STC8100-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8100-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03022-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Vital Caribe S.A.S. interpuso en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 y a los intervinientes en el juicio de responsabilidad civil contractual promovido por dicha sociedad en contra de Banco Davivienda S.A. y Mar\u00eda Isabel Tarra con radicado 2021-00096-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pidi\u00f3 dejar sin valor ni efecto el auto del 27 de marzo de 2023, que revoc\u00f3 el prove\u00eddo del 01 de marzo hoga\u00f1o, al resolver el recurso de reposici\u00f3n que instaur\u00f3 el apoderado judicial del banco demandado, para en su lugar mantener inc\u00f3lome la providencia adoptada y en ese sentido practicar, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, la prueba que hab\u00eda sido negada por el a quo, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 330 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En sustento de lo anterior expuso que promovi\u00f3 juicio de responsabilidad civil contractual en contra del Banco Davivienda S.A. y Mar\u00eda Isabel Tarra, el cual conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, estrado que neg\u00f3 el decreto de la exhibici\u00f3n de los cheques originales que fueron indebidamente pagados por la entidad financiera y la prueba graf\u00f3logica solicitada en el escrito de demanda, determinaci\u00f3n que fue revocada con posterioridad al fallo de primer grado por el Tribunal de Cartagena al desatar el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 el promotor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que interpuso recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia proferida en primera instancia, por lo que el Magistrado Sustanciador luego de admitir la alzada, mediante auto del 01 de marzo de 2023 orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba que no fue surtida en primera instancia e impuso \u00f3rdenes a la parte pasiva, en el sentido de que le requiri\u00f3 aportar los cheques en original, frente a los cuales se adelantar\u00eda la grafolog\u00eda solicitada. En contra de dicha providencia, el apoderado judicial del banco demandado interpuso recurso de reposici\u00f3n, en el cual adujo que la prueba era inconducente, en virtud a que su objeto nada tiene que ver con los reparos y la sustenciaci\u00f3n esgrimida por el accionante en el recurso de apelaci\u00f3n instaurado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que aun cuando dicho recurso era improcedente fue resuelto favorablemente por el Juzgador el 27 de marzo de 2023, puesto que en dicha fecha revoc\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba ordenada en auto precedente, yendo en contrav\u00eda de una determinaci\u00f3n ejecutoriada. <\/p>\n
Contra el anterior prove\u00eddo el quejoso propuso recurso de apelaci\u00f3n e incidente de nulidad, los cuales fueron rechazados mediante veredicto del 05 de mayo de 2023, el primero por improcedente y el segundo al no encontrar configurada la causal de invalidez invocada, por lo que luego de algunas solicitudes y recursos, la magistratura convocada resolvi\u00f3 adecuar el tr\u00e1mite a la apelaci\u00f3n instaurada como recurso de s\u00faplica y as\u00ed mismo conceder dicho recurso en contra del pronunciamiento que rechaz\u00f3 la nulidad propuesta, acorde al inciso final del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso y al art\u00edculo 331 Ib\u00eddem. <\/p>\n
El recurso de s\u00faplica fue resuelto por el Magistrado siguiente en turno, el cual no acogi\u00f3 los argumentos expuestos por el recurrente, al encontrar acertada la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
2. La Corporaci\u00f3n convocada remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. El Juzgado vinculado solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo. El Banco Davivienda S.A. y la vinculada Mar\u00eda Tarra se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, con sustento en que las actuaciones adelantadas se ajustaron a la normatividad vigente. <\/p>\n
A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la directriz cuestionada no luce antojadiza ni irracional, sino que obedece a premisas soportadas en el ordenamiento jur\u00eddico que, por ende, no pueden ser desconocidos a trav\u00e9s de este sendero excepcional. <\/p>\n
En el caso, la discusi\u00f3n planteada por la sociedad convocada guarda relaci\u00f3n con la negativa a practicar una prueba que en su sentir es obligatoria, pues mediante auto del 16 de diciembre de 2022 el Tribunal Superior de Cartagena modific\u00f3 el auto de 26 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 (Bol\u00edvar), en el asunto de la referencia y en consecuencia, estableci\u00f3 ordenar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al BANCO DAVIVIENDA S.A. exhibir los \u201ccheques originales\u201d que fueron pagados, seg\u00fan se dijo, sin autorizaci\u00f3n de la sociedad VITAL CARIBE S.A.S., para que con ellos la POLIC\u00cdA JUDICIAL – \u00c1REA DE DOCUMENTOLOG\u00cdA Y GRAFOLOG\u00cdA, en el t\u00e9rmino de 1 mes, rinda un dictamen pericial en el que determine \u201csi las firmas en los cheques cobrados ilegalmente son id\u00e9nticas o disimiles y si a simple vista se percata la diferencia\u201d.\u00bb <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme al art\u00edculo 330 del C. G. del P., en caso de que ya se hubiere dictado sentencia de primer grado y la misma hubiese sido apelada, la prueba se decretar\u00e1 y practicar\u00e1 en segunda instancia.\u00bb <\/p>\n
Motivo por el cual insiti\u00f3 en que el prove\u00eddo censurado adolece de nulidad, por ir en contra de lo dispuesto en el art\u00edculo 330 del estatuto procesal civil, as\u00ed como de una decisi\u00f3n debidamente ejecutoriada (auto 16 dic. 22), aunado a que fue proferido al resolver un recurso de reposici\u00f3n notoriamente improcedente, pues en este \u00fanicamente se conced\u00eda un t\u00e9rmino de traslado al demandado para aportar los t\u00edtulos valores en original con el fin de adelantar la experticia, por lo que indic\u00f3 no era susceptible de recurso. <\/p>\n
