STC8163-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8163-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03012-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ana Mar\u00eda Manco Sgarra contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, Casatoro S. A., as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00b0 2017-00174. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
1. Al interior del ejecutivo seguido de declarativo que la accionante adelanta contra Casatoro S.A. (rad. n.\u00b0 2017-00174), el tribunal encartado \u00abpese a reconocer que la transacci\u00f3n objeto de debate es comercial, de manera contradictoria decide aplicar los intereses legales se\u00f1alados en el art\u00edculo 1617 del c\u00f3digo civil\u00bb, confirmando, en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n del a quo, quien \u00abse abstuvo de decretar mandamiento de pago respecto de intereses legales comerciales procedentes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al respecto, aduce que, con esa determinaci\u00f3n, \u00abel Magistrado Sustanciador incurri\u00f3 en error procedimental al no sujetarse a las normas legales que regulan el asunto materia de decisi\u00f3n, ya que consider\u00f3 que la norma legal procedente era la contenida en el art\u00edculo 1617 del c\u00f3digo civil como si se tratara de pagar una cantidad de dinero o indemnizaci\u00f3n por mora, cuando la que rige el caso es la contenida en el art\u00edculo 942 del c\u00f3digo de comercio por estar frente al incumplimiento de un contrato comercial\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, tal como se defini\u00f3 en la sentencia cuya ejecuci\u00f3n se pretende, el contrato que se tuvo por incumplido es \u00abde naturaleza mercantil ya que la firma demandada tiene la calidad de comerciante en el registro mercantil y adem\u00e1s el contrato versa sobre la compraventa de un tractor agr\u00edcola, lo que a la luz del numeral primero del art\u00edculo 20 del c\u00f3digo de comercio es un acto mercantil. Luego por m\u00e9rito de esa decisi\u00f3n judicial procede exigir las consecuencias legales previstas en el [citado] art\u00edculo 942\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abordenar a la sala civil familia del tribunal superior de Valledupar que (\u2026) emita una nueva decisi\u00f3n disponiendo que por mandato legal al caso en estudio se debe aplicar las preceptivas de los art\u00edculos 942 y 884 del c\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El magistrado ponente del prove\u00eddo atacado hizo un recuento de las actuaciones adelantadas a su cargo y, tras resaltar el car\u00e1cter excepcional de la tutela contra providencias judiciales, se opuso a la prosperidad del resguardo, pues \u00abla finalidad del accionante al proponer el amparo tutelar, no es distinto al de crear una nueva instancia para controvertir la providencia adoptada en un proceso de conocimiento, en el que la decisi\u00f3n result\u00f3 desfavorable al querer de la all\u00ed demandante, y con lo cual pretende obtener un tercer pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
3. Casatoro S.A., a trav\u00e9s de apoderado, se refiri\u00f3 al tr\u00e1mite surtido en el asunto objeto de queja, as\u00ed como a los hechos narrados en el escrito introductor y afirm\u00f3 que la promotora pretende \u00abcontar por v\u00eda de tutela con una tercera instancia\u00bb, por lo que sus pretensiones son improcedentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si el tribunal accionado, dentro del juicio ejecutivo rad. n.\u00b0 2027-00174, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al proferir el auto de 15 de junio de 2023, mediante el cual decidi\u00f3 modificar la orden de pago, reconociendo \u00ablos intereses legales causados a la tasa del 6% anual conforme el art\u00edculo 1617 C.C. hasta el pago total de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb cuando, seg\u00fan la promotora, hay lugar al reconocimiento de intereses comerciales. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los postulados que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Realizado el estudio pertinente a la queja constitucional elevada por la libelista, en confrontaci\u00f3n con las piezas procesales que reposan en el expediente digital remitido, la Corte negar\u00e1 el amparo deprecado debido a que la tutela no alcanza a superar el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto la acci\u00f3n se torna prematura. <\/p>\n
En efecto, la convocante censura lo resuelto por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en prove\u00eddo del 15 de junio de 2023, a trav\u00e9s del cual decidi\u00f3 \u00abADICIONAR el prove\u00eddo de fecha 02 de diciembre del 2022 proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, el cual quedar\u00e1 de la siguiente manera: \u201cPRIMERO. REPONER el ordinal primero del auto proferido el 23 de junio de 2022. En su lugar, LIBRASE mandamiento ejecutivo a favor de ANA MAR\u00cdA MANCO SGARRA y en contra de la sociedad CASA TORO S.A., por la suma de $69\u2019900.000., correspondiente al valor que se orden\u00f3 restituir a la demandante, debidamente indexado hasta que se haga efectivo el pago ese concepto; m\u00e1s los intereses legales causados a la tasa del 6% anual conforme el art\u00edculo 1617 C.C. hasta el pago total de la obligaci\u00f3n; y por las costas procesales causadas y aprobadas conforme a lo ordenado en la fase declarativa del presente asunto.\u201d El resto de la providencia quedar\u00e1 inc\u00f3lume\u00bb; lo anterior porque, seg\u00fan aduce, \u00abla actuaci\u00f3n del magistrado sustanciador que dict\u00f3 el [referido] prove\u00eddo (\u2026) es arbitraria por estar fuera de lo establecido por el ordenamiento jur\u00eddico toda vez que se apart\u00f3 de las normas legales que regulan las consecuencias inherentes al incumplimiento de un contrato mercantil -como en este caso- consagradas en el c\u00f3digo de comercio, para en su lugar aplicar normas que regulan otra materia como la civil\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con ello, la discusi\u00f3n en torno a tales alegaciones, desborda la intervenci\u00f3n excepcional del sentenciador constitucional, en la medida en que anticipar\u00eda la resoluci\u00f3n de fondo que, mediante sentencia, habr\u00eda de adoptar el juez de conocimiento y que se encuentra pendiente1. <\/p>\n
Ciertamente, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades del t\u00edtulo ejecutivo, no concluyen con la decisi\u00f3n que se adopte frente a los recursos procedentes contra el mandamiento de pago o con la definici\u00f3n de las excepciones previas referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario el juzgador est\u00e1 llamado a volver a revisar, inclusive de oficio, los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago, ello, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2 y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 00440-01, citada y reiterada en STC4808-2017, 5 abr.). Se subraya. <\/p>\n
Sobre la invocaci\u00f3n de la salvaguarda en las circunstancias anotadas, esta Corte ha dicho que al encontrarse en tr\u00e1mite otros instrumentos encaminados a corregir los defectos endilgados al acusado, la tutela resulta impertinente, toda vez que, \u00ab(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC11349-2020, 10 dic. 2020, rad. 00467-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Con todo, cabe advertir que, en este caso, el requisito de procedibilidad de la tutela al que se ha hecho alusi\u00f3n -subsidiariedad- no se revierte a\u00fan bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria, en tanto ni siquiera fue alegado. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la jurisprudencia que \u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u201cgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u201d, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ STC5765-2022, 11 may. 2022, rad. 01230-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el amparo implorado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, por tornarse prematuro. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo al registro de actuaciones que reporta el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se verifica que la parte ejecutada present\u00f3 excepci\u00f3n de m\u00e9rito, el reciente 26 de julio. <\/p>\n
<\/p>\n
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