STC8391-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8391-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01220-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de junio de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cecilia Agudelo de Garc\u00eda contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la misma localidad E.S.P., y Luz Gloria Paipa Loaiza, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00337. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abm\u00ednimo vital [y] (\u2026) de las personas de la tercera edad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luz Gloria Paipa Loaiza promovi\u00f3 ordinario laboral contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 E.S.P., en procura del reconocimiento del \u00abdel 100% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb con ocasi\u00f3n del deceso de su \u00abcompa\u00f1ero permanente\u00bb Gabriel Garc\u00eda Ca\u00f1\u00f3n (q.e.p.d.) a quien se le hab\u00eda reconocido la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abResoluci\u00f3n 0002 del 12 de enero de 1995\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de esta ciudad, quien vincul\u00f3 \u00abcomo interviniente ad excludendum\u00bb a Cecilia Agudelo de Garc\u00eda3 \u00abesposa del causante\u00bb. Luego, accedi\u00f3 a lo pretendido por la primera. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad revoc\u00f3 parcialmente lo fallado por el a quo y, en su lugar, concedi\u00f3 el 100% del beneficio a la aqu\u00ed gestora, pues advirti\u00f3 que \u00abse encontraba establecida la calidad de ex c\u00f3nyuge de Cecilia Agudelo, condici\u00f3n que (\u2026) le permit\u00eda acceder al reconocimiento del derecho pensional en cualquier tiempo; toda vez que quedaron establecidos los lazos de afecto propios de una familia con posterioridad a su separaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la all\u00ed demandante Paipa Loaiza recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, infirm\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que: (i) no se mantuvo vigente el v\u00ednculo matrimonial del causante con la accionante; y (ii) \u00abdocumentalmente hablando hay prueba de la uni\u00f3n marital de hecho desde [septiembre de 2009]\u00bb; en ese orden, en sede de instancia confirm\u00f3 lo dispuesto por el estrado de primer grado, modificando \u00fanicamente el monto del retroactivo. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico puesto que \u00abdesvalor\u00f3\u00bb las pruebas que demostraban que \u00abdespu\u00e9s de la sentencia de divorcio, sigui\u00f3 el v\u00ednculo econ\u00f3mico y afectivo, a parte de la relaci\u00f3n despu\u00e9s de 5 a\u00f1os, ya que se comportaron como esposos luego del divorcio y hasta el fallecimiento del pensionado fallecido\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno advi[rti\u00f3] que las condiciones particulares del caso implicaban un ejercicio hermen\u00e9utico muy distinto al realizado, cuyo an\u00e1lisis debi\u00f3 centrarse en el \u00e1nimo de convivencia de la Se\u00f1ora CECILIA AGUDELO con el causante, que nunca se rompi\u00f3 a pesar de no conservar el t\u00edtulo de c\u00f3nyuge y ser v\u00edctima de violencia de g\u00e9nero\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se conceda la aludida prestaci\u00f3n \u00aben la proporci\u00f3n correspondiente al tiempo convivido con el [causante]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00absi la accionante no comparte las decisiones de la Sala (\u2026) no es ninguna raz\u00f3n valedera para hacer uso del amparo constitucional, pues el citado mecanismo no es una instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de volver a reexaminar las pruebas, revivir controversias ya concluidas, con sentencia en firme y con efectos de cosa juzgada, que es lo que se pretende en este asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que \u00aben lo que ata\u00f1e a las actuaciones surtidas en primera instancia, no ha existido vulneraci\u00f3n alguna a las prerrogativas fundamentales de la promotora del asunto, dado que la decisi\u00f3n asumida por esta sede judicial se realiz\u00f3 en concordancia y conforme el an\u00e1lisis del acervo probatorio allegado al plenario y de acuerdo al precedente jurisprudencial vigente\u00bb. <\/p>\n
3. Luz Gloria Paipa Loaiza se\u00f1al\u00f3 \u00abla orfandad de acreditaci\u00f3n del defecto factico (\u2026) toda vez que no exterioriz\u00f3: 1.- Cuales pruebas debidamente allegadas no fueron valoradas; 2.- Cuales pruebas valoradas debi\u00f3 haber desconocido y\/o no valorado\u00bb. <\/p>\n
4. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad E.S.P., precis\u00f3 que \u00abno existe vulneraci\u00f3n ni amenaza a derecho fundamental alguno. El proceso laboral cuestionado, se surti\u00f3 con todos y cada uno de los requisitos legales sustanciales y procesales para ello, sin existir de ning\u00fan modo causal de procedencia de acci\u00f3n de tutela frente a lo prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00aben el hipot\u00e9tico caso de admitirse la procedencia del amparo, es claro que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n respecto de eventuales mesadas, en raz\u00f3n del lapso de tiempo transcurrido desde el momento que se hizo exigible el supuesto derecho del accionante, la interposici\u00f3n de la demanda y la fecha en que se inici\u00f3 el presente tr\u00e1mite de amparo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abresulta desacertado se\u00f1alar que el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral comprometi\u00f3 los derechos fundamentales de Cecilia Agudelo de Garc\u00eda, pues, (\u2026) con argumentos claros y con la debida aplicaci\u00f3n de la norma que rige el asunto y la jurisprudencia emitida sobre el particular, adopt\u00f3 la decisi\u00f3n ya aludida, lo cual, por s\u00ed solo, no genera alg\u00fan defecto con la entidad suficiente para ser derruida por este accionamiento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abel Tribunal, contrario a lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, s\u00ed le dio validez a las pruebas testimoniales presentadas por la se\u00f1ora BLANCA STELLA NI\u00d1O y MARIA ELVIRA GARCIA CA\u00d1ON, en donde la hermana del causante se\u00f1alo que despu\u00e9s de la separaci\u00f3n con la se\u00f1ora CECILIA AGUDELO se segu\u00edan apoyando mutuamente, hasta el punto en el que la se\u00f1ora CECILIA AGUDELO estuvo pendiente en la \u00faltima hospitalizaci\u00f3n de su c\u00f3nyuge que se present\u00f3 en la Cl\u00ednica Shaio. Haciendo un an\u00e1lisis en conjunto de los medios de prueba aportados y practicados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral en el que la aqu\u00ed gestora actu\u00f3 \u00abcomo interviniente ad excludendum\u00bb (SL911-2023, 3 may.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que no se mantuvo vigente el v\u00ednculo matrimonial del causante con la accionante y que \u00abdocumentalmente hablando hay prueba de la uni\u00f3n marital de hecho [con la se\u00f1ora Paipa Loaiza] desde [septiembre de 2009]\u00bb; y, (ii) en sede de instancia, confirm\u00f3 la providencia de primer grado, modificando \u00fanicamente el valor del retroactivo, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados: <\/p>\n
(i) Por la v\u00eda indirecta \u00aben la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida de los (\u2026) art\u00edculos: [\u2026] 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 -\u00e9ste \u00faltimo que modific\u00f3 el art\u00edculo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993-; Art\u00edculos 4, 5, 13, 42, 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; Art\u00edculos 113, 152, 154, 160 y 176 del C\u00f3digo Civil; Art\u00edculos 1 y 4 de la Ley 54 de 1990; Art\u00edculo 2 de la ley 979 de 2005; Art\u00edculos 60 y 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Art\u00edculos 244, 245 y 246 del C\u00f3digo General del Proceso; Sentencias de la Sala Laboral del \u00f3rgano de cierre SL 5169 -radicaci\u00f3n n\u00famero 79539- de noviembre 27 de 2019, SL 1399 -radicaci\u00f3n n\u00famero 45.779- de abril 28 de 2018; Sentencias de Constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional n\u00fameros 533 de 2000 -reiterada en sentencia C-700 de 2013-, 131 de noviembre 28 de 2018; y Sentencia de Unificaci\u00f3n n\u00famero 617 de agosto 28 de 2014, expedida por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
(ii) Por la senda directa \u00aben la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las siguientes normas Art\u00edculos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 -este \u00faltimo que modific\u00f3 el art\u00edculo 47 y 74 de la Ley 100 de 1993-; Art\u00edculos 4, 5,13, 42, 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional; Art\u00edculos 113, 152, 154, 160 y 176 del C\u00f3digo Civil; Art\u00edculos 1 y 4 de la Ley 54 de 1990; Art\u00edculo 2 de la ley 979 de 2005; las sentencias de la Sala Laboral del \u00f3rgano de cierre SL 5169 -radicaci\u00f3n n\u00famero 79539- de noviembre 27 de 2019, SL 1399 -radicaci\u00f3n n\u00famero 45.779- de abril 28 de 2018; y las Sentencias de Constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional n\u00fameros 533 de 2000, reiterada en sentencia C-700 de 2013\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[N]o son objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos establecidos por el Tribunal: i) que Gabriel Garc\u00eda Ca\u00f1\u00f3n y Cecilia Agudelo contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 19 de julio de 1964; ii) que mediante acuerdo aprobado por autoridad judicial el 19 de mayo de 2011, se divorciaron y se declar\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico; iii) que la empresa demandada el 12 de enero de 1995 le otorg\u00f3 pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al referido Garc\u00eda Ca\u00f1\u00f3n; iv) que \u00e9ste falleci\u00f3 el 24 de septiembre de 2016; y v) que para la calenda del deceso del pensionado, Cecilia Agudelo ya no ostentaba la calidad de c\u00f3nyugey que no solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n al Ministerio del Trabajo para despedirla\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, indic\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consiste en \u00abi) si el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que a la interviniente ad excludendum Cecilia Agudelo le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (\u2026) y ii) si el juez plural err\u00f3 al colegir que, pese a que se acredit\u00f3 que entre el pensionado y la compa\u00f1era Luz Gloria Paipa