STC8213-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8213-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2023-00299-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luz Yaneth Orozco Valencia contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito Oralidad de Bello y Promiscuo Municipal de Oralidad con control de garant\u00edas de Copacabana1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Hilda Maris Hinestroza lbarra promovi\u00f3 una demanda de pertenencia contra la tutelante, para que se declarara que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el inmueble identificado con el FMI 012-50359 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Girardota, argumentando que ejerc\u00eda sobre este \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a desde que lo compr\u00f3, el 9 de febrero de 2006. <\/p>\n
2.2. La accionada present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n de responsabilidad civil contractual, en condici\u00f3n de promitente vendedora, para que se declarara que se realiz\u00f3 el contrato de compraventa de un inmueble \u00abcasa prefabricada con terreno\u00bb, por valor de $15.000.000, de acuerdo con lo establecido en el documento suscrito el 9 de febrero de 2006, que fue incumplido por la promitente compradora, al no presentarse en la notar\u00eda para pagar el excedente de $8.000.000 y suscribir la escritura de compraventa. Solicit\u00f3 que se condenara a la demandada en reconvenci\u00f3n a pagar el saldo m\u00e1s los intereses legales e indexaci\u00f3n por $144.000.000 y una indemnizaci\u00f3n integral por mala fe y da\u00f1os inmateriales. Subsidiariamente pidi\u00f3 que se declarara la nulidad del contrato y que las cosas volvieran al estado en que se encontraban. <\/p>\n
2.3. En audiencia del 9 de agosto de 20212, el Juzgado Promiscuo Municipal accionado profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal, por falta de identificaci\u00f3n del inmueble, y conden\u00f3 en cotas a la demandante a favor de la demandada. Respecto de la demanda de reconvenci\u00f3n, declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes el 9 de febrero de 2006, por falta de identificaci\u00f3n del inmueble prometido; en consecuencia, dispuso las restituciones mutuas y orden\u00f3 la accionada en reconvenci\u00f3n entregar el inmueble en el estado en que se encontrara a Luz Janeth Orozco Valencia y a esta a pagar Hilda Maris Hinestroza $12.000.000. De otro lado, estim\u00f3 que no hab\u00eda lugar a condenar en costas, dado que la declaraci\u00f3n de nulidad se realiz\u00f3 de manera oficiosa. Frente a esa decisi\u00f3n ambos extremos interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 8 de marzo de 20233, el Juzgado del Circuito convocado confirm\u00f3 lo decidido y adicion\u00f3 lo relativo a las mejoras, ordenando a Luz Janeth Orozco Valencia pagar a Hilda Maris Hinestroza $17.107.825, \u00aben cuanto a la casa de habitaci\u00f3n, (\u2026) Suma de dinero que no ser\u00e1 indexada\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que no condenaba en costas de instancia por la demanda principal, mientras que para la demanda de reconvenci\u00f3n conden\u00f3 en costas a la actora, a favor de la demandada, por la prosperidad parcial de su recurso. <\/p>\n
3. La promotora sostiene que: i) se conden\u00f3 de oficio al pago de las mejoras del inmueble, que no fueron solicitadas por la demandada en reconvenci\u00f3n, de manera que tampoco proced\u00eda la condena en costas de esa instancia; adem\u00e1s que esas mejoras no fueron pagadas por la ocupante sino por el Municipio de Copacabana; ii) que no se pronunci\u00f3 acerca de los perjuicios morales solicitados ni sobre la petici\u00f3n de deducir los c\u00e1nones de arrendamiento que se pudieron causar, como compensaci\u00f3n; iii) en el proceso se prob\u00f3 que lo pagado por Hilda Maris Hinestroza solo fueron $7.000.000 y, al valorar la tacha de los recibos presentados por ella, no se tuvo en cuenta la existencia de una denuncia en su contra por falsedad en documento privado; iv) no se reconocieron los frutos generados mientras el inmueble permaneci\u00f3 en poder de la demandada en reconvenci\u00f3n, porque s\u00f3lo se tuvo en cuenta el peritaje y se desconocieron el resto de pruebas; v) no se reconocieron a su favor las costas y agencias en derecho de los dos procesos; y vi) las actuaciones de los accionados tipifican los delitos de prevaricato por acci\u00f3n, fraude procesal o enriquecimiento il\u00edcito a favor de terceros. