STC8161-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01574-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sim\u00f3n Kennedy Bol\u00edvar M\u00e9ndez contra el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal, la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, el Consejo Seccional de la Judicatura, todos de esta ciudad, y, el Banco Agrario de Colombia SA, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2020-00635. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el solicitante acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran quebrantados por los convocados. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto adujo, en s\u00edntesis, que el 25 de febrero de 2022, el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por \u00e9l adelantada contra M\u00f3nica D\u00edaz Robles, presentando oportunamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; empero, el 29 de julio siguiente se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas, \u00abHACIENDO CASO OMISO\u00bb a las cuentas por \u00e9l allegadas, raz\u00f3n por la cual interpuso recurso de reposici\u00f3n contra lo resuelto, el que fue desatado negativamente el 30 de mayo de 2023, es decir, \u00ab10 (diez) MESES despu\u00e9s de radicado\u00bb, pero \u00abno dice ni una sola palabra sobre el objeto del recurso, atinente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la entrega de t\u00edtulos y la ulterior terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
Adujo tambi\u00e9n, que el Consejo Seccional de la Judicatura \u00abTAMPOCO SE HA PRONUNCIADO\u00bb frente al recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3 contra el auto de apertura de vigilancia judicial que elev\u00f3 contra el titular del citado despacho judicial, ante \u00abEL EVENTUAL ARCHIVO DE LA VIGILANCIA\u00bb; y, que pese a que en un informe que le solicit\u00f3 al Banco Agrario \u00abaparecen CANCELADOS POR CONVERSI\u00d3N t\u00edtulos por un valor de pago de m\u00e1s de 4 millones de pesos desde el d\u00eda 20 de octubre de 2022 (\u2026) la VERDAD es que YO NO HE RECIBIDO ABSOLUTAMENTE NADA en este proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se ordene (i) al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 \u00abactuali[zar] la LIQUIDACI\u00d3N DEL CR\u00c9DITO\u00bb y que \u00abme haga ENTREGA INMEDIATA DE LOS T\u00cdTULOS QUE REPOSAN EN EL BANCO AGRARIO, como fruto de la medida cautelar ejecutada ya en su totalidad\u00bb; (ii) al Consejo Seccional de la Judicatura de la misma localidad, \u00abTomar las medidas pertinentes en contra del Juzgado 71 civil municipal de Bogot\u00e1, dada la evidente NEGLIGENCIA en la correcta administraci\u00f3n de justicia\u00bb; que explique las razones por las cuales si bien ORDEN\u00d3 dar apertura al tr\u00e1mite de LA VIGILANCIA contra el Juzgado 71 civil municipal de Bogot\u00e1 (\u2026) no le ha dado tr\u00e1mite a mi RECURSO DE REPOSICI\u00d3N, radicado desde el pasado 9 de marzo de 2023\u00bb; y, al (iii) Banco Agrario de Colombia SA \u00abcertifique en qu\u00e9 fecha y a qui\u00e9n se le entregaron los t\u00edtulos consignados en el proceso ejecutivo n\u00famero 11001400307120200063500\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, adem\u00e1s de remitir copia electr\u00f3nica de las actuaciones adelantadas en la vigilancia judicial administrativa No. 2022-3615, puso de presente que \u00abfrente a los hechos esgrimidos por el peticionario, en el recurso de reposici\u00f3n contra la Actuaci\u00f3n Administrativa CSJBTAVJ23-826, hace referencia aspectos que deben ser debatidos al interior del proceso objeto de vigilancia judicial, que no le corresponden entrar a revisar u ordenar a esta Corporaci\u00f3n, no por negligencia en no revisar de fondo cada decisi\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de la norma pertinente, sino porque el ordenamiento legal no brind\u00f3 facultades jurisdiccionales a los Consejos Seccionales de la Judicatura y las funciones legales que son netamente administrativas se encuentran contempladas de manera taxativa en el art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996, frente al numeral 6 de la referida norma se establece la vigilancia judicial administrativa, sin embargo, dicho mecanismo tampoco puede tener atributos jurisdiccionales ni es el escenario previsto para entrar a ordenar la actualizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y ordenar la entrega de dineros. <\/p>\n
De lo expuesto, es evidente que se mantiene la decisi\u00f3n de apertura de la vigilancia judicial administrativa, puesto que es claro que los motivos de inconformidad hacen relaci\u00f3n a aspectos judiciales, dado que el expediente a la fecha de la decisi\u00f3n adoptada se encontraba al despacho, ahora, frente a la posible vulneraci\u00f3n de sus derechos dentro del tr\u00e1mite del proceso se debe advertir que las partes al interior del mismo cuentan con la posibilidad de instaurar los recursos de ley para propender la modificaci\u00f3n de los providencias que se dicten en el transcurso del proceso, ejerciendo su derecho de contradicci\u00f3n, se debe resaltar que dicho derecho constitucional tiene mecanismos de amparo que establece la Constituci\u00f3n y se debe acudir a ellos cuando se considere que se han conculcado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 (Juzgado 53 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple