STC8160-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8160-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02966-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor de edad involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes2: <\/p>\n
2.1. En el curso del juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso que \u201cA\u201d inici\u00f3 contra \u201cB\u201d, el Juzgado de Familia deneg\u00f3 el decreto de algunas \u00abpruebas sobrevinientes\u00bb que aquella solicit\u00f3 en el marco de la audiencia de que trata el canon 372 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013agotada el 17 de marzo de 2022\u2013, con las que pretendi\u00f3 acreditar hechos de violencia por parte del demandado \u00abhacia m\u00ed y nuestra menor hija\u00bb, los cuales habr\u00edan ocurrido durante el tr\u00e1mite3. <\/p>\n
2.2. Inconforme, recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n ese prove\u00eddo, pero el magistrado sustanciador del Tribunal Superior de esa localidad, casi un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse concedido el recurso, lo inadmiti\u00f3 con auto de 2 de marzo de 2023. <\/p>\n
2.3. En ese contexto, la libelista formul\u00f3 s\u00faplica, a trav\u00e9s de la cual el tribunal ad quem revoc\u00f3 el anterior pronunciamiento, para, en su lugar, ordenar al funcionario resolver de fondo la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto que neg\u00f3 las mentadas pruebas4. No obstante, el 5 de julio siguiente se ratific\u00f3 el auto del a quo desfavorable y la conden\u00f3 en costas5. <\/p>\n
2.4. En tal virtud, present\u00f3 reposici\u00f3n, finc\u00e1ndose, entre otros aspectos, en que \u00abel se\u00f1or Magistrado aqu\u00ed accionado no tiene competencia para decidir la s\u00faplica de conformidad con lo previsto en el art. 322 el C.G.P.\u00bb (sic); pero el citado servidor \u00abneg\u00f3\u00bb el recurso el 19 del mismo mes y a\u00f1o, con fundamento en que la determinaci\u00f3n censurada no es pasible de esa defensa, ignorando que \u00abno solo se ataca la decisi\u00f3n de la confirmaci\u00f3n del auto que inadmite el recurso sino tambi\u00e9n la condena en costas y por esta \u00faltima raz\u00f3n considero que s\u00ed se puede interponer ese recurso y se debe decidir\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que esas actuaciones son irregulares, comoquiera que (i) \u00abel se\u00f1or Magistrado accionado se abrog\u00f3 (sic) la competencia para conocer del recurso de s\u00faplica interpuesto en contra de su propia decisi\u00f3n, adem\u00e1s, sus decisiones carecen de motivaci\u00f3n, en ninguna de ellas, ni en la que inadmite el recurso de apelaci\u00f3n, tampoco en el que decide la s\u00faplica, se tienen en cuenta los argumentos expuestos; tampoco se explica la condena en costas que se hace a la suscrita\u00bb; aunado a que (ii) \u00abse vulneran tambi\u00e9n los derechos fundamentales de mi hija menor de edad, quien al igual que la suscrita hemos sido v\u00edctimas de violencia por parte del demandado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial remiti\u00f3 el expediente de forma parcial. <\/p>\n
2. El Juzgado relat\u00f3 las actuaciones del proceso y recalc\u00f3 que \u00abse convoc\u00f3 a las partes, apoderados y dem\u00e1s sujetos procesales a la audiencia inicial el 17 de marzo de 2022, en cuyo desarrollo se declar\u00f3 clausurada la etapa de conciliaci\u00f3n ante la falta de \u00e1nimo conciliatorio de las partes, continuando con las dem\u00e1s etapas que la norma en cita prev\u00e9, esto es, saneamiento, fijaci\u00f3n del litigio, centr\u00e1ndose el debate respecto de las causales de divorcio contempladas en los numerales 2 y 3 del Art. 154 del C.C., modificado por el Art. 6 de la Ley 25 de 1992, sin la inclusi\u00f3n de los hechos ocurridos con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, y acto seguido, se practic\u00f3 por el Despacho, interrogatorio exhaustivo a las partes, con la intervenci\u00f3n de las respectivas apoderadas y el Defensor de Familia, inclusive, en la declaraci\u00f3n de parte a los mismos, procediendo a decretar las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que, \u00abuna vez efectuado el pronunciamiento respecto de las probanzas solicitadas por la parte actora, su apoderada, en uso de la palabra, solicita se adicione la providencia para que se pronuncie concretamente sobre las pruebas aportadas como hechos sobrevinientes y respecto de los cuales se interrog\u00f3 por el Despacho al demandado, pedimento \u00e9ste que se neg\u00f3, en raz\u00f3n a que no hab\u00eda hecho a\u00fan pronunciamiento sobre las pruebas a considerar decretar de oficio. La apoderada recurre en reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n, exponiendo los argumentos de su disenso, de cuyo recurso se corri\u00f3 el traslado de rigor al apoderado del extremo pasivo y al Defensor de Familia, quienes se pronunciaron respectivamente. Acto seguido, este titular resuelve mantener su decisi\u00f3n de rechazar el decreto de la prueba\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior del Distrito Judicial l incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso que inici\u00f3 la gestora, por cuanto (i) el magistrado que inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, supuestamente, resolvi\u00f3, a su vez, el recurso de s\u00faplica; sumado a que, (ii) al proveer sobre la alzada contra el auto que neg\u00f3 el decreto de unas pruebas, ratific\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, sin verificar las particularidades del caso ni aplicar perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones judiciales, toda vez que, en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es la expedici\u00f3n de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, reiterada en STC7781-2016, 13 jun. y STC6688-2018, 23 may.). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01 y STC9162-2015, 15 jul.). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
4.1. Sobre la \u00abirregularidad\u00bb en la tramitaci\u00f3n del recurso de s\u00faplica: <\/p>\n
Inicialmente, la Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el canon 331 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de s\u00faplica procede contra \u00ablos autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto\u00bb. Tambi\u00e9n es viable contra el auto que resuelve sobre la admisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de su tr\u00e1mite, el precepto 332 ejusdem dispone que, una vez interpuesto, se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por tres (3) d\u00edas en la forma se\u00f1alada en el art\u00edculo 1106 de la misma codificaci\u00f3n; y, vencido ese lapso, el secretario pasar\u00e1 el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dict\u00f3 la providencia, quien actuar\u00e1 como ponente para resolver, luego de lo cual corresponder\u00e1 a los dem\u00e1s integrantes de la Sala decidir el recurso. <\/p>\n
Ahora bien, en el asunto auscultado, contrario al dicho de la gestora \u2013quien reliev\u00f3 en su tutela que el funcionario cognoscente fue el mismo que dirimi\u00f3 la s\u00faplica\u2013, lo que denota el expediente es que, con determinaci\u00f3n de 31 de marzo de 2023, otro servidor judicial tuvo la ponencia7 y la Sala pertinente dirimi\u00f3 esa defensa, incluso, de forma estimatoria, pues en tal virtud se orden\u00f3 al sustanciador inicial proveer lo pertinente frente al remedio vertical que se radic\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 el decreto de unas pruebas en primera instancia. Es decir, se dispuso desatar el recurso, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
En ese orden, en lo que ata\u00f1e a la citada reclamaci\u00f3n el amparo es inviable, pues no se vulner\u00f3 prerrogativa alguna de la censora en lo que al procedimiento concierne, ya que se acredit\u00f3 el adelantamiento de las etapas previstas en el actual Estatuto Procesal, por parte del tribunal competente. <\/p>\n
4.2. Sobre la decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el decreto de pruebas: <\/p>\n
Sin embargo, revisada la segunda determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto de 17 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual el estrado a quo neg\u00f3 el decreto de algunas pruebas solicitadas por la parte actora en la diligencia adelantada en esa calenda \u2013art. 372, ejusdem\u2013, se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en tanto la citada resoluci\u00f3n incurri\u00f3 en el defecto de insuficiente motivaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.2.1. En efecto, al estudiar los argumentos formulados en el remedio vertical que present\u00f3 la aqu\u00ed inconforme, en especial, los relacionados con la necesidad y pertinencia de adosar como medios de convicci\u00f3n la denuncia presentada contra el demandado ante la Fiscal\u00eda, el examen de Medicina Legal que se le practic\u00f3, entre otros8, con fundamento en que aquellos tuvieron su g\u00e9nesis en \u00abhechos sobrevinientes\u00bb \u2013esto es, acaecidos con posterioridad a la radicaci\u00f3n de la demanda\u2013, la autoridad querellada expuso que: <\/p>\n
