STC8195-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que accedi\u00f3 a la salvaguarda constitucional propuesta por Freddy Alexander Ni\u00f1o Cort\u00e9s1, Jessica Tatiana G\u00f3mez Mac\u00edas2, Reynaldo Nicol\u00e1s Franco Cort\u00e9s3, Lady Andrea Beltr\u00e1n C\u00e1rdenas4 y Camilo Andr\u00e9s Barrag\u00e1n D\u00edaz5 contra el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial-, con efectos inter comunis a todos los excluidos en la fase II de la etapa de selecci\u00f3n de la Convocatoria 27, por la causal prevista en el numeral 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018. A esta acci\u00f3n tambi\u00e9n se acumularon, por autos del 26 de abril y del 9 de agosto del a\u00f1o en curso, las acciones de tutela de radicados 11001023000020230042200 y 11001023000020230036501, promovidas, en su orden, por Mary Liliana Gonz\u00e1lez Sanchez y Holmes Orlando Molina Bola\u00f1os6. <\/p>\n
El tr\u00e1mite se hizo extensivo a la Universidad Nacional de Colombia y a los terceros con inter\u00e9s en el referido concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Con Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura convoc\u00f3 al proceso de selecci\u00f3n para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, estableciendo, entre otros, los siguientes aspectos relevantes: <\/p>\n
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* La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selecci\u00f3n y, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administraci\u00f3n como para los participantes, quienes, con su inscripci\u00f3n, aceptan las condiciones y t\u00e9rminos se\u00f1alados en el presente Acuerdo (Art\u00edculo 3). <\/p>\n
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* Requisitos 1.1. Requisitos Generales. Los aspirantes, en el t\u00e9rmino de inscripci\u00f3n, deber\u00e1n acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: No estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo cual deber\u00e1 acreditarse con una declaraci\u00f3n juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato pdf. Adicionalmente, determin\u00f3 que eran requisitos espec\u00edficos los relativos a estudios y experiencia. (Art\u00edculo 3). <\/p>\n
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* Reglas para la inscripci\u00f3n\u2026 2.4. Documentaci\u00f3n. Los aspirantes deber\u00e1n anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo de aspiraci\u00f3n, como para la experiencia y la capacitaci\u00f3n que otorgan puntaje adicional (\u2026) 2.4.6. Declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. (Art\u00edculo 3). <\/p>\n
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* Causales de rechazo. Ser\u00e1n causales de rechazo, entre otras: (\u2026) 3.5. No presentar la declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades (\u2026) 3.8. No haber declarado bajo juramento al momento de la inscripci\u00f3n, que cumple y acredita los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que los soportan. (Art\u00edculo 3).<\/p>\n
* Fase I. Prueba de aptitudes y conocimientos. (\u2026) Al momento de presentar las pruebas, los aspirantes suscribir\u00e1n declaraci\u00f3n juramentada de cumplir los requisitos m\u00ednimos para el desempe\u00f1o del cargo seleccionado y as\u00ed recibir el correspondiente cuadernillo. (Art\u00edculo 4). <\/p>\n
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* Fase II. Verificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos. La Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura verificar\u00e1 el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos se\u00f1alados en la presente convocatoria respecto de quienes aprobaron las pruebas de aptitudes y conocimientos y decidir\u00e1, mediante Resoluci\u00f3n, sobre la admisi\u00f3n o rechazo al concurso, indicando la causal o causales que dieron lugar a la decisi\u00f3n. En los 3 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha Resoluci\u00f3n, los aspirantes rechazados podr\u00e1n pedir la verificaci\u00f3n de su documentaci\u00f3n, por escrito enviado al correo electr\u00f3nico convocatorias@cendoj.ramajudicial.gov.co. Cualquier solicitud extempor\u00e1nea o enviada por un medio diferente al correo indicado, se entender\u00e1 como no presentada. (Art\u00edculo 4). <\/p>\n
1.1. El 1\u00ba de septiembre de 2022, por Resoluci\u00f3n CJR22-0351, la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial public\u00f3 los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente. <\/p>\n
1.2. El 8 de febrero de 2023, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n CJR23-0061, tras la verificaci\u00f3n de los requisitos establecidos en la convocatoria para los respectivos cargos, se determinaron los aspirantes admitidos y los rechazados, identificando la causal de exclusi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
1.3. El 21 de marzo de 2023, la Unidad accionada, por Resoluci\u00f3n CJR23-0110, modific\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, incluyendo los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes de verificaci\u00f3n presentadas. <\/p>\n
2. Frente a los hechos relacionados, Freddy Alexander Ni\u00f1o Cort\u00e9s reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, aduciendo que, por razones que desconoc\u00eda, a pesar de haber cargado la declaraci\u00f3n de no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad en la plataforma del concurso al momento de la inscripci\u00f3n, esta no qued\u00f3 registrada. Lo anterior fue advertido el 9 de noviembre de 2022. En esa fecha procedi\u00f3 a realizar nuevamente el cargue del documento correspondiente, esto es, antes de que la accionada verificara el cumplimiento de los requisitos, no obstante, la Unidad no la tuvo en cuenta, porque no se adjunt\u00f3 en la fase de la inscripci\u00f3n -seg\u00fan respuesta emitida el 17 de marzo de 2023-. Al respecto, el actor adujo que la convocatoria no establec\u00eda un t\u00e9rmino espec\u00edfico para aportar ese documento como s\u00ed lo contempla para las certificaciones y soportes de los requisitos m\u00ednimos. Resalt\u00f3 que la Unidad accionada s\u00ed valid\u00f3 la omisi\u00f3n en la declaraci\u00f3n de cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos con la firma que posteriormente hicieron el cuadernillo de preguntas, de manera que ninguna persona fue rechazada por la causal 3.8. Y, por tanto, el mismo trato deb\u00eda darse a quienes en otra oportunidad anexaron la declaraci\u00f3n referente a las inhabilidades e incompatibilidades. Aunado a que se incurri\u00f3 en un exceso de ritual manifiesto, pues dicha manifestaci\u00f3n no es necesaria para concursar sino para la posesi\u00f3n en el cargo. <\/p>\n
2.1. Jessica Tatiana G\u00f3mez Mac\u00edas formul\u00f3 acci\u00f3n constitucional con base en similares argumentos. Precis\u00f3, adem\u00e1s, que cuando se registr\u00f3 para el proceso de selecci\u00f3n estaba \u00abfungiendo (y a\u00fan) como Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Puerto As\u00eds, Putumayo, desde el 1 de marzo de 2016\u00bb, seg\u00fan lo acreditado al momento de su inscripci\u00f3n al proceso. Por esta raz\u00f3n s\u00ed por la cual cumpl\u00eda con los requisitos del cargo -cuesti\u00f3n que ratific\u00f3 al firmar el cuadernillo de preguntas-. En ese sentido, destac\u00f3 que la entidad ya ten\u00eda la declaraci\u00f3n de no estar incursa en causal de inhabilidad o incompatibilidad, pues la present\u00f3 cuando se posesion\u00f3 como juez. Tambi\u00e9n puso de presente que, al realizar la inscripci\u00f3n a la Convocatoria 27, la plataforma le ped\u00eda dar aceptar en una manifestaci\u00f3n sobre el particular. De manera que debi\u00f3 aplicarse la prohibici\u00f3n de pedir informaci\u00f3n que ya estaba en la entidad, seg\u00fan lo previsto en el Decreto 19 de 2012. <\/p>\n
2.2. Reynaldo Nicol\u00e1s Franco Cort\u00e9s solicit\u00f3, por las mismas causas, el amparo de sus derechos. Adicion\u00f3 que, como la inscripci\u00f3n al proceso se hizo en 2018, no estaba seguro de que se hubiera presentado alg\u00fan error en la plataforma al cargar la declaraci\u00f3n solicitada. As\u00ed y todo, tal declaraci\u00f3n hab\u00eda sido presentada cuando se posesion\u00f3 para ejercer el cargo de Juez Tercero Penal Municipal de Villavicencio -el 27 de marzo de 2023-. <\/p>\n
2.3. Camilo Andr\u00e9s Barrag\u00e1n Diaz inco\u00f3 acci\u00f3n de tutela, con el mismo fin de cuestionar la decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n, por virtud de la causal 3.5. Destac\u00f3 que particip\u00f3 en la Convocatoria 25, para empleados de Altas Cortes, en la cual fue elegido para trabajar en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia -para cuya posesi\u00f3n realiz\u00f3 el juramento de ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que reposaba en los archivos de la Rama Judicial-. Se\u00f1al\u00f3 que esa informaci\u00f3n era conocida por la Unidad Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial. Por ello, no est\u00e1 ni ha estado en circunstancia alguna que le impida participar en el proceso de selecci\u00f3n censurado. <\/p>\n
2.4. Laydi Andrea Beltr\u00e1n C\u00e1rdenas tambi\u00e9n present\u00f3 acci\u00f3n de tutela, para que se garantice su participaci\u00f3n en el proceso de selecci\u00f3n -con similares argumentos a los expuestos por los dem\u00e1s accionantes-. Precis\u00f3 que la falencia aludida por la Unidad accionada estar\u00eda superada con el diligenciamiento del formulario web de inscripci\u00f3n. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n realiz\u00f3 esa declaraci\u00f3n al participar en un concurso anterior. Enfatiz\u00f3 que la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades debe verificarse al momento de la posesi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
2.5. Mary Liliana Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez pidi\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas. Aludi\u00f3 al t\u00e9rmino que pueda tardar el tr\u00e1mite de una medida cautelar en un proceso contencioso administrativo, por lo que tal medio no era eficaz. Resalt\u00f3 que, al ingresar al aplicativo de inscripciones, acept\u00f3 la declaraci\u00f3n juramentada all\u00ed consignada. <\/p>\n
2.6. En la tutela de Holmes Orlando Molina Bola\u00f1os, el actor afirm\u00f3 que, al realizar la inscripci\u00f3n, digit\u00f3 un documento electr\u00f3nico que alud\u00eda a la declaraci\u00f3n juramentada indicando que cumpl\u00eda con los requisitos para el cargo y que ni para la fecha ni ahora se encuentra en causal de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo al que aspira. Asever\u00f3 que, el 22 de marzo de 2023, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura respondi\u00f3 en forma incompleta un derecho de petici\u00f3n que formul\u00f3, ratificando su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3. El tr\u00e1mite constitucional fue coadyuvado por Yuliet Marcela Chavarr\u00eda Cruz, Abraham Jos\u00e9 Chadid Urzola, Brayan Stivens R\u00edos Pulido, Ana Paula Puerta Mej\u00eda, Juan David Restrepo Benjumea, Pili Natalia Salazar Salazar, Jos\u00e9 Antonio \u00c1lvarez Carrero, Frankly Fabi\u00e1n F\u00faquene Rivera, Irma Natali Villamil Gonz\u00e1lez, Miguel \u00c1ngel Taj\u00e1n de \u00c1vila, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Payares Guti\u00e9rrez, Jos\u00e9 Carlos Sierra Ramos, Juan Camilo Brice\u00f1o Arias, M\u00f3nica Lorena Castillo Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Antonio Hern\u00e1ndez Vera, Manuel Fernando Quiroga Arg\u00fcello, Juan Carlos Avellaneda Camargo, David Andr\u00e9s Baham\u00f3n Gonz\u00e1lez, Oriana Reinoso Bocanegra, Carlos Javier Bustillo Vergara, Magda Milena C\u00e1rdenas Zuleta, Vivian Andrea Toro Rodr\u00edguez, Maritza Luc\u00eda Ospino Mendoza, Carolina Cecilia Berrio Pinedo, M\u00f3nica Jisselly Casserres Hern\u00e1ndez, Terry Leandro V\u00e1squez Sarmiento, Juan Manuel G\u00f3mez Montoya, Jos\u00e9 Luis Restrepo M\u00e9ndez, Constanza Vargas Sanmiguel, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, Daniel Cadavid Bernal, Cristhian David Narv\u00e1ez Rodr\u00edguez, Juli\u00e1n Andr\u00e9s Betancourt Gonz\u00e1lez, M\u00f3nica Tatiana Fl\u00f3rez Rojas, Aura Isabel Fern\u00e1ndez Rivera, Olga Milena Taborda Vargas, Deisy Lorena Manrique Rodr\u00edguez, Wilfredo Cadena Castillo, Mar\u00eda Fernanda Giraldo Molano, Carolina Paola Castro del R\u00edo, Laura Ximena S\u00e1nchez Ortiz, Lina Mar\u00eda Parra Granados, \u00c1lvaro Jacobo Ram\u00edrez Moreno, Beatriz Elena Garc\u00eda Estrada, Nelson Josu\u00e9 Torres Cediel, Yair Leonardo Fonseca Alfonso, Luis Manuel Guzm\u00e1n, Vladimir Coral Qui\u00f1ones, Luisa Fernanda T\u00e9llez D\u00e1vila, Diana Patricia S\u00e1nchez Garc\u00eda, Daniel Felipe Tolosa Russi, Germ\u00e1n Alberto Mora Mena, Deisy Natalia Giraldo Copete, Jaime Hildebrando Hern\u00e1ndez Ni\u00f1o, Mar\u00eda Isabel Rodr\u00edguez Arias, Andrea Carolina Pedreros Castellanos, Edna Andrea Cepeda Vargas, Fabi\u00e1n Andr\u00e9s Ord\u00f3\u00f1ez Tacu\u00e9, Luis Carlos Rinc\u00f3n Am\u00e9zquita, V\u00edctor Hugo V\u00e9lez Fuentes, Mary Liliana Gonz\u00e1lez S\u00e1nchez, Luis Alfredo Maldonado Torres, Mar\u00eda Paula Wirtz Avenda\u00f1o, Valentina Hern\u00e1ndez Tabares, Diana Carolina Ascanio Cassab, Lina Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Mart\u00ednez, Diana Carolina Casta\u00f1o Cardona, Jorge Alberto Mej\u00eda Rojas, Ana Paula Puerta Mej\u00eda, Rigoberto Parra Escobar, Cindy Tatiana Daza Gonz\u00e1lez, Adriana Acelas Delgado, N\u00e9stor Eduardo Peralta Roja, Marcela Ram\u00edrez Sarmiento, Luis Fernando G\u00e1mez Guerrero, Rafael Eduardo Castro, Eileen Sof\u00eda Moreno Bernal, Sergio Torres Diaz, Pablo Jos\u00e9 Pe\u00f1a Reyes, M\u00f3nica Milena Pulido Garz\u00f3n, Iv\u00e1n Dar\u00edo C\u00f3rdoba Dong\u00f3n, Edna Roc\u00edo Vanegas Rodr\u00edguez, Diana Paola Tobar Montalvo, Elkin de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Guerra, Ignacio \u00c1lvarez Vargas, Williams Rojas Acosta, Hernando Blanco Garc\u00eda, Rosa Mileidys Daza Castillo, Milagro Espinosa Arrieta, Xiomara \u00c1vila Berm\u00fadez, Camilo Andr\u00e9s Espinosa Jaramillo, Jorge Andr\u00e9s Rueda Solano, Martha Yaneth Trespalacios, Andr\u00e9s Felipe Nicolas Villalba Quintero, Jos\u00e9 Luis Avella Chaparro y Orlando Zambrano Mart\u00ednez. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, los tutelantes pretenden que se les permita continuar participando el proceso de selecci\u00f3n. En el asunto, adicionalmente, algunos intervinientes solicitaron que lo que se resolviera tuviera efectos inter comunis. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial sostuvo que no vulner\u00f3 derecho alguno, pues las reglas de la convocatoria eran claras en exigir adjuntar, en formato pdf y en el momento de la inscripci\u00f3n al proceso, la declaraci\u00f3n juramentada de no tener inhabilidad e incompatibilidad para el ejercicio del cargo y en establecer esa omisi\u00f3n como causal de rechazo del concurso. Por esta raz\u00f3n, fueron admitidos los 3.389 aspirantes que s\u00ed cumplieron con ese deber. Advirti\u00f3 que la tutela era improcedente, porque los accionantes ten\u00edan otro medio de defensa ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
Respecto de la aplicaci\u00f3n del Decreto 19 de 2012, referente a no solicitar informaci\u00f3n que reposara en la entidad, adujo que no era aplicable a los concursos de m\u00e9ritos, en los cuales era responsabilidad del aspirante acreditar los requisitos exigidos. Se\u00f1al\u00f3 que la verificaci\u00f3n de estos se realiz\u00f3 conforme con las reglas de la convocatoria, esto es, con los documentos allegados al momento de la inscripci\u00f3n y no en otras oportunidades o con destino a otros procesos. <\/p>\n
En virtud del requerimiento realizado en primera instancia constitucional7, la Unidad alleg\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n. i) Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, con la que se rechazaron a 337 aspirantes por la causal 3.5., de los cuales 7 fueron posteriormente admitidos en la Resoluci\u00f3n CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023 y 10 con la Resoluci\u00f3n CJR23-0136 del 2 de mayo siguiente, porque se verific\u00f3 que s\u00ed acreditaron -en la respectiva plataforma- haber presentado la declaraci\u00f3n juramentada de no estar incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad al momento de la inscripci\u00f3n, en la respectiva plataforma. ii) Por estos hechos fueron presentadas 44 tutelas -de las cuales 3 fueron rechazadas, por improcedentes-. iii) La plataforma Kaptus se encuentra parametrizada con un primer pantallazo, en el que se debi\u00f3 marcar la casilla \u00abaceptar\u00bb a una declaraci\u00f3n juramentada de no encontrarse incurso en ninguna causal legal o constitucional de inhabilidad para el nombramiento o de incompatibilidad para el ejercicio del cargo. Tambi\u00e9n se debi\u00f3 aceptar que la informaci\u00f3n suministrada es aut\u00e9ntica y veraz -adem\u00e1s de autorizar a la entidad para verificarla-. Sin embargo, aclar\u00f3 que esta hubo de ser marcada por una sola vez -precisamente cuando ingresaron por vez primera al sistema, ya para este concurso o para convocatorias pret\u00e9ritas-. iv) Por otro lado, los aspirantes debieron marcar una opci\u00f3n, en la cual indicaban que cumpl\u00edan con los requisitos m\u00ednimos del cargo. Y, finalmente, v) el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 no tiene prevista la posibilidad de subsanar la omisi\u00f3n de allegar el documento en formato pdf contentivo de la referida declaraci\u00f3n -establec\u00eda que esta se deb\u00eda allegar al realizar la inscripci\u00f3n al proceso-. <\/p>\n
2. La Universidad Nacional de Colombia, operador para el proceso de selecci\u00f3n controvertido, relat\u00f3 las actuaciones del concurso y advirti\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo constitucional no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, dado que el rechazo se fundament\u00f3 en lo establecido en el acuerdo que regul\u00f3 la convocatoria, el cual se expidi\u00f3 en 2018. Resalt\u00f3 que los concursantes se sometieron a los requisitos del proceso de selecci\u00f3n, que las decisiones de la administraci\u00f3n deb\u00edan demandarse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y que no estaba acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. En virtud del requerimiento realizado en primera instancia8, la Universidad indic\u00f3 que: i) 303 participantes fueron excluidos por la causal 3.5.; y ii) 43 tutelas se formularon por la misma causa, que estaban en tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Juan Alfonso Villanueva Cabas, Gina Paola Moreno Rojas y Cristhian Fernando Contreras Bernal se opusieron a la prosperidad de la tutela. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional, previo a resolver el fondo del asunto, precis\u00f3 que, aunque contra la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 proced\u00eda el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la correspondiente solicitud de suspensi\u00f3n, acorde con lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia CC T-059\/2019 la existencia de ese medio de defensa no tornaba, en forma autom\u00e1tica, improcedente la acci\u00f3n de tutela, porque no necesariamente era un instrumento eficaz respecto de concursos de m\u00e9ritos, dadas las eventualidades de este. Por ejemplo, por la p\u00e9rdida de vigencia de las listas o la ocupaci\u00f3n de la vacante para la cual se est\u00e1 aspirando. Aunado a que el proceso contencioso administrativo no permite efectivizar el derecho de acceso a cargos p\u00fablicos, pues su objeto solo puede estar orientado a que se reconozca una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
En ese sentido, con sustento en los criterios definidos por la Corte Constitucional en la CC SU-067\/2022, para la procedencia de la tutela frente a actos administrativos derivados de un proceso de selecci\u00f3n de personal, referentes a la inexistencia de un mecanismo id\u00f3neo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental vulnerado y la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte consider\u00f3 procedente la tutela. En efecto, encontr\u00f3 acreditados dichos presupuestos, por la prolongada espera que implicar\u00eda acudir a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el consecuente desconocimiento de los derechos de la carrera administrativa y del m\u00e9rito, aunado a la eventualidad de que, cuando se defina, no haya vacantes. En ese sentido, recogi\u00f3 la postura que, sobre la improcedencia de ese mecanismo, hab\u00eda planteado en un caso igual la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal en la acci\u00f3n constitucional formulada por Yair Leonardo Fonseca Alfonso. Con base en lo anterior y tras hacer un estudio detallado de los principios constitucionales de la carrera administrativa y el m\u00e9rito en la Rama Judicial y de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, el a quo analiz\u00f3 el contenido de la Convocatoria 27 -Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018-. Destac\u00f3 que estaba vigente, que los aspirantes aceptaron las reglas del concurso y la obligatoriedad de los distintos aspectos all\u00ed regulados, entre ellos, de lo establecido en el art\u00edculo 3\u00ba, referente a que, en \u00abel t\u00e9rmino de inscripci\u00f3n\u00bb era necesario acreditar \u00abNo estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, (\u2026) con una declaraci\u00f3n juramentada suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato PDF\u00bb, la cual deb\u00eda anexarse de conformidad con el instructivo (#2.4. del art\u00edculo 3\u00ba), sumado a que la falta de ese requisito acarreaba la exclusi\u00f3n del concurso (#3.5. ibidem). <\/p>\n
No obstante, la Sala advirti\u00f3 que, frente a las causales de rechazo 3.5. y 3.8. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, la Unidad accionada convalid\u00f3 las declaraciones presentadas en el espacio en blanco destinado a otro prop\u00f3sito en el formulario de inscripci\u00f3n, as\u00ed como en la fecha de aplicaci\u00f3n del examen, de manera que, pese a la literalidad de la convocatoria, tambi\u00e9n habilit\u00f3 otros medios alternativos y v\u00e1lidos jur\u00eddicamente para satisfacer el requisito echado de menos, \u00abtransmitiendo con ello cierta confusi\u00f3n entendible que pudieron tener algunos los concursantes en relaci\u00f3n con la forma de observar tal exigencia\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, estim\u00f3 que se configur\u00f3 un exceso de ritual manifiesto, al reclamar el citado documento, cuando dicha carga se pudo suplir de otras formas. i) Para quienes no ten\u00edan un usuario en el aplicativo, establecido para el concurso, con la selecci\u00f3n de la casilla de \u00abaceptar\u00bb, que era obligatoria para registrarse en el sistema y poder inscribirse al proceso, pues esta conten\u00eda una cl\u00e1usula previa referente a una \u00abdeclaraci\u00f3n juramentada que certifica no estar sujeto a ninguna inhabilidad constitucional o legal para el nombramiento o incompatibilidad\u00bb. Y ii) respecto de las personas que ya estaban inscritos en dicha plataforma, porque hab\u00edan participado en convocatorias anteriores y cuya manifestaci\u00f3n inicial no pod\u00eda extenderse a procesos posteriores, consider\u00f3 que ese presupuesto pod\u00eda tenerse por acreditado con el formato que se entreg\u00f3 el d\u00eda de la pruebas, porque conten\u00eda una declaraci\u00f3n de cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en el concurso y deb\u00eda ser firmado por los concursantes para acceder al cuadernillo de preguntas. Esto es, la manifestaci\u00f3n de no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad \u00abhace parte de los requisitos generales o m\u00ednimos para ocupar cargos de carrera en la Rama Judicial por disposici\u00f3n expresa del ya citado art\u00edculo 127 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb. As\u00ed las cosas, como los concursantes que superaron las pruebas hab\u00edan realizado la declaraci\u00f3n bajo las modalidades referidas, la Hom\u00f3loga Penal concluy\u00f3 que se incurri\u00f3 en exceso de formalismo al ser excluidos, que vulneraba sus derechos y que no afectaba a quienes s\u00ed cumplieron con la reglamentaci\u00f3n, aportando la declaraci\u00f3n al momento de la inscripci\u00f3n, pues no se estaba otorgando ninguna ventaja injusta o desigual a quienes fueron rechazados con sustento en la causal 3.5. en comento. <\/p>\n
Finalmente, la Sala determin\u00f3 que los efectos de la sentencia ser\u00edan inter comunis para todos los participantes que hubieran sido rechazados por la causal 3.5., porque estaban en la misma situaci\u00f3n. Destac\u00f3 que, aunque hab\u00eda fallos de tutela proferidos por las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Civil de la Corte y la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado, en particular, en los casos de Jos\u00e9 Luis Avella Chaparro, Liliana Guzm\u00e1n Lozano y Gustavo Adolfo Castro Capera, lo cierto era que all\u00ed no se abord\u00f3 el estudio de fondo del asunto, pues los amparos propuestos se declararon improcedentes, por la existencia de otro medio de defensa, argumentos que se hab\u00edan replanteado en el asunto. <\/p>\n
