STC8144-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8144-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2023-00302-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luz Gabriela Cadavid Rico frente a la sentencia del 11 de julio de 2023, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado Octavo de Familia de esa misma ciudad, extensiva a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ejecutivo de alimentos No. 2022-00050. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 se deje sin efectos la sentencia proferida por el despacho judicial convocado, para que en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n, en la que se acojan sus pretensiones y se ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n conforme al auto de apremio. <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que el Juzgado querellado el 25 de octubre de 2019 dict\u00f3 sentencia de primera instancia que decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso que ostentaba con el se\u00f1or Rogelio Enrique Figueredo V\u00e9lez, en la que este \u00faltimo fue condenado a pagar alimentos en favor de la aqu\u00ed promotora, por haber sido declarado c\u00f3nyuge culpable de la ruptura del v\u00ednculo matrimonial, fij\u00e1ndose la suma de $2.000.000 mensuales, cuota que ser\u00eda exigible cuando la beneficiaria tuviera la custodia de sus hijos y, siempre que subsista su necesidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, en diciembre de 2021 instaur\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos, en la que la autoridad judicial accionada libr\u00f3 mandamiento de pago por las cuotas causadas desde el mes de julio a diciembre de 2021 y por las siguientes que se llegaran a causar. Notificado el ejecutado, propuso excepciones de m\u00e9rito las cuales se declararon probadas en la sentencia que se profiri\u00f3 el 27 de enero de 2023, por lo que se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo. <\/p>\n
Finalmente, agreg\u00f3 que la providencia enjuiciada adolece de defecto procedimental absoluto, pues desconoci\u00f3 lo previsto en los art\u00edculos 422, 430 y 442 del C\u00f3digo General del Proceso al declarar fundados medios exceptivos que no pueden ser propuestos en contra de ejecuciones cuyo t\u00edtulo base sea una sentencia y, al otorgar efectos retroactivos al veredicto del 03 de marzo de 2022 que accedi\u00f3 eximir del pago de alimentos a su ex c\u00f3nyuge. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, remiti\u00f3 el enlace del expediente y defendi\u00f3 la legalidad de sus determinaciones. La Procuradora 61 Judicial II de Familia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. Por su parte, el vinculado Rogelio Enrique Figueredo V\u00e9lez, se opuso a las pretensiones invocadas, para lo cual reiter\u00f3 que la obligaci\u00f3n ejecutada se encontraba sometida a una condici\u00f3n que no se cumpli\u00f3, lo que la hac\u00eda inexigible, tal y como lo reconoci\u00f3 la Juez de instancia al declarar probada la excepci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada al estimar que el prove\u00eddo objeto de censura obedeci\u00f3 a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Al respecto, adem\u00e1s de reiterar sus alegatos iniciales, sostuvo que el fallo de primer grado no consider\u00f3 que el Juzgador querellado fund\u00f3 su decisi\u00f3n en hechos inexistentes, en atenci\u00f3n a que sus ingresos no ascienden a la suma de $10.000.000, como erradamente all\u00ed se adujo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Delanteramente se anuncia que al confrontar la Sala el escrito inicial con las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observa la improcedencia de la protecci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que la determinaci\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Sobre el particular, es menester precisar que la inconformidad de la convocante deviene en que, al momento de proferir sentencia se acogieron los medios exceptivos propuestos por el ejecutado, los cuales difieren de los se\u00f1alados en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera que la obligaci\u00f3n cobrada se encuentra contenida en una providencia judicial, para lo cual agreg\u00f3 que el obligado se abstuvo de recurrir el mandamiento de pago, con el fin de discutir los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, conforme lo predica el art\u00edculo 430 del estatuto adjetivo, por lo que en su sentir la decisi\u00f3n atacada constituye una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que la sentencia que dirimi\u00f3 el juicio de exoneraci\u00f3n de cuota de alimentos promovido por el ejecutado, data del 03 de marzo de 2022, por lo que es a partir de esa fecha que la obligaci\u00f3n dej\u00f3 de existir y no antes, como quiera que dicha decisi\u00f3n no tiene efectos retroactivos. <\/p>\n
Pues bien, obs\u00e9rvese que el fundamento principal que utiliz\u00f3 el ejecutado para conculcar la pretensi\u00f3n de pago de la gestora, obedeci\u00f3 a la ausencia del requisito de exigibilidad de la prestaci\u00f3n requerida, como quiera que esta se encontraba sujeta a dos condiciones, en primer lugar, a que la querellante ostentara la custodia y cuidado personal de sus hijos y en segunda medida, que se encontrara vigente su necesidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sobre este punto, el despacho convocado encontr\u00f3 que no fue acreditado por la parte interesada la condici\u00f3n relacionada con la necesidad de percibir alimentos, para lo cual tuvo en cuenta las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior de Bucaramanga en el fallo que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la impulsora en contra del fallo cuya ejecuci\u00f3n adelant\u00f3, y adem\u00e1s lo resuelto por ese mismo estrado judicial en el tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de alimentos que gestion\u00f3 el se\u00f1or Rogelio Figueredo V\u00e9lez con radicado 2021-00288, el cual finaliz\u00f3 con providencia del 03 de marzo de 2022 que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n invocada. <\/p>\n
