STC8397-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8397-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00770-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edith Ruth Sarmiento Parra contra el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00ba 2015-00702. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que concurri\u00f3 \u00abcomo tercero incidental\u00bb al proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal instaurado por Ada Cifuentes de Morales contra Luis Eduardo Morales Vargas, seguido ante el Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, para poner en conocimiento la existencia de un pleito de \u00abdeclaraci\u00f3n y reconocimiento de sociedad civil de hecho y su liquidaci\u00f3n entre ella y el se\u00f1or Morales Vargas [con quien] sostuvo una uni\u00f3n marital de hecho por m\u00e1s de treinta (30) a\u00f1os (\u2026), donde con su trabajo personal y sus propios recursos formaron una sociedad de hecho civil entre concubinos [2019-00048]\u00bb, en el cual el Juzgado Civil del Circuito de Villeta profiri\u00f3 fallo favorable el \u00ab23 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Que habiendo pedido al Juzgado Civil del Circuito de Villeta \u00abla disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad civil, (\u2026) con auto de fecha 7 de septiembre de 2020 ordena dejar sin valor ni efecto el antecedente registral y por secretar\u00eda desglosar los documentos\u00bb, y enseguida neg\u00f3 la solicitud; que tras agotar los recursos de ley, elev\u00f3 nuevo pedimento, empero, \u00ablas causales de subsanaci\u00f3n fueron imposibles de adecuar en tan poco tiempo [por lo que] la solicitud de liquidaci\u00f3n fue rechazada mediante auto de fecha 23 de agosto de 2021\u00bb. Ante ello, present\u00f3 nueva solicitud de \u00abliquidaci\u00f3n de la sociedad civil de hecho entre concubinos (\u2026), encontr\u00e1ndose actualmente al despacho desde el d\u00eda 2 de junio de 2023, para decidir sobre su admisi\u00f3n\u00bb luego de que fuera \u00absubsanada\u00bb. <\/p>\n
Que por parte del estrado accionado se han presentado \u00abviolaciones flagrantes (\u2026), en la liquidaci\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal entre la se\u00f1ora Ada Cifuentes de Morales y el se\u00f1or Luis Eduardo Morales Vargas (\u2026), al no darle curso a la reposici\u00f3n interpuesta contra el auto del 23 de abril de 2023 y los dem\u00e1s yerros jur\u00eddicos\u2026 [en particular, porque] no le dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 163 del C\u00f3digo General del Proceso, [ya que] tuvo como prueba para la reanudaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal (\u2026), la certificaci\u00f3n allegada del Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta, de la uni\u00f3n marital de hecho entre Edith Ruth Sarmiento Parra y Luis Eduardo Morales Vargas (sin reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes por prohibici\u00f3n legal), y no la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2019 del Juzgado Civil del Circuito de Villeta en el proceso verbal de reconocimiento y liquidaci\u00f3n de la sociedad civil de hecho entre concubinos, en estado de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Tercero de Familia de Bogot\u00e1, tras detallar las principales actuaciones surtidas al interior del juicio radicado bajo el n\u00b0 2015-00702, inform\u00f3 que \u00aben aras de impartir celeridad a la actuaci\u00f3n, por auto que se notificar\u00e1 en el pr\u00f3ximo estado #28, se adoptar\u00e1n las decisiones que en derecho correspondan, frente a las solicitudes [elevadas por los intervinientes]\u00bb, y asever\u00f3 que \u00abdentro del tr\u00e1mite procesal se ha garantizado el debido proceso, derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los interesados\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Guillermo G\u00f3mez Montes, quien dijo haber actuado en el liquidatorio reprochado como \u00abapoderado de la se\u00f1ora Ada Cifuentes de Morales\u00bb, manifest\u00f3 que esta acci\u00f3n \u00abcarece de fundamentos tanto jur\u00eddicos [como] f\u00e1cticos, [y que] lo \u00fanico que pretende [la actora] es dilatar un proceso que ya fue terminado y en el cual (\u2026) la demandante no es ni ha sido parte en el proceso de divorcio ni en el liquidatorio, y menos a\u00fan en proceso de sucesi\u00f3n doble e intestada de Ada Cifuentes de Morales y Eduardo Morales Vargas [que] cursa en el Juzgado Primero Promiscuo [de Familia] de Villeta\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Jaime Vicente Morales Vargas, quien expres\u00f3 obrar como \u00abapoderado de la se\u00f1ora Ada Cifuentes de Morales\u00bb, se opuso a lo pretendido, se\u00f1alando que la querella se soporta en \u00abafirmaciones falsas\u00bb, y con ella la promotora \u00absolo pretende dilatar la acci\u00f3n de la justicia (\u2026), con el \u00fanico objeto de explotar y usufructuar ilegalmente los bienes que no le corresponden\u00bb. <\/p>\n
