STC8178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03048-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Bautista L\u00f3pez Robles contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho de Familia de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, propiedad, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso de la sucesi\u00f3n del causante Fabio Jos\u00e9 Moreno Escobar \u2013quien era titular de \u00ab333 cuotas de inter\u00e9s social de las 1000 en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad comercial Asociaci\u00f3n de Urbanizadores Colombianos \u2013 Asucol Ltda.\u00bb\u2013 (rad. n.\u00ba 1990-00272), el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n el 8 de julio de 1991. <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, Cindy Lorena Moreno Rivera promovi\u00f3 proceso de petici\u00f3n de herencia (rad. n.\u00ba 1994-04336), en el que el estrado Diecis\u00e9is de Familia de esa ciudad dict\u00f3 fallo estimatorio el 8 de abril de 1997 y resolvi\u00f3 que aquella \u00abtiene derecho a recoger la herencia dejada por su padre hasta la concurrencia de su cuota parte\u00bb. De igual forma, el tribunal confirm\u00f3 lo all\u00ed dispuesto, a excepci\u00f3n del desistimiento de la pretensi\u00f3n de condenar a la restituci\u00f3n del pago de los frutos civiles y naturales que hayan producido los bienes materia de sucesi\u00f3n, porque no se obtuvo licencia judicial (n\u00fam. 1\u00ba, art. 343 del CPC). <\/p>\n
2.3. En virtud de la decisi\u00f3n que antecede, se orden\u00f3 reabrir la sucesi\u00f3n, en la que (i) se reconoci\u00f3 a Julio Bautista L\u00f3pez Robles \u2013aqu\u00ed libelista\u2013 como cesionario del 37% de los derechos de herencia que legalmente le corresponden a la heredera Cindy Lorena Moreno Rivera; (ii) se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros productos de un contrato de cuentas en participaci\u00f3n celebrado entre Asucol Ltda. e Inversiones Carvajal & Campo Ltda.; y (iii) se consign\u00f3 mensualmente al Banco Agrario el dinero producto de la contraprestaci\u00f3n por aportes de inmuebles, en atenci\u00f3n al mentado convenio. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1, con decisi\u00f3n de 7 de abril de 2015, aprob\u00f3 el trabajo que reh\u00edzo la partici\u00f3n; confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa urbe, el 16 de diciembre siguiente. En la anotada providencia, al gestor se le adjudicaron \u00ab14, 271428 cuotas de inter\u00e9s social de las 333 que ten\u00eda el causante\u00bb. <\/p>\n
2.5. No obstante, como no se asignaron (i) los dineros depositados en el Banco Agrario (ii) ni los derechos derivados del mentado contrato de cuentas en participaci\u00f3n, solicit\u00f3 una partici\u00f3n adicional, pero el estrado deneg\u00f3 esa petici\u00f3n \u2013lo que se ratific\u00f3 en segundo grado\u2013, sin reparar en la \u00abfalta\u00bb de pronunciamiento sobre los derechos que de all\u00ed se desprenden. <\/p>\n
2.6. Luego, el despacho dict\u00f3 auto de 10 de noviembre de 2020, en el que, \u00abdesconociendo\u00bb los prove\u00eddos antecedentes y las pruebas adosadas1, estableci\u00f3 que la entrega de los dineros se har\u00eda a prorrata, pero \u00ablos frutos deber\u00e1n ser entregados en las partidas respectivas\u00bb; por lo que, inconforme, present\u00f3 \u00abnulidad constitucional\u00bb, desestimada el 23 de julio de 2021, resoluci\u00f3n ratificada en apelaci\u00f3n el 9 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.7. Por ello, formul\u00f3 nueva \u00abnulidad constitucional\u00bb, pero el tribunal ad quem, con auto de 21 de septiembre de 2022, la rechaz\u00f3 de plano, \u00abconfundiendo[la] (\u2026) con la nulidad procesal\u00bb; determinaci\u00f3n contra la que, a su vez, radic\u00f3 s\u00faplica, siendo negada el 15 de noviembre de esa anualidad. <\/p>\n
2.8. Con todo, insisti\u00f3 en que existen irregularidades procesales que tienen efecto \u00abdecisivo\u00bb en las resultas del proceso, de modo que, como \u00faltimo mecanismo, invoc\u00f3 un control de legalidad, pero el 9 de mayo de 2023 se despach\u00f3 desfavorablemente. <\/p>\n
3. En consecuencia pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abque se revoque el auto de 10 de noviembre de 2020 y todas las dem\u00e1s providencias que de esta se deriven\u00bb y (ii) \u00abque se le ordene a las autoridades judiciales accionadas tener en cuenta que el suscrito tiene derecho a participar a prorrata [i] de los dineros consignados en el Banco Agrario (\u2026) y [ii] de los derechos derivados del citado contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado a quo remiti\u00f3 el expediente digital y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Adem\u00e1s, adujo que \u00aba lo largo de casi 33 a\u00f1os de tr\u00e1mite ordinario, se ha debatido, entre otros aspectos, lo expuesto por el accionante Julio Bautista L\u00f3pez Robles, resolviendo tal situaci\u00f3n con sentencia del 7 de abril de 2015, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Familia, el 16 de diciembre de la misma anualidad. Sin embargo, posterior a ello, el abogado y cesionario en la causa liquidatoria se\u00f1or L\u00f3pez Robles, ha intentado infructuosamente a trav\u00e9s de mecanismos como partici\u00f3n adicional, nulidades y acciones de tutela como la que hoy nos ocupa, se le reconozca participaci\u00f3n de frutos civiles sobre beneficios que generan las acciones de sociedades inventariadas en el trabajo partitivo que se encuentra en firme, de los cuales renunci\u00f3 cuando era apoderado de la heredera Cindy Lorena Moreno Rivera, en proceso de petici\u00f3n de herencia que curs\u00f3 ante el hom\u00f3logo Juzgado 