STC8189-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8189-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02786-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., decisiete (17) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la sociedad Centro de Apoyo y Rehabilitaci\u00f3n Escalemos I.P.S. S.A.S. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Turbaco. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2016-00117. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora a trav\u00e9s de apoderado- reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La Sociedad Centro de Apoyo y Rehabilitaci\u00f3n Escalemos I.P.S. S.A.S. promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra el Departamento de Bol\u00edvar -Secretar\u00eda de Salud-, por el cobro de las sumas de dinero no pagadas, contenidas en 236 facturas cambiarias por la suma de $601.782.400, relacionadas con la prestaci\u00f3n de servicios de atenci\u00f3n integral conductual a la poblaci\u00f3n vulnerable del Departamento de Bol\u00edvar, obligaciones a cargo de la entidad territorial1. Por reparto, el proceso correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, tr\u00e1mite en que integrado el contradictorio y resueltas algunas nulidades decretadas, el 27 de mayo de 2022 se profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de pago\u00bb. Y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, entre otras2. <\/p>\n
2.1. Frente a lo determinado, el defensor del extremo pasivo de dicha contienda interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil-Familia del Tribunal de Cartagena -con sentencia del 28 de junio de 2023- revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n propuesta por el apoderado de la ejecutada, orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas. Y conden\u00f3 en costas de ambas instancias a la parte ejecutante3. <\/p>\n
2.2. La sociedad accionante censura que \u00aba la demandante se le aplic\u00f3 de manera retrospectiva el cambio de precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda era pac\u00edfico el precedente en torno a los requisitos esenciales de las facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud, que el m\u00e9rito ejecutivo de las mismas no depend\u00eda de que con ellas se adosara documentos adicionales\u00bb. Por lo cual, \u00abincurre en yerro por defecto sustantivo\u2026 al cambiar la norma vigente al momento en que fue promovido el proceso\u2026 desconoci\u00f3 la garant\u00eda de la eficacia de los derechos de quien acudi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n con la certeza que le daba en ese momento la ley y la jurisprudencia, viola el principio de legalidad pues en el juicio se debe respetar la ley que preexiste al acto-hecho. Se transgredi\u00f3 adem\u00e1s el principio de confianza leg\u00edtima\u2026 ha recibido un trato inequitativo frente a otros ciudadanos que en el mismo tiempo demandaron bajo la misma ley y por los mismos hechos, y a ellos si les fueron reconocidos\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abla sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena no tuvo en cuenta el efecto que debi\u00f3 aplicar el cambio de precedente de las sentencias STC8408 del 8 de julio de 2021, M.P. OCTAVIO Augusto Tejeiro Duque, y STC14094 del 21 de octubre de 2022, M.P. Hilda Gonz\u00e1lez Neira, al desconocer el efecto prospectivo que viene siguiendo la jurisprudencia de su Superior Jer\u00e1rquico, Corte Suprema de Justicia, tampoco del Consejo de Estado sino que aplic\u00f3 el nuevo precedente de manera inmediata (retroactiva-retrospectiva), sin entrar a valorar: i) a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda cu\u00e1l era el precedente, norma en sentido material, vigente ii) en el caso concreto como se afectaban los derechos fundamentales de las partes con la aplicaci\u00f3n inmediata del nuevo cambio del precedente que implica una decisi\u00f3n desfavorable\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de junio de 2023 y que el Tribunal provea un nuevo fallo \u00abdonde acoja la doctrina probable (precedente antiguo) vigente a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
Las autoridades judiciales convocadas, realizaron un recuento de las actuaciones surtidas respaldando su legalidad. Por su parte, el estrado del circuito solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto \u00abla tutela es contra la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se anticipa que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Ciertamente, la autoridad cognoscente -con prove\u00eddo de 28 de junio de 2023- resolvi\u00f3 revocar la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia del 27 de mayo de 2022, con la cual se declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de pago\u00bb y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Para ello, precis\u00f3 que \u00abde cara a los reparos expuestos por el apelante en los que fustiga la existencia de los documentos que soportan la pretensi\u00f3n del ejecutante por considerar que la naturaleza de los mismos los hace t\u00edtulos ejecutivos complejos, es menester precisar que esta Corporaci\u00f3n, para el caso de facturas libradas por prestaci\u00f3n de servicios de salud, ha aceptado que el m\u00e9rito ejecutivo de las mismas no depende de que con ella se adosen documentos adicionales\u00bb. <\/p>\n
