STC8390-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8390-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-22-10-000-2023-00703-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 4 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Santiago D\u00e1vila Ortega contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia y la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados el Defensor de Familia adscrito al despacho accionado y el Ministerio P\u00fablico, la se\u00f1ora Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano y dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n 2023-0058. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que contrajo matrimonio con Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano el 10 de agosto de 2019 y establecieron su residencia en el apartamento 402 de la carrera 19 N\u00b0 118-75 de Bogot\u00e1 que adquirieron mediante contrato de leasing habitacional a\u00fan vigente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en marzo de 2021 se separaron de \u00ablecho\u00bb, pero continuaron compartiendo el inmueble, en habitaciones separadas, y en audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada ante el Juzgado Treinta de Familia de Bogot\u00e1 el 17 de agosto de 2022, se decret\u00f3 el divorcio y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, esta \u00faltima en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 28 de diciembre de 2022, fecha en la que su exesposa se encontraba viajando, traslad\u00f3 algunos de los muebles a su nueva residencia, hecho por el que la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal solicit\u00f3 en la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II medida de protecci\u00f3n en su contra por violencia intrafamiliar, con sustento en el \u00abingreso y trasteo de bienes de su residencia\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la autoridad administrativa resolvi\u00f3 imponer medida de protecci\u00f3n en favor de su expareja, decisi\u00f3n que, apel\u00f3 y confirm\u00f3 el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, \u00absin atender las pruebas del acusado\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 adici\u00f3n de la determinaci\u00f3n, que fue negada el 14 de junio de 2023, tras se\u00f1alar que la nulidad procesal por ausencia de la comisaria en la audiencia de juzgamiento, no fue reparo propuesto como motivo de la apelaci\u00f3n y neg\u00f3 tambi\u00e9n la aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que las autoridades que conocieron de la medida de protecci\u00f3n, incurrieron en defectos org\u00e1nico, f\u00e1ctico, sustantivo por desconocimiento del precedente y falsa motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia confirmatoria proferida por el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1 \u00abordenando una de reemplazo que resuelva la apelaci\u00f3n con observancia del vicio procesal insaneable que invalida lo actuado en la audiencia de juzgamiento y la inexistencia del supuesto de hecho o la falta de prueba de los hechos alegados, cuya correcci\u00f3n troca o cambia diametralmente el sentido del fallo condenatorio por uno absolutorio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, refiri\u00f3 que cumpli\u00f3 con sus funciones legales y Constitucionales en procura de los derechos de los se\u00f1ores Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano y Santiago D\u00e1vila Ortega en el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, en el que se garantiz\u00f3 el debido proceso a las partes e igualmente se le permiti\u00f3 el acompa\u00f1amiento de apoderado judicial y se otorg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la decisi\u00f3n proferida. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abRespecto de la afirmaci\u00f3n, mediante la cual indica que la diligencia se realiz\u00f3 por la abogada de apoyo, se evidencia a folio 22 a 27, la diligencia fue instalada, aperturada y suscrita por la Comisaria Diana P. Mart\u00ednez H. y que la abogada Roc\u00edo Rojas, acompa\u00f1\u00f3 la diligencia de acuerdo con la resoluci\u00f3n 1695 de 30 de octubre de 2015 y memorando interno 71562 de 23 de noviembre de 2015, mediante las cuales se aprob\u00f3 la ruta interna de las comisar\u00edas de Familia\u00bb. <\/p>\n
3. Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal solicit\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n, porque lo que pretende el accionante es utilizar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, a efectos de debatir situaciones que no fueron reprochadas en el tr\u00e1mite, pese a estar representado por apoderada judicial. <\/p>\n
4. El Fiscal delegado 331 de la Unidad de Violencia Intrafamiliar, indic\u00f3 que avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n penal por el delito de violencia intrafamiliar contra Santiago D\u00e1vila siendo v\u00edctima Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal, sin embargo, ante la citaci\u00f3n de la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal y su no comparecencia, el 22 de septiembre de 2022 dispuso el archivo de las diligencias por atipicidad. <\/p>\n
5. El agente del Ministerio P\u00fablico para Comisar\u00edas de Familia de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, luego de referir las actuaciones adelantadas por las autoridades accionadas, se\u00f1al\u00f3 que las partes tuvieron la oportunidad de comparecer al tr\u00e1mite y participar en el mismo, y contra la decisi\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda de Familia, la parte pasiva interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n propuesta, ante la inexistencia de los defectos alegados por el accionante en la providencia proferida por el Juzgado accionado el 28 de abril de 2023 que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con miras a adoptar una determinaci\u00f3n que salvaguarde sus derechos fundamentales, porque la decisi\u00f3n cuestionada est\u00e1 soportada en argumentos que atienden las claras reglas de razonabilidad jur\u00eddica y obedecen a la labor interpretativa propia de esa clase de asuntos, la que no advirti\u00f3 caprichosa o antojadiza, por lo que consider\u00f3 inviable acceder a la protecci\u00f3n pretendida, pues seg\u00fan lo tiene decantado la jurisprudencia, el presente mecanismo constitucional \u00abno est\u00e1 instituido para realizar una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el peticionario solicit\u00f3 su revocatoria argumentando que el fallador \u00abse qued\u00f3 corto\u00bb en el estudio de fondo de los motivos alegados como vulneraci\u00f3n al debido proceso, y reiter\u00f3 la existencia de v\u00edas de hecho \u00abpor falta de juez natural, falta de adecuaci\u00f3n del caso a la regla, indebida valoraci\u00f3n probatoria de la declaraci\u00f3n de parte como supuesta confesi\u00f3n, falta de aplicaci\u00f3n de los precedentes judiciales y falsa motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que en la sentencia impugnada no se advierte que el Tribunal a quo se hubiera detenido a revisar lo relativo al defecto org\u00e1nico alegado como causal de nulidad insaneable, ni existe rastro o referencia alguna a la falta de prueba de la violencia sicol\u00f3gica o la indebida valoraci\u00f3n probatoria de la supuesta confesi\u00f3n, y menos aparece comentario en relaci\u00f3n a las precisiones de la Corte Constitucional sobre lo que debe entenderse por violencia sicol\u00f3gica, tampoco se encuentra menci\u00f3n alguna a las normas jur\u00eddicas que definen el da\u00f1o sicol\u00f3gico y a las normas que reglamentan las medidas de protecci\u00f3n, la inexistencia de dictamen sicol\u00f3gico por parte de profesional adscrito a la comisar\u00eda y, en fin, \u00abla imposici\u00f3n de una medida de protecci\u00f3n simplemente porque a las autoridades les pareci\u00f3 que el ingreso a la residencia y el traslado parcial de bienes que hizo el (ex)c\u00f3nyuge es constitutivo de da\u00f1o sicol\u00f3gico o violencia sicol\u00f3gica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, corresponde establecer, si el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, al momento de resolver el 28 de abril de 2023 la apelaci\u00f3n formulada contra la decisi\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n II el 16 de enero de 2023, en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar promovida por Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano, vulner\u00f3 el derecho fundamental que invoc\u00f3 el accionante Santiago D\u00e1vila Ortega. <\/p>\n
