STC8143-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8143-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 21 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Libia Esther P\u00e9rez Vergara contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b0 2016-00431. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que An\u00edbal Ochoa Toro inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en su contra por la suma de $62\u2019000.000, en el que el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena mediante auto de 8 de junio de 2016 libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares. <\/p>\n
Adujo que el documento aportado por el ejecutante al proceso y que fue avalado por el Juzgado para tenerla como notificada, vulnera sus derechos fundamentales en raz\u00f3n a que no cumple con los requisitos establecidos en la referida norma, situaci\u00f3n pese a la cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y continu\u00f3 con las dem\u00e1s etapas procesales sin oposici\u00f3n alguna de su parte, incurriendo de esa forma en defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, al tener conocimiento del embargo del inmueble de su propiedad, se notific\u00f3 del proceso y realiz\u00f3 varias actuaciones durante el desarrollo del mismo, entre ellas, formul\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, solicitud que fue desestimada por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena el 25 de marzo de 2022, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en apelaci\u00f3n el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena el 2 de mayo de 2023. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la situaci\u00f3n descrita constituye una amenaza cierta de un perjuicio irremediable en su contra, pues su inmueble fue embargado y rematado con fundamento en un proceso ejecutivo que nunca le fue notificado en debida forma, lo que implica que en cualquier momento sea despojada de su \u00fanico bien donde ha vivido con su familia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo explicado, solicit\u00f3 ordenar la revisi\u00f3n de las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas el 25 de marzo de 2022 y 2 de mayo de 2023, con el fin de que le sean garantizados sus derechos fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, inform\u00f3 que el 2 de mayo de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad presentada por la accionante en el proceso ejecutivo cuestionado, tr\u00e1mite que se adelant\u00f3 con sujeci\u00f3n a las normas procedimentales establecidas. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, sostuvo que mediante auto de 25 de marzo de 2023 neg\u00f3 la solicitud de nulidad planteada por la apoderada actora, luego de determinar que se hab\u00eda realizado una vinculaci\u00f3n efectiva de la parte demandada, decisi\u00f3n que mantuvo el 21 de abril de 2022. En ese orden, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y solicit\u00f3 negar el amparo constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 el amparo al descartar el defecto endilgado a las autoridades judiciales accionadas, argumentando que las decisiones objeto de reproche se encuentran debidamente fundamentadas en el an\u00e1lisis jur\u00eddico que los juzgadores desde la \u00f3rbita de su autonom\u00eda funcional desarrollaron. <\/p>\n
Destac\u00f3 que contrario a lo que pretende hacer ver la accionante, revisado el tr\u00e1mite se evidenci\u00f3 que, en efecto Libia Esther P\u00e9rez Vergara fue notificada del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, en tanto que, a folio 81 del expediente digital obra memorial radicado el 1\u00ba de diciembre de 2016, suscrito por ella en coadyuvancia con el apoderado de la parte demandante, mediante el cual informa al Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena que se da por notificada de la demanda y manifiesta que renuncia a t\u00e9rminos de traslado y para proponer excepciones y, solicita la suspensi\u00f3n del proceso por cuatro meses a fin de lograr un acuerdo de pago con su acreedor. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien, adem\u00e1s, de insistir en los argumentos iniciales, adujo que no pretende constituir una tercera instancia con la acci\u00f3n de tutela, sino reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos. (STC11845-2021, STC1526-2022 y STC7925-2022, entre otras). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Libia Esther P\u00e9rez Vergara cuestiona las decisiones proferidas por los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, el 25 de marzo y 2 de mayo de 2023, respectivamente, y a trav\u00e9s de las cuales negaron la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n que formul\u00f3 en el proceso ejecutivo iniciado por An\u00edbal Ochoa Toro en su contra. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino se advierte, que el an\u00e1lisis de la solicitud de amparo constitucional se circunscribir\u00e1 a la postura acogida por el fallador de segundo grado en providencia de 2 de mayo de 2023, pues con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado (CSJ. STC7301-3023). <\/p>\n
