STC8394-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8394-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00789-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yenny Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia y la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisar\u00eda Catorce de Familia de esta capital, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y los intervinientes en el proceso de Medida de Protecci\u00f3n por Violencia Intrafamiliar n\u00b0 2022-00804. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, integridad f\u00edsica, moral y psicol\u00f3gica, igualdad, paz y trato digno, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 6 de septiembre de 2022, Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez solicit\u00f3 medida de protecci\u00f3n \u00aben mi contra\u00bb, la cual fue remitida de la Comisar\u00eda de Familia de Los M\u00e1rtires a la de Puente Aranda, \u00abd\u00f3nde en audiencia celebrada el 21 de septiembre de 2022, [se] incurri\u00f3 en imprecisiones y omisiones\u00bb, como no haber recibido la versi\u00f3n del testigo que la acompa\u00f1\u00f3 en las instalaciones de la comisar\u00eda 16 durante \u00abcasi una hora\u00bb, pues \u00abten\u00eda que trabajar\u00bb. <\/p>\n
Que no se le indic\u00f3 que en la audiencia pod\u00eda presentar \u00abrequerimiento, recurso, petici\u00f3n con relaci\u00f3n a las declaraciones extra juicio [por ella aportados]\u00bb, las cuales \u00abdecreto como inconducentes, in\u00fatiles [e] impertinentes, demostr\u00e1ndose la falta de informaci\u00f3n oportuna y veraz como tambi\u00e9n la inexistencia del principio de solidaria humano (\u2026)\u00bb, y que en el acta se consignaron manifestaciones que no corresponden a la verdad, \u00abpuesto que siempre he sido respetuosa y asertiva; en la pr\u00e1ctica de pruebas se recort\u00f3 mi alegato (\u2026), es falso que yo haya dicho que fui dos veces el mismo d\u00eda a su lugar de trabajo (\u2026), nunca he ido durante estos 27 a\u00f1os al lugar de trabajo del se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez y menos a su residencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00absolo fui el 6 de septiembre de 2022 acompa\u00f1ada para proteger mi integridad por el patrullero Fl\u00f3rez del CAI [a] denunciar la violencia psicol\u00f3gica y verbal, y la Fiscal\u00eda General no hab\u00eda adelantado ninguna gesti\u00f3n ni medida de protecci\u00f3n a mi favor. La segunda instancia Juzgado 7 de Familia no tuvo en cuenta el testimonio del patrullero ni tampoco todo el material probatorio allegado que permite desvirtuar las supuestas conductas denunciadas en mi contra\u00bb. <\/p>\n
Que en la fecha antes indicada, \u00abel se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez me agredi\u00f3 verbalmente al llamarlo telef\u00f3nicamente para preguntar por el estado de mi hija de manera cordial, respetuosa, que es mi actuar normal, innato como lo demuestra los testimonios a trav\u00e9s de declaraciones extra juicio y presencial del testigo que no pudo ingresar por el incumplimiento de la hora de inicio de la audiencia (\u2026), por ende es claro que no he ido insistentemente y de manera reiterativa a su trabajo, no hubo de mi parte ning\u00fan hostigamiento ni menos ninguna violencia o agresi\u00f3n de mi parte (…), el video que [present\u00f3 su contraparte] en audiencia (\u2026) no lo llev\u00f3 en medio magn\u00e9tico, parece ser [que] est\u00e1 recortado (\u2026)\u00bb, por ello, \u00abno firm\u00e9 y apel\u00e9\u00bb la decisi\u00f3n adoptada en audiencia del 21 de septiembre de 2022, misma que fue avalada por el juez ad quem el 21 de junio de 2023. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n nunca adelant\u00f3 los tr\u00e1mites y gestiones pertinentes derivados de la denuncia por agresi\u00f3n verbal, psicol\u00f3gica para protegerme junto a mi hija [quien actualmente tiene 26 a\u00f1os de edad], interpuesta por mi parte en el a\u00f1o 2006\u00bb, y \u00aben denuncia interpuesta el 6 de septiembre y 30 de septiembre de 2022\u00bb, puesto que \u00abfui abandonada en plena situaci\u00f3n de vulnerabilidad por mi salud y situaci\u00f3n econ\u00f3mica como se demuestra en historia cl\u00ednica, sin ninguna muestra de solidaridad y comprensi\u00f3n (\u2026), no tengo trabajo, no tengo el m\u00ednimo vital, no tengo alimentos vivo de la caridad y el rebusque (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, por esta v\u00eda, se invalide lo resuelto dentro del proceso en cuesti\u00f3n y como consecuencia, \u00abse ordene las actuaciones legales como nulidad y reparaci\u00f3n de derechos y lo pertinente que considere el juez en defensa y protecci\u00f3n por acci\u00f3n y omisi\u00f3n de los