STC8162-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8162-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-01554-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abrecta y efectiva administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en el ejecutivo con garant\u00eda real que promovi\u00f3 en su contra el Banco Itau, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 21 de febrero de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago, que posteriormente (9 de junio de 2021) modific\u00f3 en virtud del recurso de reposici\u00f3n que interpuso con el fin que se corrigiera que los intereses correspond\u00edan a los pactados por las partes y no a los ordinarios. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el 7 de marzo de 2022, el despacho emiti\u00f3 sentencia ordenando continuar con la ejecuci\u00f3n de conformidad con el mandamiento de pago. Destac\u00f3 que mediante auto del 24 de mayo de 2022 el juzgado modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, una vez enterada de la liquidaci\u00f3n, advirti\u00f3 que conten\u00eda errores, mismos que ya hab\u00edan sido evidenciados en el mandamiento de pago, esto es, respecto de los intereses, pues se tuvo en cuenta la tasa de inter\u00e9s ordinaria y no la \u00abremuneratoria pactada\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 memorial al despacho a fin de que efectuara un control de legalidad de dicho prove\u00eddo, poniendo de manifiesto que el cr\u00e9dito fue liquidado \u00abconforme al inter\u00e9s ordinario, esto es, 28.98% efectivo anual, [de acuerdo] con la certificaci\u00f3n de la Superfinanciera para septiembre de 2019 y no por el inter\u00e9s ordenado en el mandamiento de pago del 9 de junio de 2021 y confirmado en la sentencia del 7 de marzo de 2022\u00bb; empero, dicha solicitud fue desestimada, ya que el juzgado precis\u00f3 que la liquidaci\u00f3n se hizo en concordancia con la orden de apremio, decisi\u00f3n contra la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue rechazado de plano (21 de junio de 2023), por no estar aquella decisi\u00f3n enlistada en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, como susceptible de dicho remedio. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 especialmente el auto que aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u2013 del 24 de mayo de 2022 \u2013, pues con \u00e9l, seg\u00fan adujo, se variaron las condiciones del mandamiento de pago y la sentencia, ya que, \u00abno es lo mismo el inter\u00e9s ordinario de consumo liquidado por la Superintendencia Financiera a la tasa m\u00e1xima legal aumentada en 1 y media vez, que liquidar el cr\u00e9dito a la tasa remuneratoria pactada por las partes en el pagar\u00e9, pues aqu\u00e9lla va en crecimiento superando cinco (5) veces la tasa pactada, la cual es fija\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, la fijaci\u00f3n de un inter\u00e9s diferente al reconocido le impone una carga de pagar un valor que no estaba determinado y, como la liquidaci\u00f3n presentada por la secretar\u00eda del despacho no se ajust\u00f3 al mandamiento de pago, se desatendi\u00f3 el canon 446 del estatuto adjetivo, tal como se aleg\u00f3 en la petici\u00f3n de control de legalidad. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene al Juez Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abrehacer la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito teniendo en cuenta el mandamiento de pago y la sentencia, esto es, liquidar los intereses a la tasa pactada del 9.569%E.A.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Juez Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n criticada. Aclar\u00f3 que, de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se dio traslado a la ejecutada, pero guard\u00f3 silencio, por lo que, el 24 de mayo de 2022 la misma fue modificada y aprobada, decisi\u00f3n que adquiri\u00f3 firmeza al no ser recurrida. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el 19 de junio de ese a\u00f1o, el apoderado de la demandada interpuso solicitud de control de legalidad contra dicho auto, la cual ser\u00eda negada el 1\u00ba de febrero de 2023, determinaci\u00f3n frente a la interpuso apelaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue igualmente denegada por improcedente, de conformidad con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que tampoco formulara el recurso de queja. <\/p>\n