4. Rafael Octavio, Mar\u00eda Alicia y Ada Zoraida Morales Cifuentes, en su calidad de hijos de Ada Cifuentes de Morales y Luis Eduardo Morales Vargas -fallecidos el 21 de septiembre de 2022 y 11 de octubre de 2022, respectivamente-, se opusieron a lo pretendido, aduciendo que la partici\u00f3n realizada de com\u00fan acuerdo entre las partes, fue aprobada por el juzgado, \u00aba pesar de que algunos bienes fueron distra\u00eddos de la liquidaci\u00f3n porque pasaron a manos de la se\u00f1or Edith Ruth Sarmiento\u00bb; que \u00abel despacho est\u00e1 llamado a no dilatar los proceso por causa de un tercero que no es parte\u00bb, acotando que \u00aben firme la providencia emitida por el tribunal al juez de instancia le corresponde acatar la orden imprimida en continuar el proceso\u00bb. Pidieron \u00abse remita al Consejo Superior de la Judicatura todas las actuaciones del aqu\u00ed apoderado [Henry Arturo Beltr\u00e1n Ordo\u00f1ez] ya que interpone acciones temerarias [y] se investigue por su falta de \u00e9tica profesional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar que \u00aben efecto, a la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, el Juez 3\u00b0 no hab\u00eda efectuado ning\u00fan pronunciamiento frente al recurso de reposici\u00f3n que fue interpuesto por la actora; empero, el funcionario judicial, mediante auto de 13 de los cursantes, dispuso \u201cSer\u00eda del caso resolver lo que en derecho corresponda respecto de los memoriales visibles en los PDF23 y 25, si no fuera porque, revisado el plenario se advierte que el presente asunto se encuentra terminado mediante sentencia de fecha 09 de noviembre de 2021; raz\u00f3n por la cual, al no ser parte dentro del presente asunto, tal y como se indic\u00f3 en la decisi\u00f3n objeto de inconformidad, resulta improcedente, dar tr\u00e1mite a los recursos de reposici\u00f3n interpuestos\u201d (\u2026), actuaci\u00f3n con la cual ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos alegados, ante la posible dilaci\u00f3n del tr\u00e1mite a que se alude\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora para reiterar los argumentos de su demanda tutelar, destacando que el accionado \u00abno resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto el 19 de abril de 2023 contra la decisi\u00f3n adoptada mediante auto de fecha 13 de abril de 2023, y s\u00f3lo vino a referirse al mismo, despu\u00e9s [de] que se present\u00f3 la presente acci\u00f3n, con el argumento que el proceso ya hab\u00eda terminado mediante sentencia de fecha 21 de noviembre de 2021- Empero, se le olvid\u00f3 (\u2026) que el recurso de reposici\u00f3n iba dirigido con efe tos a declarar la nulidad de la sentencia [en menci\u00f3n], esto es, que si prospera el incidente de nulidad, la sentencia ser\u00e1 nula y deber\u00e1 volverse a resolver\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la actora, al haber reanudado el tr\u00e1mite procesal correspondiente a la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00ba 2015-00702, y haber desechado la nulidad planteada respecto de la aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n, o si, por el contrario, esa actuaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la injerencia del fallador constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Seg\u00fan la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con observancia en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio implorado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque la actuaci\u00f3n refutada, no constituye yerro espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Lo anterior, porque m\u00e1s all\u00e1 de que a trav\u00e9s de este mecanismo se hubiera censurado una situaci\u00f3n de mora judicial que el tribunal declar\u00f3 superada en virtud del reciente pronunciamiento, la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la instauraci\u00f3n de esta queja constitucional, radica en que finalmente se le neg\u00f3 la posibilidad de reclamar dentro del pleito de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal Morales-Cifuentes, los derechos patrimoniales que aduce le corresponden tras la declaraci\u00f3n judicial de una \u00absociedad civil de hecho entre concubinos\u00bb. <\/p>\n
3.1. En efecto, luego de revisar lo acontecido en el pleito seguido ante el Juzgado Tercero de Familia de Bogot\u00e1, encuentra la Sala que la concurrencia de la querellante al proceso liquidatorio seguido a la declaraci\u00f3n de divorcio entre Ada Cifuentes de Morales y Luis Eduardo Morales Vargas, se produjo luego de la presentaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, diligencia -realizada el 12 de marzo de 2019- en la que se aprobaron los mismos y se autoriz\u00f3 a los apoderados de las partes confeccionar el trabajo partitivo. <\/p>\n
