STC8183-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8183-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00715-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Leonardo Dur\u00e1n Bastidas promovi\u00f3 contra la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene al Tribunal convocado \u00abentrega[r] la informaci\u00f3n solicitada mediante derecho de petici\u00f3n en fecha 21 de febrero de 2023\u00bb. <\/p>\n
En sustento de la anterior, adujo que pese a que en la calenda referida solicit\u00f3 informaci\u00f3n y documentos relacionados con el nombramiento de los jueces en provisionalidad del Distrito Judicial de Barranquilla, la Corporaci\u00f3n aludida \u00abrespond[i\u00f3] vaga y evasivamente [a] los interrogantes\u00bb, raz\u00f3n por la cual insisti\u00f3 en ello e, inclusive, ante el requerimiento que se le hizo sobre \u00ab\u00bfCu\u00e1l es el objeto de la petici\u00f3n?; \u00bfPara qu\u00e9 la necesita?; \u00bfCu\u00e1l es el inter\u00e9s en que se le resuelva esta petici\u00f3n?\u00bb, dio alcance al mismo; sin embargo, la Colegiatura mencionada, fenecido el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas con el que contaba en virtud del art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015, no se ha pronunciado. En su criterio no se han resuelto de fondo y de manera congruente sus inquietudes y las respuestas que se emiten son \u00abincompletas\u00bb. <\/p>\n
2. El Presidente del Tribunal accionado precis\u00f3 que en los oficios del 9 de marzo y 30 de junio de 2023 emiti\u00f3 la respuesta a las solicitudes del actor; empero, advirti\u00f3 que no dio el alcance a algunas peticiones relacionadas con las actas de nombramiento y el Magistrado que postul\u00f3 al funcionario provisional, en raz\u00f3n a que aquel \u00abno se\u00f1al\u00f3 a qu\u00e9 cargos de Jueces en espec\u00edfico se refiere y la fecha de su nombramiento, o nombre de los funcionarios o el per\u00edodo de tiempo frente al cual solicita la informaci\u00f3n, lo que era necesario para brindarle respuesta al respecto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente cabe advertir que esta Corte es la llamada a conocer del presente asunto, habida cuenta, no solo, de la competencia a \u00abprevenci\u00f3n\u00bb prevista en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sino por la calidad de superior org\u00e1nico y funcional del Tribunal convocado, evento que se acompasa con lo dispuesto en el numeral 5\u00ba del canon 1\u00ba del Decreto 333 de 2022, en cuanto prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
La anterior salvedad se trae a colaci\u00f3n pues, por una parte, aquella previsi\u00f3n es espec\u00edfica en relaci\u00f3n a las citadas Colegiaturas, y por la otra, no le ser\u00eda aplicable lo establecido en el numeral 1\u00ba \u00eddem1, en la medida que esta norma est\u00e1 dirigida a entes territoriales de los distintos \u00f3rdenes, que no est\u00e1n revestidos con funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
2. Ahora, analizada la queja objeto de la salvaguarda, desde ya se anticipa que el amparo constitucional invocado por el se\u00f1or Dur\u00e1n Bastidas est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que se advierte la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n de aquel. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el canon 23 superior, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, les confiere a los ciudadanos la valiosa posibilidad de acudir cordial y respetuosamente ante la administraci\u00f3n p\u00fablica en aras de satisfacer un inter\u00e9s de \u00edndole general o particular y, por supuesto, correlativamente le impone a \u00e9sta el deber de responder clara, congruente, adecuada y tempestivamente. Esa garant\u00eda es una de las que admiten protecci\u00f3n supralegal dado el alcance pro homine con el que ha sido concebida. <\/p>\n
Respecto de ella, esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC133360-2017 sostuvo que: <\/p>\n
(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado. <\/p>\n
De otra parte, cabe advertir que el art\u00edculo 57 de la Ley 270 de 1996, en relaci\u00f3n con las actas de decisi\u00f3n de las Salas Plenas de las distintas autoridades colegiadas con funciones jurisdiccionales, prev\u00e9 que: <\/p>\n
