STC8215-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00665-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 de junio de 2023, con la cual se neg\u00f3 el amparo reclamado por William Javier Su\u00e1rez Su\u00e1rez contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Al tramite se vincularon a las partes e intervinientes en el proceso disciplinario de radicado 760011102000-2019-00025-00, penal 190013107001-2015-00177-00 y habeas corpus 760014189003-2018-00775-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades cuestionadas dentro del proceso disciplinario referido. <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas de Cali, el actor -como apoderado de Maritza Serna Becoche- promovi\u00f3 habeas corpus; no obstante, dicha autoridad -el 14 de diciembre de 2018- resolvi\u00f3 negar sus peticiones y orden\u00f3 la compulsa de copias en contra del gestor pues consider\u00f3 que este trat\u00f3 de inducir en \u00aberror o enga\u00f1o a la judicatura, a fin de obtener una libertad identificando a una interna con el documento de otra, quien fue condenada a una pena inferior, tratando de aprovechar el t\u00e9rmino de remisi\u00f3n de un distrito judicial al otro\u00bb. De este modo, correspondi\u00f3 conocer en primera instancia a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca quien, en sentencia del 16 de octubre de 2019, sancion\u00f3 al tutelante con la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por el t\u00e9rmino de 12 meses al hallarlo responsable de la falta consagrada en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 33 de la Ley 1123 de 2007; adem\u00e1s, le impuso una multa de 4 SMLMV. Inconforme, el promotor interpuso apelaci\u00f3n. No obstante, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -en providencia del 22 de febrero de 2023- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y neg\u00f3 la nulidad propuesta por el disciplinado. <\/p>\n
2.1. La parte actora consider\u00f3 que, las accionadas omitieron decretar pruebas de oficio que eran necesarias para probar su responsabilidad por cuanto, en su versi\u00f3n libre, argument\u00f3 que obr\u00f3 bajo \u00aberror invencible\u00bb lo cual es una \u00abuna causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad disciplinaria\u00bb. Asimismo, se doli\u00f3 que se haya negado la nulidad propuesta en segunda instancia pues \u00abse est\u00e1 argumentando que la causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad no ha sido investigada ni descartada, como una garant\u00eda del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que, se declare \u00abla ilegalidad de la sentencia de primera y segunda instancia\u00bb. En consecuencia, se deje \u00absin efecto la sanci\u00f3n impuesta de doce meses de exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb. Finalmente, solicit\u00f3 que se oficie a las accionadas \u00abordenar la cancelaci\u00f3n del registro de sanci\u00f3n como antecedentes disciplinarios\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Fiscal 52 especializada de la direcci\u00f3n contra el narcotr\u00e1fico indic\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso penal contra \u00abMaritza Serna Becoche\u00bb. Sin embargo, \u00abla presente discusi\u00f3n en sede de Tutela no tiene incidencia en el asunto penal que en su momento fue de [su] conocimiento\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Cali -sede desconcentrada de Silo\u00e9- inform\u00f3 que tramit\u00f3 el habeas corpus que interpuso el accionante en nombre de Maritza Serna y refiri\u00f3 que orden\u00f3 compulsar copias en contra del gestor \u00abal advertir serias inconsistencias (\u2026) en la informaci\u00f3n de su poderdante e igualmente sobre la pena impuesta\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfrente a la decisi\u00f3n proferida no se interpuso recurso o inconformidad alguna por parte del hoy accionante\u00bb3. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de disciplina Judicial del Valle del Cauca pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite y que se declare la improcedencia del amparo. Manifest\u00f3 que, el gestor \u00abcont\u00f3 con todas las garant\u00edas procesales de contradicci\u00f3n y defensa a fin de ser escuchado dentro del proceso\u00bb y estim\u00f3 que la acci\u00f3n constitucional adolece del requisito de \u00abinmediatez, si se tiene en cuenta que la sentencia de primera instancia data del 16 de octubre de 2019\u00bb4. <\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial inst\u00f3 que se niegue la salvaguarda \u00abal no acreditar los supuestos defectos procedimentales, f\u00e1ctico material o sustantivo que se aleg\u00f3, y que carece de la carga argumentativa y probatoria, estando ya demostrada la responsabilidad disciplinaria\u00bb del promotor5. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popay\u00e1n, quien conoci\u00f3 del proceso en contra de Maritza Serna Becoche, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno cuenta (\u2026) con los elementos m\u00ednimos de conocimiento para referirse\u00bb respecto de los hechos tra\u00eddos en esta tutela6. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que las autoridades accionadas \u00abexplicaron con suficiencia, razonabilidad, con base en la normatividad y los elementos materiales probatorios que obraban en el plenario, porque no se acredit\u00f3 que el actuar de WILLIAM AVIER SU\u00c1REZ SU\u00c1REZ se realiz\u00f3 bajo el amparo de una causal de exclusi\u00f3n de responsabilidad\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que si bien \u00abno practicaron pruebas adicionales a la documentaci\u00f3n que obraba en el plenario\u00bb ello no \u00abconlleva a la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas\u00bb; m\u00e1xime, cuando la seccional del Valle del Cauca \u00abdecreto\u0301 en favor de WILLIAM JAVIER SUA\u0301REZ SUA\u0301REZ la \u00abcopia de la p\u00e1gina web del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas de Popay\u00e1n, que fue la que consulto\u0301 para elevar la acci\u00f3n de habeas corpus para demostrar que se trataba de un error\u00bb sin embargo, el actor \u00abno concurri\u00f3 el 6 de agosto de 2019 a la audiencia de juzgamiento, y si bien, posteriormente presento\u0301 la excusa de su inasistencia, la Sala no la admiti\u00f3\u00bb7. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 que el a-quo constitucional \u00abno abord\u00f3 el asunto planteado con trascendencia constitucional\u00bb por cuanto no estudi\u00f3 \u00absi es aceptable adelantar un proceso disciplinario sin ofrecer las garant\u00edas procesales debidas\u00bb. Por tanto, se\u00f1al\u00f3 que se debi\u00f3 analizar \u00abel documento aportado como anexos de prueba y observar que efectivamente en la p\u00e1gina web de la rama judicial est\u00e1 anotado que Maritza Serna Becoche fue condenada a una pena de 40 meses de prisi\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia que cerr\u00f3 el debate, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra las decisiones de ambas instancias, lo cierto es que la proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial fue la que cerr\u00f3 el proceso, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido por esa autoridad. <\/p>\n
2. En efecto, el 22 de febrero de 20239, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial neg\u00f3 la nulidad planteada por el gestor y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia donde se declar\u00f3 disciplinariamente responsable al accionante con sanci\u00f3n de 12 meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n. Para ello, luego de hacer un recuento de los antecedentes y actuaciones procesales10, frente a la solicitud \u00abde pruebas de manera oficiosa\u00bb indic\u00f3 que \u00abno se encuentra fundamento en este estadio procesal que, conlleve necesariamente a la pr\u00e1ctica de pruebas adicionales a las que ya obran en el plenario\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en torno a la nulidad por vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa planteada por el actor, se\u00f1al\u00f3 que esta era \u00abimpr\u00f3spera\u00bb por cuanto no basta con que no haya resultado \u00abprospera su tesis de defensa frente a la ausencia de responsabilidad\u00bb para que alegue la presunta nulidad de lo actuado. Sumado a ello, encontr\u00f3 que el reproche sobre \u00abque se le afect\u00f3 su derecho de defensa por hab\u00e9rsele nombrado defensor de oficio\u00bb tampoco estaba llamado a prosperar pues el promotor no asisti\u00f3 a algunas de las diligencias lo que \u00abllev\u00f3 al director del proceso a ordenar el 23 de agosto de 2019 emplazarlo y designarle un defensor en garant\u00eda de su derecho de defensa y celeridad en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Agotados los tr\u00e1mites previos, estableci\u00f3 el problema jur\u00eddico en \u00abs\u00ed existi\u00f3 causal de justificaci\u00f3n y falta de investigaci\u00f3n integral y ausencia de dolo respecto de la conducta endilgada al disciplinario\u00bb. Haciendo una retroalimentaci\u00f3n de la providencia atacada, se\u00f1al\u00f3 que el a-quo observ\u00f3 que \u00abla conducta del disciplinable encuadr\u00f3 en una afirmaci\u00f3n o negaci\u00f3n maliciosa\u00bb pues -por un lado- \u00abel abogado efectu\u00f3 una afirmaci\u00f3n que su poderdante M.S.B se encontraba privada ilegalmente de la libertad por pena cumplida\u00bb; por otro, cit\u00f3 \u00abinexactamente la cedula\u00bb lo que termin\u00f3 en una \u00abdescontextualizaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb que pod\u00eda desviar el \u00abrecto criterio del juez\u00bb que conoci\u00f3 del habeas corpus. Por \u00faltimo, trayendo a colaci\u00f3n los argumentos defensivos del tutelante, consider\u00f3 necesario establecer si el gestor \u00abcumpli\u00f3 con sus deberes de informaci\u00f3n y reflexi\u00f3n en debida forma\u00bb, es decir, \u00absi pod\u00eda atender al deber de actualizaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de los datos que estaba plasmando en su escrito\u00bb a fin de superar el error. <\/p>\n