Seguidamente da cuenta el expediente de que, a petici\u00f3n de la interesada, mediante prove\u00eddo del 9 de julio de 2019 el juzgado decret\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n del proceso (\u2026), hasta tanto se definan los tr\u00e1mites que se siguen ante los Juzgados Promiscuo de Familia y Civil del Circuito de Villeta\u00bb, habilit\u00e1ndose la intervenci\u00f3n de la hoy tutelante a trav\u00e9s de su representante judicial. Ello, porque acredit\u00f3 que el 6 de marzo de 2019, se admiti\u00f3 una demanda de \u00abdeclaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho\u00bb (rad. 2019-00013), y el 11 de marzo de 2019 una \u00abdeclaratoria de existencia de sociedad de hecho\u00bb (rad. 2019-00048), ambas notificadas al demandado el 20 de marzo de la misma anualidad. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n se ratific\u00f3 por el juzgado el 25 de septiembre de 2019 y en sede de apelaci\u00f3n el 7 de julio de 2020, precis\u00e1ndose que si bien \u00abel art\u00edculo 505 del C. G. del P., no refiere a la suspensi\u00f3n del proceso, (\u2026) no es menos cierto que el art\u00edculo 516 \u00eddem, remite a la aplicaci\u00f3n de la primera para la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n, [y que de ello] se colige que la se\u00f1ora Sarmiento Parra, quien adelanta proceso declarativo ante autoridad judicial competente para determinar su calidad de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Morales Vargas, est\u00e1 legitimada para intervenir en la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, tras haberse acreditado que el Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta, dentro del pleito n\u00b0 2019-00013 hab\u00eda proferido sentencia el 3 de mayo de 2019, en la que resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb entre la ac\u00e1 accionante y el se\u00f1or Morales Vargas, pero, \u00abNEGAR la declaraci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, con prove\u00eddo del 18 de enero de 2021, el accionado puso tal informaci\u00f3n en conocimiento de los interesados, y advirti\u00f3 que previo a dictar sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, esta deb\u00eda rehacerse para \u00abincluir las actuaciones relevantes dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Presentada nuevamente la partici\u00f3n de com\u00fan acuerdo por las partes del proceso -representadas por sus apoderados judiciales a quienes se les autoriz\u00f3 elaborarla-, el juzgado la aprob\u00f3 mediante sentencia adiada el 9 de noviembre de 2021, la cual fue objeto de \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb y solicitud de \u00abnulidad\u00bb, radicadas por el mandatario judicial de la se\u00f1ora Sarmiento Parra -el 16 de noviembre de 2021-, arguyendo que por estar suspendida la actuaci\u00f3n seg\u00fan auto del 9 de julio de 2019, el fallo se dict\u00f3 \u00absin haberse dado cumplimiento a lo normado en el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo General del proceso\u00bb. <\/p>\n
Luego de varios requerimientos, con auto del 11 de mayo de 2022 el encartado emiti\u00f3 auto en el cual dispuso \u00abrechazar de plano el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por el apoderado de la se\u00f1ora Edith Ruth Sarmiento Parra, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 509 del C. G. del P.\u00bb, y \u00aben cuanto a la solicitud de nulidad (\u2026), se pone en conocimiento [del] peticionario lo establecido en los art\u00edculos 133 y 134 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
En sede de reposici\u00f3n -el 12 de octubre de 2022- se mantuvo la no concesi\u00f3n del recurso vertical, d\u00e1ndose cabida al de queja que desat\u00f3 el tribunal el 19 de diciembre del mismo a\u00f1o, declarando bien denegada la apelaci\u00f3n, al se\u00f1alar que la recurrente carece de legitimaci\u00f3n, porque \u00abno es parte de la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, [pues] la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n [lo fue] hasta tanto el Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta resolviera el proceso de uni\u00f3n marital de hecho, [lo que acaeci\u00f3] el 3 de mayo de 2019, [donde] reconoci\u00f3 la existencia de uni\u00f3n marital de hecho (\u2026) pero, neg\u00f3 \u201cla declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial (\u2026)\u201d, [y por ello] no puede alegar que tiene inter\u00e9s patrimonial que la habilite para intervenir en el tr\u00e1mite liquidatorio de los bienes sociales de los c\u00f3nyuges [Morales-Cifuentes]\u00bb. Adem\u00e1s, porque contra la partici\u00f3n aprobada mediante el fallo atacado, \u00abno fue propuesta objeci\u00f3n alguna\u00bb, incumpli\u00e9ndose el requisito de la taxatividad (numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 509 del estatuto adjetivo). <\/p>\n