Sostuvo que, la sentencia como las dem\u00e1s providencias emitidas, tuvieron sustento en las normas aplicables al caso, y que la tutela lo \u00fanico que pretende es subsanar o revivir t\u00e9rminos, \u00absiendo evidente que las alegaciones planteadas atendiendo el art\u00edculo 446 del C.G.P., pod\u00edan ser objeto del recurso de apelaci\u00f3n debiendo ser escrutado ante el superior, pero debido a la ausencia de presentaci\u00f3n en tiempo de la inconformidad se encausa este mecanismo como medio supletivo sin ser este el objeto del amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, tras verificar que la actora omiti\u00f3 recurrir las determinaciones que cuestiona por esta senda, esto es, la del 24 de mayo de 2022 que modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito; al igual que aquella que no concedi\u00f3 la alzada contra la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 el control de legalidad propuesto, frente a la que proced\u00eda el de queja. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la querellante refutando lo resuelto por el tribunal a quo. En tal sentido arguy\u00f3 que, las formalidades no pueden convertirse en un l\u00edmite para la consecuci\u00f3n del derecho subjetivo y que adem\u00e1s, existe una protecci\u00f3n prevalente, seg\u00fan la Corte Constitucional (Sentencia C-112\/99), de los deudores hipotecarios frente al sistema de financiaci\u00f3n de vivienda, en ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que, \u00abno basta con verificar que el accionante es un deudor, y si utiliz\u00f3 con diligencia las herramientas procesales, sino que se requiere evidenciar que ese deudor enfrenta situaciones que hace que requiera una protecci\u00f3n inmediata transitoria o definitiva mediante una orden de un juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en referencia satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si el despacho convocado vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la accionante dentro del hipotecario radicado 2020-00094, con el auto del 24 de mayo de 2022 que modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia de este principio, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n de los argumentos de la queja constitucional, las piezas procesales allegadas y de la intervenci\u00f3n del tutelado, se advierte que el presente resguardo no supera el an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos derivados del presupuesto antedicho que, en el presente caso, para la Corte no puede entenderse allanado, aspecto que emerge como criterio de suficiente entidad para descartar la procedencia del amparo, imponi\u00e9ndose la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada. <\/p>\n
3.1. En este evento, prohijando lo resuelto por el a quo, el impedimento de procedibilidad en menci\u00f3n surge bajo la modalidad de incuria, porque frente al prove\u00eddo que especialmente reprocha por esta senda, esto es, el del 24 de mayo de 2022 mediante el cual el juzgado convocado modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la accionante pudo hacer uso del recurso de reposici\u00f3n (procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso), pero omiti\u00f3 hacerlo. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la aqu\u00ed tutelante desperdici\u00f3 la v\u00eda ordinaria que legalmente tuvo a su alcance para lograr lo que persigue a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, y mal hace en buscar enmendar su desidia fuera del juicio donde las perdi\u00f3, dado que, la presente acci\u00f3n no est\u00e1 dise\u00f1ada para rectificar fallas de gesti\u00f3n procedimental ni para revivir recursos fenecidos o precluidos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC11394-2015; entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
Ahora, sobre la aptitud del remedio horizontal, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras en STC3546-2019, 20 mar. 2019, rad. 00759-00). <\/p>\n
De modo que, si la interesada prescindi\u00f3 de hacer uso del mecanismo de defensa que ten\u00eda a su alcance, se insiste, deviene inadmisible que por este residual tr\u00e1mite constitucional se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n que correspond\u00eda al juez competente a trav\u00e9s del medio que se dej\u00f3 de formular. <\/p>\n
3.2. Finalmente, es menester precisar que, la interposici\u00f3n posterior a la ejecutoria de la providencia recriminada de una solicitud de control de legalidad cuya pretensi\u00f3n es que se deje sin efecto la misma, no suple el requisito de procedibilidad referido dado que, la discusi\u00f3n que plante\u00f3 en ese escenario bien pudo ser suscitada en oportunidad a trav\u00e9s del medio de impugnaci\u00f3n echado de menos, sin duda, id\u00f3neo para esos efectos. <\/p>\n
En definitiva, es el criterio de la subsidiariedad el que se impone para ratificar la improcedencia del auxilio, motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo descrito, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se tiene que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos o recursos desperdiciados por el descuido de los interesados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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