\u00abEstablece el art. 173 del C.G.P. que: \u201cPara que sean apreciadas por el Juez las pruebas deber\u00e1n solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados para ello en \u00e9ste c\u00f3digo\u2026\u201d; significa lo anterior que, la norma se ocup\u00f3 de regular de manera precisa las oportunidades para solicitar y aportar pruebas de ah\u00ed que s\u00f3lo dentro de ellas es posible hacerlo, puesto que, permitir su decreto o aporte en cualquier ocasi\u00f3n, so pretexto de que prima el derecho sustancial sobre el procesal, conllevar\u00eda a vulnerar el debido proceso en el campo probatorio as\u00ed como el derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Aclarados estos aspectos y descendiendo al sub lite, se observa que, en la audiencia celebrada el 17 de marzo de 2022, se decretaron todas y cada una de las pruebas solicitadas por las partes en la demanda y en la contestaci\u00f3n de la demanda respectivamente; sin embargo, la parte demandante interpone recurso de apelaci\u00f3n porque el juez no decret\u00f3 si quiera de oficio, una prueba por hechos sobrevinientes a la presentaci\u00f3n de la demanda; pero se repite, la prueba que se pretende incluir en el debate no fue solicitada oportunamente aunado a que se trata de hechos sobrevinientes, por lo tanto, queda por fuera del objeto de la presente litis.Siendo ello as\u00ed, el auto objeto de recurso se debe confirmar, con la correspondiente condena en costas\u00bb. <\/p>\n
4.2.2. En ese escenario, deviene di\u00e1fano para la Corte que, con la referida determinaci\u00f3n, el ad quem incurri\u00f3 en la mencionada causal de procedencia excepcional del amparo, comoquiera que, pese a la reiteraci\u00f3n del reproche sobre las presuntas circunstancias ocurridas luego de que se radicara el libelo inicial \u2013constitutivas de violencia intrafamiliar y de g\u00e9nero, respecto de la se\u00f1ora \u201cA\u201d y de su hija, menor de edad\u2013, el fallador no explic\u00f3 de manera suficiente por qu\u00e9 no era de recibo ese planteamiento \u2013toda vez que ni siquiera se pronunci\u00f3 sobre esos espec\u00edficos elementos\u2013, sino que se limit\u00f3 a reproducir \u2013sin mayor detenimiento\u2013 los razonamientos de la resoluci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en el prove\u00eddo referido, el magistrado sustanciador no efectu\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n sobre la necesidad de abordar el caso con perspectiva de g\u00e9nero tal como se solicit\u00f3 en el recurso \u2013e, incluso, atendiendo el principio pro-infans9\u2013, pues no mereci\u00f3 atenci\u00f3n el hecho de que, en las pruebas cuyo decreto se pidi\u00f3 ante el a quo, se denunciara la ocurrencia de eventos que podr\u00edan poner en riesgo la integridad de los sujetos procesales. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que cobra mayor relevancia cuando se observa que las causales del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, bajo las cuales se finc\u00f3 la pretensi\u00f3n de cesar los efectos civiles del rito cat\u00f3lico que celebraron las partes, est\u00e1n directamente relacionadas con el objeto de los enunciados medios de convicci\u00f3n reclamados a instancia de la parte demandante \u2013(i) segunda, sobre \u00abel grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres\u00bb y (ii) tercera, sobre los \u00abultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb\u2013; debida contrastaci\u00f3n que tampoco se adelant\u00f3 en esa instancia. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala no puede prohijar la decisi\u00f3n del tribunal ad quem de despachar negativamente la apelaci\u00f3n en esos t\u00e9rminos, pues, con independencia de su sentido, los t\u00f3picos sometidos a escrutinio deb\u00edan ser verificados en su integridad, porque en ellos se encuentran comprometidos bienes iusfundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso \u2013con los ajustes metodol\u00f3gicos que sean del caso, en el escenario en el que la autoridad los considere pertinentes para salvaguardar la igualdad de las partes ante hipot\u00e9ticas situaciones de desequilibrio\u2013, et. al., lo que indefectiblemente conlleva la prosperidad de este auxilio. <\/p>\n
4.2.3. Sobre el particular, es oportuno reiterar que la perspectiva de g\u00e9nero, como categor\u00eda hermen\u00e9utica, impone al juez de la causa que, tras identificar situaciones de poder, de desigualdad estructural, o contextos de violencia f\u00edsica, sexual, emocional o econ\u00f3mica entre las partes de un litigio, realice los ajustes metodol\u00f3gicos que resulten necesarios para garantizar el equilibrio entre contendores que exige todo juicio justo. No se trata de actuar de forma parcializada, ni de conceder sin miramientos los reclamos de personas o grupos vulnerables, sino de crear un escenario apropiado para que la discriminaci\u00f3n asociada al g\u00e9nero no dificulte o frustre la tutela judicial efectiva de los derechos10. <\/p>\n
