STC8105-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8105-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03037-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Ovalle Ibarra Angulo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb y defensa, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00ab[n]ulitar las actuaciones desde el auto\u2026 calendado 8 de noviembre 2022\u00bb, en consecuencia, \u00ab[o]rdenar repetir el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n personal\u00bb o, en su defecto, \u00abtenerlo por notificarlo por conducta concluyente, en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 301 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Jhon Alejandro Piraquive Ram\u00edrez, Jos\u00e9 Albeiro Piraquive Gamboa y Mar\u00eda Eugenia Diaz de Piraquive formularon acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual contra Ovalle Ibarra Angulo, HDI Seguros SA y AXA Colpatria Seguros SA, que fue admitida con auto del 8 de noviembre de 2022. <\/p>\n
2.2. Con miras al enteramiento de Ibarra Angulo, el Centro de Servicios Judiciales remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica al correo electr\u00f3nico \u00abovalleibarra1956@gmail.com\u00bb, sin que aquel compareciera al proceso, por lo que se tuvo por no contestada la demanda, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del primero de febrero de los corrientes. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, Ovalle Ibarra Angulo pidi\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n \u00abal estimar indebida su vinculaci\u00f3n\u00bb, reclamo desestimado con providencia del 14 de abril de los corrientes, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el prenotado demandado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del 29 de mayo de 2023. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el acto de notificaci\u00f3n realizado en el juicio criticado, \u00abno cumple con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 8 de la ley 2213 de 2022, ya que no se cuenta con acuse de recibido y tampoco se puede constatar por otro medio el acceso del destinatario al mensaje\u00bb; y que \u00abno es muy entendido con las redes sociales, correos electr\u00f3nicos, ni tampoco es de su inter\u00e9s el manejo de las mismas, tanto es, que otra persona fue la encargada de crearle el correo electr\u00f3nico\u00bb, por lo que \u00abno usa ni revisa la cuenta de correo ovalleibarra1956@gmail.com, por esa raz\u00f3n no acus\u00f3 recibido ni tuvo acceso al mensaje enviado por el Centro de Servicios judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales expres\u00f3 que \u00abse remite y reitera los argumentos expuestos en autos del 14 de abril y 16 de mayo de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Luis Fernando Alzate Arias, quien dijo fungir \u00aben representaci\u00f3n judicial de la parte demandante dentro del proceso [criticado]\u00bb, sin que aportara mandato que lo facultara para representar a dicho extremo en el presente asunto, pidi\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero advertir que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 29 de mayo de 2023, que confirm\u00f3 la dictada el 14 de abril de este a\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual se desestim\u00f3 la nulidad que formul\u00f3 Ovalle Ibarra Angulo en el juicio acusado, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado en torno a la legalidad de las diligencias que se adelantaron para la notificaci\u00f3n del prenotado demandado del auto admisorio de la demanda g\u00e9nesis de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el citado prove\u00eddo de 29 de mayo pasado no luce arbitrario, comoquiera que el ad quem criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la aludida petici\u00f3n invalidatoria, sobre lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Por sabido se tiene que la emergencia mundial suscitada con ocasi\u00f3n del COVID19 impuso retos en cabeza tanto de los Funcionarios judiciales como de los sujetos procesales a efectos de adelantar los distintos tr\u00e1mites que permitieran definir sus situaciones jur\u00eddicas evitando traumatismos que incidieran en la labor de administrar de justicia de manera proba, recta y eficaz; en el marco de ello fue expedido el Decreto 806 de 2020: \u00abPor el cual se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica.\u201d posteriormente, ante las demostradas ventajas de las antedichas tecnolog\u00edas a los prop\u00f3sitos mencionados, fue adoptado como legislaci\u00f3n permanente a trav\u00e9s de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
