STC8164-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8164-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de junio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fernando Alarc\u00f3n S\u00e1nchez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, supuestamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada tiene a cargo la vigilancia de la pena que le fue impuesta de 256 meses de prisi\u00f3n, por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, el juzgado de ejecuci\u00f3n de penas en menci\u00f3n mediante auto del 10 de noviembre de 2022, le neg\u00f3 la solicitud de permiso administrativo de 72 horas, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales con prove\u00eddo del 2 de mayo de la presente anualidad. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las referidas determinaciones, pues considera que pese a no cumplir el 70% de la condena impuesta, dicha exigencia legal, introducida por la ley 504 de 1999, no se encuentra vigente, distinto a lo arg\u00fcido por el juzgado y el tribunal. <\/p>\n
Adicionalmente, aleg\u00f3 que, se le ha vulnerado su derecho a la igualdad, pues el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bogot\u00e1 otorg\u00f3 el beneficio de las 72 horas a otro sentenciado (Nicol\u00e1s Cuadros Pinto) quien fuere condenado por los delitos de \u00abhurto calificado y desaparici\u00f3n forzada\u00bb, pese a que este \u00faltimo punible tambi\u00e9n es de competencia de la justicia penal especializada, \u00abprecedente\u00bb que considera, debe aplicarse a su caso. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, se d\u00e9 aplicaci\u00f3n en su favor de \u00ablas exigencias que se encuentran plasmadas en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993 y las descritas en el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 232 de 1998; y, no tener en cuenta las aplicables a los reatos del sistema especializado o sea los sujetos receptores del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, dando paso sobre lo dicho por las Cortes, en aplicaci\u00f3n al derecho a la igualdad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada hizo un recuento de las decisiones que ha adoptado durante el tiempo que ha tenido a cargo la vigilancia de la pena de Alarc\u00f3n S\u00e1nchez, y espec\u00edficamente, las tres providencias con las que neg\u00f3 en diferentes oportunidades la solicitud del permiso administrativo de 72 horas. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales sostuvo que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. Adjunt\u00f3 copia del auto de 2 de mayo de 2023 con el cual confirm\u00f3 la negativa al permiso administrativo deprecado por el sentenciado, aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que, se le est\u00e1 quebrantando su derecho a la igualdad; en ese sentido, recalc\u00f3 que si en el caso del sentenciado Nicol\u00e1s Cuadros Pinto, quien fuere condenado por el delito de \u00abdesaparici\u00f3n forzada\u00bb, delito de competencia de la justicia penal especializada, le fue concedido el beneficio administrativo, debe resolverse de la misma manera su petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 256 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n, por no haber cumplido el 70% de la pena impuesta, de conformidad con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993. De otra parte, si con la decisi\u00f3n se le est\u00e1 tratando de forma desigual en relaci\u00f3n con otros reclusos a quienes s\u00ed les concedieron el citado beneficio punitivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 2 de mayo de 2023 por el Tribunal Superior de Manizales, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio pretendido, el ad quem explic\u00f3 que el art\u00edculo 29 de la ley 504 de 1999 que introdujo la modificaci\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993 que prev\u00e9 la exigencia del cumplimiento de por lo menos el 70% de la sanci\u00f3n punitiva impuesta, se encuentra vigente y es aplicable al caso, de acuerdo con los diversos pronunciamientos jurisprudenciales que han precisado que, durante los ocho (8) a\u00f1os de vigencia anunciada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se introdujeron al conjunto normativo penal una serie de modificaciones que ampliaron el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la justicia especializada, imperando colegir que el trato diferenciado a los condenados por dicha parcela de la jurisdicci\u00f3n para acceder al permiso de 72 horas est\u00e1 plenamente vigente, puesto que, con normas como la ley 600 de 2000, la ley 906 de 2004 y la ley 1142 de 2007, expl\u00edcitamente se extendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las regulaciones especiales respecto a la justicia especializada\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, tanto la Corte Constitucional (sentencia C-387 de 2015) como la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP6624-2019) se han pronunciado respecto a la vigencia de la citada regulaci\u00f3n (ley 504 de 1999) avalando su aplicabilidad, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debe comprender el solicitante que no puede analizarse de forma aislada la norma que aludi\u00f3 a una vigencia limitada de ocho a\u00f1os del requisito del art\u00edculo 29 de la ley 504 de 1999, pues ella misma contempl\u00f3 la posibilidad de que esta temporalidad fuera morigerada por el legislador, imperando decir que as\u00ed lo hizo cuando dispuso que la justicia especializada seguir\u00eda operando, y con ella todas las regulaciones existentes. <\/p>\n