Aunado a ello, la jurisprudencia constitucional ha insistido en la necesidad de observar dichos par\u00e1metros en la labor judicial, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) analizar con perspectiva de g\u00e9nero los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o v\u00edctimas: i) no implica una actuaci\u00f3n parcializada del juez en su favor; reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad y ii) ello comporta la necesidad de que su juicio no perpet\u00fae estereotipos de g\u00e9nero11 discriminatorios, y; iii) en tal sentido, la actuaci\u00f3n del juez al analizar una problem\u00e1tica como la de la violencia contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que han visibilizado la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n -constituyan o no bloque de constitucionalidad- son referentes necesarios al construir una interpretaci\u00f3n pro f\u00e9mina, esto es, una consideraci\u00f3n del caso concreto que involucre el espectro sociol\u00f3gico o de contexto que describe el calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminaci\u00f3n ejercida sobre la mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a la mujer v\u00edctima\u00bb (CC, SU080\/20). <\/p>\n
De igual forma, la citada herramienta tiene su fundamento en la integraci\u00f3n de los diversos instrumentos internacionales de protecci\u00f3n de derechos ratificados por Colombia \u2013que, adem\u00e1s, ofrecen pautas orientadoras y vinculantes para las autoridades, relevantes en estos eventos\u2013, especialmente la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer12 (CEDAW, por sus siglas en ingl\u00e9s) y su Protocolo Facultativo de 199913; la Convenci\u00f3n Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer14 (o Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1), la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos15 (CADH), entre otras. <\/p>\n
4.2.4. Bajo esas circunstancias, es evidente que no se exterioriz\u00f3 un desarrollo puntual sobre las inconformidades de la memorialista en su escrito de apelaci\u00f3n \u2013en especial, respecto de la necesidad e idoneidad de los medios de prueba requeridos, su objeto y trascendencia de cara al objeto del litigio, el deber de revisar esos elementos con perspectiva de g\u00e9nero y con observancia en la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u2013; por lo que, contrario a las expectativas leg\u00edtimas de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia, la autoridad convocada no tuvo en cuenta las diversas aristas del debate, de tal forma que su ejercicio hermen\u00e9utico resultara suficiente e integral, en atenci\u00f3n al derecho de la all\u00ed recurrente de conocer los fundamentos de su veredicto. <\/p>\n
De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
4.2.5. Finalmente, por sustracci\u00f3n de materia la Sala no ahondar\u00e1 sobre el embate propuesto contra el auto que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado a continuaci\u00f3n del que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n que acaba de revisarse \u2013con base en la condena en costas a la aqu\u00ed actora\u2013, al invalidarse la actuaci\u00f3n que le dio origen y ordenarse su reanudaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Sobre la inconformidad frente a la tramitaci\u00f3n del recurso de s\u00faplica, se advierte que esta resulta infundada, pues no se trasgredi\u00f3 pauta procesal alguna en ese decurso; y, por lo mismo, no se colige la vulneraci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
5.2. No obstante, el amparo sale avante respecto de la insuficiente fundamentaci\u00f3n del prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el decreto de algunas pruebas. En tal virtud, se ordenar\u00e1 resolver nuevamente el remedio vertical, con sujeci\u00f3n a las pautas rese\u00f1adas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de \u201cA\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 5 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del radicado n.\u00ba XXX. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver la apelaci\u00f3n y dicte la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria. <\/p>\n
2\u0002 Puntualmente, con soporte en el expediente remitido por el juzgado a quo a solicitud de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Lo antedicho, con especial consideraci\u00f3n en que las causales aducidas para la cesaci\u00f3n de los efectos del matrimonio religioso son las contenidas en los numerales 2 y 3 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil: (i) \u00abEl grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los c\u00f3nyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres\u00bb y (ii) \u00abLos ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
