STC8168-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8168-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Pereira el 11 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-00129. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas indic\u00f3, que dentro del citado asunto el despacho querellado \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998, ley ESPECIAL Y AUTONOMA al no existir veredicto final\u00bb, y adem\u00e1s \u00abDESCONOCE ART 120, 117 CODIGO GENERAL DEL PROCESO\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, el gestor pretende que \u00abSe inste al tutelado PERDER COMPETENCIA AMPAARDO (SIC) ART 121 CGP\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda pidi\u00f3 ser desvinculado de las presentes diligencias, comoquiera que \u00abuna vez revisadas las bases de datos de la [entidad], se advierte que, en virtud de la acci\u00f3n popular n\u00fam. 2021-00129-00, no existe proceso disciplinario alguno; tampoco se ha remitido compulsa o presentado queja por parte del se\u00f1or Gerardo Herrera\u00bb. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira tambi\u00e9n solicit\u00f3 ser apartada de la acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira puso de presente, que \u00abel aqu\u00ed accionante y quien funge como actor popular en innumerables acciones populares que se encuentran radicadas en este Despacho Judicial, presenta escritos de forma reiterada, insistiendo en solicitudes que ya le han sido resueltas. Adicionalmente sus escritos son confusos y contradictorios, por lo que muchos de ellos le han sido resueltos desfavorablemente de manera motivada por no reunir las exigencias de ley para su procedencia. Lo anterior, genera congesti\u00f3n e impide el desarrollo normal de los procesos y de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. Por otra parte, inform\u00f3 que al interior de la acci\u00f3n radicada bajo el n\u00b0 2021-00129 se profiri\u00f3 sentencia el 24 de mayo de 2023, concedi\u00e9ndose recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la misma el 20 de junio del a\u00f1o en curso, ordenando la remisi\u00f3n al Tribunal Superior. <\/p>\n
4. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3, que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el interesado no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
El tribunal a-quo deneg\u00f3 el auxilio al considerar que lo que reclama el querellante carece de relevancia constitucional, pues \u00abcuando se radic\u00f3 esta tutela, ya se hab\u00eda proferido sentencia en la acci\u00f3n popular de marras\u00bb. Adem\u00e1s, se incumple el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que \u00abel juzgado se neg\u00f3 a resolver favorablemente una solicitud del actor tendiente a que perdiera competencia, precisamente en el mismo auto del 20 de junio de 2023 y contra esa decisi\u00f3n no se present\u00f3 ning\u00fan recurso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, esgrimiendo que \u00abEXIJO SE DE PALICASION (SIC) ART 121 CGP, ART 84 LEY 472 DE 1988\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad querellada lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada dentro de la acci\u00f3n popular adelantada por el interesado frente al Restaurante China Town (n\u00b0 2021-00129), al no declarar la p\u00e9rdida de competencia de conformidad con lo previsto en el art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso y, supuestamente, no resolver en tiempo sus solicitudes. <\/p>\n
2. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2026-2023, 8 mar. 2023, rad. 00022-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la inexistencia de vulneraci\u00f3n frente a la p\u00e9rdida de competencia de la juez convocada para fallar la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00129, y, el incumplimiento del presupuesto general de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Inexistencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Habida cuenta que, contrario a lo sostenido por el convocante, y tal y como lo inform\u00f3 la Juez Cuarta Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acci\u00f3n popular seguida por aqu\u00e9l contra el Restaurante China Town, una vez agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 24 de mayo de 2023 se profiri\u00f3 sentencia negando las pretensiones de la demanda, por lo que la controversia planteada por el actor relativa a la p\u00e9rdida de competencia de la juzgadora para definir de fondo el asunto, resulta inconducente para soportar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales, si en cuenta se tiene que la solicitud de amparo se present\u00f3 el 26 de junio anterior. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora a la autoridad accionada, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
3.2. De la incuria <\/p>\n
As\u00ed mismo, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; reiterada, entre otras, en SCT3466-2023, 13 abr. 2023, Rad. 00046-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, comoquiera que aunque Gerardo Alonso Herrera se duele a trav\u00e9s de este mecanismo, de que la Juez Cuarta Civil del Circuito de Pereira no atiende las solicitudes presentadas el 25 y 26 de mayo de los corrientes, encaminadas a que, entre otros, \u00abpierda competencia art 121 cgp\u00bb, y \u00abse de (sic) aplicasion (sic) art 84 ley 472 de 1998\u00bb, es decir, las mismas pretensiones tra\u00eddas a esta sede constitucional, guard\u00f3 silencio frente al auto calendado 20 de junio de 2023, por medio del cual se resolvi\u00f3 \u00abEn atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso, las dem\u00e1s peticiones insertas en los referidos escritos, se rechazan por improcedentes, descontextualizadas y dilatorias\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al haber tenido el quejoso a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla desaprovechado injustificadamente, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial, por lo que no puede abrirse paso el resguardo pues la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC4146-2023, 3 may. 2023, rad. 00119-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada frente a la juez convocada, y, porque no se verifica el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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