accionados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez S\u00e9ptima de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00abel 21 de junio de 2023, esta autoridad procedi\u00f3 a decidir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora Yenny Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n, confirmando la medida de protecci\u00f3n impuesta en su contra, pues no desvirtu\u00f3 que en los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2022 no hubiere incurrido en las conductas objeto de denuncia y su actitud s\u00ed constituy\u00f3 hostigamiento contra el accionante, motivos que justificaron la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de origen\u00bb, y que \u00abse resolvieron las m\u00faltiples peticiones allegadas por la ahora accionante\u00bb. Solicit\u00f3 denegar el amparo al estimar que la decisi\u00f3n \u00abse efectu\u00f3 con base en el material probatorio acopiado [y porque], no se observa cr\u00edtica directa a las actuaciones desplegadas por este despacho judicial, que dicho sea de paso analiz\u00f3 objetivamente la situaci\u00f3n acaecida\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda, refut\u00f3 las irregularidades atribuidas a ese despacho y se opuso a lo pretendido, aduciendo que, para la resoluci\u00f3n criticada, \u00abse agotaron todas las etapas procesales bajo los principios del debido proceso (\u2026), quedando en firme con las garant\u00edas que el Estado est\u00e1 dando a las v\u00edctimas de violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisaria de Familia de Los M\u00e1rtires, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque tras avocar el asunto \u00abel 06 de septiembre de 2022 [data en que] fue admitida [y] otorgadas [al se\u00f1or Piragauta \u00d1a\u00f1ez] medidas de protecci\u00f3n provisionales (\u2026), se orden\u00f3 remitir las diligencias a la Comisaria Diecis\u00e9is de Familia de Puente Aranda con ocasi\u00f3n a la competencia territorial\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal 106 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que \u00abbajo el radicado 110016000050200604634, se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n por el punible de Inasistencia Alimentaria, donde figura como denunciante Yeimy Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n y como indiciado Luis Alexander Piragauta, diligencias que fueron instruidas por el entonces fiscal 9 adscrito a la extinta Unidad Primera Local de Fiscal\u00edas, tr\u00e1mite que se encuentra archivado por \u201cconciliaci\u00f3n\u201d\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. La agente del Ministerio P\u00fablico ante Comisar\u00edas de Familia de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, luego de referir la actuaci\u00f3n procesal surtida dentro del asunto objeto de la actual censura, conceptu\u00f3 que \u00abDentro del tr\u00e1mite que se adelant\u00f3 en la Comisaria de Familia de Puente Aranda, se han observado todas las garant\u00edas procesales conforme el tr\u00e1mite que establece la ley para este tipo de procesos, demostr\u00e1ndose que exist\u00edan condiciones para proceder a la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo implorado porque, \u00abrevisada la actuaci\u00f3n (\u2026), no observa que la autoridad judicial demandada haya incurrido en ninguna irregularidad o defecto que amerite la irremediable intervenci\u00f3n del juez constitucional con miras a adoptar una determinaci\u00f3n que salvaguarde los derechos fundamentales de la accionante. Por el contrario, emerge que la providencia cuestionada est\u00e1 soportada en argumentos que atienden a claras reglas de razonabilidad jur\u00eddica y obedecen a la labor hermen\u00e9utica propia de esa clase de asuntos, la que no deviene caprichosa o antojadiza, por lo que es inviable acceder a la protecci\u00f3n pretendida\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la queja dirigida contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dijo que \u00abno obra en las diligencias prueba que respalde dicha afirmaci\u00f3n. \u00danicamente se tiene constancia de la denuncia penal \u201cpor alimentos, agresi\u00f3n verbal, maltrato sicol\u00f3gico\u201d que radic\u00f3 la accionante el 31 de octubre de 2006, frente a la cual, la FISCAL\u00cdA 106 DELGADA inform\u00f3 que dicho proceso se encuentra \u00abarchivado por \u201cconciliaci\u00f3n\u201d, [y] en todo caso, el reclamo deviene improcedente por no cumplirse con el requisito de la inmediatez, [en tanto que] entre la fecha de la denuncia penal [se present\u00f3 el] 31 de octubre de 2006, y la acci\u00f3n de tutela [el] 11 de julio de 2023\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para insistir en que las decisiones criticadas constituyen \u00abv\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico\u00bb, y \u00abhubo desconocimiento [de] la perspectiva de g\u00e9nero\u00bb. Respecto de la inmediatez observada por el tribunal, aclar\u00f3 que la mora no se refer\u00eda a la denuncia presentada en el 2006, sino a la formulada el \u00ab30 de septiembre de 2022 por los presuntos delitos de calumnia, violencia intrafamiliar, psicol\u00f3gica, moral, emocional y econ\u00f3mica, como tambi\u00e9n por falso testimonio, falsedad de datos e inducir al error y manipulaci\u00f3n en mi contra\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer: (i) si el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, porque dentro del proceso n\u00b0 2022-00804, ratific\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar impuestas en su contra, y (ii) si respecto de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se configura situaci\u00f3n de mora judicial o dilaci\u00f3n procesal injustificada. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reproche tambi\u00e9n fue dirigido contra la resoluci\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde al pronunciamiento definitivo sobre el cual se suscitan los actuales reparos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, por regla general, que esta acci\u00f3n no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una providencia sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, esta Corporaci\u00f3n ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del tribunal, toda vez que: (i) de cara a lo resuelto por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia al interior del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, se establece que tal resoluci\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. Y, (ii) en relaci\u00f3n con el reproche contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no se demostr\u00f3 afectaci\u00f3n que amerite la injerencia de fallador excepcional. <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad. <\/p>\n
Conforme se advirti\u00f3, emerge respecto de la providencia proferida en segunda instancia por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia el 21 de junio de 2023, por cuanto no se avizora el defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n e indebida valoraci\u00f3n probatoria, ni yerro de otra \u00edndole que amerite la injerencia del fallador constitucional, comoquiera que, para resolver el pleito, el accionado tuvo en cuenta la normativa aplicable, y se vali\u00f3 de los medios de convicci\u00f3n recaudados por el a-quo y sobre ellos realiz\u00f3 una ponderaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
Las medidas de protecci\u00f3n impuestas por la Comisar\u00eda Diecis\u00e9is de Familia en prove\u00eddo el 21 de septiembre de 2022, consistieron en ordenarle a la all\u00ed querellada: \u00ab[a] ABSTENERSE de realizar en lo sucesivo, cualquier acto de agresi\u00f3n violencia e f\u00edsica, verbal o psicol\u00f3gica o intimidaci\u00f3n, amenazas u ofensas, en contra del se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez, en el inmueble donde vive o en cualquier lugar p\u00fablico o privado donde se llegaren a encontrar, o por cualquier medio tecnol\u00f3gico; [b] ABSTENERSE de protagonizar esc\u00e1ndalos, persecuciones, hostigamientos o hechos que perturben la paz o tranquilidad del se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez, en cualquier lugar en donde se llegare a encontrar; [c] PROHIBIR a la se\u00f1ora Yenny Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n el dirigirse hacia el se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez, con palabras despectivas, displicentes y\/o cualquier otra que afecte su integridad emocional y psicol\u00f3gica; [d] PROHIBIR a la se\u00f1ora Yenny Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n, rondar, husmear, asechar, perseguir al se\u00f1or Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez, en cualquier lugar p\u00fablico o privado donde se llegue a encontrar; [e] ORDENAR a la se\u00f1ora Yenny Alexandra P\u00e1ez Calder\u00f3n, ASISTIR a su costa a proceso psicoterap\u00e9utico, a su EPS, entidad p\u00fablica o privada que ofrezca estos servicios, con el objeto de mejorar su comunicaci\u00f3n, recibir orientaci\u00f3n respecto a manejar sus emociones, formas pac\u00edficas de resolver sus conflictos, evitar la violencia bajo toda circunstancia y mejorar la comunicaci\u00f3n asertiva, y todos los aspectos que considere necesarios el profesional tratante; [f] Luis Alexander Piragauta \u00d1a\u00f1ez, deber\u00e1 asistir, a su E.P.S. y\/o entidad p\u00fablica o privada, para seguimiento PSICOL\u00d3GICO a fin de que superen los hechos de violencia, y [g], mantener el apoyo policivo al se\u00f1or Piragauta \u00d1a\u00f1ez (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para refrendar tales determinaciones, el ad quem empez\u00f3 por memorar la normativa y jurisprudencia aplicable, detall\u00f3 los argumentos de la denuncia y los presentados a t\u00edtulo de descargos, y seguidamente se refiri\u00f3 a los reparos planteados por la denunciada, los cuales, en esencia, se refer\u00edan a que ella era la \u00abv\u00edctima de violencia intrafamiliar por parte del demandante\u00bb. Sobre el particular expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) valorado en su conjunto el material probatorio, [la recurrente] no logr\u00f3 desvirtuar por medio alguno, que en los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2022 no hubiera incurrido en las conductas por las cuales fue denunciada por el accionante en este asunto, pues por el contrario, del material digital o video aportado por ambas partes en audiencia se evidencia, tal como lo sostuvo el a quo en su providencia, y fue la raz\u00f3n principal por la cual se le impuso medida de protecci\u00f3n en su contra, que es cierto que la se\u00f1ora demandada compareci\u00f3 al lugar de trabajo del demandante en compa\u00f1\u00eda de la polic\u00eda, aunque dice ella, despu\u00e9s de haber sido agredida por el actor y otra compa\u00f1era de trabajo del mismo y para que no la siguieran agrediendo, generando con tal conducta hostigamiento y persecuci\u00f3n al actor en su sitio de trabajo, buscando como se advierte en el video una disculpa por parte de la se\u00f1ora Alexandra quien al parecer es compa\u00f1era de trabajo del accionante, por palabras que \u00e9sta al parecer le dijo en alg\u00fan momento previo, por lo cual dice la demandada, acudi\u00f3 al sitio nuevamente con la polic\u00eda para buscar que \u00e9ste la siguiera agrediendo dici\u00e9ndole \u201cloca\u201d; actitud que no fue la m\u00e1s acertada pues si consideraba que hab\u00eda existido alguna agresi\u00f3n en su contra, debi\u00f3 acudir a poner las denuncias pertinentes para que los hechos fueron debidamente investigados, pero no volver al sitio de trabajo del actor en compa\u00f1\u00eda de la polic\u00eda, acto que como lo consider\u00f3 el a quo en su providencia, constituye un claro acto de hostigamiento en contra del demandante, quien se recalca, se encontraba en su sitio de trabajo, al cual la demandada no debe acudir para ventilar cuestiones personales que deben ser debatidas en un escenario distinto, por lo que por estas circunstancias el recurso interpuesto debe ser negado\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a que \u00absu actitud no constituye hostigamiento alguno, pues no ha ido a buscar al actor de manera continua al trabajo y a su casa y menos le ha hecho alguna amenaza o discriminaci\u00f3n, [y que en el video allegado por su contraparte] se demuestra que ella es la que es v\u00edctima de agresiones\u00bb, afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a lo advertido por la demandada en su recurso, su actitud como se analiz\u00f3 anteriormente, s\u00ed constituye un hostigamiento en contra del actor y con base en el mismo es procedente la medida de protecci\u00f3n, pues para la ley no exige para la protecci\u00f3n de convivencia pac\u00edfica de la familia y la sociedad protegidos por mediante este tipo de acciones, que los actos de agresi\u00f3n u hostigamiento en este caso, sean constantes, sino que basta un solo acto de suyo capaz de entorpecer o dar al traste con la pac\u00edfica coexistencia, para que sea procedente que el Estado intervenga en pro del bien jur\u00eddico protegido, por lo que se repite, en este caso el solo acto ejercido por la demandada al ir al lugar de trabajo del actor a discutir cuestiones personales sin ser el lugar leg\u00edtimo para ello, y posteriormente acudir all\u00ed nuevamente en compa\u00f1\u00eda de la polic\u00eda, es un acto de hostigamiento que debe ser sancionado conforme lo prev\u00e9 el legislador\u00bb. <\/p>\n
Ahondando sobre el punto, el convocado enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abComo argumento principal de su defensa ha sostenido la demandada, que ella es quien ha sido v\u00edctima de ofensas, irrespeto, agresi\u00f3n verbal y psicol\u00f3gica por parte del actor, al decirle loca, lo que se prueba en el video y que adem\u00e1s le dijo vaya trabaje, porque yo si trabajo y eso es ofensivo y genera un ambiente hostil; adem\u00e1s de que ella adelant\u00f3 antes que \u00e9l una denuncia ante la fiscal\u00eda por agresi\u00f3n psicol\u00f3gica emocional, moral, injuria calumnia, por los hechos del 06 de septiembre de 2022. <\/p>\n
