de t\u00e9rminos a efectos de desistimiento debi\u00f3 hacerse desde el 2 de agosto de 2020, m\u00e1xime cuando se deb\u00eda salvaguardar el derecho a la salud de los servidores judiciales, abogados y usuarios de la rama judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que no se puede calificar como desidia su falta de actuaci\u00f3n, si en cuenta se tiene las vacancias judiciales, el paro judicial de 3 d\u00edas en mayo de 2021 y el paro nacional que sacudi\u00f3 a todo el pa\u00eds. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Alcald\u00eda Local de la Localidad 2 Hist\u00f3rica Rodrigo de Bastidas de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en esa instancia sobre el despacho comisorio; anot\u00f3 que recepciona en promedio entre 4 y 5 despachos comisorios por lo que se represan, sumando a que, por la pandemia en un a\u00f1o no se realizaron diligencias judiciales; que el 16 de junio de 2022, previa solicitud, le inform\u00f3 a la apoderada de AV Villas que la misma estaba agendada para el 15 de septiembre de 2022, empero, el d\u00eda anterior al fijado, el juzgado le inform\u00f3 que el proceso se hab\u00eda archivado, decisi\u00f3n que fue recurrida, situaci\u00f3n que imposibilita la realizaci\u00f3n del secuestro. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta cont\u00f3 el tr\u00e1mite impartido respecto a la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito; indic\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, toda vez que, ha tramitado las peticiones presentadas y sus decisiones est\u00e1n ajustadas a derecho; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, sumado a que atendi\u00f3 los reparos de alzada presentada por la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Atl\u00e1ntica S.I.A. S.A. en liquidaci\u00f3n refiri\u00f3 que la determinaci\u00f3n de terminar el proceso no es caprichosa, toda vez que, desde el 24 de septiembre de 2019 el proceso qued\u00f3 hu\u00e9rfano de actuaci\u00f3n, ya que, si bien la Alcald\u00eda el 20 de noviembre de 2019 emiti\u00f3 respuesta a la actora, la que no fue puesta de conocimiento al Juzgado, siendo la ejecutante luego de 2 a\u00f1os y 7 meses que volvi\u00f3 a insistir a la Alcald\u00eda una vez ya estaba la decisi\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito; que adem\u00e1s de que no se fue diligente con la comisi\u00f3n para el secuestro, tampoco lo fue con las dem\u00e1s diligencias, si en cuenta se tiene que la \u00faltima actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito fue de 30 de octubre de 2018., de ah\u00ed el descuido del proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, comoquiera que, la inactividad del proceso por cuenta de la accionante, dio lugar a aplicar el literal b) del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que el asunto ya contaba con sentencia ejecutoriada, adem\u00e1s, las argumentaciones del estrado del circuito en punto a la suspensi\u00f3n de los t\u00e9rminos no lucen caprichosos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no es razonable, pues no se valor\u00f3 la imposibilidad de la sede administrativa para adelantar la diligencia de secuestro, adem\u00e1s, no est\u00e1 obligados a lo imposible, esto es, las situaciones de pandemia, paros y festividades que impidieron la normal continuidad del asunto. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de amparo se torna improcedente, comoquiera que, con auto de 6 de junio de 2023 por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el 31 de mayo de 20231 el estrado municipal vinculado, que termin\u00f3 el proceso ejecutivo pro desistimiento t\u00e1cito, tras analizar los reclamos expuesto, entre ellos, los ahora planteados, dijo que: <\/p>\n
En el presente asunto, el A quo mediante auto del 27 de mayo de 2022 dio por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, pues trat\u00e1ndose de un proceso con sentencia, estuvo en estado de inactividad por dos (2) a\u00f1os, frente a esto la recurrente plante\u00f3 su inconformismo, como ya se ha mencionado, en el hecho de que el tiempo de inactividad no se encuentra cumplido si se tiene en cuenta que hubo un lapso en el que la rama estuvo en inactividad por la emergencia sanitaria COVID-19, periodo que fue desde el 16 de marzo hasta el 2 de agosto de la misma anualidad, por lo tanto en ese lapso los t\u00e9rminos no deben contarse, en ese sentido correr\u00edan la misma suerte, seg\u00fan manifiesta la recurrente, los t\u00e9rminos de la vacancia judicial, las suspensiones y paros. <\/p>\n