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que: i) se dejen sin efetos las sentencias de segunda instancia principal y de reconvenci\u00f3n; ii) se ordene proferir nueva sentencia que ordene s\u00f3lo devolver los $7.000.000 pagados por Hilda Maris y a ella se le sancione si no entrega el bien en el t\u00e9rmino ordenado; iii) se imponga al Juzgado ad quem \u00abno continuar con las persecuciones, abusos y arbitrariedades en estos proceso [sic]\u00bb; iv) se condene a Juzgados tutelados a pagarle una indemnizaci\u00f3n integral, por los perjuicios morales causados con los fallos y al pago de costas y agencias en derecho de la presente tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Bello sostuvo que la accionante pretende controvertir su decisi\u00f3n en tutela, como si fuera una tercera instancia, realizando manifestaciones que no tienen en cuenta las consideraciones sustanciales y procesales contenidas en la providencia objeto de reproche. Destac\u00f3 que, al ser apelada la sentencia por las dos partes, no estaba limitado a los reparos concretos. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Copacabana afirm\u00f3 que se instaur\u00f3 esta acci\u00f3n como un recurso adicional a la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Hilda Maris Hinestroza Ibarra se opuso a las pretensiones de la tutela y pidi\u00f3 que se tuvieran en cuenta las pruebas recaudadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que los argumentos planteados en la decisi\u00f3n censurada no son arbitrarios o antojadizos. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante afirm\u00f3 que se desconoci\u00f3 el principio de la \u00abrealidad-realidad\u00bb, pues los Juzgados accionados no pod\u00edan fallar ultra y extra petita. Adem\u00e1s, que le causaron no solo perjuicios econ\u00f3micos sino tambi\u00e9n de car\u00e1cter personal y emocional. Reproch\u00f3 que entidades estatales \u00abse hayan prestado para celebrar actos tan indignos, como lo fue la Notaria municipal, la empresa de Vivienda municipal y dem\u00e1s\u00bb, lo que se permiti\u00f3 por el Juzgado ad quem, y es la raz\u00f3n para que entablara en su contra denuncia penal y disciplinaria. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que el Juzgado del Circuito accionado zanj\u00f3 el asunto, mediante sentencia del 8 de marzo de 2023, que confirm\u00f3 y adicion\u00f3 lo decidi\u00f3 por el a quo. Para ello se refiri\u00f3: i) a la determinaci\u00f3n o identidad de la cosa a usucapir, como presupuesto de la viabilidad de la pretensi\u00f3n de pertenencia; ii) las generalidades de la responsabilidad civil contractual (hecho, da\u00f1o, nexo causal), que por regla general deb\u00edan ser demostrados por la parte demandante; y iii) las generalidades de la nulidad de los actos jur\u00eddicos (relativas y absolutas), destacando que estas \u00faltimas pod\u00edan ser declaradas de oficio por el juez, \u00absiempre y cuando aparezca en el acto jur\u00eddico de manera manifiesta\u00bb, lo cual deja sin efectos el negocio y da lugar a restituciones mutuas, entre ellas, el reconocimiento de mejoras y frutos, de acuerdo con lo establecido en el C\u00f3digo Civil en materia de reivindicaci\u00f3n (art\u00edculo 1746). Aludi\u00f3 a la nulidad absoluta de la promesa de compraventa por indeterminaci\u00f3n del objeto, de conformidad con los art\u00edculos 1611, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil y a jurisprudencia de esta Sala. <\/p>\n
2.1. Seguidamente, trajo a colaci\u00f3n la descripci\u00f3n del inmueble pretendido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, seg\u00fan la demanda, el documento de compra del 9 de febrero de 2006 y la escritura p\u00fablica 940 del 14 de septiembre de 2000, deduciendo que, \u00abal momento de realizarse la diligencia de inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, se constat\u00f3 que el bien pretendido en usucapi\u00f3n no estaba debidamente determinado ni identificado\u00bb, pues el perito determin\u00f3 que \u00abdichos linderos no son coherentes con los encontrados en el terreno, como al igual con los del lote de menor extensi\u00f3n donde se encuentra construida la casa\u00bb, por cuanto, aunque los descritos en la promesa coincid\u00edan con los relacionados en la pretensi\u00f3n de la demanda, \u00aben la realidad material solo existe identidad en algunos\u00bb de ellos. Frente a esa experticia se\u00f1al\u00f3 que le otorgaba plena credibilidad, por su claridad, precisi\u00f3n y calidad de las respuestas, las cuales se encontraban soportadas documentalmente, que concordaban con los dem\u00e1s medios probatorios y no fue objetado por las partes. <\/p>\n
En tal sentido, concluy\u00f3 que el inmueble relacionado en la demanda \u00abno coincide con el bien en poder de la demandante, ni con el bien del cual dan cuenta los t\u00edtulos de propiedad y el certificado de libertad y tradici\u00f3n, ni con el bien relacionado en la promesa de compraventa\u00bb, por lo que no se identific\u00f3 debidamente el terreno objeto de usucapi\u00f3n, raz\u00f3n suficiente para despachar desfavorablemente la pretensi\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