Son de acceso p\u00fablico las actas de las sesiones de la Sala Plena y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales y de las corporaciones citadas en el inciso anterior, y los documentos otorgados por los funcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten actuaciones y decisiones de car\u00e1cter administrativo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n son de acceso p\u00fablico las actas de las sesiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, de las Salas y Secciones del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en las cuales consten los debates, actuaciones y decisiones judiciales adoptadas para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo de car\u00e1cter general y para la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos frente a la omisi\u00f3n o acci\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
Las actas de las sesiones de las Salas y Secciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales y de los Tribunales en las cuales consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de car\u00e1cter individual, de grupo o colectivos, son reservadas excepto para los sujetos procesales, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso p\u00fablico las decisiones que se adopten. <\/p>\n
De lo anterior se puede concluir que existe una diferencia clara entorno a dichas actas y su conocimiento, comoquiera que, por un lado, se encuentran las que tienen car\u00e1cter jurisdiccional, entendido como las decisiones que se profieren en los procesos ordinarios bajo su conocimiento y adem\u00e1s los disciplinarios que en principio se siguen en contra de empleados y funcionarios nominados por la misma Corporaci\u00f3n, que inexorablemente incumben \u00fanicamente a las partes inmiscuidas en las citadas controversias y que, por lo tanto, gozan de una restricci\u00f3n al p\u00fablico en general. Y por el otro, las que obedecen a las actuaciones meramente administrativas, como por ejemplo, la aprobaci\u00f3n de permisos, licencias y designaci\u00f3n de empleados, que no revisten de informaci\u00f3n sensible de car\u00e1cter personal de los interesados, que s\u00ed est\u00e1n al alcance de cualquier ciudadano. <\/p>\n
Esta Sala en relaci\u00f3n a la informaci\u00f3n que se cataloga delicada, en un asunto de igual raigambre al que aqu\u00ed se discute indic\u00f3 que <\/p>\n
de acuerdo con la definici\u00f3n proporcionada por la Ley de \u201cprotecci\u00f3n de datos personales\u201d (L. 1581 de 2012), son los que afectan la intimidad del titular o cuya indebida utilizaci\u00f3n puede generar su discriminaci\u00f3n \u201ctales como aquellos que revelen el origen racial o \u00e9tnico, la orientaci\u00f3n pol\u00edtica, las convicciones religiosas o filos\u00f3ficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido pol\u00edtico o que garanticen los derechos y garant\u00edas de partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n as\u00ed como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biom\u00e9tricos\u201d (art. 5\u00b0). <\/p>\n
Y es que debe distinguirse que trat\u00e1ndose de los datos vinculados a una o varias personas determinadas o determinables, sean servidores p\u00fablicos o no, \u00e9stos pueden clasificarse en p\u00fablicos, semiprivados, privados y sensibles. <\/p>\n
Seg\u00fan la Ley Estatutaria 1266 de 2008 que regula el derecho de habeas data, los primeros son los calificados como tales por la Ley o la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los dem\u00e1s que no ostenten la naturaleza de semiprivados o privados como, por ejemplo, los contenidos en \u201cdocumentos p\u00fablicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no est\u00e9n sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas\u201d (literal f) art. 3\u00b0). <\/p>\n
Se\u00f1ala el art\u00edculo 3 del Decreto 1377 de 2013 que \u201c{s}on considerados datos p\u00fablicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesi\u00f3n u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor p\u00fablico. Por su naturaleza, los datos p\u00fablicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros p\u00fablicos, documentos p\u00fablicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no est\u00e9n sometidas a reserva\u201d (el subrayado no es del texto). <\/p>\n
