STC8159-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8159-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00193-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 17 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rubiel de Jes\u00fas Tob\u00f3n Tob\u00f3n contra el Juzgado Primero de Familia de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez como interviniente en el tr\u00e1mite incidental de desacato radicado n\u00ba 2022-00502. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial convocada.<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
1. Ante el juzgado cuestionado, el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez (rad. n.\u00b0 2022-00502), por \u00ab[haber] emitido un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos (\u2026), ya que no hab\u00eda valorado la totalidad de mis patolog\u00edas y que no hab\u00eda tenido en cuenta que (\u2026) nunca labor\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sede de impugnaci\u00f3n, se profiri\u00f3 fallo que revoc\u00f3 el de primera instancia, concediendo el amparo deprecado y ordenando a la junta de calificaci\u00f3n querellada que \u00abresuelva la apelaci\u00f3n formulada contra el dictamen N\u00b0095003-2021, de 31 de julio de 2021, proferido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia\u00bb, precisando que \u00abpara efectos de determinar su rol ocupacional y la fecha de estructuraci\u00f3n de la eventual invalidez, considerar\u00e1 que ese hito \u201cest\u00e1 \u00edntimamente ligada a las circunstancias del trabajo desempe\u00f1ado y las condiciones de salud f\u00edsica o mental de la persona, que le impidieron seguir laborando\u201d, en su caso, que nunca labor\u00f3 y que es una persona, de 63 a\u00f1os, analfabeta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A partir de lo anterior, afirma el promotor que la entidad cuestionada cumpli\u00f3 parcialmente lo impuesto, pues \u00absi bien (\u2026) realiz\u00f3 los ex\u00e1menes que le permitieron [hacer] la valoraci\u00f3n cognitiva, no realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n ordenada y plenamente indicada por el Tribunal con relaci\u00f3n a la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL, ya que dej\u00f3 por sentada como fecha de estructuraci\u00f3n el 17\/08\/2022 sustentada (\u2026) con la fecha en la cual se le realiz\u00f3 examen de agudeza visual y campimetr\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Bajo ese entendido, dice que present\u00f3 incidente de desacato ante el despacho encartado; sin embargo, tras adelantar el tr\u00e1mite de rigor, dio por acatado el fallo \u00aby por ende declara el cierre del incidente\u00bb, pasando por alto el verdadero problema jur\u00eddico, toda vez que \u00ab[d]esde el a\u00f1o 2019, vengo tratando de acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente de mi padre, ya que nunca trabaje y tengo en la actualidad 63 a\u00f1os (\u2026) [y] si bien la Sala Tercera de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el d\u00eda 28 de noviembre de 2022 emiti\u00f3 un Fallo en el cual abarc[\u00f3] a fondo el problema jur\u00eddico y lo desarroll[\u00f3] de forma integral, (\u2026) [y] concedi\u00f3 todo lo que buscaba, no fue suficiente para que el JUZGADO (\u2026) entendiera la finalidad del mismo (\u2026) y sin el m\u00ednimo estudio argumenta que se dio cumplimiento a lo ordenado por el superior\u00bb, cuando \u00absolo se realizaron unos ex\u00e1menes que permitieron modificar el porcentaje de PCL pero nunca se tom\u00f3 en cuenta lo ordenado por el Tribunal con relaci\u00f3n a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene al juzgado accionado \u00abadoptar una nueva decisi\u00f3n con relaci\u00f3n al Incidente de Desacato (\u2026), a efectos de que esta sea congruente con la decisi\u00f3n del juez de tutela\u00bb e igualmente, \u00abse ordene el cumplimiento a la accionada JNCI del fallo de tutela con relaci\u00f3n a la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero de Familia de Itag\u00fc\u00ed remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital y destac\u00f3 el car\u00e1cter excepcional de tutela contra providencias judiciales, subrayando que \u00ablo pretendido por la parte actora es que a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n se ordene el cumplimiento de una orden en sede tutela, supuestamente incumplida, pero trae a colaci\u00f3n circunstancias con las que finalmente est\u00e1 atacando un dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral y que [pretende] sea cambiado por orden de tutela, teniendo para ello otras acciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
