STC8247-2023 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8247-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00857-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Julieth Mart\u00ednez Quintero contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander y Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, m\u00ednimo vital, protecci\u00f3n especial a la mujer cabeza de familia, debido proceso, presunci\u00f3n de inocencia y libertad de escoger profesi\u00f3n u oficio, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas dentro del proceso de radicado 680011102000-2019-01024-00\/01. <\/p>\n
2. Ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, Yolima Gonz\u00e1lez y Rangel Gonz\u00e1lez presentaron queja en contra de la accionante. En virtud de la cual, en sentencia del 26 de mayo de 2023, la autoridad referida la declar\u00f3 disciplinariamente responsable -a t\u00edtulo doloso- por la falta del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007 y, en consecuencia, la sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por 10 meses y una multa de 5 SMLMV. Inconforme, la promotora interpuso apelaci\u00f3n; no obstante, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -en providencia del 26 de julio de 2023- modific\u00f3 el fallo de primera instancia. En su lugar: decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la \u00abactuaci\u00f3n disciplinaria respecto a la falta consagrada en el art\u00edculo 35 numeral 3\u00bb, confirm\u00f3 la responsabilidad disciplinaria de la actora por haber desconocido el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta disciplinaria del numeral 3\u00ba art\u00edculo 35 \u00abpor los motivos expuestos en la providencia\u00bb. Asimismo, redujo la sanci\u00f3n a 8 meses y la multa a 4 SMLMV. La actora se duele que las decisiones de primera y segunda instancia \u00abfueron incongruentes entre lo probado y lo decidido\u00bb por cuanto se prob\u00f3 \u00abque la consecuencia de los pagos realizados a la suscrita, pagos que se realizaron de manera voluntaria y sin ning\u00fan tipo de coacci\u00f3n, son producto del convenio suscrito [con los quejosos]\u00bb y, por ende, no constituye la falta endilgada. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que no se valoraron algunas pruebas tales como: el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito con los que eran sus poderdantes y algunos testimonios. Finalmente, indic\u00f3 que es \u00abmadre cabeza de familia\u00bb por lo que dependen econ\u00f3micamente de ella su madre y dos hijos menores de edad. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3 que se amparen los derechos invocados y se revoquen las decisiones de primera y segunda instancia. Asimismo, solicit\u00f3 que se declare \u00abla nulidad de la decisi\u00f3n tomada por la COMISI\u00d3N NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL el d\u00eda 26 de julio de 2023, en el sentido de revocar el fallo\u00bb de la seccional de Santander y \u00abexonerar[la] de responsabilidad disciplinaria\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial remiti\u00f3 el enlace del expediente digital2. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander se\u00f1al\u00f3 que ambas decisiones \u00abse elaboraron bajo una valorizaci\u00f3n pormenorizada de las pruebas\u00bb3. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine la Corte concluye que la solicitud de amparo ser\u00e1 negada en raz\u00f3n a que esta Sala -en su calidad de juez constitucional- no advierte que la decisi\u00f3n cuestionada pueda ser recibida como irrazonable. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra las decisiones de ambas instancias, lo cierto es que la proferida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial fue la que cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido por esa autoridad. <\/p>\n
2. En efecto, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial -en sentencia del 26 de julio de 20234- resolvi\u00f3 modificar el fallo de primer grado. En su lugar, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n disciplinaria frente a la falta del art\u00edculo 35 numeral 3\u00ba de la ley 1123 de 2007, confirm\u00f3 la responsabilidad de la accionante en lo atinente al deber contenido en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 28 ibidem y sobre la falta del numeral 3\u00ba art\u00edculo 35 e impuso la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por 8 meses y una multa de 4 SMLMV. Para ello, luego de hacer un recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, fij\u00f3 el reproche de la apelaci\u00f3n en que \u00abhubo error en la valoraci\u00f3n probatoria\u00bb por cuanto -en el sentir de la recurrente- no se tuvo en cuenta el contrato de prestaci\u00f3n de servicios ni los testimonios rendidos. <\/p>\n
Con base en las pruebas obrantes en el plenario5, frente al reproche sobre la valoraci\u00f3n probatoria, precis\u00f3 -en cuanto al contrato de prestaci\u00f3n de servicios6- que en efecto este fue analizado en el curso de la primera instancia y al verificar las cl\u00e1usulas se encontr\u00f3 que los \u00abhonorarios fueron pactados en un 30% del total de las pretensiones reconocidas en caso de ser favorable el fallo, y por otra parte que el cliente asum\u00eda los gastos de desplazamiento y representaci\u00f3n en audiencias\u00bb sin que \u2013a diferencia de lo afirmado por la promotora- se hayan pactado \u00abanticipos de honorarios ni de manera escrita, ni verbal\u00bb y menos un \u00abconcepto de honorarios a una suma que ascendiera al valor de NUEVE MILLONES DE PESOS aproximadamente\u00bb. Por tanto, sobre este punto, concluy\u00f3 que \u00abexiste certeza que la togada obtuvo de su cliente dinero que no correspond\u00eda al pago de honorarios pactados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb sumado a que esos dineros no fueron justificados pues \u00abconforme a los recibos aportados fueron destinados a gastos irreales, ficticios, pues en su mayor\u00eda se anot\u00f3 que era por concepto de gastos judiciales dentro del proceso referido, los cuales no fueron probados por la disciplinable\u00bb. <\/p>\n