Teniendo en cuenta el poder otorgado por Maritza al tutelante11, advirti\u00f3 que -en su contenido- se consign\u00f3 el n\u00famero de c\u00e9dula de su cliente por lo que \u00abla verificaci\u00f3n de la c\u00e9dula era una situaci\u00f3n completamente superable\u00bb. Sumado a lo anterior, el \u00abhecho que la privada de la libertad estaba manifestando haber cumplido su condena y eran plenamente conscientes del traslado del expediente de Popay\u00e1n a Cali, lo que permiti\u00f3 conocer anticipadamente al encartado informaci\u00f3n directa de su poderdante del contexto y situaci\u00f3n jur\u00eddica del reo\u00bb lo que genera \u00abpoca credibilidad en los argumentos defensivos, que en medio de esa entrevista no se indagara sobre aspectos puntuales y b\u00e1sicos que todo profesional del derecho cuestiona al momento de asumir una causa\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que aun \u00abbajo un elemento de duda que en ese instante de entrevista entre el disciplinado y su poderdante no se le informara o se pretendiera ocultar informaci\u00f3n de la realidad procesal por parte del reo\u00bb se\u00f1al\u00f3 que el tutelante \u00abpod\u00eda en un ejercicio de verificaci\u00f3n en las diversas p\u00e1ginas oficiales del Estado\u00bb revisar la informaci\u00f3n de la pena \u00abpor la que fue condenada M.S.B\u00bb. De igual forma, afirm\u00f3 que \u00abno es de recibo el argumento del apelante cuando dijo que no pudo conocer la existencia de la hermana, si sab\u00eda que uno de los delitos por el que fue condenada su poderdante fue \u201cconcierto para delinquir\u201d\u00bb lo que, de entrada, le daba un \u00abelemento adicional de referencia para comprender que, por el tipo penal estaban involucradas m\u00e1s personas\u00bb. Finalmente, resalt\u00f3 que \u00abdesat\u00e1ndose el habeas corpus y vinculados tanto el Juzgado 3\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n como del mismo INPEC\u00bb advirtieron \u00abdel error en que se pretendi\u00f3 inducir al juez constitucional cambiando el n\u00famero de c\u00e9dula y variando el argumento de la pena, por la similitud de apellidos y misma causa penal que se encontraban las privadas de la libertad siendo hermanas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que en dicha investigaci\u00f3n \u00abobr\u00f3 prueba suficiente\u00bb de la responsabilidad del promotor \u00absin que permitiera avizorar causal del justificaci\u00f3n basada en error invencible\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abno es dable asumir que el abogado confeso\u0301 la conducta como lo rese\u00f1\u00f3 en su escrito de alzada, pues lo cierto es que, al interior de la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n en ning\u00fan momento procedi\u00f3 libre y voluntariamente a confesar la ejecuci\u00f3n de la falta disciplinaria, por el contrario, al igual que lo sostuvo en el recurso, argumento\u0301 que no actu\u00f3 con malas intenciones y que su actuar se ejecut\u00f3 bajo una causal de exoneraci\u00f3n de responsabilidad, elementos que ya fueron analizados en l\u00edneas precedentes\u00bb. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable12. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Sumado a que, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0011Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0012Informe_secretarial.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0014Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0018Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c0021Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c0022Sentencia.pdf\u201d. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c0026Anexos.pdf\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Archivo \u201cF76001110200020190002501ADJUNTA20230227111551.pdf\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n: versi\u00f3n libre, formulaci\u00f3n de cargos, pruebas -copia de la p\u00e1gina judicial donde se presentaba el error-, alegatos de conclusi\u00f3n, providencia de primera instancia. <\/p>\n
11\u0002 Poder de otorgado por M.S.B al accionante donde manifiesta estar privada de la libertad pese a que ya hab\u00eda cumplido su pena, junto con el n\u00famero de su cedula. <\/p>\n
12\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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