STC8154-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8154-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00356-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Mondol Martelo contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2012-00196. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
El 2 de octubre de 2003, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Humberto Verhelst Anzoategui y en contra de Wilson Mondol Martel, aqu\u00ed interesado, y, Dilsa del Carmen Romero Meza, por la suma de dinero contenida en la letra de cambio allegada con la demanda, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 24 de noviembre de 2005. <\/p>\n
Luego de un complejo trasegar procesal debido a varias nulidades reclamadas por la parte demandada, y, del cambio de la autoridad cognoscente ante el impedimento manifestado por la titular del juzgado de origen, por auto del 2 de mayo de 2022 se tuvo finalmente por notificado por conducta concluyente al se\u00f1or Mondol Martelo, quien interpuso sin \u00e9xito recurso de reposici\u00f3n contra la orden de apremio, pues mediante prove\u00eddo del 16 de junio de 2023, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad dispuso mantener lo dispuesto, determinaci\u00f3n que el obligado pidi\u00f3 aclarar y adicionar, lo que fue negado por auto del 30 de junio siguiente. <\/p>\n
Considera el promotor constitucional que la actuaci\u00f3n del juzgado accionado quebranta sus garant\u00edas esenciales, pues se libr\u00f3 orden de pago por fuera del criterio que ven\u00eda manejando, pues \u00aben m\u00faltiples autos sent\u00f3 su criterio en cuanto a negarse a dictar mandamiento de pago si el demandante en los ejecutivos no discriminaba exhaustivamente, mes por mes el valor de los intereses, la tasa a aplicar etc. a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb; as\u00ed como, cuando el demandante \u00abno determin[a] el domicilio\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abdeje sin efectos la providencia que desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por mi persona contra el mandamiento de pago\u00bb, para que, en su lugar, la autoridad judicial convocada \u00abaplique sus tesis de vieja data\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Sexta Civil del Circuito de Cartagena efectu\u00f3 un recuento de lo acontecido en el coercitivo en cuesti\u00f3n y defendi\u00f3 la providencia atacada, mediante la cual decidi\u00f3 no reponer el mandamiento de pago criticado, por cuanto \u00aben principio este despacho ha sostenido que es imperioso que al formular su demanda, la parte demandante determine con claridad y de manera precisa sus pretensiones, por lo que en determinados asuntos, dadas sus particulares caracter\u00edsticas, en el auto inadmisorio se ped\u00eda que se determinara con precisi\u00f3n la pretensi\u00f3n atinente a los intereses. Maxime (sic) si de su cuantificaci\u00f3n pend\u00eda la competencia para conocer el asunto por el factor cuant\u00eda. Sin embargo, en una oportunidad el Honorable tribunal superior de Distrito judicial revoco (sic) uno de los prove\u00eddos dictados por este Despacho, y respecto de tal punto sostuvo la facultad que tiene el juez de efectuar la liquidaci\u00f3n, desde luego atendiendo a los par\u00e1metros legales que regulan el asunto\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al concluir que el pronunciamiento rerpochado se advierte razonable, pues el juzgado accionado \u00abesgrime argumentos en los que no se observa una desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, conclusiones antojadizas o caprichosas, que conlleven a estimar la existencia de alg\u00fan defecto que haga viable la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. A lo que agreg\u00f3: \u00abEn esa medida, pese a lo se\u00f1alado por la parte actora en su escrito tutelar, el cambio de postura del despacho en relaci\u00f3n con los requisitos para librar mandamiento ejecutivo, est\u00e1 razonablemente justificado, de tal suerte que, mal podr\u00eda decirse que en su decisi\u00f3n se afectaron garant\u00edas fundamentales como las que aqu\u00ed se invocan\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, sin esgrimir argumentos adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas, al no reponer el mandamiento de pago librado en contra del querellante y a favor de Humberto Verhelst Anzoategui (n\u00ba 2012-00196). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 la colegiatura en primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional, tal y como pasa a verse. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena decidir en auto del 16 de junio de 2023: \u00abNO REPONER el auto de fecha 02 de octubre de 2003 por medio del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago dentro del presente proceso\u00bb, comenz\u00f3 por precisar las quejas endilgadas por recurrente, aqu\u00ed interesado, es decir, \u00abque se haya librado mandamiento de pago con una letra de cambio que no viene firmada por el girador ya que seg\u00fan su criterio esto deviene en inexistencia del t\u00edtulo por estar afectado de ineficacia jur\u00eddica; (\u2026) el demandante omiti\u00f3 concretar la suma de dichos intereses de forma expresa, puntual y clara desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta el momento de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n; (\u2026) Tambi\u00e9n le duele que se haya librado mandamiento de pago con una demanda que no se\u00f1ala cual es el domicilio de los demandados. Y por \u00faltimo confut\u00f3 la orden de pagar intereses al 2,5% que dio el Despacho en el auto que recurre, ya que, seg\u00fan su parecer jur\u00eddico, no se adecua a nuestro ordenamiento jur\u00eddico debido a que no est\u00e1 acorde con el se\u00f1alamiento de la \u00e9poca de las tasas m\u00e1ximas se\u00f1aladas por la superintendencia bancaria de la \u00e9poca y precis\u00f3 que, si bien el demandante pidi\u00f3 esa tasa, en la letra no aparece tasa ninguna\u00bb. <\/p>\n
Luego, la juzgadora fij\u00f3 la tesis frente a cada uno de los problemas jur\u00eddicos planteados, para sostener que \u00abLa falta de firma del girador de una letra de cambio, no aniquila su car\u00e1cter ejecutivo\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u00ab Hecha la anterior referencia sobre los requisitos, tanto generales de los t\u00edtulos valores, como particulares de la letra de cambio, encaminado a dar respuesta al problema jur\u00eddico, se detendr\u00e1 el Despacho de manera especial en dos de ellos, en primer lugar, se har\u00e1 una precisi\u00f3n frente a la condici\u00f3n de girado11, y en segundo lugar, al requisito que hace referencia a que la firma del creador del t\u00edtulo debe estar contenida en el mismo12, con unas consideraciones especiales para cuando el t\u00edtulo valor del que se trata es una letra de cambio\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En cuanto a la condici\u00f3n de girado o librado, hay que se\u00f1alar, como lo hace tambi\u00e9n la Corte, que en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 676 de nuestro C\u00f3digo de Comercio14, la figura de girador y girado pueden confluir en una misma persona, es decir, puede suceder que el girador o librador de una letra de cambio sea el mismo girado, caso en el cual, se tratar\u00e1 entonces de una letra a cargo del mismo girador15 y, en consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en el art\u00edculo 676 en comento, el girador (que a su vez es el girado), quedar\u00e1 obligado como aceptante. <\/p>\n
Siguiendo lo recientemente dicho, la Corte en la decisi\u00f3n en comento precisa que \u201cen todos los casos en que la letra de cambio carezca de la firma del acreedor como creador, no es jur\u00eddicamente admisible considerar inexistente o afectado de ineficacia el t\u00edtulo valor, cuando el deudor ha suscrito el instrumento \u00fanicamente como aceptante, porque de conformidad con el precepto antes citado (art\u00edculo 676 del C\u00f3digo de Comercio), debe suponerse que hizo las veces de girador, y en ese orden, la imposici\u00f3n de su firma le adscribe las dos calidades: la de aceptante \u2013 girado y la de girador \u2013 creador\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, se concluye de cara al problema jur\u00eddico planteado, que el hecho de que la firma del creador de la letra de cambio no aparezca en el sitio destinado para ello, pero s\u00ed en el espacio de \u201caceptaci\u00f3n\u201d, no deriva ni en la inexistencia ni en la ineficacia del mencionado t\u00edtulo valor, pues se entiende, de conformidad con la interpretaci\u00f3n de la Corte, que la figura del girador y el girado, en ese caso, confluyen en una misma persona\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que, si bien \u00abel numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 75 del antiguo c\u00f3digo de ritualidades civiles, impon\u00eda al libelista de demanda, la carga de la precisi\u00f3n y la claridad a la hora de formular las pretensiones que plasmaba en el acto procesal que se comenta, dicha exigencia guarda estrecha relaci\u00f3n con varios momentos del proceso, en principio, tener claras las pretensiones, orienta a una adecuada determinaci\u00f3n de la competencia tanto por parte del demandante como del Juez que estudia la demanda, as\u00ed mismo permite que la sentencia cubra la tutela jurisdiccional efectiva, en el sentido de ser congruente con lo que realmente quiere o persigue el demandante con el proceso\u00bb, no es menos cierto que, \u00abel art\u00edculo 497 del CPC, prescribe que el Juez puede librar mandamiento de pago de la forma pedida por el ejecutante o de la manera que considere legal; en este entendido de cosas, debe tenerse entonces, que es deber del Juez antes de librar mandamiento de pago, revisar todos y cada uno de los valores propuestos por el demandante en el escrito genitor y percatarse si estos corresponden a la meridiana realidad que