Los datos semiprivados son los que no tienen \u201cnaturaleza \u00edntima, reservada, ni p\u00fablica y cuyo conocimiento o divulgaci\u00f3n puede interesar no s\u00f3lo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general\u201d (literal g) art. 3 Ley 1266 de 2008). <\/p>\n
Y tienen la connotaci\u00f3n de privados los que \u201cpor su naturaleza \u00edntima o reservada\u201d s\u00f3lo son relevantes para el titular\u201d (literal h) art. 3 Ley 1266 de 2008). <\/p>\n
La protecci\u00f3n de la reserva o excepci\u00f3n al derecho de acceso a la informaci\u00f3n recae sobre los datos sensibles y privados, pues estos son componentes del n\u00facleo esencial del derecho fundamental a la intimidad \u00abentendido como aquella esfera o espacio de la vida privada no susceptible de interferencia arbitraria de las dem\u00e1s personas\u00bb (C-748-2011), pero no son reservadas las informaciones o datos que aun siendo personales ostenten la calidad de p\u00fablicas, como aquellas relacionadas con la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, contenidas en documentos de igual car\u00e1cter (STC15134-2019). <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 132 ibidem y, particularmente, en el caso de las Corporaciones Distritales, el literal E del art\u00edculo 4 del Acuerdo No. PCSJA17-10715 de 2017, contemplan que el nombramiento de magistrados y jueces en provisionalidad o propiedad es una funci\u00f3n de las Altas Cortes y los Tribunales en Sala Plena, respectivamente, luego tal labor\u00edo sin duda alguna es una funci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo y, por tanto, las actas en las que se tom\u00f3 nota de tal decisi\u00f3n corresponden a la \u00faltima de las citadas categor\u00edas. <\/p>\n
Sin embargo y aunque a voces de canon 65 del CPACA esta actuaci\u00f3n debe ser p\u00fablica por tratarse de una elecci\u00f3n distinta a la de un cargo de voto popular, el contenido del acta que contenga la reproducci\u00f3n de lo acontecido en la Sala en que se discuti\u00f3 la particular materia no puede ser total, comoquiera que el par\u00e1grafo del art\u00edculo 19 que Ley 1712 de 2014 prev\u00e9 como una exclusi\u00f3n de esa publicidad \u00ablos documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores p\u00fablicos\u00bb; no obstante, por tratarse de una informaci\u00f3n parcial, tambi\u00e9n debe darse cumplimiento a lo estatuido por el art\u00edculo 21 de la precitada normatividad, esto es, ofrecer al petente una versi\u00f3n p\u00fablica de la informaci\u00f3n \u00abque mantenga la reserva \u00fanicamente de la parte indispensable\u00bb, pues aquella \u00abque no cae en ning\u00fan supuesto de excepci\u00f3n deber\u00e1 ser entregada a la parte solicitante, as\u00ed como ser de conocimiento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
En suma, la informaci\u00f3n consignada en las actas, mediante las cuales se deja constancia de las decisiones adoptadas por la Sala plena de las Corporaciones judiciales, en el \u00e1mbito de sus funciones administrativas, no cuentan con reserva y ser\u00e1n de p\u00fablico conocimiento; sin perjuicio de que estas le sean entregadas al ciudadano o entidad interesada sin las anotaciones correspondientes que den cuenta del proceso deliberativo, puntos de vista u opiniones de los servidores p\u00fablicos, en la medida en que constituye informaci\u00f3n exceptuada por da\u00f1o a los intereses p\u00fablicos. <\/p>\n
3. Ahora bien, revisadas las pruebas allegadas y el informe de la Corporaci\u00f3n convocada pudo constatarse lo siguiente: <\/p>\n
i) El actor, el 21 de febrero de 2023, solicit\u00f3 a la Colegiatura aludida, puntualmente, la siguiente informaci\u00f3n y documentos: <\/p>\n
