STC8103-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8103-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02848-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pretende protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 que se le ordene que \u00abacepte inmediatamente [su] desistimiento de la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Cl\u00ednica Nefrouros SAS (radicaci\u00f3n 2022-00066), que fue decidida con sentencia del 19 de diciembre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, recurso concedido con auto del 7 de junio de 2023. <\/p>\n
2.2. Las diligencias fueron recibidas en el Tribunal criticado el 22 de junio de 2022, autoridad que admiti\u00f3 la alzada con auto del 18 de julio siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abdespu\u00e9s de m\u00e1s de 20 d\u00edas no existe terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n como lo ordena art 37 ley 472 de 1998\u00bb, por lo que solicita se \u00abacepte inmediatamente [su] desistimiento de la apelaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tras rendir informe sobre las actuaciones que ha adelantado en el juicio criticado, manifest\u00f3 que \u00abel expediente est\u00e1 en [su] Secretar\u00eda, donde corren los plazos de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica\u00bb; que \u00abimposible enrostrar inobservancia deliberada de los t\u00e9rminos procesales, pues, se trata de actuaciones previas y necesarias para desatar el recurso; a\u00fan no ingresa el proceso a despacho\u00bb; y que, \u00aben torno al desistimiento de la apelaci\u00f3n, es falso que el interesado haya presentado memorial en estos t\u00e9rminos; por manera que imputa una omisi\u00f3n inexistente\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abpor no estar llamada a responder por las vulneraciones o amenazas alegadas por el actor\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. El municipio de Pereira pidi\u00f3 su exoneraci\u00f3n, comoquiera que \u00abno est\u00e1 en [sus] manos\u2026 el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular presentada por el actor, ni [tiene] injerencia en las decisiones tomadas por el despacho judicial\u00bb accionado. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Risaralda, dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00abtoda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 31 Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por cuanto \u00ab[e]l asunto no evidencia vulneraci\u00f3n o amenaza por parte de la Procuradur\u00eda a derechos fundamentales del demandante\u00bb. <\/p>\n
6. Al momento de someterse el presente asunto al conocimiento de la Sala, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, de entrada, se resalta que la queja principal del promotor se circunscribe a la supuesta demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado. <\/p>\n
En tal sentido se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016). <\/p>\n
3. Pues bien, del informe allegado por el estrado acusado, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza que se ha presentado en el tr\u00e1mite cuestionado, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino del tr\u00e1mite propio de la alzada, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Respecto a la petici\u00f3n elevada por el accionante, en el sentido de ordenar al estrado acusado que \u00abacepte inmediatamente [su] desistimiento de la apelaci\u00f3n\u00bb, la Sala concluye la improcedencia del resguardo, toda vez que, revisados los elementos de juicio, se verifica que el actor no ha elevado petici\u00f3n en ese sentido al fallador natural. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la quejosa, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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