STC8117-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8117-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02850-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cristi\u00e1n Camilo C\u00f3rdoba Cuesta contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene a la accionada \u00abla contestaci\u00f3n del [derecho de petici\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que el 25 de mayo de 2023 present\u00f3 petici\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deprecando documentaci\u00f3n, informaci\u00f3n y consulta del acervo probatorio obrante en la impugnaci\u00f3n bajo el radicado 129202; y que en la misma fecha fue acusado el recibo. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 3 de julio siguiente, se le indic\u00f3 que dicha Sala no estaba llamada a pronunciarse sobre aspectos debatidos y resueltos en segunda instancia y le recomend\u00f3 que las futuras peticiones las deb\u00eda remitir al competente, adem\u00e1s le devolvi\u00f3 el derecho de petici\u00f3n impetrado. <\/p>\n
2.3. Adujo que el 6 de julio de los corrientes present\u00f3 una segunda petici\u00f3n solicitando se le contestara de fondo o se le diera orientaci\u00f3n sobre a quien deb\u00eda dirigirse; y que al no obtener confirmaci\u00f3n de recibo, el 12 de julio siguiente deprec\u00f3 por tercera vez se le respondiera o le brindaran asesoria al respecto. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que no pretend\u00eda reabrir ning\u00fan proceso o actuaci\u00f3n, sino ejercer el derecho enunciado en el art\u00edculo 3 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que en fallo de 12 de febrero de 2021 resolvi\u00f3 una impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante; que el 4 de mayo de 2021 decidi\u00f3 una consulta de desacato; que los hechos de la presente acci\u00f3n versaban sobre actuaciones de conocimiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en las que no ten\u00eda injerencia; que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; y que no era el llamado a responder por los hechos y pretensiones expuestos. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad relat\u00f3 los asuntos que conoci\u00f3 ese despacho e indic\u00f3 que el gestor hab\u00eda promovido distintas tutelas, en las que compareci\u00f3 como accionado y vinculado, con las que pretend\u00eda revivir la controversia que ya le hab\u00eda sido resuelta en enero de este a\u00f1o; que el promotor elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n, el que le fue contestado en oficio de 30 de mayo de los corrientes, acompa\u00f1ando la totalidad del expediente de tutela 2021-00225-01, agot\u00e1ndose as\u00ed el objeto de su solicitud y evidenci\u00e1ndose la no de vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas; y que exist\u00eda ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que deprecaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Consorcio Express SA se\u00f1al\u00f3 que se opon\u00eda a las pretensiones de la demanda; que se presentaba una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en tanto no se le imputaba amenaza o violaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales del gestor; y que se deb\u00eda hacer un an\u00e1lisis de fondo para esclarecer los motivos por los que se configuraba la mora judicial, lo que no pod\u00eda ser perjudicial para esa compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
4. El Ministerio de Trabajo adujo que se configuraba la ausencia de legitimaci\u00f3n pasiva, pues no era el responsable del menoscabo de los derechos invocados; que no exist\u00edan obligaciones ni derechos rec\u00edprocos; que no hab\u00eda recibido petici\u00f3n alguna del quejoso; y que solicitaba lo exoneraran de la responsabilidad que se le endilgara. <\/p>\n
5. Colpensiones asever\u00f3 que en el escrito inicial no mencionaba petici\u00f3n que se hallare pendiente de respuesta por parte de esa entidad; que no hab\u00eda conculcado garant\u00eda esencial alguna; que el tr\u00e1mite cuestionado no se pod\u00eda revivir con otra tutela; que exist\u00eda cosa juzgada; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
6. La Nueva EPS SA sostuvo que el peticionario se encontraba activo en el sistema general de seguridad social en salud en el r\u00e9gimen contributivo; que en la actualidad cursaba un proceso de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral ante la instancia respectiva; y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n o injerencia sobre lo pretendido por el accionante, por lo que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
7. Famisanar EPS indic\u00f3 que no hab\u00eda violado los derechos fundamentales del actor; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n pasiva; que el petente se encontraba en estado de retirado; que garantiz\u00f3 el suministro de los servicios requeridos y no hab\u00eda omitido sus deberes. <\/p>\n
8. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas y refiri\u00f3 que el 12 de abril de 2023 notific\u00f3 el fallo que emiti\u00f3 el 21 de marzo anterior; que procedi\u00f3 remitir el expediente a la Corte Constitucional; que el 25 de mayo de los corrientes el actor efectu\u00f3 unos cuestionamientos, por lo que procedi\u00f3 a dar respuesta mediante el aplicativo ESAV, con notificaci\u00f3n el 3 de julio siguiente, poni\u00e9ndole de presente que una vez resuelta la impugnaci\u00f3n, perd\u00eda competencia para pronunciarse sobre aspectos debatidos; que el 6 y 12 de julio present\u00f3 solicitudes somalres, las que se atendieron el 19 de julio; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
9. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la solicitud efectuada por el promotor, no constitu\u00eda el ejercicio del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, se advierte que acorde con la consistente jurisprudencia de esta Sala, en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha precisado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, tampoco se advierte vulneraci\u00f3n al debido proceso, pues auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, se vislumbra que el 3 y 19 de julio de los corrientes, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, se pronunci\u00f3 frente a las solicitudes presentadas, advirtiendo que emiti\u00f3 sentencia el 21 de marzo de 2023, que remiti\u00f3 las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, que despu\u00e9s de proferido el fallo no ten\u00eda competencia para pronunciarse sobre aspectos debatidos y resueltos en segundo grado, y que para asesor\u00edas y tr\u00e1mites pod\u00eda acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo o a los consultorios jur\u00eddicos de universidades. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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