En consecuencia, dej\u00f3 sin efecto parcial la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, mediante la cual se admiti\u00f3 al concurso de m\u00e9ritos a algunos aspirantes, al tiempo que rechaz\u00f3 la postulaci\u00f3n de quienes no acreditaron las calidades se\u00f1aladas en el Acuerdo PCSJA18- 11077 de 2018, exclusivamente respecto de los participantes excluidos por la causal de rechazo 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 y todas las actuaciones administrativas derivadas de ello, ordenando a la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, en las 48 horas siguientes, emitiera un nuevo acto administrativo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y que adelantara las gestiones necesarias para permitir que las personas favorecidas y cobijadas por esa decisi\u00f3n pudieran continuar con el concurso. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial impugn\u00f3. Argument\u00f3 que: i) el fin de la tutela es cuestionar un acto administrativo que goza de presunci\u00f3n de legalidad; ii) los actores ten\u00edan otro medio de defensa ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en el cual pod\u00edan solicitar una medida cautelar de urgencia, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 234 de la Ley 1437 de 2011, como lo reconoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia -en cinco fallos previos sobre el mismo tema- y la Hom\u00f3loga Penal -en otra acci\u00f3n constitucional-; iii) la Corte Constitucional, en la sentencia CC SU067-2022, sobre la Convocatoria 27 estableci\u00f3 que corresponde a los jueces, especialmente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, encargarse de asegurar el efectivo cumplimiento de los principios de la carrera administrativa de la Rama Judicial; iv) el art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996 contempla que la convocatoria es obligatoria para todas las partes y, por tanto, debe aplicarse la causal de rechazo all\u00ed prevista, por no haber allegado la declaraci\u00f3n juramentada referente a las incompatibilidades e inhabilidades al momento de la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la firma de los cuadernillos precis\u00f3 que lo all\u00ed consignado se acept\u00f3 en cuanto se declaraba cumplir los requisitos del cargo, pero ello obedeci\u00f3 a la causal de exclusi\u00f3n 3.8. y no a la 3.5., referida a las inhabilidades e incompatibilidades; adem\u00e1s, destac\u00f3 que la declaraci\u00f3n contenida en esos cuadernillos indicaba que hab\u00edan acreditado el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos, \u00abmediante documentaci\u00f3n aportada en la inscripci\u00f3n\u00bb, aunado que lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades no es un requisito m\u00ednimo sino general. <\/p>\n
1.2. Posteriormente, la Unidad ampli\u00f3 sus argumentos para se\u00f1alar que en el proyecto de ley estatutaria que modifica la Ley 270 de 1996, en su art\u00edculo 82 se previ\u00f3 un cambio del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 164 de dicha normativa -relativo a los concursos de m\u00e9rito de la rama judicial-, en el sentido de incluir que \u00abEl aspirante deber\u00e1 anexar la declaraci\u00f3n de no hallarse incurso en causal de inhabilidad o de incompatibilidad\u00bb, lo cual, seg\u00fan se evidencia en el comunicado de prensa de la sentencia CC C-134\/2023, fue declarado exequible9. A su vez, refiri\u00f3 las tutelas que han negado el amparo propuesto, dado que existen otros medios de defensa. <\/p>\n
1.3. De otro lado, la Unidad10 remiti\u00f3 un listado de las acciones de tutela surtidas con ocasi\u00f3n de la exclusi\u00f3n contemplada en la causal 3.5., de los tr\u00e1mites en curso ante la jurisdicci\u00f3n de contencioso administrativo referentes al concurso, el formato de declaraci\u00f3n juramentada incluida en cuadernillo de preguntas y la relaci\u00f3n de los aspirantes que se registraron en el aplicativo de concursos de la Rama Judicial por primera vez al inscribirse en la Convocatoria 27 y seleccionaron la casilla aceptar de la declaraci\u00f3n juramentada all\u00ed contenida. <\/p>\n
2. Cristian Camilo Pineda G\u00f3mez, Gisela Laiton Ardila, Camilo Andr\u00e9s Ospina Villamil, Gilberto Alarc\u00f3n Fajardo, Cristhian David Narv\u00e1ez Rodr\u00edguez, Diana Mercedes Gonz\u00e1lez Carvajal, Tinker Rafael Lafont Mendoza, Alba Zuley Leal Le\u00f3n y Juan Miguel Mercado Toledo tambi\u00e9n impugnaron la decisi\u00f3n de primera instancia, planteando distintos argumentos. Entre ellos, se destacan los siguientes: i) no existe prueba del perjuicio irremediable, porque no se demostr\u00f3 que alg\u00fan tutelante hubiera instaurado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y que no se hubiera emitido pronunciamiento alguno, aunado que el proceso de selecci\u00f3n no finalizar\u00e1 antes de dos a\u00f1os, dado que se debe realizar el curso concurso que no ha iniciado; ii) el hecho de haber firmado en los cuadernillos que cumple con los requisitos m\u00ednimos para el cargo no puede reemplazar la declaraci\u00f3n de no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, pues ello llevar\u00eda a entender que, con esa sola firma, se acredita que el aspirante es colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, abogado con posgrado, los a\u00f1os de experiencia, entre otros; iii) se realizaron unos juicios de legalidad de los actos administrativos cuestionados que son ajenos a la tutela; iv) el formato que se firm\u00f3 al presentar la prueba solo alud\u00eda a acudir directamente, sin interpuesta persona; v) los dem\u00e1s concursantes s\u00ed acogieron las reglas del proceso, por lo que se les viola su derecho a la igualdad; vi) el concurso lleva en tr\u00e1mite m\u00e1s de 6 a\u00f1os, por lo que la decisi\u00f3n vulnera los derechos a la confianza leg\u00edtima, igualdad y legalidad de quienes han estado participando; vii) se desconoci\u00f3 lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias CC SU037\/2019, CC SU349\/2019 y CC T-081\/2021, en cuanto a que solo esa corporaci\u00f3n puede dictar un fallo con efectos inter comunis; viii) en los concursos anteriores se ha exigido el mismo requisito y no ha sido anulado; ix) la declaraci\u00f3n echada de menos no sorprendi\u00f3 a los concursantes, pues se estableci\u00f3 desde el inicio del proceso; x) la tutela no cumple con el presupuesto de la inmediatez, porque la Resoluci\u00f3n que excluy\u00f3 a los participantes solo desarrolla lo previsto en la convocatoria, cuyo acto administrativo se emiti\u00f3 desde 2018; xi) sobre el asunto hay cosa juzgada constitucional, porque la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 improcedente, al menos, 4 tutelas por la misma causa; xii) la Sala de Casaci\u00f3n Penal no pod\u00eda revocar su propia sentencia, en referencia al fallo emitido en la acci\u00f3n constitucional promovida por Yair Leonardo Fonseca Alfonso, en la que se declar\u00f3 improcedente la tutela. <\/p>\n
3. Frente a la informaci\u00f3n allegada en sede de impugnaci\u00f3n por la autoridad accionada, el tutelante Freddy Alexander Ni\u00f1o Cort\u00e9s se opuso a la impugnaci\u00f3n, reiter\u00f3 sus alegaciones e indic\u00f3 que en las acciones constitucionales anteriores la Unidad ocult\u00f3 informaci\u00f3n que fue fundamental en la decisi\u00f3n adoptada por el a quo constitucional. Tambi\u00e9n intervinieron los accionantes Jessica Tatiana G\u00f3mez Mac\u00edas, Reynaldo Nicol\u00e1s Franco Cort\u00e9s y Camilo Andr\u00e9s Barrag\u00e1n Diaz y pidieron confirmar la providencia impugnada. <\/p>\n
Jos\u00e9 Luis Avella Chaparro, Lina Mar\u00eda Parra Granados, Camilo Andr\u00e9s Espinosa Jaramillo, Carolina Mar\u00eda S\u00e1nchez Serna, Juan Carlos Hern\u00e1ndez Pantoja, Diego Armando Urbano G\u00f3mez, Andr\u00e9s Villota Benavides, Milagro Cecilia Espinosa Arrieta, C\u00e9sar Arias Jerez, Diego Fernando G\u00f3mez, Franklin Fabian F\u00faquene Rivera, Cristian Camilo Gonz\u00e1lez Pineda, Irma Natali Villamil Gonz\u00e1lez, Alejandro Reglado Mart\u00ednez, Felipe Alberto Valderrama Molina y Margareth Sof\u00eda Silva Monta\u00f1a defendieron la legalidad del fallo de primera instancia y se opusieron a la prosperidad de la impugnaci\u00f3n. Lo anterior, con sustento en similares argumentos a los referidos por los actores en las respectivas acciones constitucionales. <\/p>\n
Los intervinientes en esta instancia expusieron, entre otros, los siguientes aspectos: i) con ocasi\u00f3n de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal se emiti\u00f3 un acto que los admiti\u00f3 al concurso, raz\u00f3n por la cual de revocarse no podr\u00edan en estos momentos acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, por lo cual pidieron proteger el principio de confianza leg\u00edtima; ii) en las tutelas posteriores se ha declarado la carencia de objeto, porque han dado prevalencia a lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal; iii) no es cierto que solo las 19 personas que se inscribieron por primera vez a la plataforma tuvieron que aceptar la declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, pues tal acepci\u00f3n estaba prevista para todos al ingresar a la convocatoria, adem\u00e1s, que tal lista est\u00e1 incompleta, pues fueron m\u00e1s los aspirantes que se inscribieron por primera vez en la plataforma de concursos de la Rama Judicial; iv) de los procesos relacionados que se tramitan ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo contra el acto administrativo que convoc\u00f3 al concurso no se tiene conocimiento de que tengan por objeto cuestionar lo relativo a la causal de exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 3.5.; y v) en una demanda de nulidad promovida contra tal causal, de radicado 11001032500020230019000, se pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional y no se ha emitido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
4. En esta instancia, por auto del 9 de agosto del a\u00f1o en curso, se dispuso la acumulaci\u00f3n a la acci\u00f3n constitucional de la referencia de la tutela de radicado 11001023000020230036501, cobijada por los efectos inter comunis del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia apelada. A continuaci\u00f3n, se exponen las consideraciones que soportan esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Verdad es, como precisi\u00f3n preliminar, que las aguas del an\u00e1lisis constitucional son muy mudables. Esto es, las circunstancias del juez constitucional a quo no son en lo absoluto id\u00e9nticas de aquellas propias del juez constitucional ad quem. En efecto, este an\u00e1lisis ha consultado, de manera primigenia, las condiciones excepcionales del asunto sub examine, tales como la confianza y seguridad jur\u00eddicas, por un lado, y trascendencia del yerro com\u00fan, por otro. De all\u00ed que las consideraciones vertidas en las siguientes l\u00edneas tengan un alcance extremadamente confinado al caso sub examine. <\/p>\n
2.1. Primero, se insiste en lo siguiente: hay un grupo de aproximadamente treinta decenas de personas que est\u00e1n ad portas de iniciar el denominado curso-concurso. A la fecha, ya fue proferida una decisi\u00f3n administrativa que los habilita para continuar participando en el concurso. Y que ha proyectado, literalmente erga omnes, unos innegables efectos sociales, econ\u00f3micos, morales y jur\u00eddicos: estas implicaciones aumentan -exponencialmente- con la proximidad del denominado curso-concurso. Por lo dem\u00e1s, el acto administrativo atacado -desde luego, en cumplimiento del fallo impugnado- ya no hace parte del escenario jur\u00eddico. <\/p>\n
2.2. Segundo, el eje central del an\u00e1lisis es el error com\u00fan. Con respecto a la lectura de la carga sub examine y a la comprensi\u00f3n del contenido de las declaraciones de los participantes -escitas, expresas y actuales, a prop\u00f3sito de esa carga-. <\/p>\n
2.2.1. Con respecto a cada postulante, yerro com\u00fan que se reconoce como aquella convicci\u00f3n que lo arrastr\u00f3 a asumir que una declaraci\u00f3n de voluntad expresa, escrita y actual estaba englobada en otra declaraci\u00f3n de voluntad expresa, escrita y actual. Es decir, aquella persuasi\u00f3n que condujo a ese participante a reconocer el car\u00e1cter disyuntivo de la carga -alternatividad de las cargas-. Que no aquel car\u00e1cter conjuntivo -integrador- de esas cargas. <\/p>\n
2.2.2. De igual manera, con respecto a la Corporaci\u00f3n impugnante, yerro com\u00fan que le permiti\u00f3 reclamar plurales declaraciones de voluntad expresas, escritas y actuales -a prop\u00f3sitos de t\u00f3picos pr\u00f3ximos-. As\u00ed y todo, valga anticipar desde ya, que la Corporaci\u00f3n impugnante misma, respecto de otra declaraci\u00f3n de voluntad expresa, escrita y actual que deb\u00eda allegarse al momento de la inscripci\u00f3n (la declaraci\u00f3n juramentada de cumplir los requisitos m\u00ednimos exigidos), s\u00ed se ha servido de \u201cinterpretaciones finalistas\u201d11 de las reglas del concurso -muy pr\u00f3ximas o iguales a esta afincada en estas l\u00edneas-. Esto es, s\u00ed se ha aceptado subsanar tal yerro com\u00fan con el reconocimiento de otra declaraci\u00f3n de voluntad expresa, escrita y actual.12 As\u00ed las cosas, el fallo impugnado no har\u00eda m\u00e1s que valerse de id\u00e9ntica respuesta de aquella instituida por la propia Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura -para este mismo concurso, con respecto a una declaraci\u00f3n de voluntad equivalente a la sub examine, por no decir igual-. <\/p>\n
