STC8099-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8099-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2023-00127-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de julio de 2023 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en la tutela que Jos\u00e9 Nolberto Sarmiento P\u00e9rez, actuando en nombre propio y como representante legal de la Comercializadora de Minerales Carbocachuchas S.A.S. y Gonzalo Arciniegas Amaya, como representante legal de Carbones del Norte G&J S.A.S., instauraron contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha y Bancolombia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo pretende protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulneradas por las accionadas, por lo que pidi\u00f3 se declare que con el decreto de las medidas cautelares el juzgado fustigado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y, en consecuencia, se ordene la modificaci\u00f3n de la cautela en donde se cambie la retenci\u00f3n de dineros por la inscripci\u00f3n de la demanda, el embargo y secuestro de dos inmuebles cuyo aval\u00fao supera los $800\u00b4000.000. As\u00ed mismo, solicit\u00f3 se levanten las medidas cautelares en contra de las personas jur\u00eddicas accionantes por cuanto las mismas no fungen como demandadas en el proceso declarativo atacado <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Que realizaron unos giros el 9 y 13 de junio de 2023, para que se hicieran efectivos de sus cuentas corrientes de Bancolombia, sin embargo, el cobro no fue posible ya que, seg\u00fan lo informado por el banco, las mismas hab\u00edan sido objeto de embargo y retenci\u00f3n por orden del juzgado accionado, advirtiendo que a cada uno les hacia falta la suma de $352\u2019566.000 de sus cuentas bancarias. <\/p>\n
2.2. Aducen que no fueron notificados de las medidas cautelares decretadas, as\u00ed como la existencia de alg\u00fan proceso judicial en su contra, raz\u00f3n por la cual procedieron a revisar los estados electr\u00f3nicos del juzgado, en donde advirtieron al existencia de un proceso declarativo iniciado en su contra por C&M Minerales, en el cual mediante auto del 24 de noviembre de 2022 se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 agotar todo lo relacionado con la notificaci\u00f3n de la parte pasiva, si pena de desistimiento t\u00e1cito. A\u00f1aden que, de la revisi\u00f3n de los estados electr\u00f3nicos tambi\u00e9n advirtieron que se han tomado algunas determinaciones de cara a medidas cautelares, sin embargo, no han podido visualizar los autos en atenci\u00f3n a la restricci\u00f3n existente frente a los mismos. <\/p>\n
2.3. Consideran que las medidas cautelares decretadas son excesivas puesto que se trata de un proceso declarativo y no del tr\u00e1mite de un ejecutivo, m\u00e1xime cuando desde el a\u00f1o 2021 conoce de las pretensiones de la demandante y a la fecha no han realizado ninguna actuaci\u00f3n tendiente a insolventarse. <\/p>\n
2.4. Finalmente se\u00f1alan que el proceso debi\u00f3 haberse terminado por desistimiento t\u00e1cito, ya que han pasado varios meses sin que se haya materializado lo ordenado en el auto admisorio; adem\u00e1s, el Juzgado no es competente para tramitar el proceso judicial, pues sus domicilios son Duitama y Paz de Rio, y con el embargo por la suma de $1.057\u2019698.000 les genera un perjuicio irremediable de cuantiosas p\u00e9rdidas de la actividad comercial de las empresas que representan, y si bien existe el mecanismo de levantamiento y reducci\u00f3n del embargo decretado, se acude a este mecanismo al tratarse de una ostensible v\u00eda de hecho cometida por el juzgado accionado. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha, en su escrito de r\u00e9plica inform\u00f3 que en dicho despacho juicial cursa el proceso atacado por los actores y, relat\u00f3 las actuaciones relevantes al interior del mismo, indicando que de cara a las medidas cautelares decretadas las mismas est\u00e1n avaladas por lo reglado en el C\u00f3digo General del Proceso, indicando que si los peticionarios consideran que estas no se ajustan a derecho, tiene la posibilidad de debatir tal situaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite del proceso judicial, ya que existen los mecanismos ordinarios procedentes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Bancolombia, manifest\u00f3 que no est\u00e1 relacionado con las pretensiones de los accionantes, ni se desprende de los hechos la existencia de vulneraci\u00f3n por parte de dicha entidad de las garant\u00edas fundamentales del los accionantes, m\u00e1xime cuando no son parte del proceso, siendo su actuar consecuencia del cumplimento de una orden judicial, por lo que solicitan se desvincule de presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. C&M Minerales S.A.S, indicaron que las medidas cautelares decretadas por el juzgado accionado se encuentran ajustadas a derecho, puesto que se trata de un proceso de mayor cuant\u00eda, el cual se est\u00e1 tramitando en contra de los actores como personas naturales y no en conta de las empresas que ellos manifiestan que representan. A\u00f1aden que, el despacho judicial confutado ha actuado en debida forma de conformidad con el ordenamiento legal aplicable al caso concreto sin vulnerar ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el mismo carec\u00eda del requisito de subsidiariedad y residualidad, puesto que los actores no han interpuesto ante el juzgado ning\u00fan tipo de acci\u00f3n encaminada al levantamiento de las medidas cautelares decretadas ni la suspensi\u00f3n de la misma, por lo que los actores no han agotado los medios de defensa establecidos en la ley para controvertir las decisiones que consideran contrarias a sus intereses. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores insistieron en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En lo que respecta a las peticiones de los actores encaminadas a que se modifiquen las medidas cautelares en el proceso declarativo de mayor cuant\u00eda y se levanten en contra de las personas jur\u00eddicas accionantes puesto que no fungen como demandadas en el mencionado proceso, de entrada, advierte la Sala que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que, lo pretendido por los peticionarios debe ser puesto en conocimiento del juez natural, para que sea \u00e9ste quien resuelva dichas solicitudes. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por os promotores de la tutela, ya que la ley ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentos o inconformidades, sin que tales v\u00edas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, o la alta probabilidad de que sus argumentos ser\u00e1n desechados por los jueces ordinarios o, incluso, el tiempo que puede tardar la resoluci\u00f3n de esos mecanismos de defensa. <\/p>\n
Y es que, lo pretendido por el actor a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, debe ser alegado haciendo uso de los medios de defesa para preservar y recuperar los derechos amenazados, tal como lo es la solicitud ante el juez de conocimiento, de la modificaci\u00f3n y\/o levantamiento de las medidas cautelares decretadas, mecanismo que, a la postre, es eficaz para resolver las situaciones alegadas por los actores, pues de prosperar sus reclamaciones dar\u00edan como resultado una nueva determinaci\u00f3n relacionada con las medidas cautelares al interior del tr\u00e1mite atacado e incluso el levantamiento de las mismas. <\/p>\n
As\u00ed pues, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. Lo discurrido conlleva a la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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