Luego, tras citar las disposiciones que regulan el desistimiento t\u00e1cito (art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso), as\u00ed como el inciso 7\u00b0 del canon 118 de la misma obra, en punto al c\u00f3mputo de t\u00e9rminos, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Se colige de lo anterior que los t\u00e9rminos de vacancia judicial y de los paros no son descontados para efectos del desistimiento t\u00e1cito del proceso durante el periodo de inactividad, ya sea por un (1) a\u00f1o en el caso de que no haya sentencia, o por dos (2) a\u00f1os en el caso que la haya. <\/p>\n
Preciso es, para referirnos al lapso de inactividad de la Rama Judicial por la emergencia sanitaria, los 2 a\u00f1os de que habla la norma analizada se configurar\u00edan el 30 de enero de 2021, a los que habr\u00eda adem\u00e1s que sumar el periodo de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales decretado a ra\u00edz de la emergencia sanitaria por pandemia de COVID 19, el cual rigi\u00f3 desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de la misma anualidad, conteo que deja como resultado 76 d\u00edas, lo que implica que el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os se venc\u00edan el 16 de mayo de 2021. <\/p>\n
Resulta pertinente traer a colaci\u00f3n lo dicho en las sentencias STC4206 del 2021 y la STC11191 de 2020, en lo concerniente a que no puede atribuirse la inactividad del proceso a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos llevada a cabo por la mencionada emergencia, teniendo en cuenta que antes del 16 de marzo de 2020 y una vez fueron reanudados los t\u00e9rminos, es decir, despu\u00e9s del 2 de agosto de 2020, no fue presentado memorial de impulso procesal por parte del extremo activo \u201cpermitiendo que el termino exigido por la ley procedimental para la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito se cumpliera\u201d <\/p>\n
Seguidamente, en punto al reparo sobre la falta de diligencia del Juzgado en requerir a la autoridad administrativa, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Por otro lado, frente a lo dicho por el recurrente en relaci\u00f3n a que el A quo debi\u00f3 recurrir a la Alcald\u00eda de la localidad 2 para conocer el porqu\u00e9 de la omisi\u00f3n a lo ordenado, ha de decirse que si bien es cierto que la autoridad judicial debe velar porque se cumpla el debido proceso para la obtenci\u00f3n de la justicia, no es menos cierto que una vez el extremo activo tuvo conocimiento de la omisi\u00f3n de la orden impuesta por el juzgado a la mencionada ten\u00eda la obligaci\u00f3n de actuar, peticionando al A quo que se diera cumplimiento a lo ordenando, lo anterior partiendo del hecho de que quien tiene el inter\u00e9s en que se cumpla la orden es el mismo extremo activo, no se entiende cu\u00e1l podr\u00eda ser la raz\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de tratarse de una negligencia, para que no se haya requerido el cumplimiento de lo ordenado. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En definitiva, aplicar la figura de desistimiento t\u00e1cito que conduce a la terminaci\u00f3n del proceso, se configura en que la \u00faltima actuaci\u00f3n que reposa en el plenario es de 1 de octubre de 2019, en la que el A quo ordena a la localidad programar diligencia de secuestro, por lo tanto, siendo este auto proferido en la mencionada fecha, para el d\u00eda de la emisi\u00f3n del auto impugnado, esto es el 27de mayo de 2022, hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os para la aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito en esta litis, inclusive descontando el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos establecido por el Consejo Superior en virtud de la conocida emergencia sanitaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la entidad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la manera en la que el Juzgado accionado interpret\u00f3 las normas que regulan el desistimiento t\u00e1cito, concluyendo que, para el caso, conforme al literal b). numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso el juicio cuenta con sentencia ejecutoriada, permaneci\u00f3 inactivo en el despacho por m\u00e1s de 2 a\u00f1os, sin impulso por parte de la ejecutante, destacando que, aun atendiendo la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos dispuesta por cuenta de la emergencia sanitaria, dicho temporalidad estaba superada; asimismo, porque la parte no inform\u00f3 al estrado judicial la respuesta de la Alcald\u00eda dada en el a\u00f1o 2019, por lo que tal desidia no puede ser trasladada al operador judicial. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Data corregida. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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