2.2.3. Yerro com\u00fan cuyos efectos tambi\u00e9n se extender\u00edan a la colectividad: si negase esta interpretaci\u00f3n finalista de la carga sub examine, el conglomerado podr\u00eda verse privado del m\u00e9rito e idoneidad13 de treinta decenas de personas, a prop\u00f3sito del mayor servicio que se le pueda prestar a la sociedad -administrar justicia-. <\/p>\n
2.2.4. Yerro com\u00fan o universal, extraordinario y excepcional, que irradia sus efectos a todas las consideraciones del caso concreto. Por ejemplo, rompe con la presunci\u00f3n de legalidad del acto administrativo y de las reglas del concurso: en el escenario jur\u00eddico ya hay otra decisi\u00f3n administrativa -esto es, \u00bfesta grandiosa presunci\u00f3n se predicar\u00eda respecto de cual acto administrativo? – Adem\u00e1s, a lo largo del proceso, se reitera, la impugnante misma ha implementado y aceptado din\u00e1micas complementarias a aquellas primigenias. De igual manera, el yerro com\u00fan se enfrenta con ejes axiales de esta Sala del debate tutelar, tales como la subsidiariedad y razonabilidad -como se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante-. <\/p>\n
3. Es pertinente se\u00f1alar que es pac\u00edfica la postura de la Sala, en cuanto a que, a partir de las reglas de reparto, s\u00ed se pueden predicar nulidades en materia de tutelas, porque <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (CSJ ATC1396-2016, reiterado en CSJ ATC2521-2016 y en CSJ ATC1178-2022). <\/p>\n
As\u00ed, la Sala ha considerado que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia\u00bb (Criterio expuesto en CSJ ATC298-2018, reiterado, entre muchos otros, en CSJ STC472-2018 y CSJ ATC335-2023). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, la Sala ha discrepado de la postura que, en algunas ocasiones, ha aplicado la Corte Constitucional, en torno a la imposibilidad de anular un tr\u00e1mite de tutela con base en las reglas de reparto, porque, si bien la petici\u00f3n de amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida a los derechos fundamentales del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de manera que \u00abnadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb. Por tanto, seg\u00fan lo referido por la misma Corte Constitucional en pret\u00e9rita oportunidad, \u00abcuando se interponga una acci\u00f3n de tutela en contra de una autoridad (\u2026) y conozca de ella un juez diferente a los mencionados anteriormente, el proceso se encontrar\u00e1 viciado de nulidad por violaci\u00f3n del art\u00edculo 29 Superior\u00bb (CC Auto 072A\/06, postura reiterada por esta Sala en CSJ ATC671-2003, CSJ ATC738-2023). <\/p>\n
En el caso concreto, se advierte que los tutelantes Jessica Tatiana G\u00f3mez Mac\u00edas, Reynaldo Nicol\u00e1s Franco Cort\u00e9 y Camilo Andr\u00e9s Barrag\u00e1n Diaz pusieron de presente en sus escritos que fung\u00edan como funcionarios o empleados de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, raz\u00f3n por la cual, en principio, el tr\u00e1mite constitucional estaba sujeto a la regla de reparto, por competencia, contenida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que establece: <\/p>\n
Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado\u2026 <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u2026 <\/p>\n
No obstante, como aquellas acciones constitucionales se acumularon a la de radicado 2023-00335-01, promovida por Freddy Alexander Ni\u00f1o Cort\u00e9s, quien en su escrito inicial14 no report\u00f3 la condici\u00f3n establecida en la norma en comento para que la tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura fuera conocida por el Consejo de Estado, se mantuvo para los dem\u00e1s la competencia asumida por esta Corporaci\u00f3n frente a la tutela principal. Por esta raz\u00f3n, la Sala considera que, en el caso concreto, no hay vicio que impida continuar con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
4. Ahora bien, en torno al concepto de subsidiariedad, por un lado, y al yerro com\u00fan \u2013 mal denominado error inducido-, y a la necesidad de los efectos inter comunis de la decisi\u00f3n, por otro lado, esta Sala matizar\u00e1 en su an\u00e1lisis aquel importante requisito de procedibilidad. Esto es, se advierte que a partir de estas circunstancias excepcionales, para este asunto puntual, ha de redefinirse el an\u00e1lisis de la subsidiariedad: la procedibilidad excepcional de esta acci\u00f3n como medio pertinente de control -asentada en circunstancias extraordinarias, tales como la identificaci\u00f3n de un error com\u00fan y sus necesarios efectos inter comunis-. <\/p>\n
4.1. Es necesario reiterar -seg\u00fan criterio de esta Sala15, que el acto que excluye a un participante de un concurso de m\u00e9ritos es definitivo para aqu\u00e9l, dado que define que no podr\u00e1 continuar en la convocatoria, raz\u00f3n por la que tal acto administrativo puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en la cual el accionante puede solicitar la suspensi\u00f3n de la decisi\u00f3n correspondiente, as\u00ed: <\/p>\n
\u2026el accionante tiene a su disposici\u00f3n otro mecanismo de defensa para ventilar los reparos aqu\u00ed esgrimidos frente a los actos administrativos que se emitan en el respectivo tr\u00e1mite, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, escenario contemplado para plantear la controversia propuesta y en el que se puede solicitar al juez natural la suspensi\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada desde la interposici\u00f3n de la demanda, por lo cual la acci\u00f3n de tutela es improcedente (STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, postura reiterada CSJ STC10209-2020, CSJ STC14671-2021, CSJ STC15988- 2021, CSJ STC1989-2022, CSJ STC1152-2023 y CSJ STC638-2023). <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha considerado que el proceso contencioso administrativo es id\u00f3neo y eficaz para rebatir la decisi\u00f3n cuestionada, pues en dicho tr\u00e1mite se puede solicitar al juez natural la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo desde la interposici\u00f3n de la demanda (Tesis reiterada en las sentencias CSJ STC16407-2018, CSJ STC13240-2021 y CSJ STC1865-2023). <\/p>\n
4.2. En una palabra -se reitera-, esta decisi\u00f3n tutelar no podr\u00eda recibirse como un desconocimiento de las herramientas naturales que, en principio, est\u00e1n llamadas a gobernar esta materia. En efecto, el procedimiento administrativo y los medios de control juridicial de lo contencioso administrativo son, en t\u00e9rminos generales, los instrumentos de defensa del ciudadano frente a las fallas de la administraci\u00f3n. Han sido establecidos por el legislador (bajo el principio de reserva de ley), como desarrollo de los principios constitucionales de la funci\u00f3n administrativa art. 209 de la Constituci\u00f3n. Y han sido validados por el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional. En efecto, el concepto de procedimiento administrativo est\u00e1 estrechamente vinculado con la relaci\u00f3n jur\u00eddico administrativa prestacional, que se construye entre la administraci\u00f3n p\u00fablica -prestadora- y el destinatario de la prestaci\u00f3n -el ciudadano-. La importancia de una defensa integral y sustancial de los derechos fundamentales pasa entonces, en principio, por el respeto del orden, los contenidos y las acciones establecidas por el procedimiento administrativo -Ley 1437 de 2011-. <\/p>\n
De modo general, lo que establecen las normas procedimentales referidas a las prestaciones personales de servicios y\/o materiales en la Ley 1437 de 2011 son una sucesi\u00f3n de actos, la posici\u00f3n y condiciones jur\u00eddicas de la administraci\u00f3n, los derechos y garant\u00edas de la persona como destinatario de la prestaci\u00f3n, los medios de defensa con los cuales cuenta el ciudadano. En una palabra, se reconoce un proceso administrativo y de lo contencioso administrativo integral de garant\u00edas y de contradicci\u00f3n, donde el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva est\u00e1n garantizados16. Esto es, una adecuada protecci\u00f3n de los derechos fundamentales exige la existencia de un procedimiento administrativo que s\u00ed permite al ciudadano participar y controvertir aquellas decisiones que lo afectan en su esfera de inter\u00e9s. El concepto de procedimiento administrativo est\u00e1 estrechamente vinculado con la relaci\u00f3n jur\u00eddico administrativa prestacional que se construye entre la administraci\u00f3n p\u00fablica prestadora y el destinatario de la prestaci\u00f3n. Efectivamente, el legislador colombiano expidi\u00f3 la Ley 1437 de 2011: con medios de control de la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n. Y es, en principio, a la luz del postulado de reserva de procedimiento de esta ley sobre el cual debe ser valorada la actuaci\u00f3n.17 <\/p>\n
4.3. Empero, estas reglas capitales del procedimiento administrativo, que imponen el afincamiento de la subsidiariedad del debate tutelar, deben armonizarse con respecto a las especiales particularidades del asunto sub examine. En efecto, no pueden pasarse por alto las siguientes circunstancias. <\/p>\n
4.3.1. Con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional de la referencia y por la orden emitida en primera instancia, qued\u00f3 sin efectos el acto administrativo que rechaz\u00f3 a los aspirantes que no acreditaron las calidades se\u00f1aladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, en lo relativo a la causal 3.5., y se impuso a la autoridad accionada la obligaci\u00f3n realizar las acciones necesarias para permitir que las personas favorecidas por esa decisi\u00f3n pudieran continuar en el proceso. El consecuente cumplimiento de la decisi\u00f3n de tutela dio lugar a la Resoluci\u00f3n CJR23-0213 del 8 de junio de 2023, por la cual fueron admitidos al concurso aquellos participantes excluidos por no haber presentado la declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades al momento de la inscripci\u00f3n. As\u00ed las cosas, es evidente que para este particular y espec\u00edfico caso, las circunstancias se habr\u00edan tornado parcialmente diferentes. Se reitera, las inscripciones al curso de formaci\u00f3n judicial iniciar\u00edan el pr\u00f3ximo 11 de septiembre. De manera que no puede desconocerse que el acto administrativo y la oportunidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo presentan condiciones distintas de las consideradas por esta Sala en anteriores oportunidades. <\/p>\n
4.3.2. Incluso si se obviara lo anterior, se impone el estudio de las posibilidades efectivas, actuales y reales de contradicci\u00f3n de la decisi\u00f3n administrativa. En el caso concreto, desde luego, bien podr\u00edan considerarse varios medios de control pertinentes de esa estirpe de lo contencioso administrativo. As\u00ed y todo, deber\u00edan tambi\u00e9n considerarse varios puntos y t\u00f3picos en tensi\u00f3n. Primero, como soporte transversal de esta decisi\u00f3n, ha de retenerse el concepto de error com\u00fan -mal denominado error inducido-. Segundo, ha de valorarse el n\u00famero plural de posibles afectados con el acto primigeniamente atacado. Tercero, la pertinencia de herramientas como las medidas cautelares -p.e. sus efectos masivos respecto del conglomerado-. Cuarto, la coyuntura temporal del caso concreto. Y, no menos importante, quinto, la trascendencia teleol\u00f3gica de la carga programada en el numeral 3.5 y, sexto, el cumplimiento escrito, expreso y actual de esta carga por las personas arropadas con estos los efectos inter comunis de esta sentencia. En definitiva, este an\u00e1lisis constitucional podr\u00eda permitirse el estudio de distintas consideraciones y reglas en conflicto: la pertinencia de las herramientas naturales de decisi\u00f3n, efectiva defensa de los intereses del contencioso, prop\u00f3sito t\u00e9cnico y trascendencia de la hipot\u00e9tica trasgresi\u00f3n de esta carga in examine. Y, desde luego -como eje axial-, el posible yerro plural de la lectura y el cumplimiento de esa carga. Por estas razones, la Sala proceder\u00e1 a analizar de fondo lo controvertido. <\/p>\n
5. Se procede al estudio de fondo, directamente en lo que respecta al error com\u00fan -tambi\u00e9n denominado por la jurisprudencia constitucional como error inducido-18 <\/p>\n
