STC8157-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01280-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Edilma Rosa Osorno, a trav\u00e9s de apoderado, frente al fallo proferido el 4 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela por ella promovida contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n de la SL1249 de 2022, en la cual se decidi\u00f3 no casar la sentencia proferida por en el proceso ordinario laboral 2016-01260. <\/p>\n
2. Constituyen hechos relevantes para el caso que nos ocupa, los siguientes: <\/p>\n
2.1. La aqu\u00ed accionante interpuso demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones con el prop\u00f3sito de obtener pensi\u00f3n de sobrevivientes, causada por quien en vida fuere su c\u00f3nyuge Luis Fernando Mesa Moreno o, el retroactivo incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios y las costas; esto, en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pretensiones que fueron acogidas condenando as\u00ed a la demandada a su pago. <\/p>\n
2.2. En grado de Consulta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn revoc\u00f3 la condena propuesta, lo que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N.\u00b0 3 resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues encontr\u00f3 ajustada al marco legal aplicable los razonamientos all\u00e1 esgrimidos para negar el beneficio pensional, esto es que Edilma Osorno no acredit\u00f3 que (i) estuvo haciendo vida marital con el causante (por lo menos desde el momento en que \u00e9ste cumpli\u00f3 con los requisitos para tener derecho a una pensi\u00f3n de vejez o invalidez y hasta su muerte), y (ii) haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o m\u00e1s hijos con el pensionado fallecido. <\/p>\n
3. En consecuencia, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n confutada (SL1249-2022). <\/p>\n
Aduce la accionante que la decisi\u00f3n demandada en sede de tutela [d]e haber analizado el caso de la actora, la CSJ hubiese evidenciado que, a pesar de que la demandante y el causante resid\u00edan en domicilios diferentes, lo cierto era que hab\u00edan mantenido los lazos afectivos y su relaci\u00f3n se hab\u00eda conservado vigente sin que en ning\u00fan momento hubiesen tenido la intenci\u00f3n de dejar de compartir sus vidas. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia por ella proferida. Destac\u00f3 que, la providencia emitida no fue caprichosa, y aunque se pueda disentir de la misma, no implica la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de la parte accionante si lo dispuesto se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, como efectivamente sucedi\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medell\u00edn remiti\u00f3 copia del expediente digital dentro del proceso ordinario laboral de referencia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que el asunto carec\u00eda de inmediatez, toda vez que entre la decisi\u00f3n criticada y la tutela formulada transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o y dos meses, as\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada no se observaba caprichosa o irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 lo expuesto en su escrito genitor, manifest\u00f3 que la Sala accionada incurri\u00f3 en una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la ley 100 de 1993, respecto al tiempo que se exige de convivencia entre compa\u00f1eros permanentes para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la cuestionada providencia de 20 de abril de 2022 (SL1249-2022), no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, fundament\u00f3 la improcedencia de la pensi\u00f3n de sobreviviente en favor de la accionante, toda vez que no se encontr\u00f3 acreditado el tiempo de convivencia hasta la fecha del deceso del afiliado causante, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Desde el punto de vista f\u00e1ctico, la censura cuestiona la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual, no encontr\u00f3 acreditado el requisito de la convivencia hasta la fecha del deceso del afiliado; y desde la \u00f3ptica jur\u00eddica, sostiene que el colegiado de instancia interpret\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, al exigirle a la demandante probar haber convivido con el causante por lo menos en los dos a\u00f1os anteriores a su deceso. <\/p>\n