Y tal criterio no ha sido modificado por nuestro superior funcional, manteni\u00e9ndolo s\u00f3lidamente en el tiempo, como efectivamente se puede corroborar con decisiones recientes, tales como aquella del 17 de agosto de 2021 (rad. 118588) en la que se lee: <\/p>\n
\u201cen este sentido el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, modificado por el art\u00edculo 29 de la ley 504 de 1999, se encuentra vigente y as\u00ed ser\u00e1 mientras perdure la justicia penal especializada, a no ser que el Legislador en ejercicio de su facultad normativa, disponga regular de forma diferente el asunto relacionado con el permiso administrativo de hasta 72 horas, lo cual por el momento no ha ocurrido. <\/p>\n
Por tanto, la l\u00ednea jurisprudencial en torno al punto es que el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario \u2013 modificado por el art\u00edculo 29 de la ley 504 de 1999 \u2013 se encuentra vigente y (\u2026) mientras perdure la justicia penal especializada se requiere, en los delitos de su competencia, el cumplimiento del 70% de la pena para acceder al beneficio administrativo hasta 72 horas\u201d\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, concluy\u00f3 el tribunal accionado que no era posible acceder al beneficio deprecado por el sentenciado Alarc\u00f3n S\u00e1nchez, por no cumplir con el requisito objetivo de haber descontado al menos el 70% de la pena impuesta, dado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) habiendo sido condenado por un delito denominado de competencia de la justicia especializada como lo es el tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado, debe acogerse al leg\u00edtimo y vigente requisito diferenciador que hasta la fecha no cumple, en tanto que no ha purgado todav\u00eda en tiempo f\u00edsico el 70% de la pena que le fue impuesta, habida cuenta que a la fecha del presente prove\u00eddo se encuentra a\u00fan distante de los 179 meses y 6 d\u00edas que reclama como requisito objetivo su caso\u00bb. <\/p>\n
4.2. As\u00ed entonces, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el contexto procesal analizado y la normativa espec\u00edfica que rige la materia, esto es, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el 29 de la Ley 502 de 1999 que, contrario a lo alegado por el sentenciado, se trata de un precepto con plena vigencia, y cuya exequibilidad fue refrendada por la Corte Constitucional en la sentencia C-387 de 2015, como bien lo explic\u00f3 esa colegiatura; luego, la aplicaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n se aprecia razonable, y en todo caso, lejos de constituir el desafuero jur\u00eddico que se denuncia. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Frente ese planteamiento, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones judiciales en las cuales se han admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que la interpretaci\u00f3n de una norma o de un espec\u00edfico contexto jur\u00eddico lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis que efect\u00faa otro juez en un escenario distinto, corresponde a la hermen\u00e9utica que de manera aut\u00f3noma le otorga a la situaci\u00f3n escrutada y no constituye en estricto sentido un precedente que sirva de derrotero para todos los asuntos similares, pues recu\u00e9rdese, los criterios adoptados por funcionarios hom\u00f3logos no son necesariamente vinculantes. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para establecer si se incurre en discriminaci\u00f3n, no sirve de par\u00e1metro lo decidido por otros jueces, por parecidos que sean los casos, como quiera que la labor de administrar justicia est\u00e1 sometida a la independencia y autonom\u00eda que le son inherentes (CSJ, STC, 16. ab. 2015, 00512-01). <\/p>\n
Y, en todo caso, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permiten un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus determinaciones, de modo que el prove\u00eddo que se trae a colaci\u00f3n en estas diligencias (del Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1), no tiene la fuerza vinculante del precedente judicial como para hacer extensivos sus efectos al proceso de Alarc\u00f3n S\u00e1nchez, por lo que, se reitera, no se advierte un trato diferencial con incidencia en la prerrogativa suplicada. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
6.2. No se advierte afectado el derecho a la igualdad dado que, el caso cuyo parang\u00f3n se apremia, no constituye en estricto sentido un precedente vinculante que imponga la definici\u00f3n del recriminado en ese el mismo sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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