STC8202-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8202-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01181-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Nurys Esther Ar\u00e9valo Navarro contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los Juzgados Primero y Octavo Transitorios Laborales del Circuito de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso 11001310500820200006000. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora, mediante apoderada judicial, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida digna e igualdad. <\/p>\n
2.1. La tutelante demand\u00f3 a Colpensiones, para que se declarara que, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990, tiene derecho a su pensi\u00f3n de vejez, a partir del 1 de julio de 2013, porque cotiz\u00f3 un total de 1050 semanas. <\/p>\n
2.2. El 8 de julio 2021, el Juzgado Primero Transitorio Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia del derecho y neg\u00f3 las pretensiones, determinaci\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 30 de septiembre de 2021, toda vez que la actora no complet\u00f3 750 semanas de cotizaci\u00f3n a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; adem\u00e1s, porque las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 no resultaban aplicables, dado que no estaba afiliada al ISS, hoy Colpensiones, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL839-2023, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3. La actora sostiene que la sentencia anterior desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional sobre la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez acumulando tiempo p\u00fablico y privado cotizado a diferentes cajas o fondos de previsi\u00f3n social y a Colpensiones, incluso desatendi\u00f3 recientes fallos de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral, que se\u00f1alan igualmente que es procedente dicha acumulaci\u00f3n de tiempos (CSJ SL1947-2020, CSJ SL2557-2020 y CSJ SL4940-2020). <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide dejar sin efectos la sentencia SL839-2023 y emitir otra, que consulte el precedente jurisprudencial se\u00f1alado. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada solicit\u00f3 negar el amparo, porque el fallo cuestionado se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales y a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral. Afirm\u00f3 que, a pesar de que un afiliado re\u00fana los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, si no pertenec\u00eda al modelo pensional administrado por el entonces ISS no pod\u00eda ser sujeto de aplicaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n contenida en los reglamentos de dicha entidad y aclar\u00f3 que no es cierto que el fallo negara la acumulaci\u00f3n de semanas de servicio p\u00fablico y privado cotizadas. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque carece de competencia para pronunciarse sobre los aspectos del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que el proceso instaurado por la accionante fue remitido al Primero Laboral Transitorio de la misma ciudad. <\/p>\n
4. Colpensiones aleg\u00f3 la improcedencia de la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental de la actora se vulner\u00f3 y porque lo planteado fue analizado por el juez natural, operando la instituci\u00f3n de la cosa juzgada en la materia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional neg\u00f3 el amparo, porque el fallo controvertido se encuentra razonado y tiene respaldo en la normativa y jurisprudencia aplicables y en las pruebas allegadas, en tanto se acredit\u00f3 que la actora no era beneficiaria del Acuerdo 049 de 1990, por la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y porque se afili\u00f3 al I.S.S. luego de que entrara en vigor la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante cuestion\u00f3 que el fallo constitucional no analiz\u00f3 el asunto de cara a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y al cambio jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En el fallo censurado, la Sala convocada afirm\u00f3 que no estaba en discusi\u00f3n que: i) la actora se afili\u00f3 inicialmente a CAJANAL, hoy UGPP, donde cotiz\u00f3 836.15 semanas entre el 27 de julio de 1992 y el 15 de octubre de 2008; ii) en abril de 2009 se vincul\u00f3 a Colpensiones, donde cotiz\u00f3 214 semanas hasta el 30 de junio de 2013, para un total de 1050 semanas en su vida laboral; iii) al 29 de julio de 2005 sumaba 668.44 semanas cotizadas. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, para extender los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014, el Acto Legislativo 01 de 2005 exig\u00eda tener 750 semanas al 29 de julio de 2005, condici\u00f3n que la tutelante no cumpli\u00f3, porque contaba \u00fanicamente con 668.44 semanas, por lo que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al considerar que la demandante no pod\u00eda beneficiarse del Acuerdo 049 de 1990, por la p\u00e9rdida del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. Adem\u00e1s, porque se afili\u00f3 al ISS luego de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esto \u00faltimo con fundamento en lo establecido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en las sentencias CSJ SL4392-20201 y CSJ SL4165-20202, entre otras. <\/p>\n
3. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n atacada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad aplicable y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, a partir de lo cual la accionada determin\u00f3 que, antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la demandante \u00fanicamente hab\u00eda cotizado 668.44 semanas de las 750 semanas exigidas para mantener el r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, adem\u00e1s, que se afili\u00f3 al ISS despu\u00e9s de que la Ley 100 de 1993 entrara en vigencia, circunstancias que, sin desconocer la posibilidad de acumular tiempos p\u00fablicos y privados, imped\u00edan acceder a la pensi\u00f3n de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, conclusiones que la Sala de Descongesti\u00f3n convocada interpret\u00f3 en consonancia con lo establecido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral en las sentencias CSJ SL4392-2020 y CSJ SL4165-2020. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio del actor sobre la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
4. Por las razones ac\u00e1 expuestas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En la cual se concluy\u00f3 que, si bien se pueden acumular tiempos p\u00fablicos y privados, no se pod\u00eda reconocer la pensi\u00f3n reclamada, porque \u00abel actor no estuvo afiliado antes de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 al ISS, no es procedente analizar su derecho pensional a la luz de Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n del tribunal, pero por las razones aqu\u00ed expuestas\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 En la que se determin\u00f3 que \u00abla actora conserv\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993 m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, en los t\u00e9rminos establecidos en el par\u00e1grafo transitorio 4.\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que a la entrada en vigencia de esa reforma constitucional ten\u00eda un total de 968.43 semanas aportadas\u00bb, lo cual no ocurri\u00f3 en este caso, pues, para esa fecha, solo acredit\u00f3 tener 668.44 semanas cotizadas. <\/p>\n
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