5.1. En el caso concreto, valga aclarar, este yerro generalizado no se produjo por un enga\u00f1o urdido por persona alguna -o incluso por su culpa o incuria-. De all\u00ed que su denominaci\u00f3n como \u201cerror inducido\u201d -dolo19- sea parcialmente exacta: el yerro com\u00fan podr\u00eda tener causa distinta del dolo de un tercero. Se trata, en una palabra, con un criterio \u201cm\u00e1s humano\u201d20[humanista] de reivindicar aquella \u201cm\u00e1xima secular en virtud de la cual error communis facit jus; la buena fe universal deviene en creadora de derechos; as\u00ed lo exige el inter\u00e9s social y el derecho mismo, que trasciende de la mera norma escrita.\u201d21Esto es, \u201ca pesar del cuidado empleado\u201d22, tanto por la administraci\u00f3n como por los participantes, en circunstancias extraordinarias \u201cel error hace derecho.\u201d23De manera puntual, es esa opini\u00f3n de muchos -\u201comnium consensu\u201d24- aquella \u201ccreencia que crea el derecho.\u201d25 <\/p>\n
5.2. El art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996 establece: <\/p>\n
2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selecci\u00f3n mediante concurso de m\u00e9ritos… <\/p>\n
3. Las solicitudes de los aspirantes que no re\u00fanan las calidades se\u00f1aladas en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazar\u00e1n mediante resoluci\u00f3n motivada contra la cual no habr\u00e1 recurso en la v\u00eda gubernativa. (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed, no hay duda de que \u00abLa convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selecci\u00f3n, por tanto, de perentorio cumplimiento tanto para la administraci\u00f3n como para los participantes, quienes con su inscripci\u00f3n, aceptan las condiciones y t\u00e9rminos se\u00f1alados\u00bb en el Acuerdo que regul\u00f3 el concurso. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es claro que, no presentar, en formato pdf, la declaraci\u00f3n juramentada en la fase de inscripci\u00f3n al concurso se contempl\u00f3 como una causal de rechazo. Igualmente, no puede pasarse por alto que el referido Acuerdo determin\u00f3 que era un requisito para el proceso \u00abNo estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad (#1.1.) y que tal exigencia era un requisito m\u00ednimo, al igual que lo eran los estudios y la experiencia, pues, en el numeral 2.4., se estableci\u00f3 expresamente que \u00abLos aspirantes deber\u00e1n anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los siguientes documentos o certificaciones, tanto para acreditar el cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo de aspiraci\u00f3n, como para acreditar la experiencia y la capacitaci\u00f3n que otorgan puntaje adicional\u00bb, relacionando entre ellos la \u00abDeclaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades\u00bb (#2.4.6.). (Resalta la Sala). De otro lado, en el numeral 4.1., se estipul\u00f3 que, \u00abAl momento de presentar las pruebas, los aspirantes suscribir\u00e1n declaraci\u00f3n juramentada de cumplir los requisitos m\u00ednimos para el desempe\u00f1o del cargo seleccionado y as\u00ed recibir el correspondiente cuadernillo\u00bb. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por supuesto, respecto del estudio y an\u00e1lisis interno que deb\u00eda hacer el aspirante para poder exteriorizar, a trav\u00e9s de una manifestaci\u00f3n escrita, que no estaba incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad y la demostraci\u00f3n de la profesi\u00f3n y los a\u00f1os necesarios de ejercicio, entre otros requisitos, hay ostensibles diferencias. Es evidente que mientras lo primero deb\u00eda emanar exclusivamente del propio aspirante, las exigencias restantes solo pod\u00edan tenerse por acreditadas si eran certificadas por la persona, instituci\u00f3n o autoridad competente. Es decir, estos \u00faltimos -en modo alguno- pod\u00edan entenderse superados con una sola expresi\u00f3n o firma del participante, como en forma acertada lo se\u00f1alan algunos impugnantes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la declaraci\u00f3n contemplada como causal de rechazo en el numeral 3.5. de la Convocatoria: aquella emerg\u00eda exclusivamente de la voluntad de la persona inscrita. <\/p>\n
5.3. En ese sentido, se advierte que, en la sentencia impugnada, aplicando una interpretaci\u00f3n plausible de las reglas propias de la convocatoria y de las circunstancias del caso, se estableci\u00f3 que la omisi\u00f3n de la declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades en pdf en el aplicativo al momento de la inscripci\u00f3n pudo tenerse por cumplida, respecto de las 19 personas que se registraron por primera vez en el sistema, al dar aceptar en el recuadro de <\/p>\n
T\u00e9rminos y Condiciones \/ DECLARACI\u00d3N JURAMENTADA: Declaro bajo la gravedad del juramento, que no me encuentro incurso en ninguna causal legal o constitucional de inhabilidad para el nombramiento, o incompatibilidad para el ejercicio del cargo para el cual concurso. La informaci\u00f3n aqu\u00ed suministrada es aut\u00e9ntica y veraz, por lo tanto autorizo irrevocablemente a la entidad para verificarla a trav\u00e9s de los medios que considere convenientes. <\/p>\n
5.4. Y, en todo caso, frente a todos los aspirantes que recibieron la hoja de respuestas del cuadernillo de preguntas, en tanto firmaron que <\/p>\n
1. He acreditado el cumplimiento de requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo, mediante documentaci\u00f3n aportada en la inscripci\u00f3n, seg\u00fan lo establecido en el Acuerdo PCSA18-11077-2018, que convoca al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. <\/p>\n
2. Entiendo y acepto que ni la citaci\u00f3n a la prueba ni la presentaci\u00f3n del examen garantizan mi continuaci\u00f3n en el concurso, pues ello se establece con posterioridad a la aplicaci\u00f3n de estas con la etapa de verificaci\u00f3n de requisitos m\u00ednimos, conforme a la normatividad de la convocatoria. <\/p>\n
5.4.1. Esto \u00faltimo, porque no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad s\u00ed se concibi\u00f3 en el Acuerdo como un requisito m\u00ednimo, seg\u00fan las disposiciones citadas en precedencia, presupuesto que se acreditaba con la manifestaci\u00f3n firmada por el aspirante. Estas condiciones pod\u00edan, en efecto, razonablemente, entenderse superadas con la declaraci\u00f3n referida: aquella no exig\u00eda calidades distintas de la manifestaci\u00f3n de la voluntad del interesado: expresa, escrita y actual. En ese orden, esta carga sub examine no estaba \u201ccondicionada\u201d, como otros requisitos, a que proviniese de \u201cla voluntad de un tercero o de un acaso\u201d (art. 1534 C.C.). Es decir, ser\u00eda razonable concluir que se tratar\u00eda de una carga condicionada de manera potestativa -que no casual o mixta, como en el caso de los t\u00edtulos y certificaciones de experiencia-. <\/p>\n
5.4.2. Esto es, este an\u00e1lisis ha de arropar la comprensi\u00f3n del contenido de la declaraci\u00f3n de la voluntad -expresa, escrita y actual- De manera puntual, el debate constitucional central ha de reconocerse desde la siguiente cuesti\u00f3n: para que el contenido de las voluntades fuese integralmente comprendido, a prop\u00f3sito de una lectura extensiva -garantista- de las declaraciones expresas, escitas y actuales de los participantes \u00bfel juez constitucional podr\u00eda concentrar su an\u00e1lisis en el contenido de esas manifestaciones? Se sabe que cualquier decisi\u00f3n o declaraci\u00f3n de voluntad -incluida esta carga reclamada por la causal 3.5-, es antes que todo una operaci\u00f3n mental \u2013\u201cconcepci\u00f3n y deliberaci\u00f3n\u201d26-: \u201clas luces del entendimiento enrutan la energ\u00eda de la decisi\u00f3n.\u201d27 <\/p>\n
En gracia de discusi\u00f3n, de manera gr\u00e1fica, esta pregunta podr\u00eda recrearse con estas nuevas cuestiones: \u00bfeste juez constitucional podr\u00eda recibir como manifestaci\u00f3n el simple silencio del participante? \u00bfSer\u00edan suficientes la mera inscripci\u00f3n o el diligenciamiento del examen? Desde luego, para estas cuestiones se impondr\u00eda la respuesta negativa. Ahora bien, desde otra orilla, \u00bfpodr\u00eda recibirse como cabal manifestaci\u00f3n de la voluntad el env\u00edo de un archivo distinto del pdf -word u otro-? En este orden de ideas, es posible aceptar que la carga pudiese entenderse cumplida con plurales expresiones escritas, expresas y actuales. Y precisamente, a partir de esta primera conclusi\u00f3n, podr\u00eda ser razonable asir una lectura extensiva de la declaraci\u00f3n de esa voluntad: a trav\u00e9s de manifestaciones escritas, expresas y actuales. En definitiva, \u201c\u00bfpara qu\u00e9 sirven las palabras si no es para expresar la voluntad del que habla?\u201d28 En verdad, a trav\u00e9s de \u201cun gesto de la vida cotidiana se tradujo de manera instant\u00e1nea esa voluntad jur\u00eddica: se firm\u00f3.\u201d29 <\/p>\n
5.4.3. Desde luego, s\u00ed se se\u00f1al\u00f3 un canal de comunicaci\u00f3n de esa manifestaci\u00f3n (enviar un archivo pdf). Empero, la inobservancia de esa limitaci\u00f3n formal de la manifestaci\u00f3n de la voluntad no impondr\u00eda, necesariamente, su sanci\u00f3n en la declaraci\u00f3n misma. M\u00e1s exactamente, en puridad, se afinc\u00f3 una limitaci\u00f3n formal negativa de la voluntad: el acto administrativo atacado reclamaba declaraciones escritas, expresas y actuales. Esto es, se proscribi\u00f3 -de una manera muy t\u00e9cnica-, una libertad formal completa (por ejemplo, a prop\u00f3sito de manifestaciones realizadas en otros concursos, las manifestaciones t\u00e1citas y el simple silencio). Recu\u00e9rdese que \u201c[e]l derecho puede limitar tambi\u00e9n la voluntad con la elecci\u00f3n de medios, ya haciendo depender de ellos la realizaci\u00f3n del objeto perseguido de una forma de expresi\u00f3n determinada, de tal suerte que en caso de omisi\u00f3n la voluntad quede sin efecto.\u201d30 <\/p>\n
5.4.4. Y, aunque cierto es que esa firma y declaraci\u00f3n fueron posteriores a la fecha del registro al concurso, no puede perderse de vista que, seg\u00fan las propias respuestas dadas por la Unidad, respecto de otro de los documentos que deb\u00edan allegarse \u00abal momento de la inscripci\u00f3n\u00bb -como ya se anticip\u00f3-, esto es, la declaraci\u00f3n juramentada de cumplir los requisitos m\u00ednimos exigidos, se subsan\u00f3 tal omisi\u00f3n con la firma del aludido documento, as\u00ed: <\/p>\n
De otro parte el Acuerdo de la convocatoria tambi\u00e9n estableci\u00f3 como causal de rechazo en el numera 3.8 \u201cNo haber declarado bajo juramento al momento de la inscripci\u00f3n, que cumple y acredita los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que los soportan\u201d, requisito que fue convalidado con la declaraci\u00f3n prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentaci\u00f3n de \u00e9sta, motivo por el cual a ning\u00fan concursante se rechaz\u00f3 por la citada causal\u2026 <\/p>\n
5.5. Precisamente, en el caso concreto, podr\u00eda recibirse como cabal declaraci\u00f3n de voluntad escita, actual y expresa las siguientes manifestaciones escitas: el diligenciamiento de la casilla del primer pantallazo -plataforma Kaptus-. O aquella declaraci\u00f3n de cumplimiento de los requisitos exigidos para el concurso -firmada por todos los participantes, para acceder al cuadernillo de preguntas-. En otras palabras, puesto que esa manifestaci\u00f3n escrita, actual y expresa se podr\u00eda recibir como una mera declaraci\u00f3n de voluntad, cada una de ellas se revelar\u00eda como \u201cla expresi\u00f3n de intereses de una persona\u201d31, a prop\u00f3sito de la conformaci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre el t\u00f3pico puntual de las inhabilidades e incompatibilidades. <\/p>\n
En definitiva, las disposiciones y el propio devenir del concurso permit\u00edan tener una interpretaci\u00f3n o dar un alcance diferente -error com\u00fan-. Incluso, convalidar ciertos aspectos, que fue lo que reconoci\u00f3 el a quo constitucional, con el \u00fanico fin de abrigar el m\u00e9rito y la idoneidad necesarios para el ejercicio de los empleos convocados, acorde con los fines de este tipo de procesos, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 164 de la Ley 270 de 1996. Lisa y llanamente. se establecieron plurales cargas, que se traslaparon entre s\u00ed, a prop\u00f3sito de la mera declaraci\u00f3n del aspirante con respecto al t\u00f3pico de las inhabilidades e incompatibilidades. Esta carga sub examine, se insiste, correspond\u00eda exclusivamente a la voluntad del aspirante: se trataba simplemente de su manifestaci\u00f3n escrita, expresa y actual. Por lo dem\u00e1s, el yerro podr\u00eda haberse padecido en doble v\u00eda: para la administraci\u00f3n misma y para el participante. N\u00f3tese que el yerro com\u00fan, que tolerar\u00eda plurales y razonables lecturas, se concentr\u00f3 en el car\u00e1cter disyuntivo -alternatividad de las cargas32- o conjuntivo -integrador33- de esas cargas. <\/p>\n