Loaiza existi\u00f3 una relaci\u00f3n de car\u00e1cter afectivo de acompa\u00f1amiento y ayuda mutua, (\u2026) esa relaci\u00f3n de cohabitaci\u00f3n (\u2026) no acredit\u00f3 los cinco a\u00f1os de vida marital\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la primera premisa, se\u00f1al\u00f3 que la norma que rige el asunto, de conformidad con la fecha del deceso del causante, es el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el precepto 13 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Luego, con apoyo de lo resuelto en las providencias SL1399-2018, 25 abr., y SL4047-2019, 22 may., destac\u00f3 que \u00abesta corporaci\u00f3n tiene dicho que para que la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite pueda ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es preciso que el v\u00ednculo matrimonial se encuentre vigente, es decir, que no haya habido divorcio\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
As\u00ed, estableci\u00f3 que \u00abcomo en el sub judice Cecilia Agudelo se divorci\u00f3 del pensionado el 19 de mayo de 2011, perdi\u00f3 cualquier posibilidad de ser acreedora de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la muerte de su ex esposo ocurrida el 24 de septiembre 2016, por ende, el Tribunal se equivoc\u00f3 al considerar que, como luego del divorcio le sigui\u00f3 ayudando econ\u00f3micamente y se mantuvo vinculada en la EPS Compensar, siguieron vigentes los lazos de solidaridad y afecto, lo que la hac\u00eda beneficiaria del derecho pensional reclamado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00absi la ex c\u00f3nyuge del pensionado pretend\u00eda obtener la pensi\u00f3n de sobrevivientes ten\u00eda la carga de probar que luego del divorcio volvi\u00f3 a convivir con el causante como compa\u00f1eros permanentes durante cinco a\u00f1os anteriores a la muerte y era ese el supuesto f\u00e1ctico que deb\u00eda verificar el colegiado para poder otorgar el derecho reclamando. Sin embargo, ello no aconteci\u00f3, porque se itera, ella simplemente afirm\u00f3 que despu\u00e9s de dicho divorcio su ex esposo le sigui\u00f3 colaborando econ\u00f3micamente\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 estudiando si Luz Gloria Paipa Loaiza acredit\u00f3 los cinco a\u00f1os de convivencia exigidos y, para ello, realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n que se denunciaron como \u00abvalorados con error\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u00absi bien es cierto la (\u2026) escritura p\u00fablica se suscribi\u00f3 al 8 de abril de 2015, tambi\u00e9n lo es que, el objeto de la misma fue declarar que, para todos los efectos civiles, entre Gabriel Garc\u00eda Ca\u00f1\u00f3n y Luz Gloria Paipa Loaiza exist\u00eda una uni\u00f3n marital de hecho desde el 1 de septiembre de 2009\u00bb. De esta manera cas\u00f3 el fallo del ad quem. <\/p>\n
En sede de instancia, dirimi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra la determinaci\u00f3n de primer grado, y, para ello, se remiti\u00f3 a lo previamente esbozado sobre las pruebas denunciadas y razon\u00f3 que \u00abno cabe duda alguna que el causante y la demandante Luz Gloria Paipa Loaiza tuvieron una relaci\u00f3n marital de hecho desde el 1 de septiembre de 2009 hasta la fecha de la muerte de aqu\u00e9l, la cual se caracteriz\u00f3 por la solidaridad y ayuda mutua con vocaci\u00f3n de permanencia, que lejos estaba de tratarse de una relaci\u00f3n comercial como asegura la empresa demandada\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, record\u00f3 que \u00abla Sala no advierte que los testigos corroboren la supuesta relaci\u00f3n de pareja entre la interviniente ad excludendum y el pensionado; por el contrario, lo que se colige de tales afirmaciones es que una vez divorciados se rompi\u00f3 cualquier v\u00ednculo afectivo entre ellos, al punto que cuando estuvo hospitalizado antes de su muerte ella ni siquiera lo visit\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00absi bien es cierto, la interviniente ad excludendum en el escrito de su demanda inicial sostuvo que se separ\u00f3 y divorci\u00f3 \u00abdebido al maltrato f\u00edsico, psicol\u00f3gico y violencia intrafamiliar que ejerc\u00eda el se\u00f1or GABRIEL GARC\u00cdA CA\u00d1\u00d3N\u00bb, en el transcurso del proceso no alleg\u00f3 ninguna prueba que acreditara tal afirmaci\u00f3n para que esta circunstancia se hubiera estudiado o tenido en cuenta de alguna manera; adem\u00e1s que ello resulta contradictorio con lo tambi\u00e9n expresado por \u00e9sta, en el sentido de que pese al divorcio se siguieron tratando como pareja hasta la fecha de fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, confirm\u00f3 lo dispuesto por el a quo, modificando \u00fanicamente el monto correspondiente al retroactivo pensional. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la \u00abigualdad\u00bb y los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 8 de agosto de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Quien, a su vez, formul\u00f3 demanda contra la ex empleadora y Luz Gloria Paipa. <\/p>\n
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STC8391-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8391-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01220-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}