Entre las diferentes disposiciones contenidas en la norma actualmente vigente, se encuentra lo atinente a la notificaci\u00f3n de los demandados para su vinculaci\u00f3n formal al proceso, contemplando el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley, que podr\u00e1 hacerse mediante el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada por el interesado sin necesidad de surtir previa citaci\u00f3n o aviso, remitiendo por id\u00e9ntico medio los anexos que deben entregarse para el traslado y ella se entender\u00e1 realizada transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles al env\u00edo del mensaje, corriendo los t\u00e9rminos a partir del d\u00eda siguiente. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sido reiterativa al afirmar que: <\/p>\n
\u201cla notificaci\u00f3n se entiende surtida cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de enteramiento, mas no en fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicaci\u00f3n, pues habilitar este proceder implicar\u00eda que la notificaci\u00f3n quedar\u00eda al arbitrio de su receptor, no obstante que la administraci\u00f3n de justicia o la parte contraria, seg\u00fan sea el caso, habr\u00edan cumplido con suficiencia la carga a estos impuesta en el surtimiento del del tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n. (\u2026) la presunci\u00f3n de que \u00abel destinatario ha recibido la comunicaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo\u00bb, no significa que la fecha de notificaci\u00f3n coincida con aquella en que se reconoce haber recibido el mensaje, pues salvo fuerza mayor o caso fortuito, debe entenderse que tal acto de comunicaci\u00f3n fue efectivo cuando el servidor de origen certifica que se produjo la entrega sin inconveniente alguno\u201d [CSJ STC15964-2021]. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Analizados los reproches vertidos por el vocero judicial del recurrente, de inmediato se extrae que su inconformidad radica en la desestimaci\u00f3n de la solicitud nulitiva, habida cuenta que la comunicaci\u00f3n de la providencia admisoria no puede tenerse surtida con la remisi\u00f3n efectuada por el Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y de Familia en el mes de noviembre de 2022, ya que no obra un acuso de recibo emitido por\u2026 Ovalle Ibarra Angulo, quien se enter\u00f3 de la acci\u00f3n en su contra \u00fanicamente por la informaci\u00f3n que le proporcion\u00f3 la aseguradora, puesto que \u00e9l no utiliza, ni revisa su correo electr\u00f3nico; de all\u00ed que la vinculaci\u00f3n, a efectos de predicarse v\u00e1lida, debi\u00f3 adelantarse en su direcci\u00f3n de correspondencia f\u00edsica. <\/p>\n
En concepto del fallador primario, la notificaci\u00f3n se adelant\u00f3 conforme lo dicta el ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que se hizo al mismo buz\u00f3n digital informado por el codemandado en la diligencia de conciliaci\u00f3n prejudicial de la cual particip\u00f3 en forma activa y para su efectividad no era necesario el asentimiento del destinatario sobre el contenido del mensaje, sino la verificaci\u00f3n de haberse entregado realmente, como aqu\u00ed sucedi\u00f3. <\/p>\n
3.2. Al prop\u00f3sito de resolver el problema jur\u00eddico planteado, con los elementos arribados al plenario se tiene que mediante prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2022 se admiti\u00f3 la demanda ordenando la notificaci\u00f3n de los convocados acorde el procedimiento se\u00f1alado por la Ley 2213 de 2022 a los correos proporcionados por los promotores en el libelo; el env\u00edo se orden\u00f3 agotarlo a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de la ciudad. <\/p>\n