En cuanto a los yerros endilgados por la v\u00eda indirecta sustentados en la falta de valoraci\u00f3n probatoria de la demanda y su contestaci\u00f3n, cumple precisar, que a pesar de que la actora afirma en aquella pieza procesal que no viv\u00eda junto a su c\u00f3nyuge al momento de su fallecimiento por cuanto este resid\u00eda en Bogot\u00e1 por razones de trabajo, tal como se expres\u00f3 en los hechos 4 y 5, tal aseveraci\u00f3n ri\u00f1e con la expuesta en el hecho d\u00e9cimo segundo de la misma pieza procesal en la que la misma demandante adujo que ella y su c\u00f3nyuge \u00abconvivieron de manera ininterrumpida hasta el d\u00eda 28 de junio de 1994, fecha de fallecimiento del se\u00f1or Mesa. Dicha convivencia siempre se dio de manera real, efectiva e ininterrumpida\u00bb (resaltado propio). <\/p>\n
De la investigaci\u00f3n administrativa realizada por la entidad pensional, debe advertir la Sala que se trata de un documento proveniente de terceros en la que no obra firma de la accionante, por tanto, su naturaleza en sede extraordinaria corresponde a la de un documento declarativo emanado de terceros y, por ende, no es prueba calificada ni apta para soportar alguno de los yerros endilgados al ad quem. <\/p>\n
En el cargo, se alude al interrogatorio de parte absuelto por la recurrente, en el que dio cuenta que convivi\u00f3 con el afiliado desde que casaron y que a pesar de que aquel se fue a laborar a Bogot\u00e1, se comunicaban por cartas y por tel\u00e9fono m\u00e1s o menos cada 15 d\u00edas, que \u00e9l iba a Medell\u00edn cada 3 o 4 meses y se quedaba 3 o 4 d\u00edas en su casa y que nunca se separaron, manifestaciones que no cumplen los requisitos del art\u00edculo 191 del CGP para ser tenidas como confesi\u00f3n, medio de prueba s\u00ed h\u00e1bil, para soportar un cargo en casaci\u00f3n laboral, pues ning\u00fan pasaje conllevan una declaraci\u00f3n que perjudique a la absolvente o que beneficie a la parte contraria, \u00fanica posibilidad para que se configure la prueba calificada. <\/p>\n
Para demostrar los desatinos en los que supuestamente incurri\u00f3 el Tribunal, alude a los testimonios rendidos dentro del juicio; no obstante, la Sala no se adentrar\u00e1 a su estudio en sede de casaci\u00f3n al no encontrarse previamente acreditado un error de hecho protuberante o manifiesto, con alguna de las calificadas como son, el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n ocular, seg\u00fan la restricci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995. <\/p>\n
Ahora bien, desde el plano de puro derecho, el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, norma vigente al momento del deceso de Luis Fernando Mesa Moreno, se\u00f1ala: <\/p>\n
Art\u00edculo 47. Beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes: <\/p>\n
a) En forma vitalicia, el c\u00f3nyuge o la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite. <\/p>\n
En caso de que la pensi\u00f3n de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el c\u00f3nyuge o la compa\u00f1era o compa\u00f1ero permanente sup\u00e9rstite, deber\u00e1 acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante (por lo menos desde el momento en que \u00e9ste cumpli\u00f3 con los requisitos para tener derecho a una pensi\u00f3n de vejez o invalidez y hasta su muerte), y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) a\u00f1os continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o m\u00e1s hijos con el pensionado fallecido;..\u201d.(El texto entre par\u00e9ntesis fue el declarado inexequible mediante sentencia C-1176 de 2001 de la Corte Constitucional). <\/p>\n
En punto a la ex\u00e9gesis que debe darse a dicho precepto, esta Corporaci\u00f3n en sentencia CSJ SL, 5 abr. 2005, rad. 22560, reiterada, entre otras, en la CSJ SL, 16 feb. 2010, rad. 34648 y CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 41625, sostuvo que la convivencia m\u00ednima de los 2 a\u00f1os que consagr\u00f3 la citada norma, no ha de entenderse s\u00f3lo para la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada por la muerte del pensionado, sino que tal exigencia tambi\u00e9n debe predicarse respecto a los beneficiarios del afiliado que fallece. <\/p>\n
En esta \u00faltima decisi\u00f3n indic\u00f3 que el requisito de la convivencia al momento de la muerte del asegurado, era indispensable para definir el derecho de los beneficiarios tanto del pensionado como del afiliado, por varias razones, a saber: <\/p>\n