Transitorio), tras hacer un recuento sucinto de las actuaciones desplegadas al interior de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2020-00635, inform\u00f3 que \u00abpese a que se realiz\u00f3 el traslado a trav\u00e9s de la plataforma del Banco Agrario de Colombia S.A. del proceso y de los dep\u00f3sitos judiciales, se solicit\u00f3, por Secretar\u00eda, la devoluci\u00f3n de \u00e9stos, a fin de poder imprimir tr\u00e1mite a la solicitud del accionante, valga decir, con el traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada (la que se surte por secretar\u00eda desde esta data) cuyo t\u00e9rmino finalizar\u00e1 el pr\u00f3ximo viernes 21 de julio, cumplido lo cual el expediente ingresar\u00e1 al Despacho para resolver lo que en derecho corresponda a ese respecto y frente a la solicitud de entrega de dineros, la cual, conforme al art\u00edculo 446 del C.G.P., debe estar precedida de tales actuaciones\u00bb; de ah\u00ed que, entonces, \u00abfrente a las actuaciones suscitadas y de las que se duele el libelista, no exista m\u00e9rito para acoger el amparo deprecado, en tanto que no existe actuaci\u00f3n o decisi\u00f3n pendiente de adoptar por este despacho\u00bb. <\/p>\n
3. La Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias, toda vez que \u00abel proceso 11001400307120200063500, a la fecha no ha sido recibido en esta Oficina de Apoyo, en consecuencia, tampoco ha sido sometido a reparto entre los 20 Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, es de se\u00f1alar que, consultado el cronograma de recepci\u00f3n de expedientes 2023, se evidencio que al Juzgado 71 Civil Municipal de Bogot\u00e1, le fue asignada cita para recepci\u00f3n de procesos el d\u00eda 22 de agosto de 2023\u00bb. <\/p>\n
4. M\u00f3nica D\u00edaz Robles, en su condici\u00f3n de ejecutada dentro del asunto criticado, adujo que \u00abyo me no \ufb01que (sic) por conducta concluyente en el que se me realizaron los descuentos correspondientes de ley y a la fecha no tengo conocimiento del tr\u00e1mite del proceso, solo estaba esperando auto de pago total de la terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El Banco Agrario de Colombia SA precis\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, pues aunque el \u00e1rea operativa de la entidad report\u00f3 la existencia de \u00ab10 dep\u00f3sitos judiciales en estado PENDIENTE DE PAGO\u00bb, es necesario precisar que \u00ablas autoridades en las cuales se constituyeron los dep\u00f3sitos judiciales son quienes deben confirmar electr\u00f3nicamente para pago los dep\u00f3sitos pendientes, as\u00ed como deber\u00e1n verificar el beneficiario de los dep\u00f3sitos judiciales o cualquier novedad sobre los mismos (Conversi\u00f3n, Fraccionamiento, Reposici\u00f3n, Prescripci\u00f3n o Pago), lo anterior teniendo en cuenta que el Banco Agrario de Colombia no tiene la facultad o responsabilidad de autorizar para pago los dep\u00f3sitos judiciales que se han constituido en las cuentas de los despachos a cargo de Rama Judicial o cualquier otro ente coactivo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada frente al despacho judicial querellado, tras constatar que \u00absu obligaci\u00f3n procesal recae en dar impulso al diligenciamiento, como en efecto dan cuenta las actuaciones surtidas, dentro de las cuales est\u00e1 pendiente de concluir un t\u00e9rmino -21 de julio de 2023- para la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales y resolver lo que lo que corresponde respecto de la inclusi\u00f3n de las sumas correspondientes a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; por tanto, siendo el proceso el mecanismo de defensa judicial ordinario, id\u00f3neo y eficaz, para controvertir las actuaciones, lo gestado en el diligenciamiento permite colegir que no se ha presentado mora judicial injustificada por parte del funcionario judicial; adem\u00e1s, el actor no acredit\u00f3 que \u00e9l o su familia se encuentren en situaci\u00f3n especial de vulnerabilidad que los exponga a la producci\u00f3n de un perjuicio irremediable que amerite el amparo transitorio\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, consider\u00f3 que no hay vulneraci\u00f3n al debido proceso por parte del Consejo Seccional de la Judicatura, en cuanto \u00abeste no es el escenario previsto para que la autoridad administrativa ordene las actuaciones pendientes del proceso, pues no tiene atributos jurisdiccionales y, en segundo lugar, es al interior de tal procedimiento en que debe manifestar su inconformidad con el asunto y no por la v\u00eda de la tutela de manera directa\u00bb; y en cuanto al Banco Agrario, \u00abno ha negado ning\u00fan tr\u00e1mite ni ha puesto barreras administrativas a los prop\u00f3sitos del actor, por lo que no es efectivamente la persona llamada responder por la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de lo determinado, insistiendo en sus alegatos y se\u00f1alando que el tribunal \u00abha cometido graves errores al no estudiar detenida y cuidadosamente las PRUEBAS allegadas por el suscrito ACCIONANTE con el escrito de tutela y, por el contrario, le ha dado total credibilidad a los \u201cdichos\u201d y aseveraciones sin fundamento presentados por el ACCIONADO, esto es, el Juez 71 civil municipal de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si los convocados lesionaron las garant\u00edas fundamentales invocadas dentro del proceso ejecutivo adelantado por el interesado frente a M\u00f3nica D\u00edaz Robles (n\u00b0 2020-00635): (i) el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 al no resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas y negarse a entregar los t\u00edtulos judiciales existentes; (ii) el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 al no desatar el recurso horizontal presentado contra la decisi\u00f3n que dio apertura a la investigaci\u00f3n judicial administrativa contra el titular del citado despacho judicial; y, (iii) el Banco Agrario de Colombia SA, al negar la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales existentes dentro del proceso. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2026-2023, 8 mar. 2023, rad. 00022-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado frente al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Consejo Seccional de la Judicatura. <\/p>\n
3.1.1. Aunque el gestor denuncia la falta de resoluci\u00f3n del Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 del recurso interpuesto contra el auto proferido el 29 de julio de 2022, por medio del cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas elaborada por la secretar\u00eda del despacho al interior de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2020-00635, tal y como obra del expediente contentivo del asunto revisado, mediante prove\u00eddo del pasado 30 de mayo de 2023 el despacho criticado decidi\u00f3 \u00abNO REPONER el prove\u00eddo objeto de reproche\u00bb, determinaci\u00f3n que fue debidamente notificada a las partes. <\/p>\n
Adicionalmente, fenecido el t\u00e9rmino de traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por el gestor, sin manifestaci\u00f3n alguna, el 17 de julio de los corrientes la oficina de ejecuci\u00f3n civil municipal de esta ciudad traslad\u00f3 al despacho el aplicativo del Banco Agrario de Colombia donde figuran los dep\u00f3sitos judiciales existentes para el proceso, raz\u00f3n por la cual, mediante prove\u00eddo del 4 de agosto de 2023 se resolvi\u00f3: \u00abAprobar la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito elaborada por la parte ejecutante\u00bb y \u00abOrdenar la entrega de dineros consignados por cuenta del proceso, hasta la concurrencia de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas aprobadas, a la parte ejecutante\u00bb, es decir, lo aqu\u00ed pretendido a trav\u00e9s del amparo, decisi\u00f3n que fue notificada en legal forma a las partes, quienes guardaron silencio. <\/p>\n
3.1.2. As\u00ed mismo, en lo que tiene que ver con las quejas endilgadas al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, el expediente de la vigilancia judicial administrativa n\u00b0 2022-03615 da cuenta de que, mediante actuaci\u00f3n No. CSJBTAVJ23-826 del 1\u00b0 de marzo de 2023 se resolvi\u00f3 \u00abDar apertura al tr\u00e1mite de vigilancia judicial administrativa (\u2026) a la solicitud elevada por el se\u00f1or Sim\u00f3n Kennedy Bol\u00edvar M\u00e9ndez\u00bb, y atacada dicha determinaci\u00f3n en reposici\u00f3n por el aqu\u00ed interesado, el 14 de julio del a\u00f1o en curso la citada autoridad resolvi\u00f3 \u00abConfirmar\u00bb lo determinado, requiriendo a la titular del Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de esta capital para que informe el tr\u00e1mite dado a la ejecuci\u00f3n objeto de vigilancia. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, en las circunstancias descritas el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01). <\/p>\n
3.2. Inexistencia de vulneraci\u00f3n frente al Banco Agrario de Colombia <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, entre ellos, que \u00ab\u2026la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u2026\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07); por lo que resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
De este modo, aunque el actor acusa al Banco Agrario de Colombia SA de negarse a realizar la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales depositados a \u00f3rdenes de la ejecuci\u00f3n revisada, lo cierto es que es a la autoridad judicial y\/o ente coactivo a quien compete ordenar su conversi\u00f3n y pago, lo cual ya ocurri\u00f3 en el ejecutivo en comento, pues la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 mediante correo electr\u00f3nico de fecha 17 de julio de 2023 envi\u00f3 al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 el \u00absoporte de traslado virtual y conversi\u00f3n de t\u00edtulos para el proceso 11001400307120200063500\u00bb, lo que denota que la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub judice, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC671-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 02698-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n constitucional de instancia, toda vez que la circunstancia descrita como vulneradora de las garant\u00edas superiores en relaci\u00f3n con el despacho judicial querellado y el Consejo Seccional de la Judicatura, se super\u00f3 durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n; y, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada frente a la entidad financiera convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8161-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8161-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01574-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}