STC8165-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00422-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Duque Bele\u00f1o contra el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2022-00150. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al resolver el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que instaur\u00f3 demanda contra Leonardo Rafael Romero Ortega a fin de que se declarara que entre ellos \u00absurgi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 29 de enero de 2000 hasta el 10 de mayo de 2021 [y] que de dicha uni\u00f3n se form\u00f3 una sociedad patrimonial\u00bb, la cual ser\u00eda objeto de disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Que el \u00ab14 de junio de 2023 (sic)\u00bb, el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla \u00abfalla en contra declarando prescripci\u00f3n de la solicitud sin valorar las pruebas aportadas\u00bb, porque la situaci\u00f3n descrita en \u00abel acta\u00bb allegada por su contraparte para demostrar tal excepci\u00f3n, \u00abno es definitiva para establecer el periodo de la existencia de la uni\u00f3n marital\u00bb, ya que, tras esa declaraci\u00f3n, \u00abhubo reconciliaci\u00f3n entre ellos\u00bb, como consta en \u00ablas declaraciones juradas [de] Josefina Noguera [y] Dinorah Guti\u00e9rrez Villamizar\u00bb. <\/p>\n
Que, por el contrario, los testimonios del demandado \u00abfueron contradictorios\u00bb, y el apoderado judicial de este \u00abhizo una acusaci\u00f3n temeraria e infundada (\u2026), ya que est\u00e1 demostrando obrar[r] con mala fe [pues] aun sabiendo que la demandante est\u00e1 divorciada, la acusa de hacer fraude\u00bb, y acot\u00f3 que el juzgado dej\u00f3 de valorar medios probatorios como \u00abfotograf\u00edas posteriores a agosto de 2015; capturas de conversaciones entre las partes; certificados de alojamiento en [un] hotel; afiliaci\u00f3n a EPS posterior a 2015 [y] aportes peri\u00f3dicos del demandado a la demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica, se proceda a \u00abrevocar la sentencia [proferida por] la juez 2 de familia [dentro del declarativo de uni\u00f3n marital de hecho n\u00b0 2022-00150], y que se pronuncie sobre las dem\u00e1s pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Segunda de Familia de Barranquilla, inform\u00f3 que la demanda fue \u00abadmitida por este despacho mediante auto calendado 26 de mayo de [2022]\u00bb; que tras suspenderse la audiencia de tr\u00e1mite, \u00abrecibidas todas las pruebas (\u2026), se se\u00f1al\u00f3 nueva fecha de audiencia para el d\u00eda 26 de junio de este a\u00f1o 2023, (\u2026) anunciando el sentido del fallo [desestimatorio]\u00bb, y que \u00abel d\u00eda 11 de julio de 2023, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado por ley, se emiti\u00f3 la sentencia de forma escrita (\u2026), frente a la cual no se interpuso recurso alguno, ni ning\u00fan otro memorial a la fecha de este informe [19 de julio de 2023]\u00bb. <\/p>\n
2. Leonardo Rafael Romero Ortega, demandado en el pleito confutado, se opuso a lo pretendido aduciendo que, \u00abel proceso se evacu\u00f3 acorde con los lineamientos del procedimiento, tanto que nunca se formul\u00f3 objeci\u00f3n alguna por nuestros abogados (\u2026). La lectura de la providencia deja en claro que se hizo una valoraci\u00f3n de las pruebas en su conjunto y la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 basada en un ponderado an\u00e1lisis de lo aportado en tiempo por las partes. Si la sentencia no gust\u00f3 a la se\u00f1ora Duque Bele\u00f1o, su abogada debi\u00f3 apelarla y ejercer ese medio de impugnaci\u00f3n de las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que la actora obvi\u00f3 \u00ablos requisitos de subsidiariedad y residualidad del mecanismo\u00bb, porque si \u00abdeseaba exponer sus desacuerdos con la sentencia de primera instancia en lo referente a la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juzgado accionado, debi\u00f3 echar mano de los mecanismos de defensa ordinarios que para ese momento a\u00fan contaba, como es el caso del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb del cual esa decisi\u00f3n \u00abera susceptible\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para criticar la existencia de otros medios de defensa judicial distintos a la acci\u00f3n constitucional, pues en \u00aben la misma sentencia la juez ordena el archivo inmediato\u00bb y que \u00abcuando se inici\u00f3 la tutela ya el t\u00e9rmino de interponer recurso hab\u00eda vencido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, al denegar las pretensiones dentro del pleito n\u00b0 2022-00150. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela y en particular de la subsidiariedad. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de las se\u00f1aladas exigencias, destac\u00e1ndose de la subsidiariedad, que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir al instrumento excepcional consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y regulado en el Decreto 2591 de 1991, en tanto no ha sido incorporado en el ordenamiento jur\u00eddico para tenerse en lugar del sendero ordinario que el legislador previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional. <\/p>\n
De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no es viable acudir a dicho remedio, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. As\u00ed, cuando frente a para dicho impedimento no se antepone un evento que permita su flexibilizaci\u00f3n, la improcedencia del auxilio por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, pues, se itera, debe haber justificaci\u00f3n para que la parte actora hubiese dejado de utilizarlos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del ruego tuitivo, por cuanto incumple el requisito de subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
En efecto, al dirigirse la censura contra la sentencia proferida por el despacho convocado el 11 de julio de 2023, (mediante la cual resolvi\u00f3 declarar la existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre las partes \u00abdesde el 01 de enero de 2005 hasta el 13 de agosto de 2015\u00bb, y encontr\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n con respecto de la sociedad patrimonial\u00bb), el impedimento de procedibilidad en comento emerge di\u00e1fano, en la medida en que dicha providencia no fue atacada oportuna y adecuadamente a trav\u00e9s del mecanismo id\u00f3neo que la ley prev\u00e9. <\/p>\n
Esto, porque trat\u00e1ndose de un pleito tramitado en primera instancia, la decisi\u00f3n de fondo era susceptible del recurso de apelaci\u00f3n al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 321 del estatuto adjetivo general, no obstante, la demandante omiti\u00f3 interponerlo, pese a que contaba con representaci\u00f3n judicial y la providencia fue debidamente notificada por estado electr\u00f3nico1. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la protecci\u00f3n implorada deviene improcedente, pues, como reiterada y constantemente lo ha dicho esta Sala, cuando una persona invoca el resguardo sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, en raz\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato que caracteriza dicha acci\u00f3n, y dado que no se advierte motivo alguno que justifique la incuria, su inviabilidad constituye un criterio jur\u00eddico insuperable, y, por tanto, el demandante que sujeto a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Sobre el particular, de vieja data la jurisprudencia constitucional precis\u00f3 que la tutela: \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio ordinario, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC6197-2023, 28 jun., rad. 00266-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la aptitud e idoneidad del medio ordinario de defensa judicial que el ac\u00e1 quejoso desaprovech\u00f3 al interior de la actuaci\u00f3n recriminada, no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que hagan posible la prosperidad de la acci\u00f3n bajo tal modalidad. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que: \u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anteriormente discurrido, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que no supera el esencial requisito de la subsidiariedad, en tanto la actora no hizo uso del medio de defensa judicial que estaba a su disposici\u00f3n para rebatir la actuaci\u00f3n ac\u00e1 reprochada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n