3. Ahora bien, revisado el mencionado pronunciamiento se advierte que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso plante\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si proced\u00eda la declaratoria de nulidad propuesta por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a la demandada, con fundamento en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, destac\u00f3 que, si bien la notificaci\u00f3n personal de la parte demandada se realiza de conformidad con lo estipulado en los art\u00edculos 291 y 292 ib\u00eddem, lo cierto es que para el caso estudiado, la se\u00f1ora Libia Esther P\u00e9rez Vergara acudi\u00f3 al proceso de manera voluntaria mediante escrito en el que se\u00f1al\u00f3 que se notificaba del mandamiento de pago y renunciaba al t\u00e9rmino para proponer excepciones y, junto al apoderado del ejecutante solicitaron la suspensi\u00f3n del proceso indicando que se pretend\u00eda lograr un acuerdo de pago. Al respecto expuso, <\/p>\n
(\u2026) Aquel documento, reposa en el expediente digitalizado en la p\u00e1gina 81, en el que consta la firma de la demandada debidamente [autenticada] ante la Notaria Quinta del Circuito de Cartagena que da fe p\u00fablica de la misma, por lo que claramente no se podr\u00eda se\u00f1alar que la demandada no ten\u00eda conocimiento del proceso. Aunado a que, las actuaciones realizadas con dicho documento corresponden a aquellos actos de disposici\u00f3n del litigio plenamente permitidos para las partes, por lo que, al estar facultado para hacerlo, gozan de plena validez dentro del proceso. <\/p>\n
La demandada pudo hacerse presente al proceso nuevamente despu\u00e9s de que este fuera reanudado, puesto que ten\u00eda conocimiento de causa que acontecer\u00eda as\u00ed al no haber llegado a un acuerdo de pago con el demandante, sin embargo, no lo hizo. <\/p>\n
Adicionalmente, el despacho no puede obviar el documento que aparece en la p\u00e1gina 91 del expediente digitalizado (\u00edtem 02), en el que la parte demandante solicita aplazamiento de audiencia de remate puesto que \u201cha llegado a un acuerdo de pago con la demandada dentro del proceso (\u2026) de no ser cumplida dicha obligaci\u00f3n solicitarle nuevamente fecha (\u2026)\u201d, situaci\u00f3n que corrobora lo anteriormente dicho\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a la causal de nulidad 4\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1alando que deb\u00eda revisarse si fue presentada en cumplimiento de lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 135 del Estatuto Procesal, que establece que la parte que alegue una nulidad debe tener legitimaci\u00f3n para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en los que se fundamenta, pudiendo aportar o solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas y solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada. <\/p>\n
Sobre lo anterior, advirti\u00f3 que no se evidenciaba que tal nulidad hubiese existido, puesto que, de la revisi\u00f3n del expediente, no se observaba que la parte demandante hubiese actuado sin apoderamiento o que los profesionales del derecho que en su momento la representaron no hayan tenido la calidad y facultades para hacerlo, como pretend\u00eda hacer ver la demandada. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, resolvi\u00f3 confirmar la providencia de 25 de marzo de 2022 del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, al no encontrar probada la nulidad alegada por la recurrente. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta en los razonamientos del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena que revele los defectos alegados por Libia Esther P\u00e9rez Vergara. <\/p>\n
Como viene de verse, ese Juzgado apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en las normas aplicables al caso y las pruebas obrantes en el expediente, de las cuales concluy\u00f3 que no se encontraron acreditadas las causales de nulidad planteadas por la ejecutada, en raz\u00f3n a que la misma ten\u00eda conocimiento del proceso ejecutivo adelantado en su contra, al que acudi\u00f3 manera voluntaria y mediante escrito se\u00f1al\u00f3 que se notificaba del mandamiento de pago y renunciaba al t\u00e9rmino para proponer excepciones, al punto que junto con el apoderado del demandante solicitaron la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite con la finalidad de lograr un preacuerdo, determin\u00f3 adem\u00e1s, que la parte demandante estuvo debidamente representada en el litigio. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Libia Esther P\u00e9rez Vergara a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se resalta que la diferencia de criterio que pudiera tener la solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
6. Ahora, ante la expectativa de la accionante para que en esta sede de efect\u00fae una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas en el proceso laboral cuestionado o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos probatorios. <\/p>\n
Asimismo, como lo ha reiterado esta Sala, la valoraci\u00f3n probatoria es donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (CSJ. STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021 y STC2622-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8143-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC8143-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2023-00352-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75561","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75561"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75561\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75561"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75561"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75561"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}