STC8177-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8177-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02828-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mart\u00edn Alberto Santos D\u00edaz1 contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y su respectiva Secretar\u00eda; la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, todos de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Mar\u00eda Eugenia Riascos Rodr\u00edguez, Mart\u00edn Ricardo Rinc\u00f3n Usc\u00e1tegui, \u00c1lvaro Iv\u00e1n Araque Chiquillo y Mar\u00eda Lorena Dur\u00e1n Guerrero, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2008-02660-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en la prenotada calidad, el convocante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estima lesionada por las autoridades encartadas. <\/p>\n
2. Relata, en s\u00edntesis, que una vez la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia profiri\u00f3 sentencia en el tr\u00e1mite rad. n.\u00b0 2008-026602, la secretar\u00eda de dicha Corporaci\u00f3n \u00abremiti\u00f3 [las diligencias] a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta\u00bb, raz\u00f3n por la cual, en su condici\u00f3n de \u00abapoderado de confianza del se\u00f1or ALVARO IVAN ARAQUE CHIQUILLO\u00bb, requiri\u00f3 el expediente digital al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, quien le inform\u00f3 que \u00abNO TIENE el proceso digitalizado\u00bb y que \u00abES EL CENTRO DE SERVICIOS QUIEN DEBE ENTREGARLE LO SOLICITADO\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, elev\u00f3 la respectiva petici\u00f3n a la referida autoridad, sin embargo, la misma le manifest\u00f3 que no ten\u00eda \u00abacceso al link\u00bb; por ello, \u00abofici[\u00f3] a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta\u00bb quien le indic\u00f3 que \u00abel proceso de referencia fue devuelto (\u2026) al Centro de Servicios Judiciales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablas dependencias demandadas en sede de tutela, deben de tener acceso al expediente\u00bb. <\/p>\n
3. Como consecuencia de lo anterior, pretende que se ordene a las querelladas remitir el \u00abenlace donde reposa el expediente penal N\u00ba (\u2026) 2008-02660-01\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abel expediente fue sometido a digitalizaci\u00f3n y cargado en el GESTOR DOCUMENTAL (\u2026) por lo cual, con oficio 4879 del 8 de mayo de 2023 fue remitido de manera f\u00edsica a la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta. Comoquiera que el citado Tribunal ha implementado el GESTOR DOCUMENTAL para el tr\u00e1mite de sus procesos digitales, (\u2026) le fueron habilitados los respectivos permisos\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, alleg\u00f3 copia del oficio n.\u00ba 6863, por medio del cual le inform\u00f3 al Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de C\u00facuta que para acceder al asunto deb\u00eda ingresar \u00abal link https:\/\/consultasexternas.ramajudicial.gov.co con el C\u00f3digo \u00danico de Identificaci\u00f3n del proceso (54001600113120080266001)\u00bb. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa localidad reliev\u00f3 que \u00abel expediente electr\u00f3nico y f\u00edsico ya no se encuentra en [esa dependencia]\u00bb. <\/p>\n
3. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio arguy\u00f3 que \u00ab a [sus] correos, los permisos solicitados para acceder a la documentaci\u00f3n requerida no fueron allegados, ya que \u00fanicamente, es esa alta corporaci\u00f3n quien tiene la facultad de otorgar previo ingreso con usuario y clave al aplicativo, mas no el Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, dado que incluso en esta seccional no se ha implementado la plataforma de digitalizaci\u00f3n \u201cBestDoc\u201d, mediante el cual se encuentra almacenado el expediente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si Mart\u00edn Alberto Santos D\u00edaz est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda; y, en caso de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron la prerrogativa invocada por aquel, por cuanto presuntamente no le han otorgado el acceso al expediente digital del tr\u00e1mite penal rad. n.\u00ba 2008-02660. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del auxilio constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la protecci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC4656-2023, 17 may.). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la acci\u00f3n se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte (\u2026) y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC4656-2023, 17 may.). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al presente asunto, se advierte que habr\u00e1 de declararse la improcedencia del resguardo, porque el abogado solicitante no alleg\u00f3 poder especial conferido por quien dice ser su representado para formular la presente salvaguarda, lo cual significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este caso. <\/p>\n
En efecto, aun cuando quien promovi\u00f3 el resguardo manifest\u00f3 ser \u00abapoderado de confianza del doctor, \u00c1LVARO IV\u00c1N ARAQUE CHIQUILLO, dentro del proceso penal [rad. 2008-02660]\u00bb, no basta con ese mandato para asumir la vocer\u00eda judicial del se\u00f1or Araque Chiquillo en este tr\u00e1mite constitucional, ya que, para ello, se itera, se requiere el correspondiente poder que ac\u00e1 se echa de menos, el cual, pese a ser requerido en el auto de 25 de julio de 2023, no fue allegado por el memorialista como correspond\u00eda. <\/p>\n
En ese sentido, cuando se trata de acciones de tutela en que se act\u00fae por conducto de un profesional del derecho, el criterio que, de vieja data sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC4656-2023, 17 may.). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Por ello esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada en STC4656-2023, 17 may.). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con los reparos presentados en el escrito de subsanaci\u00f3n, en el cual Mart\u00edn Alberto Santos D\u00edaz indic\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de amparo, la estoy ejerciendo soy yo, pues a m\u00ed, a pesar de encontrarme legalmente facultado para ello, es a quien se le niega el acceso al expediente\u00bb advierte la Corte que, aun en ese escenario, el libelista no est\u00e1 legitimado en la causa para promover esta salvaguarda en nombre propio; ello, teniendo en cuenta que, la calidad en la que obra en el asunto confutado es la de abogado de uno de los all\u00ed procesados, por lo que no es el titular de las prerrogativas iusfundamentales aducidas respecto de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados, la Corte ha dicho que \u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC3640-2023, 20 abr.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo explicado, se declarar\u00e1 la improcedencia del resguardo, puesto que resultaba perentorio que el abogado que formul\u00f3 la salvaguarda demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, pues no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite penal para promover la protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Quien adujo actuar \u00aben mi condici\u00f3n de apoderado de confianza del doctor, \u00c1LVARO IV\u00c1N ARAQUE CHIQUILLO, dentro del proceso penal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n en concurso heterog\u00e9neo con peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
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