-\u00bfSe me informe cu\u00e1ntos son los Jueces de la Republica en provisionalidad en el departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, que Magistrado postulo la Hoja de Vida de cada uno de los Jueces en provisionalidad en el Departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, si esos Jueces en provisionalidad tienen alguna calificaci\u00f3n por desempe\u00f1o u otra, y si tienen alg\u00fan periodo definido por esa corporaci\u00f3n? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, que requisitos se requiere para ocupar el cargo de Juez ya sea municipal o del circuito en provisionalidad en el Departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, entreg\u00e1ndome copia de las actas de nombramientos en provisionalidad de los Jueces de la Republica en el departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, si existe decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n de alg\u00fan Juez en provisionalidad en el departamento del Atl\u00e1ntico, en cuanto al uso de la facultad discrecional que le otorgara la ley a esa corporaci\u00f3n, en caso positivo entregar copia y en caso negativo explicar porque no? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, si existi\u00f3 o existe aviso o comunicado de convocatoria p\u00fablica para ocupar los cargos en provisionalidad de Jueces en el departamento del Atl\u00e1ntico conforme a la ley y la jurisprudencia, en caso negativo se me certifique que magistrado era el presidente de la sala plena para la \u00e9poca en que se prove\u00eda cada cargo? <\/p>\n
ii) La Corporaci\u00f3n referida, en oficio del 9 de marzo siguiente, que se notific\u00f3 al correo electr\u00f3nico dispuesto para tal efecto, se pronunci\u00f3 frente a tales requerimientos uno a uno y, en lo que aqu\u00ed interesa, indic\u00f3 que se encuentran posesionados en provisionalidad 130 jueces; en relaci\u00f3n con el togado que los postul\u00f3 adujo que \u00ab\u201ctodos los Magistrados de esta Corporaci\u00f3n tienen la iniciativa de postular jueces en provisionalidad, y no existe una obligaci\u00f3n legal de dejar constancia\u00bb. Advirti\u00f3 adem\u00e1s, en relaci\u00f3n con las actas de la Sala que, con anterioridad a la pandemia declarada por el virus Covil-19, estas <\/p>\n
no contienen la informaci\u00f3n que demanda Usted (sic) en esta oportunidad. Con posterioridad a ese hito existen grabaciones de Sala Plena en medios tecnol\u00f3gicos [ WhatsApp y grabaciones de la aplicaci\u00f3n Teams\/Microsoft365] que pudieran contener informaci\u00f3n acerca de qu\u00e9 Magistrado (s) hizo una determinada postulaci\u00f3n, sin embargo, el peticionario no se\u00f1ala a qu\u00e9 cargos de Jueces en espec\u00edfico se refiere y la fecha de su nombramiento, lo cual es necesario dado el volumen de la informaci\u00f3n que requiere en tan corto tiempo. <\/p>\n
iii) El d\u00eda 21 del citado mes y a\u00f1o, el accionante en atenci\u00f3n de lo anterior pidi\u00f3 a la parte aqu\u00ed convocada: <\/p>\n
– \u00bfSe me informe los Jueces Penales, Civiles, Laborales, Infancia y adolescencia, tanto municipales y del circuito en provisionalidad en el departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, que Magistrado postulo la Hoja de Vida de cada uno de los Jueces en provisionalidad en el Departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, atendiendo su respuesta por qu\u00e9 los Jueces Penales, Civiles y laborales en la categor\u00eda de Municipales y del Circuito no cumpliendo los requisitos que se requiere para ocupar el cargo de Juez, fueron nombrados? lo invito a revisar el nombramiento de todos, siendo necesario investigar penal y disciplinariamente tanto al nominador como al aspirante, debiendo compulsar copias para tal fin. <\/p>\n
– \u00bfSe me informe, entreg\u00e1ndome copia de las actas de nombramientos en provisionalidad de los Jueces Penales, Civiles, Laborales, Infancia y adolescencia, tanto municipales y del circuito en provisionalidad en el departamento del Atl\u00e1ntico? <\/p>\n