3. Sea lo primero indicar que en el plano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se\u00f1alado, que la vulneraci\u00f3n del derecho a la integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gica \u00abes una clase de violaci\u00f3n que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vej\u00e1menes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas f\u00edsicas y ps\u00edquicas var\u00edan de intensidad seg\u00fan los factores end\u00f3genos y ex\u00f3genos que deber\u00e1n ser demostrados en cada situaci\u00f3n\u00bb (Caso Loayza Tamayo Vs. Per\u00fa 1997)1. <\/p>\n
Ahora bien, la violencia contra la mujer es un fen\u00f3meno que suele estar relacionado con diversas causas sociales, culturales, econ\u00f3micas, religiosas, \u00e9tnicas, hist\u00f3ricas y pol\u00edticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la dignidad humana y que afecta los derechos de un n\u00famero gravemente significativo de seres humanos. As\u00ed se ha identificado que, la violencia contra la mujer es una manifestaci\u00f3n de las relaciones de poder hist\u00f3ricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conduce a perpetuar la discriminaci\u00f3n contra esta y obstaculizar su pleno desarrollo. <\/p>\n
Por lo que, desde la ciencia jur\u00eddica, se ha avanzado en la consagraci\u00f3n normativa de la protecci\u00f3n a la mujer v\u00edctima de violencia, tema que ha sido desarrollado a partir de herramientas, a nivel internacional, como en el ordenamiento jur\u00eddico interno, encontrando que los tratados de mayor relevancia son, la Declaraci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n contra la mujer (CEDAW 1981), la declaraci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de la violencia en contra de la mujer (1993), la Cuarta Conferencia mundial sobre la Mujer (Beijing. 1995) y la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1 (1995). <\/p>\n
Es as\u00ed como, el art\u00edculo 1\u00ba de la Declaraci\u00f3n de la ONU sobre eliminaci\u00f3n de la violencia (1993), se\u00f1ala que por esta \u00abse entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado, un da\u00f1o o sufrimiento f\u00edsico, sexual o sicol\u00f3gico para la mujer, as\u00ed como las amenazas de tales actos, la coacci\u00f3n o la privaci\u00f3n arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida p\u00fablica como en la privada\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la violencia contra la mujer no debe entenderse \u00fanicamente desde el \u00e1mbito f\u00edsico o sexual, sino tambi\u00e9n psicol\u00f3gico, tanto en el entorno p\u00fablico como privado, o \u00abque tenga lugar dentro de la familia o unidad dom\u00e9stica o en cualquier otra relaci\u00f3n interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violaci\u00f3n, maltrato y abuso sexual\u00bb.2 <\/p>\n
Autores como Estupi\u00f1\u00e1n y Labrador (2006, citados por Mayorga 2008), definen la violencia dom\u00e9stica como \u00abun patr\u00f3n de conductas abusivas que incluye un amplio rango de maltrato f\u00edsico, sexual y psicol\u00f3gico, usado por una persona en una relaci\u00f3n \u00edntima contra otra, para ganar poder o para mantener el abuso de poder, control o autoridad sobre esa persona\u00bb. <\/p>\n
Igualmente se advierte que, en mayor medida, la violencia ejercida sobre la mujer es perpetrada por su pareja o expareja, convirtiendo al hogar en un lugar de riesgo para ella, tanto por su superioridad f\u00edsica, subyugaci\u00f3n o impunidad de las agresiones en el seno de la familia3, y porque se convierte en el modelo de aprendizaje de los hijos. <\/p>\n
Y es que la violencia de la mujer en el contexto del hogar tiene diferentes formas de presentaci\u00f3n, es decir existe i) violencia f\u00edsica, ii) sexual, iii) patrimonial y econ\u00f3mica y, iv) psicol\u00f3gica, siendo esta \u00faltima en la que, por medio de insultos, expresiones peyorativas, insinuaciones, asedio, intimidaci\u00f3n, expresiones burlonas, provocaciones de miedo, entre otras, el hombre busca tener el control de la mujer. <\/p>\n