Lo anterior, le permiti\u00f3 a la Juzgadora interpretar el asunto para finalmente encontrar que la prestaci\u00f3n demandada no era exigible, conclusi\u00f3n que no se evidencia caprichosa ni arbitraria. Al respecto, mencion\u00f3 en las consideraciones para sustentar su veredicto que: <\/p>\n
\u00abNo obstante, hay que analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada y no aplicar a rajatabla el art\u00edculo 442 en su numeral segundo que dice que solamente proceden los procesos ejecutivos cuando el t\u00edtulo lo constituye una sentencia, las excepciones de pago confusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, por cuanto estas solamente se aplican siempre que basen las excepciones en hechos posteriores a la respectiva providencia. <\/p>\n
Es as\u00ed que el despacho para abordar el estudio de las excepciones planteadas por la pasiva, en aras de determinar si dan al traste con el mandamiento ejecutivo emitido por el despacho, tiene que iniciar el estudio de este caso en particular estudiando el t\u00edtulo que sirve de ejecuci\u00f3n para este proceso, encontrando que el t\u00edtulo ejecutivo es la sentencia que se emiti\u00f3 dentro del proceso de divorcio con radicado n\u00famero 534 del 2018 y 25 de octubre del 2019, donde el juzgado que presido, adem\u00e1s de decretar la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, resolvi\u00f3 lo atinente a la custodia, alimentos y visitas de los hijos en com\u00fan, estableciendo un r\u00e9gimen de custodia compartida por a\u00f1os donde cada progenitor estar\u00eda con los dos hijos menores durante un a\u00f1o indefinidamente; para ese momento el despacho inform\u00f3, dada la solicitud alimentaria de Luz Gabriela y as\u00ed se consagr\u00f3, en la parte resolutiva, que, Luz Gabriela tendr\u00eda una cuota alimentaria por la suma de $2 millones de pesos mientras tuviera la necesidad de esa cuota, de tal manera que hay que entrar a estudiar si Luz Gabriela ten\u00eda la necesidad de esa cuota alimentaria para los periodos que cobra en su demanda ejecutiva, es decir, desde julio del 2021 hasta que finalmente es exonerada de la cuota alimentaria para el mes de marzo del a\u00f1o 2022. <\/p>\n
Entonces, volviendo al an\u00e1lisis de si se cumple esa condici\u00f3n de la necesidad econ\u00f3mica con Luz Gabriela (\u2026) si bien en el proceso de divorcio se pudo probar la culpabilidad del demandado, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 en las consideraciones que para establecer la cuota alimentaria en favor de la c\u00f3nyuge no bastaba la culpabilidad sino la necesidad de los alimentos de esta, y el despacho en su momento hizo ese an\u00e1lisis encontrando que las necesidades particulares de Luz Gabriela estaban suplidas con sus ingresos, pero no obstante, dado el sistema de custodia compartida que aplic\u00f3 el despacho para la \u00e9poca en que la se\u00f1ora tuviera sus hijos para con ella, sus ingresos no le daban para suplir las necesidades de los menores en esa \u00e9poca en que ella tuviera los hijos consigo. Y por ello el despacho, profiri\u00f3 darle una cuota alimentaria a Luz Gabriela para las \u00e9pocas en que tuviera la custodia de los ni\u00f1os para que pudiera con esa cuota suplir las necesidades de sus hijos, no las propias. Lo que acarre\u00f3 que el Tribunal Superior de Bucaramanga en segunda instancia del proceso de divorcio modificara esa parte de la sentencia de primera instancia y optara en su lugar por establecer una cuota alimentaria para los menores. No pudiendo reformar la cuota alimentaria a favor de la se\u00f1ora Luz Gabriela por el principio de no reformatio in peius al haber sido apelante \u00fanica, o sea, por circunstancias eminentemente procesales dej\u00f3 la cuota alimentaria a favor de la se\u00f1ora Luz Gabriela. <\/p>\n
Por ello, esta sentencia de segunda instancia fue emitida el 20 de agosto de 2020, en consecuencia, para el despacho la necesidad de alimentos de Luz Gabriela cesa el 20 de agosto de 2020 cuando el Tribunal Superior de Bucaramanga le establece una cuota alimentaria a los menores, establecida esa cuota alimentaria en favor de los menores cesa la necesidad de Luz Gabriela de tener una cuota alimentaria, porque como bien se dijo en el fallo de primera instancia en el tr\u00e1mite de divorcio cuando se plasm\u00f3 la cuota a su favor, se estableci\u00f3 claramente que esa cuota era para que ella supliera las necesidades de sus hijos en el tiempo en el que ella los tuviera bajo su custodia de acuerdo al r\u00e9gimen de custodia compartida que aplic\u00f3 el despacho en esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, se aclara que el hecho de que se hubiera tramitado un proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria, el cual recalco inici\u00f3 el 16 de julio del a\u00f1o 2021, exactamente a partir de la fecha en que se empiezan a cobrar las cuotas alimentarias en este proceso. Desde ese