Obra trazabilidad de la mencionada dependencia administrativa, acorde la cual el mensaje donde se informaba al codemandado respecto al litigio, se adjuntaban los documentos de la demanda, su subsanaci\u00f3n, el auto admisorio, etc. fue remitido el 9 de noviembre de 2022 con destino al e-mail ovalleibarra1956@gmail.com obteniendo del servidor de Microsoft Outlook que: \u201cSe complet\u00f3 la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envi\u00f3 informaci\u00f3n de notificaci\u00f3n de entrega\u201d. <\/p>\n
3.3. Atendiendo a las actuaciones relacionadas, anuncia esta Magistratura que los razonamientos con que la censura sustent\u00f3 la alzada emergen desacertados, seg\u00fan pasa a explicarse: <\/p>\n
Acorde lo rese\u00f1ado en el ac\u00e1pite jur\u00eddico de la providencia, en el a\u00f1o 2020 fue expedida una normativa especial aplicable a los procesos judiciales con el objeto de enfrentar las contingencias generadas por la crisis sanitaria mundial que imped\u00edan su tramitaci\u00f3n en forma presencial, misma que se acogi\u00f3 como legislaci\u00f3n permanente a trav\u00e9s de la Ley 2213 de 2022, que en lo atinente a las notificaciones que deb\u00edan surtirse de manera personal, contempl\u00f3 la posibilidad de enterar a los sujetos por medio de sus correos electr\u00f3nicos remitiendo los elementos procesales correspondientes para el ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n (art\u00edculo 8\u00b0). Tal disposici\u00f3n opera en simultanea con las formas tradicionales de notificaci\u00f3n que conciben los art\u00edculos 291 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, lo que significa que es facultativo del interesado elegir la v\u00eda a trav\u00e9s de la cual adelantar\u00e1 la vinculaci\u00f3n formal del demandado al asunto litigioso. <\/p>\n
Descendiendo al caso concreto, en atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado se tiene que, distinto a lo alegado por el recurrente, para predicar la validez del enteramiento no era menester que la citaci\u00f3n para la diligencia de notificaci\u00f3n personal se remitiera a la direcci\u00f3n f\u00edsica del se\u00f1or Ovalle en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, puesto que siendo igualmente v\u00e1lido hacer uso de los canales digitales, fue aqu\u00e9l el medio seleccionado por los demandantes, proceder que adem\u00e1s se agot\u00f3 a trav\u00e9s del buz\u00f3n electr\u00f3nico informado por el se\u00f1or Ibarra Angulo al momento de presentarse a la diligencia conciliatoria previa adelantada ante la Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda en el mes de mayo de la pasada calenda. <\/p>\n
Dicho de otra manera, si se parte de que el ordenamiento adjetivo permite al extremo activo decidir libremente la manera en que vincular\u00e1 a su eventual opositor, esto es, mediante los canales electr\u00f3nicos de notificaci\u00f3n o a trav\u00e9s del procedimiento indicado en los art\u00edculos 291 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso y hall\u00e1ndose comprobado desde el mes de mayo del 2022 -fecha de la conciliaci\u00f3n- que\u2026 Ibarra Angulo contaba con un correo electr\u00f3nico habilitado, le era totalmente legitimo al apoderado de los gestores judiciales surtir la comunicaci\u00f3n por esa v\u00eda. <\/p>\n
En este punto conviene aclarar que el argumento dirigido a afirmar que el se\u00f1or Ovalle, por razones personales no utilizaba o no revisaba su buz\u00f3n electr\u00f3nico, emerge insuficiente para derruir la legalidad de la notificaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de que fue ese el canal expresamente informado por el divergente en la pluricitada audiencia de conciliaci\u00f3n, admitir lo propuesto, equivaldr\u00eda a dejar librado a la voluntad del demandado el momento de su vinculaci\u00f3n formal, paralizando sin razones de peso el avance del tr\u00e1mite judicial en contrav\u00eda de los principios de eficiencia y celeridad del aparato jurisdiccional. <\/p>\n
