STC8393-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8393-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03064-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Botero Carrera contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso verbal de simulaci\u00f3n n\u00ba 2019-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, mediante escritura p\u00fablica 002 del 3 de enero de 2005 otorg\u00f3 poder general a sus padres, Bibiana Carrera de Botero, Ricardo Botero Maya y a su hermana Mar\u00eda Bibiana Botero Carrera. <\/p>\n
Relata que, junto con sus dos hermanos (Mar\u00eda Bibiana y Ricardo Andr\u00e9s Botero Carrera) adquirieron los derechos en com\u00fan y proindiviso de varios inmuebles (apartamento con dos parqueaderos) en el conjunto residencial \u00abMontevideo\u00bb en la ciudad de Medell\u00edn, correspondiendo a cada uno un porcentaje del 33.33%. <\/p>\n
Sin embargo, tras el fallecimiento de su padre Ricardo Botero Maya; su madre, Bibiana Carrera, haciendo uso del poder general conferido, le vendi\u00f3 a su hermana Mar\u00eda Bibiana la cuota que a \u00e9l le correspond\u00eda del mencionado bien, compraventa que se hizo sin su consentimiento. <\/p>\n
Por lo anterior, promovi\u00f3 contra su madre y hermana demanda declarativa de simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa referido. <\/p>\n
El asunto, que tramit\u00f3 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn (rad. 20109-00026), culmin\u00f3 el 14 de febrero de 2022 con sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Civil del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con fallo del 31 de enero de 2023. <\/p>\n
Dirige sus cuestionamientos contra las sentencias de instancia, en especial, la del ad quem, la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
Sostiene que el tribunal cometi\u00f3 \u00abinnumerables errores probatorios y de valoraci\u00f3n probatoria para sostener de forma indefensable que s\u00ed hubo contrato de venta, a pesar de que qued\u00f3 probado claramente, que no hubo venta. No hubo acuerdo de voluntades sobre la cosa y precio y la escritura se convirti\u00f3 en un instrumento con declaraciones mentirosas para lograr que el apartamento apareciera a nombre de quien la apoderada quer\u00eda o cre\u00eda que era justo\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, entre su progenitora y hermana no existi\u00f3 ning\u00fan contrato de compraventa, lo que fue demostrado en el proceso, inclusive con la declaraci\u00f3n de su hermano Ricardo Botero quien aclar\u00f3 que, era \u00e9l quien pagaba la cuota de un cr\u00e9dito que se adquiri\u00f3 para la compra inicial del bien, y no su hermana Mar\u00eda Bibiana. <\/p>\n
Arguye que, aunque el tribunal en el fallo indic\u00f3 que no se comprob\u00f3 una \u00abintensi\u00f3n manifiesta de enga\u00f1o\u00bb por parte de las demandadas, dicha afirmaci\u00f3n no la motiv\u00f3, \u00abpues no hay una sola consideraci\u00f3n, an\u00e1lisis o examen sobre ese asunto en particular\u00bb. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n con la responsabilidad contractual de la mandataria, por actuar sin consultarlo y fingir un negocio de compraventa, el tribunal dijo que no se hab\u00eda probado el incumplimiento por parte de aquella, \u00abcuando fue todo lo contrario, pues qued\u00f3 probado de sobra que la mandataria us\u00f3 el poder para sacar de [su] patrimonio y poner en el de Mar\u00eda Bibiana Botero, el derecho de dominio que, en com\u00fan y proindiviso ten\u00eda en aqu\u00e9l apartamento, basta examinar la escritura p\u00fablica aportada sobre la venta que se acus\u00f3 como simulada y el certificado de libertad y tradici\u00f3n, es decir, que la p\u00e9rdida del activo o su salida del patrimonio es inocultable\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al defecto material o sustantivo se\u00f1al\u00f3 que, la corporaci\u00f3n acusada no tuvo en cuenta la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2183 \u2013 responsabilidad referente a lo recibido -, y 1603 \u2013 ejecuci\u00f3n de buena fe \u2013, del C\u00f3digo Civil, \u00abpues son las que permiten establecer la responsabilidad de la se\u00f1ora Bibiana de la Candelaria Carrera, quien fung\u00eda como [su] mandataria en virtud del poder que [le] otorg\u00f3. La se\u00f1ora Carrera de Botero transfiri\u00f3 parte de [su] patrimonio\u00bb <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que, \u00abse deje sin efectos la sentencia de 31 de enero de 2023 emitida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, dentro del proceso [2019-00026] (\u2026) consecuencia de lo anterior, se emita un nuevo fallo teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada defendi\u00f3 la postura adoptada en esa providencia, la cual se sustent\u00f3 en un \u00abprofundo an\u00e1lisis probatorio y [\u2026] los supuestos normativos sustanciales pertinentes\u00bb, advirtiendo que no hall\u00f3 acreditado el presupuesto axiol\u00f3gico de la simulaci\u00f3n denominado \u00abintenci\u00f3n manifiesta de enga\u00f1o [\u2026] por lo que las pretensiones estaban llamadas al fracaso (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que tampoco qued\u00f3 demostrado el incumplimiento del contrato de mandato. En definitiva, sostuvo que el actor pretende que la tutela sea una \u00abtercera instancia\u00bb del juicio cuestionado, lo que resulta improcedente. <\/p>\n
