STC8199-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8199-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2023-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 29 de junio de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Enrique Rico Restrepo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2003-00306-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor \u2013mediante apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, igualdad, seguridad jur\u00eddica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene: En contra del actor se promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario del cual conoce el Juzgado cuestionado, quien en el a\u00f1o 2003 libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el embargo del inmueble objeto de debate. Refiri\u00f3 el accionante que luego de proponer las respectivas excepciones, implor\u00f3 a la autoridad Judicial encarada el control de legalidad, en raz\u00f3n a que \u00abno aparec\u00eda ni aparece acreditada ni probada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario desembolsado\u00bb. Pedimento que fue adverso a sus intereses con auto del 6 de junio de 2023. Determinaci\u00f3n frente a la cual no se present\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene a la autoridad debatida resolver en debida forma el control de legalidad \u00abdeterminando que el t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n judicial no re\u00fane los requisitos establecidos en el \u00abart\u00edculo 422 del C.G.P., por no haberse acreditado ni probado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario a fecha 31 de diciembre de 1999\u00bb. En consecuencia, proceda a inadmitir la demanda ejecutiva. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. Doralba Rodr\u00edguez, demandante dentro del proceso ejecutivo, pidi\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n tutelar ante incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que el quejoso no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 6 de junio de 2023. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 expres\u00f3 que sus actuaciones han estado acordes con la normatividad vigente, por lo tanto, no ha vulnerado los derechos implorados por el gestor. Asimismo, indic\u00f3 que el mismo no interpuso recursos contra la determinaci\u00f3n aludida. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que, al no ser recurrida la determinaci\u00f3n del 6 de junio de 2023, \u00abresulta improcedente acudir a la v\u00eda tutelar como un mecanismo alterno a la soluci\u00f3n de los conflictos que deb\u00edan zanjarse en el interior del tr\u00e1mite judicial, ni mucho menos pretender revivir oportunidades procesales vencidas con ocasi\u00f3n de su incuria en la actuaci\u00f3n cumplida en el asunto atacado\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor insistiendo en los argumentos del escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00absi dicho auto que deneg\u00f3 el control de legalidad propuesto, es inapelable, c\u00f3mo se puede hablar de que se encuentra insatisfecho el principio de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, esta Sala concluye que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, se evidencia que el accionante no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a la providencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 6 de junio de 20231, con la cual se resolvi\u00f3 \u00abNo ejercer control de legalidad a la orden que libr\u00f3 mandamiento de pago\u00bb. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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