el titulo base de ejecuci\u00f3n o las normas supletivas le indican\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abcomo bien lo advierte el recurrente, en el titulo ejecutivo base de la presente ejecuci\u00f3n, las partes no convinieron el monto de los intereses que se iban a pagar en caso de retardo, ni la tasa con base en la que se determinar\u00edan, en el evento de incumplimiento o mora en el pago; siendo entonces pertinente activar el car\u00e1cter supletivo de la ley mercantil, para dar aplicaci\u00f3n a lo que norm\u00f3 el legislador en el art\u00edculo 884 del c\u00f3digo de comercio, que arrojar\u00eda como resultado de la liquidaci\u00f3n de intereses moratorios desde la fecha del incumplimiento hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, la suma de veinticinco millones quinientos nueve mil seiscientos setenta y tres pesos con sesenta y un centavos M\/cte. ($25.509.673,61), como a continuaci\u00f3n se aprecia: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Dicho valor sumado al del capital de $25.000. 000.oo arrojar\u00eda un valor total de las pretensiones de $50.509.673,61, que, para las \u00e9pocas, correspond\u00eda a la mayor cuant\u00eda y por lo tanto facultaba al Despacho para conocer del proceso y librar el correspondiente mandamiento de pago como en efecto se hizo en prove\u00eddo del 02 de octubre de 2003. <\/p>\n
Considera el Despacho necesario, poner de presente de manera anticipada un tema del que m\u00e1s adelante se ahondara, y es lo referente a los intereses liquidados de la manera que se orden\u00f3 en el auto recurrido, con base en lo dicho por el demandante en el escrito de reforma a la demanda que present\u00f3 el d\u00eda 22 de septiembre de 2003, dichos moratorios en la proporci\u00f3n de 2.5% mensual que convertido a la tasa efectiva a anual, ser\u00eda del 30,00%, arrojar\u00edan el valor de veintitr\u00e9s millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos M\/cte. ($23.333.333,33) para el periodo desde el incumplimiento hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, valor que sumado al capital, tambi\u00e9n superar\u00eda la mayor cuant\u00eda de la \u00e9poca. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, entonces se concluye como anteriormente se enunci\u00f3, que en el presente caso la omisi\u00f3n por parte del demandante de liquidar los intereses que depreca en la demanda, no disminuye el m\u00e9rito de tal acto procesal como iniciador de este proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Ahora, sobre no haberse indicado en el libelo el domicilio de los demandados, puso de presente que, \u00ab El numeral 2\u00b0 del articulo (sic) 75 del CPC, exige que en toda demanda se indique el domicilio del demandante y demandado, y que a falta de domicilio se exprese su lugar de residencia; considera el Despacho que dicho requisito se colma en la demanda que se revisa, cuando el demandante aporta las direcciones de notificaci\u00f3n personal del demandante, de su apoderado y la de los demandados. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas y sin lugar a mayores disquisiciones se concluye que si bien no se indica expresamente el domicilio de los demandados, con sus direcciones de notificaci\u00f3n, se satisface el requisito alternativo, que es el lugar de residencia de estos, por lo que dicho reparo no estar\u00e1 llamado a prosperar\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, en lo referente al pago ordenado de los intereses moratorios, precis\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que se instrument\u00f3 en el auto del 02 de octubre de 2003 se bas\u00f3 en la solicitud que hizo el demandante en el escrito de reforma a la demanda que present\u00f3 el 22 de septiembre de 2003, referente a que los intereses moratorios fueran liquidados al 2.5% mensual, tasa que confrontada con la m\u00e1xima legal indicada por la autoridad competente de la \u00e9poca, resulta m\u00e1s favorable al ejecutado, por no superar los topes indicados por el art\u00edculo 884 del c\u00f3digo de comercio, lo que seguramente llev\u00f3 a que el Fallador de turno amparado en el art\u00edculo (sic) 497 del CPC, librara el mandamiento de pago de la forma solicitada por el ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir, que ninguno de los reparos expuestos por el ejecutado \u00abest\u00e1 llamado a generar modificaci\u00f3n alguna sobre el mandamiento de pago librado dentro del presente proceso\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, la juez accionada tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas obrantes en el expediente para examinarlas y darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 muy. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es hacer valer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8154-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8154-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00356-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}