4. Descendiendo al caso concreto se observa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada y, por ende, la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado, al advertir la Sala que, con la decisi\u00f3n censurada, no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4.1 Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el estudio de las pruebas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, se encuentra que en la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II de Bogot\u00e1, se adelant\u00f3 medida de protecci\u00f3n solicitada por la se\u00f1ora Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano contra su exc\u00f3nyuge Santiago D\u00e1vila Ortega, por presuntas conductas de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
4.2 La autoridad administrativa, en audiencia de 16 de enero de 2023, luego de escuchar a las partes, resolvi\u00f3 otorgar medida de protecci\u00f3n definitiva en favor de la v\u00edctima consistente en, <\/p>\n
4.3 Frente a esta decisi\u00f3n, el se\u00f1or D\u00e1vila Ortega formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n del que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, y mediante sentencia de 28 de abril de 2023 resolvi\u00f3 confirmarla. <\/p>\n
Para decidir de esa forma, hizo alusi\u00f3n, a la protecci\u00f3n y erradicaci\u00f3n de cualquier conducta constitutiva de violencia intrafamiliar que directa o indirectamente vulnere los derechos de quienes componen la familia, as\u00ed como a la ley 294 de 1996 y la sentencia de la Corte Constitucional C-059 de 2005, de la que extrajo \u00abEn punto a la delimitaci\u00f3n de las conductas que recaen en la \u00f3rbita de competencia de esta acci\u00f3n, la Corte Constitucional compendi\u00f3 las mencionadas por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 294 de 1996 se\u00f1alando: \u201cPor violencia intrafamiliar puede entenderse todo da\u00f1o o maltrato f\u00edsico, ps\u00edquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n, producida entre miembros de una familia, ll\u00e1mese c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de \u00e9stos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad dom\u00e9stica\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 los reparos concretos elevados por el accionante en su escrito de apelaci\u00f3n que se circunscribieron a lo siguiente, i) inconformismo con el procedimiento teniendo en cuenta la intervenci\u00f3n de diferentes funcionarios en el trascurso del tr\u00e1mite, lo que ocasion\u00f3 confusiones en la motivaci\u00f3n del fallo, ii) omisi\u00f3n de la funcionaria de adelantar la etapa probatoria y, iii) no se cumplen las caracter\u00edsticas de violencia patrimonial que establece la ley 1257 de 2008, los que resolvi\u00f3 el Juzgado accionado de la siguiente manera, <\/p>\n
Frente al primero de ellos, explic\u00f3 que el cambio de funcionario o juez en el transcurso de un procedimiento administrativo o judicial, seg\u00fan sea el caso, no hace parte de las garant\u00edas al debido proceso, como lo alega la parte apelante. <\/p>\n
Sobre la etapa probatoria, adujo que, en efecto la Comisar\u00eda de Familia prescindi\u00f3 de la misma, en atenci\u00f3n a que las manifestaciones de las partes, le permitieron llegar al pleno convencimiento de la ocurrencia de los hechos denunciados, haci\u00e9ndose innecesario introducir m\u00e1s pruebas, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 22 de la ley 2591 de 1991. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la violencia econ\u00f3mica, el Juzgado accionado expuso que tal situaci\u00f3n no fue abordada por la Comisar\u00eda de Familia de conocimiento, porque lo denunciado fue el maltrato psicol\u00f3gico, y en relaci\u00f3n con el mismo, se detuvo el Juez, e indic\u00f3 que la se\u00f1ora Sandra Lorena fue v\u00edctima de violencia psicol\u00f3gica por parte de su excompa\u00f1ero, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3, luego de recordar lo manifestado por las partes en el tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en la denuncia realizada por la v\u00edctima, inform\u00f3 que el 28 de diciembre de 2022 se encontraba fuera de Bogot\u00e1, momento en el que su expareja ingres\u00f3 al apartamento donde ella vive y se llev\u00f3 varios muebles, tales como la cama matrimonial, lavadora, secadora, dos televisores, tapetes, obras de arte, el escritorio, las sillas, algunas cosas de la cocina, documentos como las escrituras de los inmuebles y arranc\u00f3 las c\u00e1maras de seguridad del apartamento. <\/p>\n