16 Familia de esta ciudad, decisiones que fueron confirmadas todas en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Tercero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 expuso que \u00abpor auto del 19 de agosto de 2016 este despacho dispuso remitir al juzgado de origen, la totalidad de las actuaciones referentes al proceso ordinario de petici\u00f3n de herencia, por no tener actuaciones que se deriven de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Banco Agrario de Colombia S.A. indic\u00f3 que \u00abNO se encontraron dep\u00f3sitos judiciales en estado PENDIENTE DE PAGO. Es preciso mencionar que las autoridades en las cuales se constituyeron los dep\u00f3sitos judiciales son quienes deben confirmar electr\u00f3nicamente para pago los dep\u00f3sitos pendientes, as\u00ed como deber\u00e1n verificar el beneficiario de los dep\u00f3sitos judiciales o cualquier novedad sobre los mismos (Conversi\u00f3n, Fraccionamiento, Reposici\u00f3n, Prescripci\u00f3n o Pago), lo anterior teniendo en cuenta que el Banco Agrario de Colombia no tiene la facultad o responsabilidad de autorizar para pago los dep\u00f3sitos judiciales que se han constituido en las cuentas de los despachos a cargo de Rama Judicial o cualquier otro ente coactivo\u00bb. <\/p>\n
4. La C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 sostuvo que no tiene ninguna solicitud a su cargo, relacionada con este caso. <\/p>\n
5. La Sala de Familia del Tribunal Superior de esa urbe tambi\u00e9n envi\u00f3 la foliatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en la sucesi\u00f3n de la referencia (rad. n.\u00ba 1990-00272), por haber expedido los prove\u00eddos: (i) de 10 de noviembre de 2020, en el estrado a quo fij\u00f3 reglas para la entrega de dineros al aqu\u00ed censor, en su calidad de cesionario; (ii) de 21 de septiembre de 2022, mediante el cual el ad quem rechaz\u00f3 de plano la \u00abnulidad constitucional\u00bb; y (iii) de 15 de noviembre de 2022, que deneg\u00f3 la s\u00faplica. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ago.). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento no atiende el postulado que viene de comentarse, comoquiera que el prove\u00eddo m\u00e1s reciente que se cuestiona data del 15 de noviembre de 2022; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 3 de agosto de 20232, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado con las decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a los pronunciamientos atacados, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10554-2018, 16 ago.). <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra providencias judiciales; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.3. Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor, que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
3.4. Circunstancia que no var\u00eda con las explicaciones respecto del agotamiento de los medios de defensa al interior del tr\u00e1mite de la sucesi\u00f3n, pues, el prove\u00eddo de 9 mayo de 20233 al que aludi\u00f3 en el escrito inicial, en el que se deneg\u00f3 el \u00abcontrol de legalidad\u00bb invocado y se le conmin\u00f3 a estarse a lo resuelto, no altera que, inclusive, desde el 2022 quedaron en firme los pronunciamientos que dirimieron los recursos contra el citado auto de 10 de noviembre de 20204, por lo que, se insiste, en ese escenario se supera con amplitud el presupuesto de tempestividad. <\/p>\n
Acerca de la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos zanjados con antelaci\u00f3n en el proceso, esta Corte ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado (\u2026), la solicitud resuelta retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad (\u2026), que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada en STC2458-2023, 15 mar. y STC4984-2023, 24 may.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja es impr\u00f3spera por el criterio de inmediatez que rige esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 como la escritura n.\u00ba 3847 de 6 de noviembre de 1996 de la Notaria 34 de Bogot\u00e1, contentiva del contrato de cuentas en participaci\u00f3n <\/p>\n
3\u0002 En el que el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que \u00abDe acuerdo con la petici\u00f3n elevada a este despacho, no se acceder\u00e1 atendiendo que dicho auto, se encuentra acorde con cada una de las actuaciones desplegadas dentro del tr\u00e1mite y las cuales han sido confirmadas por el superior en segunda instancia y las cuales se encuentran debidamente notificadas y ejecutoriadas y han sido de p\u00fablico conocimiento del aqu\u00ed cesionario. Adem\u00e1s, no es dable que el cesionario pretenda con la figura del control de legalidad que le permite la ley, revivir t\u00e9rminos ya fenecidos frente al auto del 10 de noviembre de 2020, ya que este conto con su oportunidad procesal oportuna y no elevo ninguna inconformidad en su momento frente a dicho prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Decisi\u00f3n en la que, se itera, se dispuso que \u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la entrega de los dineros a PRRORATA (\u2026) se pone de presente que de conformidad al (sic) art. 1395 del C.C., los frutos deber\u00e1n ser entregados en las partidas respectivas\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8178-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8178-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-03048-00 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Bautista L\u00f3pez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75585","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75585\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}