4\u0002 Lo anterior, conforme se evidencia de la foliatura, pues la gestora indic\u00f3 erradamente que la s\u00faplica la hab\u00eda resuelto el mismo funcionario sustanciador, cuando ello es contrario a la realidad procesal que all\u00ed se constata. <\/p>\n
5\u0002 Fijando la suma de un mill\u00f3n de pesos (ordinal segundo). <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 110: \u00abCualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplir\u00e1 permiti\u00e9ndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra. <\/p>\n
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtir\u00e1 en secretar\u00eda por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas y no requerir\u00e1 auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluir\u00e1n en una lista que se mantendr\u00e1 a disposici\u00f3n de las partes en la secretar\u00eda del juzgado por un (1) d\u00eda y correr\u00e1n desde el siguiente\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 El sustanciador del recurso de s\u00faplica fue el magistrado XXX, mientras que el ponente de la inadmisi\u00f3n de la alzada fue el togado XXX. <\/p>\n
8\u0002 Como la medida de protecci\u00f3n definitiva dispuesta por la Comisar\u00eda de Familia el pasado 6 de febrero de 2023 (archivo07Memorial, cd. segunda instancia). <\/p>\n
9\u0002 El principio pro infans \u00abtiene una innegable carga axiol\u00f3gica que orienta el ordenamiento jur\u00eddico. Particularmente, porque obliga a las autoridades a garantizar en la mayor medida posible los derechos fundamentales de los ni\u00f1os. Es un mandato ineludible que reconoce la condici\u00f3n de vulnerabilidad de este grupo poblacional y salvaguarda la prevalencia de su inter\u00e9s superior en el proceso de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas, en particular, cuando se adopta una decisi\u00f3n que afecta los derechos de los ni\u00f1os. En suma, la Constituci\u00f3n y las reglas jurisprudenciales desarrolladas sobre la materia, imponen la obligaci\u00f3n de aplicar el principio pro infans en los asuntos en los que se analicen hechos que atenten contra la integridad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb (CC, T-351\/21, citada y reiterada en CSJ STC4742-2023, 18 may.). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el punto, tambi\u00e9n ha destacado la jurisprudencia de esta Sala que \u00ab(\u2026) la perspectiva de g\u00e9nero se constituye en una importante herramienta para la erradicaci\u00f3n de sesgos y estereotipos, permitiendo revelar, cuestionar y superar pr\u00e1cticas arraigadas en nuestro entorno social, que hist\u00f3ricamente han sido normalizadas y que hoy resultan inadmisibles, dada la prevalencia de los derechos inherentes e inalienables de la persona, procurando as\u00ed que la soluci\u00f3n de las disputas atienda solamente a estrictos par\u00e1metros de justicia\u00bb (CSJ SC5039-2021, 10 dic.). <\/p>\n
12\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981. Esta Convenci\u00f3n establece como uno de los deberes del Estado \u00abconsagrar, si a\u00fan no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislaci\u00f3n apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica de ese principio\u00bb (art. 2, lit. a). <\/p>\n
13\u0002 Aprobado por Colombia mediante Ley 984 de 2005. <\/p>\n
14\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995. Precisa dentro de los deberes del Estado \u00abestablecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protecci\u00f3n, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos\u00bb y \u00abestablecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparaci\u00f3n del da\u00f1o u otros medios de compensaci\u00f3n justos y eficaces\u00bb (art. 7, lit. f y g). <\/p>\n
15\u0002 Aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. En su art\u00edculo 24, establece la igualdad ante la ley. As\u00ed mismo, en el canon 17, lit. b, precept\u00faa que: \u00abLos Estados Parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los c\u00f3nyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
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STC8160-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8160-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02966-00 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cA\u201d contra el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75577","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75577"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75577\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}