Con todo, agreg\u00f3 que \u00aben el tr\u00e1mite incidental se garantizaron los derechos fundamentales de las partes, puesto que se agotaron todas las etapas pertinentes, (\u2026) [siendo] debidamente notificadas (\u2026). Igualmente, de la decisi\u00f3n final [criticada], se realiz\u00f3 el an\u00e1lisis pertinente que concluy\u00f3 en determinar que la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez hab\u00eda dado cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela, puesto que (\u2026) procedieron a realizar nuevamente las valoraciones m\u00e9dicas y con ello emitieron un nuevo dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, realizando la argumentaci\u00f3n respectiva (\u2026), [y frente a] la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez tambi\u00e9n realizaron el an\u00e1lisis pertinente y presentaron las aclaraciones respectivas dentro del tr\u00e1mite del incidente de desacato con que respaldaron la definici\u00f3n de este \u00edtem\u00bb. <\/p>\n
2. La Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez empez\u00f3 por afirmar que dio cumplimiento al fallo de tutela que se le endilga, toda vez que \u00abemiti\u00f3 el dictamen del accionante (\u2026), en cumplimiento al articulado No 40 del Decreto 1352 del 2013, unificado por el Decreto 1072 de 2015, (\u2026)\u00bb y precis\u00f3 que, en el an\u00e1lisis all\u00ed efectuado, \u00abcontest\u00f3 todos y cada uno de los puntos planteados en los recursos de apelaci\u00f3n presentados por el accionante logrando evidenciar que (\u2026) procedi\u00f3 a actuar en derecho, garantizando la protecci\u00f3n de los derechos del accionante, realizando todo lo concerniente bajo la normatividad legal vigente de acuerdo a la historia cl\u00ednica aportada en el expediente [y] a partir del estado de salud que presentaba el paciente al momento de su evaluaci\u00f3n\u00bb y que, en caso de inconformidad, el interesado puede acudir a la revisi\u00f3n de la calificaci\u00f3n o ante la jurisdicci\u00f3n laboral. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo invocado al concluir que \u00abninguna glosa puede enrostrarse a la juez accionada, como violatoria o amenazante de derechos fundamentales del accionante puesto que, en primer lugar, surti\u00f3 el decurso previsto en los art\u00edculos 52 del Decreto 2591 (\u2026), para, finalmente y tras encontrar que no hab\u00eda lugar a imponer sanci\u00f3n alguna, as\u00ed lo pronunci\u00f3 en el auto del 23 de junio de 2023 cuestionado por el incidentista y hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, frente a la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral que es debatida, puntualiz\u00f3 que \u00ab[e]l dictamen fechado el 11\/05\/2023, de cara a la orden impartida, cumple con los criterios de la misma, tal y como lo fundament\u00f3 la juez accionada en la providencia del 23 de junio de 2023 y para as\u00ed concluirlo, basta con remitirse a su contenido, (\u2026), por lo tanto la decisi\u00f3n de no sancionar al representante legal de la entidad accionada, no luce arbitraria, caprichosa ni antojadiza y por el contrario la encuentra esta Corporaci\u00f3n ajustada a derecho, m\u00e1s cuando en parte alguna de la sentencia de tutela que se adujo incumplida se indic\u00f3 o siquiera insinu\u00f3, cu\u00e1l deber\u00eda ser la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, puesto que, dicho aspecto compete de manera exclusiva a la entidad calificadora. Lo que aqu\u00ed se evidencia es m\u00e1s bien que se trata de una nueva inconformidad frente a la experticia, que en manera alguna puede ser dilucidada v\u00eda tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos del escrito inicial y cuestion\u00f3 \u00abc\u00f3mo es posible que determinen una fecha de estructuraci\u00f3n de hace solo un a\u00f1o cuando tiene todo el soporte probatorio y argumentaron en los dict\u00e1menes (\u2026) todas mis limitaciones\u00bb, que le han impedido trabajar, leer, escribir, etc., debiendo adem\u00e1s vivir al cuidado de parientes. <\/p>\n
Finalmente, dijo que, por su edad y condici\u00f3n m\u00e9dica, no resulta aceptable acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Itag\u00fc\u00ed vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas por el actor, al abstenerse de imponer sanci\u00f3n al representante legal de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, dentro del incidente de desacato adelantado por el presunto incumplimiento del fallo de tutela emitido, en segunda instancia, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 17 de enero de 2023, en el asunto rad. n.\u00b0 2022-00502. <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela contra actuaciones surtidas en incidentes de desacato. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, porque \u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, [y] no se considera procedente ning\u00fan otro diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), [pues] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC1212-2023, 15 feb., rad. 02751-01). <\/p>\n