5.6. N\u00f3tese que el prop\u00f3sito -absolutamente plausible- de esta carga no era, de ninguna manera, \u201cpurgar\u201d con la declaraci\u00f3n las causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad de los plurales casos concretos. Su inter\u00e9s teleol\u00f3gico descansaba en clarificar -en doble v\u00eda- la informaci\u00f3n del t\u00f3pico concreto de las inhabilidades e incompatibilidades. As\u00ed, por ejemplo, con el afincamiento de la carga se invitaba al participante -forzosamente- a acometer su propio an\u00e1lisis. En una palabra, con la referida carga, de manera muy laudable se insiste, se impuso una limitaci\u00f3n negativa de forma sobre el punto de las posibles inhabilidades e incompatibilidades del participante: se prohibieron todas las manifestaciones escritas-expresas pret\u00e9ritas, todas las manifestaciones t\u00e1citas -pasadas y actuales- y el simple silencio. Se impon\u00eda, pues, una manifestaci\u00f3n escrita, expresa y actual: \u201cun acontecimiento presente, exterior y social: una declaraci\u00f3n expl\u00edcita de voluntad.\u201d34 De manera que la pertinencia de la causal 3.5 no podr\u00eda ser objeto de reparo alguno. Mucho menos podr\u00eda dar p\u00e1bulo para inferir una v\u00eda de hecho: un yerro grosero de la autoridad.35 No se comparte, tampoco, con respecto al fallo constitucional atacado, que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental: excesivo ritual manifiesto – cuyo concepto ha sido vol\u00e1til en la jurisprudencia36-. En una palabra, se recibe la carga sub examine como razonable: exige una declaraci\u00f3n de voluntad expresa, escrita y actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis constitucional no pretende -en lo absoluto- reprochar la pertinencia de la forma escrita afincada en el acto administrativo atacado. Exclusivamente, este an\u00e1lisis se concentr\u00f3 en darle valor a otras declaraciones actuales, escritas y expresas. Esto es, se \u201cinfiri\u00f3 razonablemente una voluntad ofrecida.\u201d37Voluntad que se recibe como \u201cagente principal\u201d38de todo acto. Reit\u00e9rese, por lo dem\u00e1s, que est\u00e1 declaraci\u00f3n de voluntad -consagrada como una carga en la causal 3.5- no podr\u00eda suplir u obviar el an\u00e1lisis puramente objetivo de las inhabilidades e incompatibilidades de cada participante. <\/p>\n
5.7. Al respecto, en un asunto relativamente pr\u00f3ximo (CC T-059\/2019), la Corte Constitucional consider\u00f3 que se vulneraron los derechos de un participante, que fue excluido porque no alleg\u00f3 la declaraci\u00f3n juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad, entre otras razones, porque ese evento no se consign\u00f3, en forma expresa, como causal de exclusi\u00f3n, cuesti\u00f3n que sin duda difiere de la aqu\u00ed planteada -el numeral 3.5. del Acuerdo de la Convocatoria 27 s\u00ed contempl\u00f3 la falta de tal documento como causal de exclusi\u00f3n-. <\/p>\n
As\u00ed y todo, en la precitada decisi\u00f3n, ese Colegiado tambi\u00e9n expuso que <\/p>\n
es posible excluir del concurso de m\u00e9ritos a una persona, aun cuando hubiese ocupado el primer lugar, cuando se verifica la ocurrencia de una situaci\u00f3n objetiva de tal magnitud que afecte de manera grave la idoneidad del aspirante al cargo. <\/p>\n
Respecto de lo primero, para la Sala es claro que si bien la Junta Directiva del Hospital Universitario Departamental de Nari\u00f1o E.S.E ten\u00eda la competencia para excluir a un aspirante del concurso, \u00e9sta se encuentra limitada a las causales que la misma convocatoria establece. En ese sentido, la actuaci\u00f3n de la entidad accionada parece desbordar la competencia que el reglamento del concurso ten\u00eda prevista y, en todo caso, el error cometido por la accionante en el documento en cuesti\u00f3n no parece afectar la idoneidad de \u00e9sta para ejercer el cargo, en tanto que la ausencia de \u00e9ste, no implica per se, la existencia de verdaderas inhabilidades o incompatibilidades que s\u00ed hubiesen constituido una raz\u00f3n fundamental para que la accionante hubiese sido excluida del proceso de selecci\u00f3n objetivo. <\/p>\n
6. Por otro lado, como necesaria consecuencia del yerro com\u00fan, deben considerarse los citados efectos inter comunis de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
6.1. Desde luego, resulta pertinente se\u00f1alar que, acorde con lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 48 de la Ley 270 de 1996, \u00ab[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci\u00f3n de tutela tienen car\u00e1cter obligatorio \u00fanicamente para las partes. Su motivaci\u00f3n s\u00f3lo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces\u00bb. Por su parte, el art\u00edculo 23 del Decreto 2591 de 1991 se\u00f1ala que <\/p>\n
Cuando lo impugnado hubiere sido la denegaci\u00f3n de un acto o una omisi\u00f3n, el fallo ordenar\u00e1 realizarlo o desarrollar la acci\u00f3n adecuada, para lo cual se otorgar\u00e1 un plazo prudencial perentorio. Si la autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular u lo remite al juez en el t\u00e9rmino de 48 horas, \u00e9ste podr\u00e1 disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin m\u00e1s requisitos. Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuaci\u00f3n material, o de una amenaza, se ordenar\u00e1 su inmediata cesaci\u00f3n, as\u00ed como evitar toda nueva violaci\u00f3n o amenaza, perturbaci\u00f3n o restricci\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto. (Resalta la Sala). <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 27 ibidem contempla, frente a las sentencias que conceden la tutela, que \u00abel juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza\u00bb. Sobre el particular, la Sala no desconoce que, en las sentencias citadas por los impugnantes, en concreto, en la CC SU037\/2019, la Corte Constitucional expuso \u00abque los efectos inter comunis son un dispositivo de amplificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que este Tribunal utiliza\u00bb. Cuesti\u00f3n que reiter\u00f3 en el fallo CC SU349\/2019, al se\u00f1alar que la \u00abaplicaci\u00f3n de estas figuras39 [est\u00e1] autorizadas \u00fanicamente a la Corte Constitucional\u00bb y en el CC T-081\/2021. Estos aspectos fueron referidos en la sentencia CC SU636\/2003, en la cual ese Colegiado sostuvo que \u00abha admitido en casos excepcionales la extensi\u00f3n de los efectos de sus sentencias de tutela, proferidas en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de los fallos de instancia, a personas que no han instaurado la acci\u00f3n respectiva (\u2026) con el fin de cumplir su misi\u00f3n de garantizar la integridad y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y proteger los derechos constitucionales fundamentales, en particular el derecho a la igualdad\u00bb. Tal postura tambi\u00e9n hab\u00eda sido planteada en la providencia CC SU783\/2003. <\/p>\n
6.2. No puede perderse de vista que, en variada jurisprudencia, se ha contemplado la facultad de emitir fallos con efectos inter comunis por parte del juez constitucional, calidad que re\u00fanen todos los operadores judiciales que deciden acciones de tutela. En efecto, la propia Corte Constitucional, en el fallo CC SU587-2016, consider\u00f3 que la Corporaci\u00f3n pod\u00eda, de manera excepcional y con fundamento en los art\u00edculos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, \u00abmodular el alcance de sus decisiones, con el fin de garantizar la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y, particularmente, para proteger el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en situaciones objetivamente similares al caso que se resuelve\u00bb. Al respecto, se desataca que dichos art\u00edculos, en que se motiva la posibilidad de usar mecanismos amplificadores, s\u00ed contemplan las potestades para la protecci\u00f3n del derecho tutelado y para el cumplimiento del fallo. De manera que, valga aclararlo, no se regulan esas facultades exclusivas de la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, en la providencia CC SU1023\/2001, al analizar el derecho a la igualdad y el pago de unas mesadas pensionales, la Corte Constitucional precis\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo que puede ser utilizado para proteger los derechos fundamentales de quienes est\u00e9n en igualdad de condiciones, sin limitar esa potestad a determinada instancia del proceso ni a la categor\u00eda del juez de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
Existen circunstancias especial\u00edsimas en las cuales la acci\u00f3n de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protecci\u00f3n de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y raz\u00f3n de ser y transformarse en mecanismo de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, dispone tambi\u00e9n de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes s\u00ed hicieron uso de ella y cuando la orden de protecci\u00f3n dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes40. (Resalta la Sala). <\/p>\n
6.3. En este orden de ideas, el juez del amparo constitucional, cuando evidencie circunstancias especial\u00edsimas y excepcionales que afecten los derechos fundamentales de un cuerpo de personas -en el caso por ejemplo de un error com\u00fan, otrora denominado error inducido-, deber\u00eda adoptar aquellas medidas pertinentes, para no contrariar la naturaleza y raz\u00f3n de ser de este instrumento tutelar. En esos t\u00e9rminos, aludiendo en forma general al juez de tutela, en la sentencia CC T-946\/2011, la Corte Constitucional consider\u00f3 que, <\/p>\n
con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas a las que se les conculcan sus derechos fundamentales y acuden a la acci\u00f3n de tutela y aquellas que a pesar de encontrarse en la misma situaci\u00f3n no tienen la calidad de accionantes, es preciso que la decisi\u00f3n del juez de tutela sea uniforme y tenga los mismos efectos para unos y otros. As\u00ed entonces, para dictar fallos con efectos inter comunis deben observarse los siguientes requisitos: \u201c(i) que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acci\u00f3n de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopci\u00f3n de este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva. (Resalta la Sala). <\/p>\n
En dicha providencia, la Corte concluy\u00f3: <\/p>\n
que no les asiste raz\u00f3n a los jueces de tutela al negar la extensi\u00f3n de los efectos de la sentencia a todas las personas desplazadas asentadas en el predio ocupado, protegiendo \u00fanicamente a aquellas que obraron como accionantes. Tal como ya se mencion\u00f3 en el apartado 7\u00ba de esta sentencia, los fallos de tutela pueden tener efectos inter comunis cuando terceras personas se encuentren en condiciones objetivas similares a aquellas que acudieron al tr\u00e1mite de tutela en calidad de accionantes y se pretenda garantizar el goce efectivo de los derechos de toda la comunidad, como acontece en esta oportunidad. Por tal raz\u00f3n, resulta imperioso que la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se extienda a todas las personas desplazadas asentadas en el predio La Sabana 1, sin que sea un obst\u00e1culo el hecho de que algunas de ellas no hayan acudido como accionantes en la presente acci\u00f3n de tutela41. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Tambi\u00e9n en el fallo CC SU011\/2018, estableci\u00f3: <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la Sala Plena encuentra que existe una situaci\u00f3n excepcional que amerita en este caso hacer uso de las facultades del juez de tutela para fijar el alcance de este fallo, m\u00e1s all\u00e1 de las partes del proceso. Como lo ha dicho ampliamente la jurisprudencia de esta Corte, por regla general, los efectos de las decisiones que profiere este Tribunal en su labor de revisi\u00f3n de las sentencias de tutela son inter partes, es decir, solo afectan a las partes involucradas en el proceso. Sin embargo, tambi\u00e9n se ha admitido que el juez constitucional puede determinar los efectos de sus fallos, para garantizar la mejor protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y su plena garant\u00eda. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por su parte, la Subsecci\u00f3n C de la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado -\u00f3rgano de cierre, como la Corte Suprema de Justicia-, con ocasi\u00f3n de la Convocatoria 27, en sede de tutela, otorg\u00f3 efectos inter comunis a una decisi\u00f3n referente a la exhibici\u00f3n de los cuadernillos de preguntas y hoja de repuestas, dado que encontr\u00f3 que <\/p>\n
la jurisprudencia constitucional ha previsto la posibilidad de que el fallo de amparo se profiera con efectos inter comunis, para que las \u00f3rdenes tengan un alcance mayor al inter partes, cuando se tiene como objetivo \u201cque las decisiones puedan afectar o proteger los derechos de las personas que no han acudido a la jurisdicci\u00f3n o presentado acci\u00f3n de tutela, a\u00fan cuando son parte de un proceso determinado\u201d42. <\/p>\n