Sobre el punto debe se\u00f1alar esta Juez, que en el presente asunto se est\u00e1 estudiando la conducta en que dice el demandante incurri\u00f3 la demandada en los hechos denunciados, que si bien en gracia de discusi\u00f3n, pueden llegar a estar excusados en las agresiones de las que dice ella ha sido v\u00edctima por parte del demandante, no pueden investigarse en este asunto, debiendo analizarse lo pertinente por la autoridad correspondiente ante la cual ella dice puso la denuncia correspondiente; quedando claro para este proceso como ya se ha analizado, que la demandada s\u00ed incurri\u00f3 en el hostigamiento advertido por el a quo, debiendo por tanto confirmarse la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acerca de los reproches por la manera en que se desarroll\u00f3 la audiencia y supuesta falta de imparcialidad de la Comisar\u00eda, afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deber\u00e1 la demandada atenerse a lo contestado al respecto por el Comisario cuando se pronunci\u00f3 frente al derecho de petici\u00f3n elevado, y a lo ya analizado por esta Juez en donde no se advierte en la decisi\u00f3n de primera instancia parcialidad alguna, por cuanto se insiste, pese a las consideraciones de la demandada, es claro que en este caso quedaron demostradas las conductas que constituyen objeto para legalmente decretar una medida de protecci\u00f3n en su contra; pues adem\u00e1s sea decirlo paso, las declaraciones extra juicio allegadas por ella en la primera instancia, no pueden ser analizada como fundamento de esta decisi\u00f3n, como quiera que tales probanzas fueron legalmente desechadas por el a quo, y sobre tal decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno, por lo cual no son material probatorio en este asunto y en cuanto al video que dice fue recortado, t\u00e9ngase en cuenta por la apelante, que en el expediente aparece aportado tanto el grabado por ella como el grabado por el demandante el d\u00eda 6 de septiembre de 2022, sin que ninguno se advierta recortado, y sobre los mismos como se dijo, se evidencia la conducta de hostigamiento endilgada a la demandada. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior debe tenerse en cuenta en este asunto, el resultado del instrumento de identificaci\u00f3n preliminar de riesgo para la vida y la integridad personal por violencias al interior de la familia allegado al proceso, en donde en sus observaciones en la identificaci\u00f3n del riesgo se establece, entre otros aspectos, \u201c\u2026Como factores desencadenantes a la violencia se identifica d\u00e9ficit de comunicaci\u00f3n e inadecuada resoluci\u00f3n de Problemas. A su vez se establece (4) alarmas de riesgo para la vida e integridad f\u00edsica y psicol\u00f3gico del se\u00f1or LUIS ALEXANDER PIRAGAUTA. En correspondencia a lo anterior se orient\u00f3 al usuario respecto a los derechos que le asisten conforme la ley 294\/1996 modificada parcialmente por la 575 de 2000 y la 2126 de 2021\u2026\u201d, aspectos que hacen ver que efectivamente existe un riesgo de violencia intrafamiliar entre las partes que amerita la intervenci\u00f3n del Estado en este caso espec\u00edfico, para como lo determin\u00f3 la primera instancia, imponer medida de protecci\u00f3n a favor del demandante\u00bb. <\/p>\n
3.2. En este orden, los planteamientos contenidos en la providencia criticada se muestran ajustados a la normativa que rige la tem\u00e1tica, pues tras un suficiente debate para zanjar la controversia jur\u00eddica, el accionado ratific\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, emergiendo de ello que las discrepancias nuevamente esbozadas, demuestran que lo perseguido por la actora es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los hechos y del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, se reitera que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en tanto que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00, entre otras). <\/p>\n
Sobre el reparo en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala ha dicho constantemente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, exp. 00142-01, citada, entre otras, en STC7318-2023, 27 jul., rad. 00637-01). <\/p>\n
En ese sentido, esta acci\u00f3n procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite y por ello deviene inviable ya que este extraordinario remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01). <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento general de procedibilidad emerge en el presente asunto respecto del reclamo enfilado contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por carencia de prueba que demuestren los supuestos de hecho esbozados en la querella, <\/p>\n
pues frente a la supuesta dilaci\u00f3n procesal en relaci\u00f3n con la denuncia formulada el \u00ab30 de septiembre de 2022 por los presuntos delitos de calumnia, violencia intrafamiliar, psicol\u00f3gica, moral, emocional y econ\u00f3mica, como tambi\u00e9n por falso testimonio, falsedad de datos e inducir al error y manipulaci\u00f3n en mi contra\u00bb, no hay elemento persuasivo que lo acredite. <\/p>\n