Sin embargo, la decisi\u00f3n que define el tr\u00e1mite incidental, puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y que \u00abla procedibilidad del amparo contra las providencias proferidas en el curso del incidente de desacato es entonces de car\u00e1cter excepcional, y para que se configure es preciso (i) que se verifique el cumplimiento de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, y (ii) que se acredite la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad\u00bb (CC T-482\/13). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al reclamo constitucional y con vista en las copias de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n deprecada, por cuanto no avizora que en el procedimiento y definici\u00f3n del incidente de desacato se configure yerro espec\u00edfico de procedibilidad con virtud de quebrantar lo resuelto. <\/p>\n
3.1. En efecto, la razonabilidad de la decisi\u00f3n adoptada por el despacho encartado el pasado 23 de junio, consistente en no sancionar a V\u00edctor Hugo Trujillo Hurtado en calidad de representante legal de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, radica en que para declarar infundado el incumplimiento reprochado, respecto del fallo de tutela de 17 de enero de 2023 emitido, en sede de impugnaci\u00f3n, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (rad. n.\u00b0 2022-00502), se fundament\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no se muestra arbitraria ni caprichosa. <\/p>\n
Ciertamente, tras adelantar a cabalidad el tr\u00e1mite procedimental contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, encontr\u00f3 que no se evidenciaba la desatenci\u00f3n a la orden constitucional reclamada, toda vez que \u00abla Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez emiti\u00f3 un nuevo dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral el 11 de mayo de 2023, el cual fue notificado al accionante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, \u00abfrente al motivo que llev\u00f3 a RUBIEL DE JES\u00daS a presentar el incidente de desacato, esto es la inconformidad frente a la fecha de estructuraci\u00f3n de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, la cual fue determinada por la accionada para el 17 de agosto de 2022\u00bb, dijo que, tal como lo arguy\u00f3 la convocada en las contestaciones allegadas al enterarse de ese tr\u00e1mite incidental, \u00abprocedi\u00f3 a explicar en los puntos pertinentes del dictamen emitido, las razones que llevaron a los profesionales a adoptar la decisi\u00f3n frente a este t\u00f3pico\u00bb y concluy\u00f3 que \u00ab al haberse acreditado el cumplimiento de la orden de tutela, donde se expidi\u00f3 un nuevo dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral de RUBIEL DE JES\u00daS, en el cual incluso se realizaron nuevas valoraciones m\u00e9dicas, se evidencia que no existe m\u00e9rito para continuar con el presente tr\u00e1mite incidental, por lo que se abstendr\u00e1 el Despacho de imponer sanci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, explic\u00f3 que, \u00ablas posibles controversias que se puedan seguir presentando frente al dictamen emitido por la accionada, escapan a la \u00f3rbita y competencia del juez de tutela, por lo que, al cumplirse con la orden proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 17 de enero de 2023, dichas controversias deben ser resueltas por el Juez Natural\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme a lo que acaba de verse, la actuaci\u00f3n del juzgado al abstenerse de imponer sanci\u00f3n al funcionario adscrito a la junta de calificaci\u00f3n involucrada, como responsable del cumplimiento de la orden de tutela endilgada, no desencadena amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada; esto, comoquiera que la providencia censurada no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n de los medios probatorios recaudados, as\u00ed como de la normativa aplicable, que hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular se ha reiterado que si la providencia judicial atacada cuenta con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en las instancias pertinentes, puesto que: \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada entre otras en STC14724-2021, 3 nov., rad. 00354-01). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sola divergencia conceptual no abre paso al auxilio, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la negativa de la salvaguarda implorada, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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