iv) El 30 de junio \u00faltimo, en oficio No. PTSBQ-00071, el Tribunal querellado, previo requerimiento para que el peticionario explicara \u00ab1. \u00bfCu\u00e1l es el objeto de la petici\u00f3n? 2. \u00bfPara qu\u00e9 la necesita? 3. \u00bfCu\u00e1l es el inter\u00e9s en que se le resuelva esta petici\u00f3n?\u00bb, emiti\u00f3 una nueva respuesta a la solicitud de l\u00edneas anteriores, en la que, por una parte, remiti\u00f3 al actor un listado de los jueces, despacho por despacho, que se encuentran \u00abactualmente\u00bb nombrados en provisionalidad, y por la otra, en relaci\u00f3n a la postulaci\u00f3n de los togados y a la entrega de copia del acta de nombramiento, se remiti\u00f3 a la contestaci\u00f3n que hab\u00eda emitido con antelaci\u00f3n, para advertir que se requiere que el petente se\u00f1ale \u00abel per\u00edodo de tiempo frente al cual solicita la informaci\u00f3n\u00bb y de tratarse de los jueces que actualmente se encuentran en provisionalidad, se requieren \u00ablos nombres de los funcionarios o fechas de los nombramientos frente a los cuales requiere informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, aun cuando el 30 de junio pasado, ya en el curso del presente tr\u00e1mite, se dio alcance a la petici\u00f3n que el actor elev\u00f3 el 21 de marzo anterior que, en \u00faltimas, es el motivo de queja (lo que en principio podr\u00eda suponer un hecho superado por carencia actual de objeto), ciertamente, tal como se anticip\u00f3, auscultadas la citada respuesta y la calendada 9 de marzo del presente a\u00f1o, se evidencia que estas son incompletas e imponen cargas no contempladas al aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
N\u00f3tese que en las dos solicitudes el gestor insisti\u00f3 particularmente en la entrega de las actas en las que se nombr\u00f3 a los jueces que en la actualidad detentan provisionalmente esa calidad en el Distrito Judicial de Barranquilla; sin embargo, se le exigi\u00f3 especificar el Juzgado, nombre del titular y la fecha de nombramiento. <\/p>\n
Tal requerimiento no es de recibo habida cuenta que, por una parte, el actor solo hasta el 30 de junio de 2023 tuvo conocimiento del nombre del funcionario de cada despacho judicial y, por la otra, en la segunda de las peticiones fue espec\u00edfico al requerir la citada documentaci\u00f3n en relaci\u00f3n con todas las c\u00e9lulas que estuvieran en la condici\u00f3n aludida, luego se advierte que el Tribunal no dio respuesta de fondo y congruente a lo solicitado. <\/p>\n
En consecuencia, se conceder\u00e1 el resguardo reclamado, para que el presidente del tribunal entregue copia de las actas en las que se realizaron los nombramientos de los jueces requeridos por el actor, sin perjuicio de que dicho suministro se realice con la reserva parcial a que haya lugar, en consideraci\u00f3n a la informaci\u00f3n de car\u00e1cter reservado, conforme se vio en el segundo punto de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Leonardo Dur\u00e1n Bastidas. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, en el t\u00e9rmino de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, d\u00e9 respuesta completa y de fondo a la petici\u00f3n que el se\u00f1or Dur\u00e1n Bastidas radic\u00f3 el 21 de marzo de 2023, en lo que refiere particularmente al punto 4 relacionado con la entrega de las actas de nombramiento de los jueces que ocupan el cargo actualmente en provisionalidad, con atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Salvamento de voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00715-00 <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con profundo respeto hacia las decisiones de esta Sala de la Corte difiero de la posici\u00f3n mayoritaria, la cual dispuso \u00abCONCEDE[R] la tutela instada por Leonardo Dur\u00e1n Bastidas\u00bb contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Plena. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A juicio del suscrito, refulge di\u00e1fana la falta de competencia de la Sala para asumir el conocimiento del reclamo constitucional de marras, en tanto que si bien la querella del accionante se enfila contra Tribunal Superior, lo cierto es que el requerimiento por pasiva de esa entidad se dio fue en raz\u00f3n de una cuesti\u00f3n netamente administrativa, como lo es la aparente carencia de respuesta efectiva a un derecho de petici\u00f3n suyo, relativo al nombramiento de jueces en provisionalidad en el correspondiente Distrito Judicial, m\u00e1s no con base en el desempe\u00f1o de dicha colegiatura como autoridad jurisdiccional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Circunstancia por la que, conforme a la clara postura de esta Magistratura, decantada entre otras en las providencias CSJ ATC671, 11 feb. 2016, rad. 2015-00353-01; ATC921, 26 abr. 2018, rad. 00022-01; ATC1267, 15 ag. 2019, rad. 00437-01; y, m\u00e1s recientemente, ATC486-2023, 10 may., rad. 00478-01, al asunto del ep\u00edgrafe le es aplicable la regla prevista -hoy por hoy- en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 20212), a cuyo tenor: <\/p>\n