N\u00f3tese que en relaci\u00f3n con acciones penales, lo \u00fanico que demostr\u00f3 la demandante fue la denuncia presentada el 31 de octubre de 2005, la cual, seg\u00fan la informaci\u00f3n proporcionada por la Fiscal 106 delegada ante los jueces penales del circuito de esta capital, dio lugar al proceso radicado bajo el n\u00b0 2006-04634), \u00abpor el punible de Inasistencia Alimentaria, donde figura como denunciante la se\u00f1ora YEIMY ALEXANDRA PAEZ CALDERON y como indiciado el se\u00f1or LUIS ALEXANDER PIRAGAUTA, diligencias que fueron instruidas por el entonces fiscal 9 adscrito a la extinta Unidad Primera Local de Fiscal\u00edas, tr\u00e1mite que se encuentra archivado por \u201cconciliaci\u00f3n\u201d\u00bb, m\u00e1s no se demostr\u00f3 que actualmente se siguiera otra investigaci\u00f3n penal por hechos acaecidos en septiembre de 2022, como lo dijo la accionante y reiter\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que al margen de que este instrumento excepcional se caracterice por ser un medio expedito y eficaz, con limitaci\u00f3n temporal en las instancias para su definici\u00f3n, quien lo promueve no est\u00e1 eximido de la carga de la prueba y, por tanto, se le exige desplegar, aunque sea una incipiente actividad probatoria tendiente a acreditar sumariamente su dicho y con ello la posible afectaci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 concebida para proteger situaciones hipot\u00e9ticas o meramente eventuales, m\u00e1s a\u00fan cuando \u201c[q]uien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u201d [CC T-835\/00]. <\/p>\n
En ese sentido corresponde precisar que si bien el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez de tutela para proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas, ello est\u00e1 condicionado por la misma norma a que tenga el convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, sin que, por ende, su determinaci\u00f3n pueda ser \u201c(\u2026) adoptada con base en el presentimiento, la imaginaci\u00f3n o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o est\u00e1 amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusi\u00f3n \u00fanicamente puede arribar el fallador mediante la evaluaci\u00f3n de los hechos por \u00e9l establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes\u201d [CC T-298\/93]\u00bb (CSJ STC, 18 dic. 2008, rad. 00191-01). <\/p>\n
Del mismo modo, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuando se desatiende el onus probandi, \u00abno puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisi\u00f3n distinta que la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada, pues correspond\u00eda a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo, pues contrario a su afirmaci\u00f3n, no existe ninguna evidencia que demuestre que ciertamente hubieran radicado el tr\u00e1mite aludido que les causa agravio a sus derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 5 jul., 2011, rad. 01271-00, citada en STC2386-2022, 2 mar., rad. 02360-01). <\/p>\n
En las condiciones descritas, por cuanto no se prob\u00f3 que la entidad vinculada hubiera vulnerado las garant\u00edas iusfundamentales invocadas, deviene improcedente el ruego tuitivo, pues reiteradamente esta Corte ha dicho, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 29 may. 2001, exp. 0294-01, citada en STC5705-2023, 14 jun., rad. 00417-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente ha aseverado que para la viabilidad de este excepcional mecanismo, se requiere: \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC3751-2023, 21 abr., rad. 00359-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) la determinaci\u00f3n de fondo dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas; y (ii) la censura contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no consolida afectaci\u00f3n, por cuanto no se prob\u00f3 la supuesta dilaci\u00f3n procesal a ella enrostrada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8394-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8394-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00789-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75643","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75643","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75643"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75643\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75643"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75643"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75643"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}