(i) s\u00ed el mencionado inciso se refer\u00eda espec\u00edficamente al \u201cpensionado\u201d, era para efectos de establecer que la convivencia deb\u00eda darse necesariamente, por lo menos, desde el momento en que \u00e9ste hab\u00eda adquirido el derecho a la pensi\u00f3n; (ii) s\u00ed el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, estableci\u00f3 como beneficiarios de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indistintamente, a los \u201cmiembros del grupo familiar\u201d del PENSIONADO o AFILIADO fallecido, no se ve\u00eda raz\u00f3n para que el art\u00edculo 47 ib\u00eddem consagrara una discriminaci\u00f3n respecto a los beneficiarios de uno u otro, distinta a la que surg\u00eda de la simple condici\u00f3n de ser pensionado o no, y que a la postre result\u00f3 eliminada por la Corte Constitucional; (iii) se entiende como \u201cmiembros del grupo familiar\u201d, a quienes mantuvieran vivo y actuante su v\u00ednculo \u201c\u2026mediante el auxilio mutuo, entendido como acompa\u00f1amiento espiritual permanente, apoyo econ\u00f3mico y vida en com\u00fan, entendida \u00e9sta, a\u00fan en estados de separaci\u00f3n impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podr\u00edan ser las exigencias laborales o imperativos legales o econ\u00f3micos, lo que implica necesariamente una vocaci\u00f3n de convivencia, que indudablemente no existe respecto de aquellos que por m\u00e1s de veinticinco a\u00f1os permanecieron separados de hecho, as\u00ed en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condici\u00f3n de c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero (a) permanente, hubieren procreado hijos\u201d; y (iv) tal precepto, cuando se refiere al \u201cpensionado\u201d, como se dijo lo hace \u00fanicamente para fijar el t\u00e9rmino inicial en que debe contarse la convivencia con el causante, m\u00e1s no como excluyente de quienes tan solo ten\u00edan al momento de fallecer la condici\u00f3n de \u201cafiliado\u201d, ya que en estos dos eventos debe existir igual tratamiento, por ser los mismos beneficiarios los que integran el grupo familiar. <\/p>\n
De otra parte, cierto es que esta Corporaci\u00f3n ha aceptado que, la convivencia entre c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes no desaparece por la sola ausencia f\u00edsica de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o econ\u00f3micos etc, (CSJ SL, 8 oct. 2008, rad. 33912, CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 39316, y CSJ SL, 28 de oct. 2009, rad. 34899, CSJ SL10708-2017); no obstante, aunque la separaci\u00f3n a que se vio avocada la pareja Mesa Osorno, que los oblig\u00f3 a vivir durante los \u00faltimos a\u00f1os del afiliado en ciudades diferentes, obedeci\u00f3 a motivos justificables, como se acept\u00f3 en juicio, lo que ech\u00f3 de menos el juzgador y no se acredit\u00f3 fue la comunidad de vida y la vocaci\u00f3n de la vida en com\u00fan a pesar de la distancia la que, como se analiz\u00f3 con antelaci\u00f3n no fue acreditada en juicio por la parte actora. <\/p>\n
En este orden de ideas y como las razones que esgrime la recurrente no conducen a modificar el actual criterio de la Corte, el mismo se reitera y mantiene en el sub lite, sin que la postura adoptada en la \u00absentencia 40055, del 29 de noviembre de 2011\u00bb, que la censura invoca a su favor en el segundo cargo, se ajuste al caso en discusi\u00f3n, en la medida que all\u00ed se abord\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero bajo el an\u00e1lisis de la reforma introducida por el art\u00edculo 13 de Ley 797 de 2003, norma que no es aplicable al asunto en controversia, toda vez que el causante falleci\u00f3 el 28 de julio de 1994. <\/p>\n
Lo dicho en precedencia, es suficiente para concluir que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos y jur\u00eddicos endilgados, por ende, los cargos no prosperan. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como tambi\u00e9n de la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, concluyendo que, la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada abord\u00f3 las normas aplicables de conformidad con la legislaci\u00f3n laboral vigente. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no haya recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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