momento, 16 de julio del 2021 la parte accionada, el se\u00f1or Rogelio Enrique Figueredo, solicit\u00f3 al despacho la exoneraci\u00f3n de la cuota porque a partir de ese momento empezaba otra vez la custodia de los ni\u00f1os con la madre Luz Gabriela y (\u2026) en ese proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos que si bien termina meses despu\u00e9s, se debati\u00f3 (\u2026) la necesidad econ\u00f3mica de Luz Gabriela para ese segundo semestre del 2021, y se demostr\u00f3 en ese proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos, b\u00e1sicamente con todo el material probatorio, y que sirvi\u00f3 de base para la presente porque fueron documentos tra\u00eddos como prueba trasladada por la parte pasiva, que en efecto Luz Gabriela para el a\u00f1o 2021 no ten\u00eda necesidad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Es m\u00e1s, en esa sentencia del proceso de exoneraci\u00f3n, el despacho pudo comprobar que Luz Gabriela ten\u00eda unos ingresos alrededor de los $10 millones de pesos con los que cubr\u00eda adem\u00e1s de los alimentos que le correspond\u00eda suministrarle a sus menores hijos, incluso las necesidades suntuarias como ir a restaurantes, recrearse, peluquer\u00eda, todos esos gastos extraordinarios se alcanzaban a cubrir, de tal manera que para el despacho se pudo probar en ese proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos que Luz Gabriela para el segundo semestre del 2021 no ten\u00eda necesidades econ\u00f3micas de ning\u00fan tipo. De tal manera que demostrado que no se cumpli\u00f3 la condici\u00f3n de la necesidad econ\u00f3mica que se plasm\u00f3 en el fallo que sirve de t\u00edtulo ejecutivo, no se hace exigible la obligaci\u00f3n alimentaria pretendida por Luz Gabriela en el presente proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pues bien, con las probanzas tra\u00eddas a este proceso que remontan del proceso de divorcio y del proceso de exoneraci\u00f3n de cuota que se tramit\u00f3 en este proceso y que pronunci\u00f3 la suscrita, para el despacho est\u00e1 m\u00e1s que probado que no se da la necesidad econ\u00f3mica establecida como condici\u00f3n en la sentencia que presta m\u00e9rito ejecutivo como ya bastamente se ha descrito en este fallo.\u00bb <\/p>\n
Con respecto al alegato que efect\u00faa la promotora, relacionado con el desconocimiento del art\u00edculo 430 del estatuto adjetivo, al disentir en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la autoridad judicial querellada de estudiar en la sentencia los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo, es procedente traer a colaci\u00f3n, que esta Corporaci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicho t\u00f3pico, ha predicado que: <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (\u2026), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026).<\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (\u2026), (STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01).<\/p>\n
De igual forma, tambi\u00e9n ha dejado claro la Corte que \u00abel deber-potestad del juez de revisar oficiosamente el t\u00edtulo ejecutivo tiene, por regla general, dos momentos espec\u00edficos: (i) al tiempo de dictar sentencia que resuelve excepciones de m\u00e9rito o (ii) al de proferir auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.\u00bb (STC6735-2023). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que, aunque la tutelante estime como un defecto procedimental el valorar los requisitos de exigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo al momento de proferir sentencia, en realidad ello obedece al cumplimiento del deber-potestad que la jurisprudencia decantada de esta Sala ha desarrollado en diferentes pronunciamientos. <\/p>\n
Frente a la denuncia que efect\u00faa la quejosa, seg\u00fan la cual afirma que sus ingresos mensuales no ascienden a la suma indicada por el estrado judicial en el prove\u00eddo cuestionado, es necesario indicar que tal aspecto no fue debatido por aquella ante el Juez natural, como quiera que no aport\u00f3 evidencia alguna que demostrara lo contrario al descorrer traslado de las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte pasiva, pese a que como pruebas documentales de la contestaci\u00f3n de la demanda, obraban apartes del proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos con radicado 2021-00288, de las cuales eman\u00f3 la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la Juzgadora de instancia. Mem\u00f3rese que el presente amparo no es el mecanismo id\u00f3neo para reabrir una oportunidad procesal que fue omitida por la precursora. <\/p>\n
Corolario a lo anterior, las quejas propuestas reflejan el disentimiento de la tutelante frente a las razones en que la autoridad accionada se fund\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, las cuales no resultan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico y el hecho de que la impulsora discrepe de esa decisi\u00f3n, no torna exitoso el resguardo, pues, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (STC4330-2021). <\/p>\n
Bajo ese marco puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente caso es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego, en tanto la Corte ha establecido que este amparo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC8546-2022 y STC448-2023, entre otras). <\/p>\n
En suma, se ratificar\u00e1 la sentencia recurrida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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