1.1. Resalt\u00f3 que pese a que dicha Colegiatura ha \u00abdispuesto que, aunque las entidades encargadas de brindar el servicio a los afiliados y beneficiarios del sistema de salud no son las que de manera directa reciben el servicio, ello no impide que la obligaci\u00f3n se sustente en una factura como t\u00edtulo valor\u2026 no obstante, en reciente jurisprudencia\u2026 la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo bajo el argumento de que aunque la sociedad apelante fund\u00f3 su recurso, entre otras cosas, en la necesidad de aplicar exclusivamente las reglas del C\u00f3digo de Comercio (art\u00edculo 773), el Tribunal hall\u00f3 que como en el contrato gravit\u00f3 sobre la prestaci\u00f3n de servicios de salud deb\u00edan aplicarse especiales reglas sobre la materia que permiten la exigencia de un t\u00edtulo ejecutivo complejo\u201d la Sala de Decisi\u00f3n actuando como juez constitucional encontr\u00f3 \u201crazonable la exigencia de t\u00edtulos complejos para el cobro de facturas presentadas con ocasi\u00f3n de servicios de salud, comoquiera que\u2026 los requisitos para el cobro de facturas por prestaci\u00f3n de servicios de salud se rigen por normativas especiales, las que a su vez establecen la forma en que los pagos respectivos deben efectuarse, estableciendo t\u00e9rminos para la generaci\u00f3n de glosas, devoluciones y respuestas\u201d. CSJ STC8408-2021. Expuso que esta Corporaci\u00f3n \u00abilustr\u00f3 que \u201cpor ostentar la condici\u00f3n de \u00abcomplejo\u00bb, (refiri\u00e9ndose a las facturas derivadas de la prestaci\u00f3n de servicios de salud) deben ser radicadas junto con los soportes definidos en las normas especiales que regulan el tr\u00e1mite para su pago\u00bb. Esto es, \u00ablos Decretos 663 de 1993 y 3990 de 2007, en armon\u00eda con los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio y dem\u00e1s disposiciones concordantes\u00bb CSJ STC14094-2022. Sumado a que \u00abla aceptaci\u00f3n de las facturas no suple la anterior exigencia\u2026 puesto que la ausencia de objeci\u00f3n y glosas no desaparece el car\u00e1cter de complejo del t\u00edtulo\u00bb. Sobre el particular, ha de realizarse la siguiente aclaraci\u00f3n: estas sentencias referenciadas no han afincado las reglas relatadas: es a partir la normativa misma -farragosa- desde d\u00f3nde se puede tolerar -razonablemente- tales lecturas. <\/p>\n
1.2. En esa l\u00ednea, destac\u00f3 que era \u00abnecesario modificar el criterio que se ven\u00eda sosteniendo respecto a los requisitos esenciales de las facturas que deriven de la prestaci\u00f3n de servicios de salud para en su lugar, acoger la postura decantada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. De manera que, de cara al caso concreto las facturas que constituyen la base del recaudo y que provienen de la prestaci\u00f3n de servicios de salud deber\u00e1n \u00abregirse por la Leyes 715 de 2011, 1122 de 2007 y 1434 de 2011, el Decreto 3260 de 2004 y lo previsto en los art\u00edculos 21 a 25 del Decreto 4774 de 2007\u00bb. <\/p>\n
1.3. As\u00ed las cosas, el Colegiado confutado concluy\u00f3 que \u00abconforme al precedente jurisprudencial citado, estamos frente a un t\u00edtulo ejecutivo complejo que se conforma por el contrato celebrado entre las partes, las facturas de venta que derivaron de la prestaci\u00f3n del servicio de salud y los soportes contenidos en el anexo t\u00e9cnico Nro. 5 de la Resoluci\u00f3n 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social. En conclusi\u00f3n, al contraste que las facturas que sirven de base a la ejecuci\u00f3n en el presente asunto no cumplen con los requisitos para servir como t\u00edtulo valor\u00bb. Declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n de pago \u00ablo cual hace impr\u00f3speras las pretensiones del ejecutante\u00bb. <\/p>\n
2. Conforme a lo expuesto, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable4. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema debatido. Para esta Sala, en una palabra, el juez constitucional no podr\u00eda intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Pdf01CuadernoPrincipalParteI. Folios 1-14. Expediente digital remitido. <\/p>\n
2\u0002 Pdf31ActaAudiencia-Sentencia. Expediente digital remitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco. <\/p>\n
3\u0002 Pdf36DecisionApelacionSentencia. Expediente digital remitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco. <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cvalido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128) <\/p>\n
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