STC8203-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8203-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2023-00242-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado por Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, la Procuradora General Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo. Al tramite se dispuso vincular al propietario del establecimiento de comercio Derek Alcides, a Cotty Morales Caama\u00f1o, a la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda Municipal de Pereira, y a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico, ambos de Risaralda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor demanda la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 10 de febrero de 2022, el accionante radic\u00f3 una acci\u00f3n popular en contra de Baguer S.A.S., propietaria del establecimiento de comercio denominado Derek Alcides1. <\/p>\n
2.2. El 28 de junio de 2022, Cotty Morales Caama\u00f1o solicit\u00f3 ser reconocida como coadyuvante2, calidad que se acept\u00f3 el 14 de septiembre del mismo a\u00f1o3. <\/p>\n
2.3. El 8 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira profiri\u00f3 sentencia, amparando el derecho colectivo reclamado por el demandante. Asimismo, conden\u00f3 en costas a la accionada en favor del actor popular, precisando que no se impondr\u00eda condena por este concepto para la coadyuvante4. <\/p>\n
2.4. El 7 de marzo de 2023, el Juzgado accionado fij\u00f3 las agencias en derecho en $10.000, teniendo en cuenta que no estaban acreditados los \u00abesfuerzos de tiempo, dedicaci\u00f3n, diligencia y eficacia que tuvo el actor popular y en relaci\u00f3n con la naturaleza y duraci\u00f3n de la causa procesal\u00bb5. Por auto de la misma fecha se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas6. <\/p>\n
2.5. El 13 de marzo siguiente, el apoderado de la coadyuvante recurri\u00f3 los autos referidos en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n7, los cuales fueron declarados improcedentes el 30 de junio del a\u00f1o en curso, dado que la coadyuvante no estaba legitimada, porque en la sentencia no se emiti\u00f3 condena en costas a su favor y porque el actor popular no impugn\u00f3 tal decisi\u00f3n8. <\/p>\n
3. Al respecto, el promotor censura que el Juzgado accionado haya inaplicado el numeral 3 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, pues fij\u00f3 agencias en derecho por debajo de los l\u00edmites all\u00ed establecidos; adem\u00e1s, aduce que con tal actuaci\u00f3n el Juez convocado incurri\u00f3 en prevaricato. De otro lado, se\u00f1ala que ha pedido reiteradamente a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo que garanticen su derecho al debido proceso en la acci\u00f3n popular cuestionada y que intervengan, pero se han abstenido de actuar. <\/p>\n
4. Por lo anterior, el actor solicita que se ordene al Juzgado accionado fijar y liquidar agencias en derecho a su favor en la acci\u00f3n popular referida en una cuant\u00eda m\u00ednima de 2 S.M.L.M.V., de conformidad con lo previsto en el Acuerdo citado y el criterio expuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira. Tambi\u00e9n pretende que se ordene a la Procuradora General de la Naci\u00f3n y al Defensor del Pueblo que intervengan en el asunto. Por otra parte, reclama un pronunciamiento en relaci\u00f3n con la conducta punible por aplicar el Acuerdo en comento. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira afirm\u00f3 que el tutelante no recurri\u00f3 las decisiones atacadas. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que le corresponde al juez constitucional la valoraci\u00f3n de las circunstancias relacionadas con la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho en el caso concreto. Por su parte, la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda mencion\u00f3 que la acci\u00f3n popular instaurada no fue presentada por esa dependencia, que no intervino en ese tr\u00e1mite y que el accionante no ha elevado solicitud alguna en torno al tema cuestionado. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda indic\u00f3 que el tutelante ha radicado m\u00e1s de 170 derechos de petici\u00f3n, los cuales fueron objeto de respuestas claras, de fondo y oportunas. Asevera que le han asignado citas presenciales y le han facilitado la posibilidad de realizar las reuniones en forma virtual, pero no ha comparecido. <\/p>\n
4. Baguer S.A.S. indic\u00f3 que no es responsable del menoscabo del derecho fundamental alegado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado, por incumplir el requisito de subsidiariedad, dado que el actor no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n procedente contra la decisi\u00f3n del Juzgado. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que las dem\u00e1s solicitudes deb\u00eda formularlas ante las entidades competentes y que no le correspond\u00eda al juez constitucional rendir concepto sobre la comisi\u00f3n de conductas penales. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el tutelante, argumentando que lo procedente era dar prevalencia al derecho sustancial, para no incurrir en exceso de ritual manifiesto, m\u00e1xime que sent\u00eda temor de interponer recursos, pues en la acci\u00f3n popular no se cumpl\u00edan los t\u00e9rminos perentorios que fija la Ley 472 de 1998, adem\u00e1s, que en sus acciones populares hab\u00eda abuso de autoridad en su contra. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela es improcedente, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. La autoridad cuestionada -con prove\u00eddo del 7 de marzo de 2023- fij\u00f3 las agencias en derecho para que fuesen tenidos en cuenta en la liquidaci\u00f3n de costas, que se aprobaron en la misma fecha, decisi\u00f3n que no fue recurrida por el tutelante. Al respecto, ha establecido la Sala que la incuria en la utilizaci\u00f3n de los recursos establecidos para atacar los desacuerdos frente a las determinaciones de los jueces \u2013como lo es aquel previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998\u2013 imposibilitan el uso de esta senda constitucional, dado que este no es el medio para redimir oportunidades legales fenecidas, por lo que tal omisi\u00f3n conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n queden sometidas a sus efectos (CSJ STC6503-2023). <\/p>\n
3. De cara a la petici\u00f3n de intervenci\u00f3n de la Procuradora General del Naci\u00f3n y el Defensor del Pueblo, el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes relacionadas con la acci\u00f3n popular cuestionada ante dichas autoridades, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. A lo anterior se suma que, acorde con el informe rendido por la Defensor\u00eda del Pueblo, que indic\u00f3 que para los d\u00edas 19 y 24 de marzo del a\u00f1o en curso le asign\u00f3 citas con las Defensoras designadas, \u00absin que el se\u00f1or Restrepo asistiera a las mismas, ni informara sobre su inasistencia\u00bb, es evidente que desperdici\u00f3 la oportunidad de plantear lo que aqu\u00ed pretende, todo lo cual torna inviable la tutela. <\/p>\n
4. Finalmente, es necesario precisar que, si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n delictiva o falta disciplinaria, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello (CSJ STC16247-2022). <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 003Demanda. <\/p>\n
2\u0002 Documento 018CottyAportaCoayuvancia. <\/p>\n
3\u0002 Documento 027ActaCoadyuvanciaControlLegInadRecurPactoDctaPruebasTraslado. <\/p>\n
4\u0002 Documento 030SentenciaPopular. <\/p>\n
5\u0002 Documento 033AutoFijaAgencias. <\/p>\n
6\u0002 Documento 034AutoApruebaLiquidacionCostas. <\/p>\n
7\u0002 Documento 035RecursoLizcano. <\/p>\n
8\u0002 Documento 037AutoImprocedenteRecursoCoadyuvante. <\/p>\n
<\/p>\n
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