En la denuncia, agreg\u00f3 \u00ab(\u2026) El d\u00eda 29 de diciembre de 2022 el se\u00f1or Santiago regres\u00f3, pero este d\u00eda ya no hab\u00eda nadie en el apartamento y no s\u00e9 si sac\u00f3 algo m\u00e1s del apartamento. El 28 de diciembre de 2022 me llama la administradora del edificio y me dice que Santiago estaba con un cami\u00f3n sacando las cosas del apartamento (\u2026) El 31 de diciembre de 2022 me regreso y encuentro el apartamento con espacios vac\u00edos. El d\u00eda de ayer 02 de enero de 2023 encend\u00ed mi computador y me di cuenta que hab\u00edan borrado todos los archivos de mi computador que pertenecen a los documentos del divorcio y la carpeta de los documentos que ten\u00eda de Santiago, as\u00ed mismo encontr\u00e9 un vaso encima del mes\u00f3n y este no lo hab\u00eda dejado, cada vez que Santiago va a mi casa deja un vaso como diciendo que \u00e9l estuvo all\u00ed (\u2026) estoy segura que Santiago estuvo ayer en mi apartamento porque encontr\u00e9 el vaso y no estaban unos dulces que yo ten\u00eda. Desde que Santiago se fue del apartamento siempre ingresa sin mi autorizaci\u00f3n, ni me informa cuando va, desde hace 5 meses ingresa cuando yo no estoy\u00bb. <\/p>\n
Argumentos que fueron aceptados por el accionante en sus descargos al indicar \u00ab(\u2026) el d\u00eda 28 de diciembre de 2022 remit\u00ed al correo de la administraci\u00f3n del edificio (\u2026) manifest\u00e1ndole que en mi calidad de propietario del apartamento 504 realizar\u00eda movimiento de varios muebles o enseres de mi propiedad (\u2026.) le inform\u00e9 que iba a retirar unos bienes y enseres el mismo el 28 de diciembre del 2022 (\u2026) se encontraba en el apartamento la se\u00f1ora Sonia quien es una persona de confianza de la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal (\u2026) hace m\u00e1s de un a\u00f1o no duermo en el inmueble no hago uso de ning\u00fan elemento del inmueble como lavadoras ni secadoras por respeto a ella misma, no (he) tenido un trato personal con la se\u00f1ora Sandra hace m\u00e1s de un a\u00f1o como tampoco en el per\u00edodo que ella se\u00f1ala hasta el d\u00eda de hoy vengo a (verla) f\u00edsicamente (\u2026) quiero referir al despacho que el d\u00eda 29 de diciembre de 2022 ingres\u00e9 al apartamento a realizar un video el cual fue aportado a la administraci\u00f3n dejando constancia de todos los enseres que quedaban en el apartamento ya que despu\u00e9s de un a\u00f1o (vine) a sacar mi cama adquirida antes del matrimonio, un escritorio, una silla, la lavadora, secadora, el televisor de mi estudio y el televisor del cuarto de hu\u00e9spedes donde yo dorm\u00eda hace m\u00e1s de un a\u00f1o (\u2026) siempre puede verse en las minutas cuando ingreso al edificio que pregunto si ella est\u00e1, como ella lo dice porque no quiero encontrarme con la sorpresa conociendo su temperamento puede tomar alguna acci\u00f3n contra m\u00ed (\u2026) jam\u00e1s en este a\u00f1o o en el \u00faltimo a\u00f1o ha se\u00f1alado un inconformismo verbal o escrito o prohibici\u00f3n a la administraci\u00f3n del ingreso a mi propiedad (\u2026) es de aclarar que para el ingreso al inmueble no tengo que pedir permiso a la administraci\u00f3n o a la otra propietaria (\u2026) es de aclarar que con la se\u00f1ora Sandra no tengo conversaci\u00f3n ni v\u00eda chat ni personal desde hace m\u00e1s de 6 meses toda vez que incluso la tengo bloqueada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Actuaciones que llevaron al Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, a concluir la existencia de violencia psicol\u00f3gica ejercida contra la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal Merlano, pues si bien, el accionante tambi\u00e9n es due\u00f1o del apartamento en donde reside la v\u00edctima, lo cierto es que, no le da derecho a ingresar al inmueble en el que no reside desde hace seis meses sin autorizaci\u00f3n, tal como lo manifest\u00f3 en su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la conducta de D\u00e1vila Ortega de ingresar al lugar de residencia de la se\u00f1ora Sandra Lorena Aristiz\u00e1bal Merlano sin su autorizaci\u00f3n, constituye sin lugar a dudas maltrato psicol\u00f3gico en su contra, pues si bien el inmueble es de propiedad de ambos, desde el momento en que el accionante dej\u00f3 de habitar en \u00e9l, se convirti\u00f3 