2. Ricardo Andr\u00e9s Botero Carrera y Bibiana Carrera de Botero, por intermedio de apoderado se opusieron a la prosperidad de la acci\u00f3n tutelar. Explicaron el contexto en el que se dio la negociaci\u00f3n que reprocha el accionante, y destacaron que, estaba claro para todos que el apartamento en cuesti\u00f3n le pertenec\u00eda a Mar\u00eda Bibiana Botero Carrera, hermana del actor, quien ya hab\u00eda cancelado una hipoteca de otro apartamento, liberando a sus hermanos de esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirmaron que, el accionante, Juan Pablo, \u00abno ten\u00eda ni idea c\u00f3mo se hab\u00edan pagado las obligaciones generadas por la adquisici\u00f3n del inmueble en disputa y se estableci\u00f3 dentro del acervo probatorio que los mismos hab\u00edan sido producto de las actividades laborales de su hermana Mar\u00eda Bibiana\u00bb. Por lo tanto, adujeron que, no hubo \u00abninguna irregularidad de car\u00e1cter procesal que tenga relaci\u00f3n directa con la providencia que por este medio se impugna (\u2026) los argumentos [del] accionante no puede tener aceptaci\u00f3n en este procedimiento, toda vez que, no se compaginan con la realidad procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn inform\u00f3 que, el expediente del proceso en cuesti\u00f3n, proveniente del Noveno Civil del Circuito, lo recibi\u00f3 el 4 de agosto de 2023 encontr\u00e1ndose a la fecha pendiente de avocar conocimiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada por el quejoso dentro del juicio declarativo de simulaci\u00f3n absoluta que promovi\u00f3 contra Bibiana Carrera de Botero y Mar\u00eda Bibiana Botero Carrera (rad. 2019-00026), con la sentencia de 31 de enero de 2023, que confirm\u00f3 la del a quo, desestimatoria de las pretensiones; incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La providencia cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la colegiatura convocada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. En efecto, el tribunal abord\u00f3 cada uno de los elementos de conocimiento y los testimonios de cara a determinar si se hallaba configurada la simulaci\u00f3n alegada; al respecto, destac\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de los medios aludidos, se tiene que el negocio censurado s\u00ed era un acto que persegu\u00eda un efecto, que no era diferente que formalizar una situaci\u00f3n familiar, en virtud de la cual se le transfer\u00edan unos inmuebles (apartamento, parqueaderos y dep\u00f3sitos) a quien era su verdadera propietaria, todo dentro del entramado de un conjunto de negocios familiares. Entonces, exist\u00eda el \u00e1nimo obligacional, lo que es suficiente para confirmar la decisi\u00f3n apelada\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la ausencia de pago de precio, uno de los alegatos en que soport\u00f3 el demandante su tesis, a partir del an\u00e1lisis de la escritura de compraventa en discusi\u00f3n, dijo el tribunal accionado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La anterior copia del mismo texto escritural, deja en claro que precio en dinero s\u00ed hubo, y que el mismo se tuvo por recibido con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n del acto, por lo que en atenci\u00f3n al art\u00edculo 1934 del C.C., \u201cSi en la escritura de ventas se expresa haberse pagado el precio, no se admitir\u00e1 prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificaci\u00f3n de la escritura, y s\u00f3lo en virtud de esta prueba habr\u00e1 acci\u00f3n contra terceros poseedores.\u201d; entonces, cobra fuerza lo contextualmente expuesto por los demandados y los dos testigos ya relatados, en que el precio se pag\u00f3 anticipadamente con diferentes dineros que la actividad econ\u00f3mica familiar deb\u00eda a la compradora. <\/p>\n
En este punto el mismo demandante confes\u00f3 ignorar c\u00f3mo se hab\u00edan ido pagando las obligaciones derivadas del inmueble en disputa, habi\u00e9ndose establecido que era con recursos laborales de su hermana MAR\u00cdA BIBIANA, entonces enter\u00e1ndosele sobre el particular, se disipa cualquier duda sobre el pago del precio que echa de menos. <\/p>\n