2.2. Sobre la demanda de reconvenci\u00f3n, sostuvo que el contrato allegado: i) no estableci\u00f3 el n\u00famero de folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien que se promet\u00eda en venta; ii) en la cl\u00e1usula referente a la tradici\u00f3n se hizo remisi\u00f3n a los linderos plasmados en la escritura p\u00fablica 940, que no coinciden con los descritos en la cl\u00e1usula d\u00e9cima del contrato de promesa; iii) no se dice que el objeto de la promesa es un lote de terreno que hace parte de un bien de mayor extensi\u00f3n, y menos que lo prometido en venta debe ser segregado de aqu\u00e9l para su venta y tradici\u00f3n en debida forma; iv) los linderos descritos no concuerdan con los verificados en la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Con base en ello, el Juzgado concluy\u00f3 que en el documento suscrito por las partes no se determin\u00f3 debidamente el inmueble sobre el que recaer\u00eda la eventual venta, lo que conllevaba a la necesaria declaraci\u00f3n de oficio de la nulidad absoluta del contrato, pues no ser\u00eda posible perfeccionar tal negocio en ausencia de los elementos faltantes. Argument\u00f3 que tal situaci\u00f3n lo relevaba de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, tendientes al resarcimiento de perjuicios, fincadas en la validez del negocio celebrado. <\/p>\n
2.2.1. No obstante, advirti\u00f3 que las restituciones mutuas eran consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, por lo que dispuso la entrega del bien en el estado en que se encontrara y la devoluci\u00f3n del dinero pagado. Para ello, estim\u00f3 que, de acuerdo con el contrato, del valor inicial pactado por $15.000.000 se hab\u00edan pagado $12.000.000, lo cual se corroboraba con los recibos exhibidos por Hilda Maris Hinestroza Ibarra y, \u00absi bien dichos documentos fueron tachados por el apoderado de la se\u00f1ora LUZ JANETH OROZCO VALENCIA, no se aport\u00f3 ning\u00fan elemento probatorio que acreditara su falsedad material\u00bb. Sobre la indexaci\u00f3n de este dinero, m\u00e1s los intereses legales civiles al 0.5%, sostuvo que no se trataba de una sanci\u00f3n, como lo aleg\u00f3 la demandante en reconvenci\u00f3n en la alzada, \u00absino una forma de traer a valor presente el dinero pagado en el pasado, lo cual ha sido aceptado por la jurisprudencia como criterio de equidad en las restituciones mutuas\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a las mejoras, estableci\u00f3 que la poseedora era de buena fe, por virtud del contrato de promesa de compraventa, toda vez que, pese a sus falencias, gener\u00f3 en la promitente compradora la expectativa leg\u00edtima de convertirse en propietaria y a ello obedecieron las construcciones realizadas, respecto de las que se acredit\u00f3 que ascend\u00edan al valor de $17.107.825, de acuerdo con la complementaci\u00f3n del peritaje que no fue reprochado por las partes, suma que no ser\u00eda indemnizada, dado que la demandada en reconvenci\u00f3n \u00abha tenido un aprovechamiento cierto y efectivo de las mejoras realizadas al inmueble que le fue prometido en venta\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que los frutos no se probaron. <\/p>\n
Por \u00faltimo, conden\u00f3 en costas a la parte demandante en reconvenci\u00f3n y a favor de la demandada, dada la prosperidad parcial de su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se observa, como se anticip\u00f3, que abord\u00f3 y decidi\u00f3 los planteamientos reiterados en esta sede, bajo una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y un an\u00e1lisis razonado de las evidencias allegadas, de manera que la simple disparidad de criterios entre lo considerado por la actora y lo establecido por la autoridad accionada no es suficiente para abrir paso a la protecci\u00f3n reclamada, m\u00e1xime que el juez constitucional no est\u00e1 llamado a determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, con ese pretexto, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese un juez de instancia. <\/p>\n
4. De otro lado, resulta pertinente se\u00f1alar que, si la accionante consideraba que el Juez de conocimiento no se pronunci\u00f3 sobre todos los puntos materia del litigi\u00f3, lo procedente era haber solicitado la adici\u00f3n del fallo. Igualmente, frente a las presuntas conductas irregulares de los funcionarios cognoscentes, estas deben ser objeto de decisi\u00f3n por parte de las autoridades competentes. Todo lo anterior, dado el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Hilda Maris Hinestroza Ibarra, el curador ad litem Luis Ferney Zuluaga Ram\u00edrez y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
2\u0002 Documento 055, primera instancia, expediente 2016-00113 y 2016-00315. <\/p>\n
3\u0002 Documento 021, segunda instancia, expediente 2016-00113 y 2016-00315. <\/p>\n
<\/p>\n
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