6.4. Acorde con lo anterior, la Sala considera que no hay arbitrariedad, capricho, subjetividad ni falta de motivaci\u00f3n en el fallo impugnado, al analizar la posibilidad de que, en casos excepcionales, el juez de tutela pueda ampliar los efectos de sus sentencias. Ello, pues, si bien en principio esa facultad se ha reservado a la Corte Constitucional, el juez que define el amparo en primera o en segunda instancia es tambi\u00e9n un juez constitucional -en el caso concreto, adem\u00e1s, \u00f3rgano de cierre-. Esto es, como lo estableci\u00f3 la hom\u00f3loga Penal, con sustento en la jurisprudencia de esa Sala (CSJ STP15868-2018 y CSJ STP3330-2022), tiene \u00abla obligaci\u00f3n ineludible de garantizar a otros ciudadanos los mismos derechos fundamentales que los accionantes reivindican, siempre y cuando estos se encuentren en situaciones equiparables\u00bb. <\/p>\n
7. A lo expuesto debe adicionarse que, dado que esos efectos inter comunis, como se indic\u00f3, pueden ser necesarios en casos excepcional\u00edsimos que el juez constitucional debe analizar, tambi\u00e9n pueden tener injerencia incluso en situaciones que, en principio, estaban amparadas por la instituci\u00f3n de cosa juzgada, tanto ordinaria como constitucional, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional (CC SU254-201343, CC Auto 312\/201844, CC SU037\/201945). <\/p>\n
Lo referido, resulta especialmente relevante, toda vez que, en el asunto, es claro que se han proferido varias sentencias de tutela, que han negado o declarado improcedente el amparo, por existencia de otro medio judicial o por carencia de objeto, entre otras en curso o desistidas.46 No obstante, al ejercer la facultad de amplificaci\u00f3n para una decisi\u00f3n de tutela, aquellas quedan cobijadas con los efectos inter comunis. <\/p>\n
8. En ese sentido, aunque son v\u00e1lidas las reglas de la Convocatoria y la exigencia de la declaraci\u00f3n aludida, cuesti\u00f3n que por dem\u00e1s no se puede desvirtuar en sede de tutela -por virtud de la presunci\u00f3n de legalidad de los actos administrativos-, no se encuentra arbitrariedad en la decisi\u00f3n emitida en sede constitucional -empero, con la aclaraci\u00f3n de que se tratar\u00eda de un error com\u00fan-. Se itera, el fallo atacado ser\u00e1 confirmado porque se afinc\u00f3 un error com\u00fan -otrora denominado error inducido-, a prop\u00f3sito de una declaraci\u00f3n de voluntad reclamada del participante. Por lo dem\u00e1s, no se encuentran vulnerados los derechos de los impugnantes aspirantes: ninguna ventaja frente a los puntajes o posici\u00f3n en la futura lista se otorg\u00f3 con la decisi\u00f3n del a quo constitucional. As\u00ed las cosas, con las anotaciones ofrecidas, no encuentra la Sala procedente revocar el fallo atacado. Por tanto, ser\u00e1 confirmado en su totalidad. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Salva el voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Aclara voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Aclara voto) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00335-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto, me permito manifestar que disiento de lo decidido por la Sala mayoritaria, en cuanto confirm\u00f3 el amparo concedido en primera instancia en el asunto de la referencia, providencia en la que, en concreto, se ampararon los derechos \u00abal debido proceso administrativo, acceso a cargos p\u00fablicos, trabajo e igualdad de Freddy Alex\u00e1nder Ni\u00f1o Cort\u00e9s, Jessica Tatiana G\u00f3mez Mac\u00edas, Reynaldo Nicol\u00e1s Franco Cort\u00e9s, Lady Andrea Beltr\u00e1n C\u00e1rdenas y Camilo Andr\u00e9s Barrag\u00e1n D\u00edaz y, por efecto inter comunis, de los dem\u00e1s excluidos en la Fase II de la etapa de selecci\u00f3n de la Convocatoria 27 con sustento en el numeral 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el cual establece la \u00ab[n]o presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades\u00bb, por los motivos que paso a explicar. <\/p>\n
1. En las demandas de tutela que fueron acumuladas, los accionantes reprocharon particularmente, la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, mediante la cual fueron rechazados del mencionado proceso de selecci\u00f3n, al no presentar \u00abla declaraci\u00f3n jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades\u00bb, contemplada en el numeral 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, norma reglamentaria de la Convocatoria 27. <\/p>\n
2. La Sala mayoritaria determin\u00f3 la procedencia de la protecci\u00f3n rogada porque, en s\u00edntesis, estim\u00f3 que el acto emitido para cumplir el fallo de tutela de primer grado ya ha producido \u00abliteralmente erga omnes, unos innegables efectos sociales, econ\u00f3micos, morales y jur\u00eddicos\u00bb con implicaciones que van en aumento \u00abcon la proximidad del denominado curso-concurso\u00bb; y de igual modo, ciment\u00f3 su decisi\u00f3n en que el yerro com\u00fan cometido por los aspirantes que fueron excluidos pod\u00eda subsanarse con las dem\u00e1s declaraciones realizadas durante las etapas que se han surtido en el proceso, particularmente, con la suscripci\u00f3n de \u00abla hoja de respuestas del cuadernillo de preguntas, en tanto firmaron que: 1. He acreditado el cumplimiento de requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo la Sala que el requisito de subsidiariedad -tantas veces aplicado a casos an\u00e1logos en los que se ha advertido la idoneidad de las medidas provisionales que pueden plantearse en los procesos ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa-, se encontraba satisfecho en el caso porque adem\u00e1s de haberse proferido una decisi\u00f3n en cumplimiento de la sentencia de tutela del a quo, el error com\u00fan de los aspirantes logr\u00f3 superarse con la anotada manifestaci\u00f3n de voluntad y, con todo, la carga impuesta surg\u00eda como una \u00ablimitaci\u00f3n formal negativa de la voluntad (\u2026). Esto es, se proscribi\u00f3 -de una manera muy t\u00e9cnica-, una libertad formal completa\u00bb; adem\u00e1s, respecto de otros aspirantes s\u00ed se hab\u00eda permitido el acatamiento de la carga \u00abcon el diligenciamiento de la casilla del primer pantallazo -plataforma Kactus-\u00bb, esto, para quienes antes no ten\u00edan una cuenta en esa plataforma, pues preliminarmente deb\u00edan marcar la casilla \u00abaceptar\u00bb, relacionada con afirmar bajo juramento que no se encontraban incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Por todo ello, resolvi\u00f3 la Sala Mayoritaria, adem\u00e1s, convalidar los efectos inter comunis de los que el a quo revisti\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
3. Para la suscrita, de manera diferente a lo considerado por esta Sala, no prosperaba la protecci\u00f3n rogada, pues, en primer lugar, la emisi\u00f3n del acto administrativo con el cual se dio cumplimiento al fallo de tutela proferido en primer grado en este asunto, de ning\u00fan modo le imped\u00eda al ad quem constitucional revisar de manera panor\u00e1mica la situaci\u00f3n expuesta en el momento de la formulaci\u00f3n del amparo y definir el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de este extraordinario mecanismo. En realidad, el hecho de proferirse una decisi\u00f3n o de adelantarse una actuaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de una orden de tutela, no permite considerar la modificaci\u00f3n de la situaci\u00f3n inicial, ya que ello no habr\u00eda ocurrido si la sentencia de tutela no se hubiese proferido; adem\u00e1s, la impugnaci\u00f3n tampoco puede ser restringida por dichas causas, pues los impugnantes interpusieron su recurso de manera oportuna y respecto de la orden que le abri\u00f3 paso a la protecci\u00f3n, sin que sea procedente desestimar sus razones porque ya se cumpli\u00f3 lo ordenado, m\u00e1xime cuando en sede constitucional el juez de segundo grado, tiene facultades extra petita y ni siquiera se encuentra limitado por el principio de la non reformatio in pejus, seg\u00fan lo ha indicado esta Sala en varias ocasiones (CSJ. STC de 1\u00ba de febrero de 2012, exp. 00164-01, STC1199-2021 y STC4003-2023, entre otras) <\/p>\n
4. En segundo lugar, estimo que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad y, con todo, no se est\u00e1 en presencia de un perjuicio irremediable que permita la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, toda vez que existen medidas cautelares para conjurar un eventual da\u00f1o de tales caracter\u00edsticas. <\/p>\n
4.1. En efecto, lo cuestionado por los peticionarios est\u00e1 contenido en actos administrativos susceptibles de control ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues se\u00f1alaron que sus derechos fueron presuntamente lesionados con la resoluci\u00f3n que dispuso su rechazo del concurso al incumplir la carga contemplada en el numeral 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, esto es, demostrar que no se hallaban en causal de inhabilidad o incompatibilidad, lo que deb\u00eda demostrarse con una \u00abdeclaraci\u00f3n juramentada, suscrita por el aspirante, escaneada y cargada en formato pdf.\u00bb <\/p>\n
4.2. Por tanto, surge evidente que los actores, as\u00ed como las dem\u00e1s personas que fueron rechazadas del proceso de selecci\u00f3n por la causa ahora controvertida, contaron con el medio de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto que los excluy\u00f3 \u2013Resoluci\u00f3n CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023-, conforme al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, a\u00fan tienen a su alcance, de acuerdo con el art\u00edculo 137 \u00eddem, el medio de simple nulidad frente a la Convocatoria 27 -Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018-, escenarios en los que, se resalta, son procedentes medidas cautelares como la \u00absuspensi\u00f3n provisional\u00bb del acto presuntamente lesivo, por lo que pod\u00eda descartarse la procedencia del amparo para evitar un perjuicio irremediable, ya que nada revela que dichas medidas carezcan de idoneidad o eficacia para garantizar los intereses de quienes hubiesen hecho uso de ellas. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha advertido que la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se muestra \u00absuficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado, (\u2026) [ya que] la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, reiterada en STC1459-2023). <\/p>\n
4.3. A lo anterior se adiciona que, si como en este asunto, se estaba en desacuerdo con los requisitos establecidos en la Convocatoria o se consideraba que los mismos fueron inexactos o que comprend\u00edan cargas desproporcionadas, los interesados han debido demandar ese acto en el escenario establecido para el efecto \u2013art. 137 \u00eddem-, sin que el juez constitucional pudiera sustituir o reemplazar las competencias de los funcionarios naturales, ya que como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o, el acceso a los empleos p\u00fablicos \u00abdebe hacerse a trav\u00e9s de un proceso de selecci\u00f3n que privilegie el m\u00e9rito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se realice una convocatoria p\u00fablica, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n y a la ley\u00bb; por tanto, como la Convocatoria constituye \u00abel instrumento normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripci\u00f3n, quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteraci\u00f3n rompa ese equilibrio (\u2026), en el evento de que alguno de los participantes est\u00e9 en desacuerdo con dichas pautas, el cauce adecuado para impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de la convocatoria o del acto jur\u00eddico en el cual se fundamenta, ante el juez competente, por tratarse de un acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la acci\u00f3n de tutela, por su naturaleza residual\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ STC de 25 de marzo de 2010, exp. 2010-00003-01, reiterada en STC7207-2020 y STC15682-2022, entre otras). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, resultaba improcedente la protecci\u00f3n que confirm\u00f3 esta Sala en la sentencia de la que me aparto y, por supuesto, los efectos generales que se le otorgaron, ya que no son pocas las oportunidades en las que, en materia de procesos de selecci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha exigido el cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela para proceder a un estudio de fondo; sin que el caso materia de queja hubiese ameritado un tratamiento diferente, comoquiera que ninguna circunstancia de vulnerabilidad alegaron o probaron los interesados y, con todo, \u00e9stos apenas contaban con una mera expectativa dentro del concurso, por lo que ning\u00fan quebranto pod\u00eda predicarse en torno al derecho al trabajo o al de acceso a cargos p\u00fablicos. <\/p>\n
6. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento de voto. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00335-01 <\/p>\n
Con el debido respeto por mis compa\u00f1eros de Sala, aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n de confirmar el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (31 may. 2023), en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, me permito aclarar mi voto. <\/p>\n
En mi criterio dicha potestad es propia y \u00fanicamente atribuible a la Corte Constitucional, de modo que a juez diferente que decida \u00abacciones de tutelas\u00bb le est\u00e1 vedado ejercer dicho mecanismo amplificador y, por tanto, en el sub examine el alcance del amparo otorgado tan solo puede abarcar a los extremos de la causa en la cual se dict\u00f3 la providencia superlativa. <\/p>\n
Al respecto, se desataca que, frente a esa particular potestad, en la SU349 de 2019, aquella expuso: <\/p>\n
(\u2026) La decisi\u00f3n y \u00f3rdenes contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos \u201cinter-partes\u201d. S\u00f3lo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por v\u00eda del establecimiento de los efectos \u201cinter comunis\u201d o \u201cinter pares\u201d. El uso de estos \u201cdispositivos amplificadores\u201d es una competencia reservada a las autoridades judiciales que adoptan las providencias. Particularmente, la jurisprudencia vigente ha establecido que la determinaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de estas figuras est\u00e1n autorizadas \u00fanicamente a la Corte Constitucional (\u2026). <\/p>\n
Postura que reiter\u00f3 en la T-081 de 2021, reserv\u00e1ndose el uso de dicha figura: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed entonces, de lo dicho se sigue que la Corte Constitucional est\u00e1 facultada para modular, en la forma inter comunis, los efectos de sus sentencias, siempre que \u201c(i) existan otras personas en la misma situaci\u00f3n; (ii) exista identidad de derechos fundamentales violados; (iii) en el hecho generador; (iv) deudor o accionado; adem\u00e1s de (v) un derecho com\u00fan a reconocer; y, finalmente, (vi) identidad en la pretensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(\u2026). \u201c[E]s claro que, por disposici\u00f3n legal, la decisi\u00f3n y \u00f3rdenes contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos \u201cinter partes\u201d. S\u00f3lo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por v\u00eda del establecimiento de los efectos \u201cinter comunis\u201d o \u201cinter pares\u201d. <\/p>\n
El uso de estos \u201cdispositivos amplificadores\u201d es una competencia reservada a las autoridades judiciales que adoptan las providencias. Particularmente, como se vio, la jurisprudencia vigente ha establecido que la determinaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de estas figuras est\u00e1n autorizadas \u00fanicamente a la Corte Constitucional\u201d (\u00e9nfasis propio). <\/p>\n
(\u2026). Adicionalmente, la Sala estima que en esta oportunidad el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca excedi\u00f3 sus facultades como juez constitucional en pleno desconocimiento de la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU-349 de 2019 al extender los efectos de su fallo de tutela a todas las personas que integraban la lista de elegibles de la accionante. Como ya se anotaba, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha determinado que la utilizaci\u00f3n de dispositivos amplificadores de los efectos de los fallos de tutela es una facultad reservada \u00fanicamente a la Corte Constitucional. En consecuencia, al haber adoptado una decisi\u00f3n con efectos inter comunis en la sentencia del 18 de noviembre de 2019, el Tribunal desconoci\u00f3 la jurisprudencia constitucional y excedi\u00f3 sus facultades como juez constitucional, generando con ello irregularidades en la administraci\u00f3n de la planta de personal del ICBF\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, no comparto la ratificaci\u00f3n bajo ese mecanismo amplificador, porque considero que no es facultad de esta Corporaci\u00f3n extender los efectos de la salvaguarda a quienes no acudieron a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Dejo de esta manera aclarado mi voto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00335-01 <\/p>\n
Con respeto por la Sala Mayoritaria, aunque estoy de acuerdo en que el amparo debi\u00f3 concederse, me permito aclarar el voto en el sentido de indicar que las razones que debieron soportar esta decisi\u00f3n correspond\u00edan con las propuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Ciertamente, las quejas aducidas por los accionantes e impugnantes dieron origen a tres problemas jur\u00eddicos a saber: 1. Si los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acci\u00f3n de tutela estaban satisfechos o no; 2. Si las accionadas incurrieron en exceso ritual manifiesto al valorar el requisito estipulado en el numeral 1.1 del art\u00edculo 1\u00b0 del acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que regul\u00f3 la convocatoria 27 para proveer cargos de jueces y magistrados en la Rama Judicial y; 3. Si la sentencia de tutela tiene efecto inter partes o inter comunis. <\/p>\n
Respecto del primer problema debe se\u00f1alarse que, como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es improcedente si existen otros mecanismos ordinarios que salvaguarden los derechos cuya protecci\u00f3n se pretende. En esa l\u00ednea, la jurisprudencia ha sostenido que los actos administrativos proferidos en un concurso de m\u00e9ritos son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa; sin embargo, en el caso concreto, dicha v\u00eda no resultaba id\u00f3nea para amparar los derechos de los solicitantes, toda vez que el uso de esos medios somet\u00eda a los interesados a la incertidumbre de la resoluci\u00f3n de esas acciones, de forma tal que no ten\u00edan certeza de poder continuar con el proceso de selecci\u00f3n o si, por el contrario, de prosperar sus defensas, sus garant\u00edas ser\u00edan salvaguardadas con una indemnizaci\u00f3n. Luego, como en este asunto la v\u00eda administrativa no cumpl\u00eda la idoneidad y eficacia necesaria, habida cuenta que no garantizaba el derecho de acceso a cargos p\u00fablicos, puede predicarse que el requisito de subsidiariedad s\u00ed estaba satisfecho. <\/p>\n
Ahora, el supuesto de inmediatez tambi\u00e9n puede tenerse por satisfecho, toda vez que lo censurado en este asunto no es el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que reglament\u00f3 el concurso, sino la Resoluci\u00f3n CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, por medio de la cual fueron excluidos unos concursantes, decisi\u00f3n que fue proferida no hace m\u00e1s de seis meses. <\/p>\n
De otro lado, en lo referente al segundo problema jur\u00eddico, importa destacar que no existen reproches frente a la regla del concurso referente a que ser\u00eda causal de exclusi\u00f3n \u00ab[n]o presentar la declaraci\u00f3n juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades\u00bb (numeral 3.5. del art\u00edculo 3\u00b0 del acuerdo PCSJA18-11077 de 2018), la cual, como qued\u00f3 consignado en el numeral 1.1. del art\u00edculo 1 de dicho acuerdo, deb\u00eda presentarse en PDF. El exceso ritual manifiesto surge en la valoraci\u00f3n de dicho requerimiento, toda vez que si el fin era que el concursante se\u00f1alara, bajo juramento, su idoneidad para el cargo al que aspiraba, tambi\u00e9n deb\u00edan tenerse en cuenta las dem\u00e1s manifestaciones realizadas por cada participante con las cuales adujo estar ausente de inhabilidades e incompatibilidades, tal como sucedi\u00f3 al momento de seleccionar \u00abaceptar\u00bb en el cuadro de di\u00e1logo existente en el aplicativo Kactus,, el cual era necesario para la creaci\u00f3n del usuario al momento de la inscripci\u00f3n, o , incluso, con la suscripci\u00f3n del cuadernillo de preguntas de la prueba escrita. En otras palabras, lo que deb\u00eda atenderse era que se cumpliera con el deber de realizar la manifestaci\u00f3n, sin que pudiera tenerse como criterio de exclusi\u00f3n el canal usado para tal fin. <\/p>\n
Finalmente, aunque, por regla general, las sentencias de tutela tienen efectos inter partes, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha permitido que el juez dicte su providencia con efecto inter comunis, con el fin de evitar lesiones en el derecho a la igualdad, siempre que el veredicto se haga extensivo a un grupo que se encuentre en la misma situaci\u00f3n por identidad de derechos violados, parte accionada, hecho generador y pretensiones, requisitos estos que concurren en los dem\u00e1s aspirantes que tambi\u00e9n fueron excluidos de la convocatoria en raz\u00f3n de no haber presentado la mencionada declaraci\u00f3n juramentada en formato PDF, por lo que la decisi\u00f3n tambi\u00e9n debe producir efectos frente a ellos, aun cuando no hayan promovido el amparo constitucional, m\u00e1xime que con ese proceder lo que se pretende es privilegiar el m\u00e9rito en el acceso a cargos p\u00fablicos. <\/p>\n
Son, entonces, las anteriores razones las que me llevan a acompa\u00f1ar la decisi\u00f3n de la sala en este caso. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Admitida por auto del 28 de marzo de 2023. El asunto fue enviado para acumulaci\u00f3n a la tutela de radicado 11001023000020230026900, que se conoci\u00f3 en primera instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corporaci\u00f3n, no obstante, mediante prove\u00eddo CSJ ATC472-2023 del 5 de mayo de 2023, se orden\u00f3 devolver el tr\u00e1mite con destino al radicado de la referencia, porque no estaban dados los presupuestos para decretar la acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Radicado inicial 11001023000020230040700, acumulaci\u00f3n ordenada por auto del 11 de mayo de 2023. <\/p>\n
3\u0002 Radicado inicial 11001023000020230040900, acumulaci\u00f3n ordenada por auto del 11 de mayo de 2023. <\/p>\n
4\u0002 Radicado inicial 11001023000020230045400, acumulaci\u00f3n ordenada por auto del 11 de mayo de 2023. <\/p>\n
5\u0002 Radicado inicial 11001023000020230049800, acumulaci\u00f3n ordenada por auto del 11 de mayo de 2023. <\/p>\n
7\u0002 Auto del 3 de mayo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2023-00409-00. <\/p>\n
8\u0002 Auto del 3 de mayo de 2023, en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2023-00409-00. <\/p>\n
9\u0002 CUADRAG\u00c9SIMO- DECLARAR CONSTITUCIONAL el art\u00edculo 82, salvo: (i) el numeral 2 que se declara constitucional en el entendido de que el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales de Judicatura deber\u00e1n realizar concursos de manera peri\u00f3dica, en un t\u00e9rmino no superior a cuatro a\u00f1os; y (ii) el par\u00e1grafo tercero que se DECLARA INCONSTITUCIONAL. <\/p>\n
10\u0002 De acuerdo con el requerimiento efectuado el 13 de julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
11\u0002 G\u00e9ny, Fran\u00e7ois. M\u00e9thode d\u2019Interpretation. Librairie G\u00e9n\u00e9rale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1932. <\/p>\n
12\u0002 Sobre el punto, se dijo lo que viene: \u201cel Acuerdo de la convocatoria tambi\u00e9n estableci\u00f3 como causal de rechazo en el numera 3.8 \u201cNo haber declarado bajo juramento al momento de la inscripci\u00f3n, que cumple y acredita los requisitos m\u00ednimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que los soportan\u201d. Y de manera expl\u00edcita se dijo que ese \u201crequisito que fue convalidado con la declaraci\u00f3n prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentaci\u00f3n de \u00e9sta, motivo por el cual a ning\u00fan concursante se rechaz\u00f3 por la citada causal.\u201d <\/p>\n
13\u0002 Esto es, para este asunto, tambi\u00e9n podr\u00eda afirmarse que \u201cel error cometido por la accionante en el documento en cuesti\u00f3n no parece afectar la idoneidad de \u00e9sta para ejercer el cargo, en tanto que la ausencia de \u00e9ste, no implica per se, la existencia de verdaderas inhabilidades o incompatibilidades que s\u00ed hubiesen constituido una raz\u00f3n fundamental para que la accionante hubiese sido excluida del proceso de selecci\u00f3n objetivo.\u201d CC T-059 de 2019. <\/p>\n
14\u0002 003Anexos Hoja de Vida: no registra experiencia en el sector p\u00fablico. <\/p>\n
15\u0002 Ver, en ese sentido, la sentencia CSJ STC2786-2023, que resolvi\u00f3 una tutela en la que se discut\u00eda la exclusi\u00f3n de la Convocatoria 027, por virtud de la causal 3.5. En t\u00e9rminos similares: CSJ STC5392-2023, CSJ STC5355-2023, CSJ STC4136-2023, CSJ STC4314-2023, CSJ STC3911-2023, CSJ STC3615-2023, CSJ STC3315-2023. <\/p>\n