en el espacio privado exclusivo de la se\u00f1ora Sandra, que en t\u00e9rminos de la Corte Constitucional, en referencia al derecho a la intimidad en espacios f\u00edsicos, \u00abEl espacio privado se caracteriza por ser el lugar en el que las personas desarrollan su personalidad y ejercen su intimidad de manera libre en un \u00e1mbito inalienable, inviolable y reservado. La residencia es el lugar de mayor privacidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, insisti\u00f3 en que, independientemente que los bienes extra\u00eddos por el accionante del lugar de residencia de su exc\u00f3nyuge sean propios o de la sociedad conyugal, y que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal Merlano sea mejor que la del accionante, la violencia psicol\u00f3gica ejercida por el accionado se materializ\u00f3 en el momento en que ingres\u00f3 sin autorizaci\u00f3n al lugar de residencia de la denunciante y se llev\u00f3 los 13 elementos que se encontraban all\u00ed, vulnerando su derecho fundamental a la intimidad y a vivir en un entorno de paz, libre de agresiones. <\/p>\n
5. Ante el recuento realizado, es evidente que el Juzgado de Familia accionado no incurri\u00f3 en los defectos tra\u00eddos en sede de impugnaci\u00f3n, pues la providencia indica razonabilidad frente a las declaraciones que reposan en la medida de protecci\u00f3n, las normas y pronunciamientos jurisprudenciales en cuanto a las caracter\u00edsticas de la violencia contra la mujer, bajo la tipolog\u00eda de violencia psicol\u00f3gica. <\/p>\n
Frente a este tema, la Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abAhora, frente a los argumentos expuestos por la recurrente, se pone de presente que la Ley 1257 de 2008 define el da\u00f1o psicol\u00f3gico como aquella consecuencia proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidaci\u00f3n, manipulaci\u00f3n, amenaza, directa o indirecta, humillaci\u00f3n, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicol\u00f3gica, la autodeterminaci\u00f3n o el desarrollo personal. Ello obliga a los jueces encargados de estudiar la comisi\u00f3n de estas conductas, a efectuar una revisi\u00f3n exhaustiva de los medios probatorios recaudados. <\/p>\n
Ahora, no puede pasarse por alto que la violencia psicol\u00f3gica constituye una de las formas de maltrato que, al no ser tan visible como lo es el caso del maltrato f\u00edsico, suele pasar inadvertida a los ojos de terceros y, en ocasiones, incluso por la propia v\u00edctima. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, resulta reprochable que los funcionarios judiciales desestimen el m\u00e9rito probatorio de los medios demostrativos allegados por quienes denuncian este tipo de agravios, pues con ello no solo se incurre en un exceso ritual manifiesto sino tambi\u00e9n en una forma de violencia institucional que, incluso, puede someter a las presuntas v\u00edctimas a una eventual victimizaci\u00f3n secundaria. (CSJ. STC9739-2021) <\/p>\n
Y es que contrario a lo expuesto por el impugnante, en la sentencia objetada se abordaron cada uno de los reclamos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso, contrario es, que no est\u00e9 conforme con la decisi\u00f3n proferida. <\/p>\n
Por lo anterior, la postura adoptada por el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el amparo, y mucho menos derivar una vulneraci\u00f3n iusfundamental al aqu\u00ed peticionario, como de manera reiterada ha sostenido la Sala que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ. STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535- 2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00, STC5391-2023). <\/p>\n
6. Finalmente, se recuerda que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para obtener la revocatoria de las medidas de protecci\u00f3n, en tanto que, la Ley 294 de 1996 establece en su art\u00edculo 18 \u00abEn cualquier momento, las partes interesadas, el Ministerio P\u00fablico, el Defensor de Familia, demostrando plenamente que se han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas de protecci\u00f3n interpuestas, podr\u00e1n pedir al funcionario que expidi\u00f3 las ordenes la terminaci\u00f3n de los efectos de las declaraciones hechas y la terminaci\u00f3n de las medidas ordenadas\u00bb. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n