STC8120-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8120-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2023-00212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de julio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Jacobo Ariza Barros contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mario Jacobo Ariza Barros promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Morano Gruppo SAS, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, el que el 20 de febrero de 2017 dict\u00f3 sentencia declarando no probadas las excepciones presentadas y ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n; en auto de 22 de marzo de 2017 decret\u00f3 el embargo del bien y el 2 de octubre siguiente el secuestro. <\/p>\n
2.2. Tras llevarse a cabo distintos intentos de remate, se alleg\u00f3 el aval\u00fao actualizado y el 7 de septiembre de 2022 se remat\u00f3 el bien; con prove\u00eddo de 6 de marzo de 2023 se aprob\u00f3 el remate y se dispuso la distribuci\u00f3n del dinero, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n, se mantuvo en auto de 2 de mayo de 2023; y el Tribunal Superior de esa ciudad declar\u00f3 inadmisible la alzada. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que promovi\u00f3 el juicio criticado contra la empresa Morano Gruppo, en donde solicit\u00f3 el embargo y secuestro de un bien; que al momento de inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula comprob\u00f3 que el lote estaba embargado en un proceso coactivo que la Dian segu\u00eda frente a dicha empresa; y que despu\u00e9s de un tr\u00e1mite lleno de tropiezos, se remat\u00f3 el bien embargado y secuestrado por valor superior a $1.500.000.000, pagados en su totalidad por el rematante. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que antes de hacer el reparto de los dineros, se ofici\u00f3 a la Dian para que probara la existencia y monto de la obligaci\u00f3n que le adeudaba la empresa ejecutada; que esa entidad contest\u00f3 con un oficio escueto, se\u00f1alando que ten\u00eda una obligaci\u00f3n por $1.100.000.000; y que se opuso a dicho pago porque no estaba probado y lesionaba enormemente su patrimonio, el que ascend\u00eda a $390.000.000 e intereses, pero ante el disparate de la Dian se reduc\u00eda a $63.000.000. <\/p>\n
2.5. Adujo que no se tuvieron en cuenta sus escritos y se emiti\u00f3 providencia el 6 de marzo de 2023, en la que se cercenaban sus derechos y se favorec\u00eda al que los perdi\u00f3 por prescripci\u00f3n y ausencia de medios probatorios que sirvan de sustento; y que el fallador criticado impuso su voluntad, pese a que violaba normas legales. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que el Estatuto Tributario se\u00f1alaba que las obligaciones fiscales quedan prescritas en cinco a\u00f1os a partir de su exigibilidad; que la Dian inscribi\u00f3 el proceso y embargo en el 2014, por lo que al 2023 hab\u00edan transcurrido nueve a\u00f1os y, en esa medida, la obligaci\u00f3n estaba prescrita; y que todo documento que prestara m\u00e9rito ejecutivo deb\u00eda ser claro, expreso y exigible. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que el oficio de la Dian no cumpl\u00eda dichos requisitos; que se indicaba un impuesto a las ventas del a\u00f1o gravable 2014 por $123.411 que estaba prescrito y el segundo, una sanci\u00f3n del 2021 por $616.226.000, el que estaba desvalorizado, adem\u00e1s que no se acompa\u00f1\u00f3 documento que probara su origen; y que se deb\u00eda rehacer la distribuci\u00f3n del dinero. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Dian indic\u00f3 que no exist\u00edan obligaciones prescritas, pues todas eran objeto de cobro, claras, expresas y actualmente exigibles, en firme y vigentes, atendiendo lo previsto en el art\u00edculo 818 del Estatuto Tributario; que el actor hab\u00eda presentado cinco derechos de petici\u00f3n, los que le fueron contestados en los t\u00e9rminos legales establecidos; que el gestor pretend\u00eda obtener copia del expediente, \u00abintentando vulnerar la reserva legal que recae sobre los expedientes tributarios\u00bb, reiterando en todas sus solicitudes que se prescriban unas obligaciones fiscales que no lo estaban; que siempre hab\u00edan actuado conforme con las normas legales, sin omisi\u00f3n al deber que les asist\u00eda; que hab\u00eda respetado los derechos fundamentales; que la tutela no era una v\u00eda adicional o paralela a las previstas por el legislador; y que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no estaba acreditada la existencia de alguna conducta u omisi\u00f3n transgresora de las garant\u00edas esenciales que le fuera atribuible. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social UGPP se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. Leonel Barreto Guti\u00e9rrez refiri\u00f3 que el juzgador obr\u00f3 de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso; que una vez recibida la informaci\u00f3n que se echaba de menos, se procedi\u00f3 a realizar la distribuci\u00f3n de acuerdo a la prelaci\u00f3n establecida en la ley; y que la prescripci\u00f3n alegada era ajena al despacho accionado, en tanto que deb\u00eda ser solicitada por el deudor, no de oficio. <\/p>\n
4. Scotiabank Colpatria SA adujo que no era parte del juicio criticado; que no se opon\u00eda ni coadyuvaba las pretensiones; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. Walter Enrique Arias Moreno, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderado de Carlos Mauricio G\u00f3mez Carrillo y Ledys Barreto Guti\u00e9rrez, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que lo habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
7. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta rindi\u00f3 un informe de lo acontecido en el juicio criticado y asever\u00f3 que hab\u00eda respetado las prerrogativas y garant\u00edas esenciales del gestor. <\/p>\n
8. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no advert\u00eda la vulneraci\u00f3n aludida por el gestor, pues el actuar del estrado acusado se ci\u00f1\u00f3 a la ley, en tanto que de conformidad con el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, una vez surtido el remate y antes de la entrega de su producto al ejecutante, cuando existiera concurrencia de embargos en procesos de diferentes especialidades, era su obligaci\u00f3n oficiar a las autoridades que lo hayan decretado sobre bienes embargados en uno civil, en este caso, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito y a la Dian, entre otras, para que presentaran la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito y de las costas, a fin de proceder con la distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, atendiendo para ello, la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos prevista en la norma sustancial; que mal podr\u00eda oponerse el gestor a que no se garantizara igualmente el pago de la que certific\u00f3 la Dian de Santa Marta, como consecuencia del proceso de cobro coactivo que segu\u00eda en contra de Morano Gruppo S.A.S; y que en virtud de dicho requerimiento, el 5 de diciembre de 2022, la Dian certific\u00f3 que la empresa demandada le adeudaba la suma de $1.051.651.404, pidiendo que se respetara la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, que es precisamente la deuda que el actor solicit\u00f3 no se tuviera en cuenta, bajo el argumento de que no resultaba ser clara, expresa y exigible, adem\u00e1s de que algunas estaban prescritas, reclamaci\u00f3n que con toda raz\u00f3n neg\u00f3 la falladora acusada en el auto aprobatorio del remate; y que contrario a lo se\u00f1alado en el libelo, no se desconocieron las solicitudes elevadas en ese sentido. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no resultaba de recibo el alegato referente a la operancia de la prescripci\u00f3n invocado por el accionante para aniquilar el cr\u00e9dito en favor de la Dian, toda vez que este no pod\u00eda esgrimirse por un tercero, sino por el deudor y dentro del proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva, como en efecto lo hizo y se le neg\u00f3 por esa causa; que tampoco era factible su declaraci\u00f3n oficiosa por parte de la autoridad fiscal, por el juez del remate, ni era facultativo proceder a ello en este escenario constitucional, porque, reit\u00e9rase, el \u00fanico legitimado para hacerlo era el obligado directo; y que lo concerniente a que la obligaci\u00f3n no era clara, expresa ni exigible, era un tema que deb\u00eda ser analizado por la autoridad administrativa, al interior del mencionado juicio, que no en sede de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se desatendieron \u00abde facto normas legales vigentes que [lo] favorecen, como son los arts. 817, 818 del E.T.; 99 C.C.A, 465 inciso segundo C.G.P.\u00bb; que su tutela no fue presentada frente a la Dian, sino contra el juzgado, por lo que si exist\u00eda competencia para conocer de todos sus reclamos; que se le restaba todo valor al material probatorio del juicio criticado; y que la Dian debi\u00f3 probar que la deuda fiscal no estaba prescrita, as\u00ed como el despacho censurado exigirlo al notar que era de vigencia de 2014, sin que ello significara intromisi\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n coactiva, \u00abque no puede ser sustento de inequidades, mentiras y enga\u00f1os que los jueces ordinarios est\u00e1n obligados a aceptar como si fuera \u201cpalabra de Dios\u201d\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado criticado, en la providencia de 2 de mayo de 2023, mediante la que se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n impetrada frente al prove\u00eddo de 6 de marzo anterior, con el que se la imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al remate adelantado, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Acto seguido, por auto dictado el 6 de marzo de 2023 se dispuso aprobar el remate, y se adoptaron las determinaciones consecuenciales, decisiones que combaten ambos extremos de la litis, por ambas v\u00edas: horizontal y vertical\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el recurso de la parte demandante\u2026 <\/p>\n
Para resolver los planteamientos de este recurrente, necesario resulta acudir al canon arriba citado, esto es el 465 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, dicha norma establece de un lado que las autoridades que adelantan procesos ejecutivos laboral, de jurisdicci\u00f3n coactiva o de alimentos informaran al juez civil la existencia del proceso, y, este a su vez, realizar\u00e1 el remate, para lo cual, le corresponde distribuir su producto. <\/p>\n
En ese orden de ideas, este despacho se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido en la norma en cita, al solicitar \u201cal juez laboral, de familia o fiscal la liquidaci\u00f3n definitiva y en firme, debidamente especificada, del cr\u00e9dito que ante \u00e9l se cobra y de las costas\u201d. Fue as\u00ed que, una vez recibida la informaci\u00f3n que se echaba de menos, se procedi\u00f3 a realizar la distribuci\u00f3n \u201cde acuerdo con la prelaci\u00f3n establecida en la ley sustancia\u201d. <\/p>\n
Acorde con lo dicho, no corresponde a este estrado judicial cuestionar la informaci\u00f3n recibida de las mencionadas autoridades judiciales, pues la norma establece en cabeza de los entes mencionados la obligaci\u00f3n de suministrar los insumos para que esta funcionaria adopte la decisi\u00f3n que en derecho corresponde. <\/p>\n
De otra parte, no es de recibo el argumento consistente en que el cr\u00e9dito que se persigue por el aqu\u00ed demandante es de naturaleza privilegiada, pues este despacho no est\u00e1 instituido para tal fin, de ser as\u00ed el carril id\u00f3neo para conservar el alegado privilegio resultaba ser el juez laboral, que no la especialidad civil. <\/p>\n
Acorde con lo dicho, los reparos contra el auto dictado el 6 de marzo de 2023 est\u00e1n destinados al fracaso\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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