Pues bien, encuentra la Sala que contrario a lo esbozado por el precursor, la Colegiatura convocada explic\u00f3 con consideraciones s\u00f3lidas su decisi\u00f3n de abstenerse de practicar la prueba decretada en segunda instancia, para lo cual tuvo en cuenta aspectos que al margen de que se compartan, resultan siendo razonables. Sobre el particular, la autoridad judicial enjuiciada expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn efecto, cuando se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica del aludido dictamen, el asunto no se hab\u00eda fallado y no pod\u00eda establecerse el sentido de la decisi\u00f3n del juez de primer grado, por lo que en comienzo, la prueba era procedente. <\/p>\n
Sin embargo, se advierte que a trav\u00e9s de la sentencia dictada el 1\u00b0 de diciembre de 2022 el a quo neg\u00f3 las pretensiones del demandante, aduciendo que \u201cno hubo culpa contractual\u201d de DAVIVIENDA S.A., porque VITAL CARIBE S.A.S. fue negligente en custodiar los cheques que fueron cobrados sin su autorizaci\u00f3n y, adem\u00e1s, porque su representante legal no dio la orden de bloquear su cuenta corriente. <\/p>\n
De igual forma, se observa que, en esta instancia, la parte demandante sustent\u00f3 la alzada y refiri\u00f3 que no s\u00f3lo el representante legal de VITAL CARIBE S.A.S. pod\u00eda ordenar el bloqueo de su cuenta corriente, sino que el \u201caviso\u201d realizado por su \u201ccontadora\u201d era suficiente para que DAVIVIENDA S.A., procediera \u201ccon el bloqueo amparado en el supuesto de hecho del art\u00edculo 23 del Contrato de Cuenta Corriente\u201d. <\/p>\n
En esas condiciones, emerge de manera di\u00e1fana que (\u2026) ahora resulta innecesario determinar si las firmas impuestas en los cheques que fueron pagados por el BANCO DAVIVIENDA S.A., eran notoriamente falsas o adulteradas, debido a que el debate que fue puesto a consideraci\u00f3n en esta sede, se limita exclusivamente a dilucidar si el demandado debi\u00f3 o no bloquear la cuenta corriente de VITAL CARIBE S.A.S. ante el \u201caviso\u201d realizado por su \u201ccontadora\u201d, con las consecuencias jur\u00eddicas que de ah\u00ed se derivar\u00edan. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 320 del C. G. del P., es claro en se\u00f1alar que \u201cel recurso de apelaci\u00f3n tiene por objeto que el superior examine la cuesti\u00f3n decidida, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, encuentra el Despacho que la prueba decretada en el auto de 1\u00b0 de marzo de 2023, deviene innecesaria, toda vez que no guarda relaci\u00f3n con los hechos sobre los cuales gravita el debate en esta instancia y, por lo tanto, no es \u00fatil para esclarecer el asunto debatido, pues, se insiste, la competencia del Tribunal se limita a analizar los argumentos planteados por el recurrente al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia.\u00bb <\/p>\n
Verificado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto junto con su escrito de sustentaci\u00f3n, se logra extraer que la impugnaci\u00f3n del recurrente se fundament\u00f3 en dos reparos, el primero relacionado con el incumplimiento a la cl\u00e1usula 23 del contrato de cuenta corriente suscrito por la sociedad convocante y el Banco Davivienda S.A., el cual se refiere al deber de la entidad financiera de bloquear la cuenta bancaria del cliente para prevenir actividades delictivas y el segundo se enmarca en la deficiente asesor\u00eda recibida por parte de la tambi\u00e9n demandada Mar\u00eda Isabel Tarra, en calidad de gerente de la oficina del Banco Davivienda en Magangu\u00e9. <\/p>\n
Lo anterior, contrasta con la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el togado ponente de la Corporaci\u00f3n querellada, pues en el pronunciamiento del 16 de diciembre de 2022 sostuvo que la experticia \u00abpodr\u00eda tratarse de una prueba relevante llamada a esclarecer los hechos que son materia de controversia, pues determinar\u00eda si las firmas impuestas en los cheques que fueron pagados por el BANCO DAVIVIENDA S.A., eran notoriamente falsas o adulteradas, a efecto de establecer si le asiste o no alguna responsabilidad a esta entidad financiera.\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, es claro que dicha posibilidad no fue alegada por el querellante en el recurso de apelaci\u00f3n que dirigi\u00f3 en contra del veredicto de primer grado, pues en ning\u00fan momento hizo menci\u00f3n ni endilg\u00f3 la responsabilidad contractual del demandado, con ocasi\u00f3n al pago de cheques con firmas, que a su criterio, eran notoriamente falsas o adulteradas, motivo por el cual la pr\u00e1ctica de la prueba solicitada por el gestor resultar\u00eda siendo in\u00fatil. <\/p>\n
Al respecto, es relevante traer a colaci\u00f3n que la competencia que tiene el Juez de segunda instancia para dirimir el recurso de apelaci\u00f3n, fue limitada por el legislador en el art\u00edculo 320 \u00cddem, norma que tuvo en cuenta el despacho judicial accionado a la hora de proferir la directriz atacada, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 168 del estatuto adjetivo predica que \u00abEl juez rechazar\u00e1, mediante providencia motivada, las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles.\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, la decisi\u00f3n reprochada no resulta arbitraria ni desmedida, en la media en que estar\u00eda sustentada en lo establecido por el legislador en los preceptos normativos de la Ley 1564 de 2012, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC6706-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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