Arribado el asunto al juez a-quo, el 13 de abril de 2023 profiri\u00f3 auto de \u00abobed\u00e9zcase y c\u00famplase\u00bb, y en otro prove\u00eddo se pronunci\u00f3 frente a los reparos de la accionante en relaci\u00f3n con la \u00abnulidad de la sentencia\u00bb, advirtiendo que \u00abno podr\u00e1 seguir actuando dentro del presente proceso\u00bb; ante ello, el abogado de la interesada impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, se\u00f1alando que reasum\u00eda el mandato ya que \u00abla sanci\u00f3n de suspensi\u00f3n en el ejercicio de mi profesi\u00f3n culmin\u00f3 el 27 de diciembre de 2022 [y la poderdante] no me revoc\u00f3 el poder\u00bb, y que exhortaba al querellado a definir el \u00abincidente de nulidad [que propuso] conforme a la causal 3 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
De cara a lo anterior, mediante prove\u00eddo del 13 de julio de 2023 y notificado por estado al d\u00eda siguiente1, estando ya en curso el presente auxilio, la agencia judicial accionada se pronunci\u00f3 sobre el recurso y requerimientos en menci\u00f3n, indicando que no era dable resolver tales memoriales, al advertir \u00abque el presente asunto se encuentra terminado mediante sentencia de fecha 09 de noviembre de 2021, raz\u00f3n por la cual, al no ser parte dentro del presente asunto, tal y como se indic\u00f3 en la decisi\u00f3n objeto de inconformidad, resulta improcedente dar tr\u00e1mite a los recursos de reposici\u00f3n interpuestos\u00bb. <\/p>\n
3.2. En las circunstancias descritas, advierte la Corte que m\u00e1s all\u00e1 de que en las recientes decisiones se hubiera podido ahondar en razones para resolver los pedimentos de la reclamante, dado el contexto f\u00e1ctico que acaba de describirse, se colige con suficiencia que lo resuelto en el juicio liquidatorio en relaci\u00f3n con las aspiraciones de la ahora querellante, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y, por ende, lejos de tener aptitud para lesionar las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
En suma, la posibilidad de que dentro de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de la pareja Morales \u2013 Cifuentes, pudiera disponerse la eventual exclusi\u00f3n de algunos bienes relacionados como activo social, no result\u00f3 jur\u00eddicamente provechosa para la se\u00f1ora Sarmiento Parra, porque pese a que se dispuso la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n (art\u00edculos 516 y 505 del C\u00f3digo General del Proceso) mientras se defin\u00edan los pleitos ordinarios seguidos en el municipio de Villeta, tal figura jur\u00eddica no tuvo incidencia en el pleito seguido ante el despacho acusado. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan el prove\u00eddo del 25 de septiembre de 2019, ratificado por el tribunal el 7 de julio de 2020, el fundamento para que se suspendiera la partici\u00f3n consisti\u00f3 en la existencia del declarativo de uni\u00f3n marital de hecho con radicaci\u00f3n 2019-00013, que la ac\u00e1 tutelante segu\u00eda contra el se\u00f1or Morales Vargas ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Villeta, y al haberse acreditado que culmin\u00f3 el 3 de mayo de 2019 con fallo desestimatorio de pretensiones patrimoniales, proced\u00eda la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
3.3. En este orden, los planteamientos contenidos en las providencias censuradas, en particular, las emitidas a partir de la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n y que con sus cuestionamientos abarcan hasta el auto proferido el 13 de julio de 2023, se ajustan a la normativa que rige la tem\u00e1tica bajo examen, pues tras un suficiente debate en las instancias, desestim\u00f3 las aspiraciones de la quejosa, emergiendo de ello que las discrepancias nuevamente esbozadas por la accionante, demuestran que lo perseguido es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los hechos y del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, mientras la actuaci\u00f3n procesal criticada no desencadene en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, el hecho de que el resultado de la misma no se avenga a los intereses de la accionante, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada, escapa al \u00e1mbito de competencia del fallador constitucional. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la protecci\u00f3n deprecada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, el juez del amparo \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en STC2485-2023, 15 mar., rad. 00938-00). <\/p>\n
3.4 Finalmente, se denegar\u00e1 la solicitud de algunos vinculados, encaminada a que se compulsen copias para que se investigue disciplinariamente al abogado de la aqu\u00ed demandante, porque en circunstancias semejantes esta Corte ha recalcado que, quien estime que alguna persona \u00abincurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 may., 2012, exp. 01037-00, citada, entre otras, en STC7040-2023, 19 jul., rad. 00612-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del ruego tuitivo, pero en raz\u00f3n a que las determinaciones objeto de censura, no son producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por la puntual raz\u00f3n que se precis\u00f3 en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n