De la versi\u00f3n libre de la gestora, advirti\u00f3 que esta misma \u00abreconoci\u00f3 haber recibido de su cliente en varias oportunidades sumas dinerarias\u00bb lo que conllev\u00f3 a que se afirmara que \u00abdicha suma de dinero constituy\u00f3 una expensa irreal cobrada por la disciplinable dentro del tr\u00e1mite procesal que se surt\u00eda a favor de los quejosos\u00bb. De tal manera que, \u00abindependientemente del monto de las expensas\u00bb la actora \u00abincurri\u00f3 en la falta endilgada\u00bb no solo por encontrarse probada la conducta \u00absino que se adecu\u00f3 el f\u00e1ctico a la normativa contenida en el art\u00edculo 35 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
En torno al reproche sobre las pruebas testimoniales, se\u00f1al\u00f3 que el a-quo consider\u00f3 que los testigos \u00abGilberto Benavides y Edgar Alfonso Mosquera Rodr\u00edguez, fueron testigos de referencia\u00bb pues \u00abno conocieron directamente nada de los hechos de la queja\u00bb. No obstante, la Comisi\u00f3n Nacional refiri\u00f3 que los testimonios rendidos por los precitados se\u00f1ores \u00abdan cuenta que efectivamente en varias ocasiones ellos le hicieron prestamos al quejoso, con destino al pago de dineros a la abogada, por montos que coinciden con los recibos que fueron aportados al plenario\u00bb por lo tanto esa prueba, tambi\u00e9n, permiti\u00f3 \u00abconcluir la responsabilidad disciplinaria de la togada\u00bb. Por lo anterior, para la autoridad cuestionada, si bien la valoraci\u00f3n de la primera instancia fue la correcta, \u00abno es cierto afirmar que los testigos fueron de referencia\u00bb toda vez que vivenciaron los hechos de \u00abmanera directa, como el pr\u00e9stamo, el destino del pr\u00e9stamos y la situaci\u00f3n que se encontraba viviendo el doliente en materia econ\u00f3mica\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la ampliaci\u00f3n de la queja por parte de los denunciantes, manifest\u00f3 que \u00abla instancia no soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el mero dicho del quejoso, sino que, las concaten\u00f3 con las pruebas documentales y las testimoniales que se practicaron el proceso, sin desconocer que la ampliaci\u00f3n de la queja fue rendida bajo gravedad de juramento\u00bb lo que dio lugar a que se diera \u00abvalor probatorio al conjunto de pruebas documentales y testimoniales\u00bb. Por \u00faltimo, destac\u00f3 que no hall\u00f3 justificada la conducta de la tutelante \u00abpues no resulta admisible que la profesional se desprenda de sus obligaciones y obtenga de su cliente dinero para gastos inexistentes, cuando ya hab\u00eda pactado que sus honorarios depend\u00edan de las resultas del mismo\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que \u00abfrente a cuatro de los f\u00e1cticos oper\u00f3 el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n\u00bb decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n disciplinaria \u00abfrente al cobro de expensas irreales realizados los d\u00edas 21 de abril de 2018, 18 de mayo de 2018, 16 de junio de 2018 y 28 de junio de 2018, quedando vigente los dem\u00e1s f\u00e1cticos\u00bb sobre los cuales se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. En el mismo sentido, consider\u00f3 \u00abtrascendente, necesaria, proporcional y razonable\u00bb reducir la sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n a 8 meses y la multa a 4 SMLMV. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable7. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Sumado a que, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c11001023000020230085700-0002Demanda.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0019Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0025Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c05 PROVIDENCIA rad. 2019-01024-01.pdf\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Correo del 28 de junio de 2021 donde el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander envi\u00f3 el expediente 2018-00031-00, copia del contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito con los quejosos, demanda radicada por la disciplinada, auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional donde inadmiti\u00f3 la demanda por yerros procesales, memorial del 11 de julio de 2018 donde la abogada subsan\u00f3 y luego se admiti\u00f3 la demanda. Tambi\u00e9n, el auto del 15 de octubre de 2018 que fij\u00f3 fecha para la celebraci\u00f3n de la audiencia del art\u00edculo 77 del CPT y SS, audiencia del 28 de enero de 2020 donde la Sala Civil-Familia del Tribunal de San Gil confirm\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
6\u0002 Suscrito por la accionante y los quejosos -el 4de mayo de 2018- con el objeto de que adelantara un proceso ordinario laboral. <\/p>\n
7\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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