Bajo tal entendido, en lo tocante con la ausencia del acuse de recibo del mensaje remitido por el Centro de Servicios Judiciales, se advierte plenamente establecido que el d\u00eda 9 de noviembre de 2022 a la 11:21 a.m. el servidor de Microsoft Outlook inform\u00f3 respecto a la entrega exitosa del mensaje al correo del codemandado y que aquel no hab\u00eda confirmado dicha entrega. Sin embargo, diferente a lo que estima el divergente, lo \u00faltimo no es eminentemente necesario, puesto que en el caso concreto fue por medio de la misma herramienta tecnol\u00f3gica que se certific\u00f3 que el mensaje lleg\u00f3 al correo del se\u00f1or Ovalle. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, recientemente indic\u00f3 que existen diversas formas de acreditar el acuse de recibo, entre ellas la que en ese norte genera autom\u00e1ticamente el canal digital escogido a trav\u00e9s de sus sistemas de confirmaci\u00f3n1, siendo esto lo que, acorde las piezas procesales, se present\u00f3 en el sub j\u00fadice; es decir, el servicio autom\u00e1tico de confirmaci\u00f3n del servidor usado -Microsoft Outlook- certific\u00f3 haber entregado en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del codemandado el mensaje remitido por el Centro de Servicios Judiciales, pues de no ser as\u00ed hubiese informado que el correo \u201crebot\u00f3\u201d o que por alguna raz\u00f3n no pudo completarse su entrega. <\/p>\n
El hecho de que el inconforme no hubiese mandado al iniciador la confirmaci\u00f3n por iniciativa propia, no es \u00f3bice para predicar la validez de la notificaci\u00f3n, ya que conforme ense\u00f1a la jurisprudencia invocada en el ac\u00e1pite jur\u00eddico de la presente decisi\u00f3n, la prueba de haberse entregado en su destino deviene suficiente y como bien lo entendi\u00f3 la instancia primigenia, su aptitud no puede condicionarse a que el destinatario informe sobre la apertura o lectura del mensaje, en tanto, se itera, ello dejar\u00eda al libre arbitrio de la voluntad del demandado el curso y normal desarrollo del asunto. <\/p>\n
En otras palabras, la acreditaci\u00f3n por parte del Centro de Servicios de haber enviado el mensaje de datos en noviembre de 2022, obteniendo el acuse de recibo respectivo, as\u00ed este fuera autom\u00e1tico generado por el mismo sistema de Outlook, evidencia la legalidad de la determinaci\u00f3n del Juez primario en el entendido de desestimar la solicitud de nulidad que con base en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional, pues lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales y el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n en el ordenamiento procesal civil, concluyendo que el acto de enteramiento de Ovalle Ibarra Angulo cumpli\u00f3 la totalidad de exigencias que contempla la legislaci\u00f3n vigente, habida cuenta que la correspondiente comunicaci\u00f3n, junto con sus anexos, se remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico que \u00e9l mismo inform\u00f3 en una diligencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial, estando acreditado su env\u00edo e, incluso, su recepci\u00f3n, decisi\u00f3n que fund\u00f3, valga anotar, en la jurisprudencia de esta Sala Especializada. <\/p>\n
Entonces, las deducciones del ad quem acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201cAhora, sobre la forma de acreditar el acuse de recibo -que no es otra cosa que la constataci\u00f3n de que la misiva lleg\u00f3 a su destino- amerita reiterar que el legislador no impuso tarifa demostrativa alguna, de suerte que, como se dijo, existe libertad probatoria (\u2026) En ese sentido, tal circunstancia puede verificarse -entre otros medios de prueba- a trav\u00e9s i). del acuse de recibo voluntario y expreso del demandado, ii). del acuse de recibo que puede generar autom\u00e1ticamente el canal digital escogido mediante sus \u00absistemas de confirmaci\u00f3n del recibo\u00bb, como puede ocurrir con las herramientas de configuraci\u00f3n ofrecidas por algunos correos electr\u00f3nicos (\u2026), iii). de la certificaci\u00f3n emitida por empresas de servicio postal autorizadas y, iv). de los documentos aportados por el demandante con el fin de acreditar el cumplimiento de las exigencias relativas a la idoneidad del canal digital elegido. (\u2026)\u201d STC-16733 del 14 de diciembre de 2022. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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