(\u2026)1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u2026 (Resaltado ajeno). <\/p>\n
N\u00f3tese, en particular, que en el reciente auto ATC486-2023, 10 may., rad. 00478-01 (signado por todos los honorables magistrados de la Sala), qued\u00f3 precisado: <\/p>\n
(\u2026)Del relato f\u00e1ctico contenido en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados (\u2026) se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto. \u2026 <\/p>\n
El reproche del promotor se encuentra dirigido a la falta de respuesta a la solicitud que present\u00f3 a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, con miras a que le fueran certificadas las funciones ejercidas por \u00e9l en el cargo de Escribiente Nominado que desarroll\u00f3 en dicha Corporaci\u00f3n, as\u00ed como copia de los actos administrativos de nombramiento y posesi\u00f3n en el mismo. <\/p>\n
\u2026Lo anteriormente esgrimido impide a esta Sala de Casaci\u00f3n desatar v\u00e1lidamente la presente impugnaci\u00f3n, en virtud de que el decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 1\u00ba), preconiza que \u00ab(\u2026) las actuaciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden (\u2026) departamental (\u2026), ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los Jueces Municipales\u2026\u00bb\u2026 <\/p>\n
Ello en la medida en que lo pretendido es una decisi\u00f3n netamente administrativa, que no jurisdiccional, lo que excluye la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba de la norma en cita, seg\u00fan la cual \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026\u00bb\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026En consecuencia, el fallo proferido en este plenario por la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026 Por lo consignado en precedencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1, a fin de que sea asignada en primera instancia, de acuerdo con el reparto, el reclamo constitucional de marras\u2026 (\u00c9nfasis). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En contraste a lo esgrimido en la resoluci\u00f3n mayoritaria -y acorde con lo ya plasmado-, al caso no le cabe la l\u00ednea competencial a que alude el numeral 5\u00b03 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 en cita, pues, ins\u00edstase, la presente demanda tutelar obedece es a una situaci\u00f3n del resorte administrativo del Tribunal Superior de Barranquilla, que no a su condici\u00f3n de estamento jurisdiccional, de donde, mucho menos puede predicarse conocimiento alguno a \u00abprevenci\u00f3n\u00bb en cabeza de esta Sala, m\u00e1xime si la privativa potestad para dirimir -a la luz del criterio venido de recordar- es de los jueces municipales de la misma ciudad (reparto), a quienes se debi\u00f3 remitir las diligencias. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, una vez m\u00e1s, la atribuci\u00f3n para zanjar la acci\u00f3n de amparo de la radicaci\u00f3n no era de esta Sala de la Corte y, sin embargo, la mayor\u00eda, al fallarla opt\u00f3 por contrariar abiertamente el precedente vigente al respecto, sin siquiera ofrecer motivos contundentes para variar la descrita postura consolidada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Dejo planteado hasta ac\u00e1 el soporte de mi disenso. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. <\/p>\n
2\u0002 Normas que, mutatis mutandis, conservan similares pautas competenciales a las previstas en los decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. (\u2026)Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u2026 <\/p>\n
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STC8183-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8183-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00715-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Leonardo Dur\u00e1n Bastidas promovi\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75589"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75589\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}