Es decir, contrario a lo dicho por el recurrente, la compradora pag\u00f3 el precio convenido, por lo que la gen\u00e9rica afirmaci\u00f3n sobre el recibo del precio no resulta de recibo (sic), donde para desvirtuar la correspondiente atestaci\u00f3n notarial ya referida, era necesario que el interesado triunfara en la nulidad o falsificaci\u00f3n de la escritura censurada, lo que no ocurri\u00f3 de manera alguna en las presentes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 la magistratura tutelada que no era necesario que la negociaci\u00f3n hubiese sido informada, pues, precisamente, la vendedora (madre del demandante) se encontraba facultada para celebrarla y ello, per se, no supone una simulaci\u00f3n; de otro lado, explic\u00f3 que, la ausencia de precio eventualmente implicar\u00eda un incumplimiento contractual, pero no necesariamente que el negocio fuera simulado. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, indic\u00f3 que, en el estudio de los \u00abcontra indicios\u00bb, observ\u00f3 que, en cuanto a la venta del bien en concreto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) todos los demandados, as\u00ed como los testigos, coherentemente dan raz\u00f3n de sus dichos, el \u00fanico que hace conjeturas simulatorias es el actor, quien ni siquiera sab\u00eda c\u00f3mo o las circunstancias en que se hab\u00eda adquirido el bien o c\u00f3mo se pagaba, su molestia es porque no recibi\u00f3 unos recursos espec\u00edficos, pero resulta que s\u00ed los percibi\u00f3 dentro del contexto del enderezamiento de los negocios familiares y la claridad que comenz\u00f3 a d\u00e1rsele sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
De las relaciones parentales entre mandataria y compradora, si bien es cierto ello no es motivo de debate, en este caso lo que hace es reforzar la seriedad del negocio, precisamente, de cara a la claridad que se le quer\u00edan dar a unas relaciones econ\u00f3micas familiares\u00bb. <\/p>\n
Sobre la responsabilidad contractual, es decir, el incumplimiento de Bibiana Carrera de Botero en relaci\u00f3n con el mandato general otorgado por el demandante, precis\u00f3 la colegiatura acusada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el contrato de mandato est\u00e1 acreditado, del texto del mismo y contexto probatorio, tambi\u00e9n se tiene por satisfecho que el mandante no tiene obligaciones a su cargo, por lo que el segundo elemento tambi\u00e9n se cumple; pero en cuanto al tercero, de acuerdo a la cl\u00e1usula \u201cH\u201d del mandato, no se advierte que el mandatario hubiera incumplido a lo que se comprometi\u00f3, en este caso, de enajenar a t\u00edtulo gratuito u oneroso bienes muebles o inmuebles del comitente. Si ello es as\u00ed, por ese solo aspecto, la correspondiente pretensi\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
Refuerza la anterior idea el que la actividad probatoria del demandante se dirigi\u00f3 a probar la pretendida simulaci\u00f3n, pero nada hizo en relaci\u00f3n al perjuicio aparentemente sufrido; incluso, falt\u00f3 a la lealtad procesal al omitir informar que el bien vendido y de su inter\u00e9s, ten\u00eda una hipoteca insoluta (ver anotaci\u00f3n 10), lo que indefectiblemente influ\u00eda en la cuantificaci\u00f3n de lo reclamado, lo que de todos modos ello resulta inane, pues tampoco prob\u00f3 el da\u00f1o; en ello, se qued\u00f3 en la mera afirmaci\u00f3n, por lo que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C. G. del P., no podr\u00e1 obtener el efecto jur\u00eddico perseguido\u00bb. <\/p>\n
3.2. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del actor es el de recurrir a esta v\u00eda para anteponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento. En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal tutelado apreci\u00f3 la controversia y concluy\u00f3 a partir de los elementos de prueba analizados que, no lograba observarse patente la ficci\u00f3n atribuida al negocio jur\u00eddico cuestionado, as\u00ed como tampoco, el alegado incumplimiento al mandato general conferido por el demandante a su progenitora. <\/p>\n
Y, aunque el precursor del amparo se ocup\u00f3 de se\u00f1alar varios \u00abyerros\u00bb que en su concepto cometi\u00f3 la colegiatura accionada en sede de apelaci\u00f3n al valorar cada una de las pruebas practicadas, advierte la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos agotados y resueltos de fondo en ese escenario; es decir, lo que contienen sus argumentos es un nuevo recurso, utilizando la tutela como una instancia adicional, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer un determinado raciocinio probatorio a efectos de que coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que aqu\u00ed no se present\u00f3. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n accionada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8393-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8393-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-03064-00 (Aprobado en sesi\u00f3n veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Pablo Botero Carrera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75642\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}