STC8222-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8222-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Jaime Alberto Borrero Piedrahita contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al Juzgado Trece Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso laboral de radicado 11001310501320150095300 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, mediante apoderado judicial, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores a la seguridad social, m\u00ednimo vital y debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante demand\u00f3 a Colpensiones, para el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de vejez, a partir del 22 de julio de 2015, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990, as\u00ed como para que se le condenara al pago del retroactivo de las mesadas causadas, los intereses moratorios, lo que resultara probado ultra o extra petita y las costas del proceso. <\/p>\n
2.2. El 19 de mayo de 2016, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 14 de junio de ese mismo a\u00f1o, en atenci\u00f3n a que el accionante no pod\u00eda tenerse como beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, conforme al art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, porque alcanz\u00f3 la edad de 60 a\u00f1os con posterioridad a la fecha l\u00edmite se\u00f1alada por dicha norma. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL258-2021, proferida el 10 de febrero de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, revoc\u00f3 la sentencia proferida el 19 de mayo de 2016 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y conden\u00f3 a Colpensiones a reconocer y pagar a Jaime Alberto Barrero Piedrahita una pensi\u00f3n de vejez de $9.041.212, a partir del 22 de julio de 2017, adem\u00e1s del retroactivo de las mesadas causadas y exigibles a la fecha del fallo, teniendo en cuenta que cotiz\u00f3 1.908,29. <\/p>\n
2.4. El actor solicit\u00f3 la nulidad del fallo anterior, por la causal prevista en el art\u00edculo 133 (numeral 5) del CGP.1, dado que la Sala accionada omiti\u00f3 decretar como prueba su historia laboral actualizada y no requiri\u00f3 informaci\u00f3n a las partes acerca de su situaci\u00f3n pensional para la fecha de la sentencia; en consecuencia, pidi\u00f3 decretar como prueba dicho documento, realizar una nueva liquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n, teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, y proferir un nuevo fallo que determine el valor correcto de su pensi\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El 12 de abril del a\u00f1o que avanza (CSJ AL561-2023), la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral neg\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 3 de mayo siguiente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el apoderado del accionante (CSJ AL829-2023). <\/p>\n
3. El tutelante sostiene que el fallo de casaci\u00f3n y los autos referenciados incurrieron en defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico, toda vez que la Sala accionada omiti\u00f3 decretar, previo a la emisi\u00f3n de la sentencia de instancia, la incorporaci\u00f3n al proceso de su historia laboral, a fin de liquidar correctamente la mesada pensional, con base en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica para la fecha del fallo de instancia, la totalidad de las semanas cotizadas (2.074) y los ingresos base de cotizaci\u00f3n reportados al sistema de pensiones con posterioridad a la radicaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide dejar sin efecto las referidas decisiones y que se emita un nuevo fallo, que liquide correctamente su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n accionada defendi\u00f3 la legalidad de sus decisiones y advirti\u00f3 que el actor desconoci\u00f3 su deber de colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque carece de competencia para pronunciarse sobre los aspectos del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 asegur\u00f3 que su decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con base en los presupuestos probatorios, legales y jurisprudenciales que rigieron el caso. <\/p>\n
4. Colpensiones pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y porque ning\u00fan derecho fundamental del actor se desconoci\u00f3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juez constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto las decisiones atacadas en razonables y no constituyen v\u00eda de hecho, m\u00e1xime que se profirieron en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora reiter\u00f3 que la Sala accionada profiri\u00f3 su decisi\u00f3n sin el respaldo de las pruebas necesarias y determinantes para el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez, decidiendo un aspecto que no hab\u00eda sido debatido en el proceso. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En la sentencia CSJ SL258-2021, la Sala accionada dijo que, como el demandante no adquiri\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de vejez que reclam\u00f3 como beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n a la entrada en vigencia del Acto Legislativo O1 de 2005, ni lo consolid\u00f3 en el per\u00edodo de extensi\u00f3n que esta reforma constitucional fij\u00f3 hasta el 31 de diciembre de 2014, el Tribunal adelant\u00f3 el estudio de la prestaci\u00f3n a la luz del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, que exige a los hombres el cumplimiento de 62 a\u00f1os, a partir del 1 de enero de 2014. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvo que el se\u00f1or Borrero Piedrahita no complet\u00f3 dicha edad a la fecha del fallo del Tribunal, por lo que la decisi\u00f3n de negar su pensi\u00f3n fue acertada; no obstante, la Sala enjuiciada encontr\u00f3 que, al momento de emitir su sentencia de casaci\u00f3n, el actor acredit\u00f3 el cumplimiento de los 62 a\u00f1os de edad, lo que configur\u00f3 un hecho sobreviniente que no pod\u00eda ignorar, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 281 del C.G.P, aplicable por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 145 del C.P.T.S.S., de modo que cas\u00f3 la sentencia de segundo grado y, en fallo de instancia, reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez del actor. <\/p>\n
En consecuencia, como el material probatorio allegado evidenciaba que el actor reuni\u00f3 los presupuestos necesarios para obtener la pensi\u00f3n de vejez prevista en el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, por haber cotizado m\u00e1s de 1.300 semanas y cumplir 62 a\u00f1os en 2017, la Sala accedi\u00f3 a ella. <\/p>\n
El 12 de abril del a\u00f1o que transcurre, la Sala de Descongesti\u00f3n convocada neg\u00f3 la nulidad que el actor solicit\u00f3 contra el fallo de casaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 3 de mayo siguiente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el actor, bajo la consideraci\u00f3n de que, como no era necesario decretar pruebas de oficio para dictar el fallo de instancia, en ninguna nulidad incurri\u00f3, m\u00e1xime teniendo en cuenta que el c\u00e1lculo del monto de la pensi\u00f3n se realiz\u00f3 con base en el reporte de semanas de cotizaci\u00f3n que el propio accionante alleg\u00f3 al proceso, de modo que ninguna duda exist\u00eda acerca de los factores requeridos para establecerla. <\/p>\n
La Sala record\u00f3 que, como tribunal de instancia, solamente hace uso del decreto oficioso de pruebas cuando las aportadas no son suficientes y lo considera indispensable para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, sin que la falta de utilizaci\u00f3n de esta herramienta, por s\u00ed sola, conlleve la nulidad de sus actuaciones (CSJ AL1627-2020), pues, aceptar lo planteado por el peticionario, implicar\u00eda que en todos los escenarios en que se resuelva el reconocimiento de una pensi\u00f3n se deba ordenar de oficio y autom\u00e1ticamente pruebas que ya fueron decretadas e incorporadas al plenario en la oportunidad procesal pertinente sobre hechos no discutidos ni comunicados por los interesados y, por ende, sin raz\u00f3n de duda alguna. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que a la Corte no le es posible suponer situaciones distintas a las informadas y probadas por las partes y sus apoderados judiciales, menos las que pudieren ocurrir fuera del tr\u00e1mite judicial, pues ello corresponde a los sujetos procesales, quienes, adem\u00e1s, tienen el deber de informar cualquier particularidad que llegare a afectar el resultado del proceso, de manera que, si el actor o su apoderado conocieron una situaci\u00f3n f\u00e1ctica pensional diferente a la inicial debieron actuar con lealtad procesal (art\u00edculo 49 del CPTSS) y allegar oportunamente las pruebas al conocimiento de la Corporaci\u00f3n, circunstancia que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que las decisiones censuradas, independientemente de que sean o no compartidas, no resultan arbitrarias o manifiestamente alejadas del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motivaron razonadamente y se sustentaron en las pruebas aportadas en las respectivas instancias, la normatividad y la jurisprudencia aplicable, sin que se advierta el defecto alegado, porque no se omiti\u00f3 ninguna etapa probatoria ni se dej\u00f3 de decretar una prueba obligatoria, de conformidad con la ley, pues la informaci\u00f3n incorporada al proceso era suficiente para decidir, en tanto ninguna duda exist\u00eda sobre los factores requeridos para reconocer y calcular la pensi\u00f3n de vejez reclamada, sumado al hecho de que el actor no inform\u00f3 a la Sala de conocimiento sobre la ocurrencia de alg\u00fan cambio en su situaci\u00f3n pensional, omisi\u00f3n que no puede subsanarse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que entre las decisiones controvertidas y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para ordenar que se decrete una prueba que no fue requerida en la propia instancia para decidir, siendo necesario resaltar que la sentencia de la Sala accionada se sustent\u00f3 en las reglas de la sana cr\u00edtica frente a las pruebas allegadas, por lo que la tutela es inviable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. <\/p>\n
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