STC8182-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8182-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Olga Luc\u00eda Berm\u00fadez Rivas frente al fallo proferido el 17 de julio pasado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela por ella incoada contra el Banco Davivienda y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Funza, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas todas las partes e intervinientes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al derecho de petici\u00f3n y debido proceso, presuntamente conculcados por las accionadas con ocasi\u00f3n del contrato de leasing suscrito sobre el inmueble \u201cPalo e Monte\u201d Unidad 37, matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20648709. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la accionante que cuando se hizo el negocio del inmueble se adquiri\u00f3 casa de 405 M2, sin embargo, en los planos solo figuran 230 M2, por lo que no ha podido vender el inmueble para poder sanear las deudas que tiene con la entidad financiera, quien instaur\u00f3 demanda en su contra, radicado No. 2023-00239-00 de la cual conoce el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Funza, por lo que requiere la repuesta al derecho de petici\u00f3n para ejercer su derecho de defensa, pero a la fecha BANCO DAVIVIEDA S.A., no ha dado respuesta a su derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 (i) ordenar al Banco Davivienda responder el derecho de petici\u00f3n por ella formulado en el es de mayo de 2023 y (ii) ordenar al juzgado confutado la suspensi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de tenencia (rad. 2023-00239). <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Funza indic\u00f3, que por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Funza le fue remitido el proceso de RESTITUCI\u00d3N DE TENENCIA promovido por el BANCO DAVIVIEDA S.A. contra OLGA LUC\u00cdA BERM\u00daDEZ RIVAS, radicado No. 25286-31-03-001-2023-00236-00, al cual se le asign\u00f3 como nueva radicaci\u00f3n la No. 25286-31-03-002-2023-00101-00, donde la actora en tutela a\u00fan no se ha notificado del auto admisorio de la demanda de fecha 25 de abril de 2023, ni ha solicitado actuaci\u00f3n alguna ni mucho menos la suspensi\u00f3n del proceso; que la causa concreta de inconformidad que llev\u00f3 a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela hace alusi\u00f3n a acciones u omisiones adelantadas por BANCO DAVIVIENDA S.A., por lo que se configura falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
2. Banco Davivienda, inform\u00f3 que dio contestaci\u00f3n a la solicitud realizada por la peticionaria, respondiendo todas y cada una de las inquietudes elevadas por la solicitante, especialmente a la declaraci\u00f3n de construcci\u00f3n del inmueble objeto del proceso. <\/p>\n
PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo por hecho superado. En lo dem\u00e1s consider\u00f3 que la queja era aparente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante manifest\u00f3 su inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada, cuestion\u00f3 que Davivienda haya respondido justo en el tr\u00e1mite de la tutela y que la respuesta dada no satisface la petici\u00f3n por ella elevada, as\u00ed como que existe mala intenci\u00f3n por parte de los funcionarios del banco que est\u00e1n tramitando todo lo relacionado con su contrato de leasing. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, bien sean de inter\u00e9s general o particular. En consecuencia, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n: (i) la posibilidad de acudir ante el destinatario y (ii) el derecho a obtener una respuesta pronta, congruente y de fondo con relaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, \u00abla acci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01). <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en este diligenciamiento, advierte la Corte la inviabilidad de la salvaguarda propuesta, toda vez que el Banco Davivienda el 5 de julio hoga\u00f1o respondi\u00f3 la solicitud pendiente con ocasi\u00f3n del contrato de leasing celebrado sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 50N-20648709. <\/p>\n
3.1. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional del reclamante, en la actualidad, est\u00e1 plenamente satisfecha. As\u00ed las cosas, es indudable que ces\u00f3 la causa de vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa esencial invocada, lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, constituye un hecho superado, pues carecer\u00eda de sentido impartir una orden constitucional cuando la finalidad de esta se cumpli\u00f3. <\/p>\n
3.2. Luego, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n que causaba la supuesta amenaza al derecho fundamental del quejoso desapareci\u00f3, la solicitud de amparo perdi\u00f3 toda raz\u00f3n de ser como mecanismo apropiado y expedito de protecci\u00f3n judicial, toda vez que la decisi\u00f3n que pudiese adoptar el juez respecto del caso espec\u00edfico resultar\u00eda a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acci\u00f3n, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, frente a la pretensi\u00f3n relacionada con el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Funza, esta sala declarar\u00e1 improcedente el resguardo promovido por subsidiariedad, toda vez que se advierte en el plenario que la accionante no ha comparecido al proceso de restituci\u00f3n de tenencia a ejercer los actos respectivos de solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, inclusive no se ha notificado, seg\u00fan manifiesta en el marco f\u00e1ctico de este tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
Por tanto, al existir esos otros medios para solventar la situaci\u00f3n denunciada en sede constitucional, no es posible acceder a la s\u00faplica del actor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir o peticionar t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que el interesado, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agota, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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