STC8228-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8228-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de julio de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 el amparo solicitado por Danny John Jairo Mej\u00eda Fern\u00e1ndez en contra de los Juzgados Doce Civil del Circuito de Bucaramanga y S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bucaramanga y la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander. Al tr\u00e1mite se dispuso desvincular a Carlos David Ospina Suarez y a los dem\u00e1s intervinientes del tr\u00e1mite de radicado 2022-00306. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vida, en conexidad con el derecho a la salud. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 16 de mayo de 2022, el accionante pidi\u00f3 que se ordenara la pr\u00e1ctica de una prueba pericial extraprocesal, consistente en la valoraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de su capacidad, laboral1, pues hab\u00eda sido objeto de un accidente de tr\u00e1nsito ocasionado por Carlos David Ospina Suarez, de manera que era necesario obtener la experticia. Aclar\u00f3 que, al acudir a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bucaramanga, le informaron que la calificaci\u00f3n solo ser\u00eda realizada por orden de una autoridad judicial. <\/p>\n
2.2. El 11 de julio de 2022, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bucaramanga rechaz\u00f3 la solicitud2, porque la responsabilidad de conseguir un dictamen pericial reca\u00eda en el interesado, por lo que fuera del proceso no le correspond\u00eda al Juez colaborar para su obtenci\u00f3n. En ese sentido, consider\u00f3 que deb\u00eda acudir a la entidad y presentar la petici\u00f3n formal, para ser evaluado. <\/p>\n
2.3. El peticionario interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue decidido el 31 de marzo por el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bucaramanga, confirmando el prove\u00eddo de primera instancia3. <\/p>\n
3. Al respecto, el promotor censura que se le ha impedido, tanto por las autoridades judiciales como por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, tener conocimiento del grado de la p\u00e9rdida de su capacidad laboral. Frente a los juzgados accionados, indica que realizaron una indebida interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la prueba extraprocesal. <\/p>\n
4. Por lo anterior, pretende que se revoque el auto del 31 de marzo 2023 y, en su lugar, que el Juzgado del Circuito accionado ordene la prueba extraprocesal reclamada. En subsidio, solicita que se imponga a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander que le practique el examen de p\u00e9rdida de capacidad laboral. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y precis\u00f3 que la prueba extraprocesal pedida era improcedente, por cuanto la parte deb\u00eda aportarla con la demanda, sin que se avizorara raz\u00f3n alguna por la cual el actor no estuviera en posibilidad de hacerlo. Inform\u00f3 que, con anterioridad, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bucaramanga ya hab\u00eda resuelto, en t\u00e9rminos similares, sobre la improcedencia de esta prueba. <\/p>\n
2. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander afirm\u00f3 que, hasta la fecha, ninguna de las autoridades competentes le hab\u00eda realizado requerimiento alguno para actuar como perito en la pr\u00e1ctica del dictamen m\u00e9dico del accionante, para determinar la p\u00e9rdida de su capacidad laboral. <\/p>\n
3. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga manifest\u00f3 que el juez de tutela no es una nueva instancia y que la adversidad de la decisi\u00f3n no es fundamento para que el vencido persevere en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, toda vez que las decisiones atacadas eran razonables, porque el dictamen pericial pretendido no estaba enlistado como prueba que se pudiera pedir extraprocesalmente, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 183 a 189 del C\u00f3digo General del Proceso, aunado a que aqu\u00e9l pod\u00eda solicitar tal experticia en el juicio pertinente, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 227, 229 y 234 ibidem. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el actor pod\u00eda pedir tal valoraci\u00f3n a su empresa prestadora de los servicios de salud. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en sus pretensiones y manifest\u00f3 que no puede acceder a la valoraci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad Laboral sin que obre de una orden judicial competente, en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 2.2.5.1.52 del Decreto 1072 del 2015. Indic\u00f3 que, independientemente de que inicie o no un proceso judicial, merece conocer su estado de salud y tener clarificado el porcentaje de p\u00e9rdida de su capacidad laboral. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. Revisado el expediente, se advierte que en la providencia que zanj\u00f3 el asunto en segunda instancia, el Juzgado 12 Civil del Circuito de Bucaramanga concluy\u00f3 que el dictamen pericial no es una de las pruebas que se puede practicar anticipadamente, pues no est\u00e1 contemplada en el cap\u00edtulo del Estatuto Procesal que regula las pruebas extraprocesales. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que debe \u00abser al interior del proceso de responsabilidad civil extracontractual que planea promover (\u2026), donde solicite la pr\u00e1ctica de la experticia\u00bb, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 277 del C\u00f3digo General del Proceso, tal y como se refiri\u00f3 en la respuesta de la Junta Regional de Invalidez, en tanto indic\u00f3 que requiere de la orden del juez del proceso. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, no se encuentra que la providencia atacada fuese el producto de un razonamiento arbitrario, pues se sustent\u00f3 en las reglas previstas para las pruebas extraprocesales, en las cuales no est\u00e1 enlistado el dictamen pericial, conclusiones que, como lo indic\u00f3 esta Sala en pret\u00e9rita oportunidad, al resolver un asunto similar4, se sustentan en una motivaci\u00f3n que <\/p>\n
no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
3. De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n consistente en ordenarle la pr\u00e1ctica de la prueba discutida a la Junta de Calificaci\u00f3n Regional de Invalidez, esta Sala considera pertinente advertir que el accionante puede formular tal solicitud en el respectivo proceso de responsabilidad civil extracontractual, como se consider\u00f3 en la providencia censurada, aunado a que, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 41 de la ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 142 del Decreto Leu 019 de 20125, corresponde a COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, a las aseguradoras que asumen riesgos de invalidez y de muerta y a las entidades promotoras de salud EPS \u00abdeterminar en una primera oportunidad la p\u00e9rdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias\u00bb, por lo que el actor cuenta con otros medios para obtener la valoraci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 01DemandaAnexos.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Documento 05 AutoRechazaPrueba.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Documento 12J12CctoConfirmaAuto11Julio2022.pdf. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC3205-2021. <\/p>\n
5\u0002 Norma declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia CC C-120\/2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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