STC8399-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8399-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2023-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 19 de julio de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Tamayo Tamayo contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el compulsivo n\u00ba 2022-00151-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente conculcadas por la autoridad convocada al rechazar, por extempor\u00e1nea, la solicitud de adici\u00f3n formulada contra el prove\u00eddo de 18 de abril de 2023. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama se adelanta en su contra el aludido ejecutivo de alimentos, en el cual se dispuso como cautela el \u00abembargo retenci\u00f3n del 30% del salario (sin otra descripci\u00f3n), esta \u00faltima mediante Auto de fecha 23 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que se cumpli\u00f3 mediante 2oficio 2022 0359 de la Secretar\u00eda del Juzgado, sin embargo a pesar que en la Providencia no se mencion\u00f3, en el citado oficio se le indico al pagador que el embargo se extend\u00eda no solo al salario sino a las bonificaciones, primas y dem\u00e1s emolumentos\u00bb. <\/p>\n
Relata, que, el 13 de marzo de 2023, el despacho modific\u00f3 dicha orden afectando el 10% del salario devengado, esto en raz\u00f3n a que sobre el mismo recae otra cautela equivalente al 40%. Advierte que formul\u00f3 reposici\u00f3n, no obstante, \u00absin argumentaci\u00f3n alguna\u00bb le fue despachada desfavorablemente, el 18 de abril anterior. <\/p>\n
Indica, que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n del anterior auto, el 26 de abril hoga\u00f1o, sin embargo, el 9 de mayo siguiente el estrado acusado no dio le dio tr\u00e1mite relievando que fue presentada de manera extempor\u00e1nea, determinaci\u00f3n que recurri\u00f3 argumentando que \u00abel Juzgado inicialmente inserto (sic) el Estado 12, en el vinculo (sic) de \u201centradas y salidas del despacho\u201d el d\u00eda 19 de abril, pero luego fue desmontada de ese vinculo (sic) y solo hasta el d\u00eda 26 de abril fue publicado de forma correcta en el v\u00ednculo \u201cestados electr\u00f3nicos\u201d el precitado estado 12, que conten\u00eda el Auto que se pretend\u00eda pedir su adici\u00f3n\u00bb. Asegura, que pese a lo enunciado la autoridad fustigada, mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, el 13 de junio de 2023. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene al juzgado censurado \u00abque proceda con el estudio y aplicaci\u00f3n de la adici\u00f3n presentada y sustentada (concomitante con las razones jur\u00eddicas esbozadas en el recurso de reposici\u00f3n en contra del auto de fecha 13 de marzo de 2023)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama defendi\u00f3 su proceder y asegur\u00f3 que ha respetado las garant\u00edas que reclama el gestor. <\/p>\n
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2. Quien adujo ser el apoderado de la parte demandante en el recaudo que origina el reclamo constitucional manifest\u00f3 que el accionante pretende utilizar este excepcional mecanismo como \u00abuna nueva instancia\u00bb, por lo que se opuso a su prosperidad arguyendo que \u00abel mecanismo de adici\u00f3n tiene una naturaleza y fin aclaratorio de las providencias judiciales, m\u00e1s no modificatorio de las providencias ya tomadas tal como lo busca el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio argumentando que \u00abla controversia planteada en la presente acci\u00f3n de tutela carece de trascendencia constitucional, por: a) ser una cuesti\u00f3n mera legalidad frente a los t\u00e9rminos discutidos y de connotaci\u00f3n econ\u00f3mica al orientarse a cuestionar el decreto de la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n del salario, b) la inexistencia de una restricci\u00f3n desproporcionada a los derechos fundamentales invocados entorno a su contenido, alcance y goce y c) la imposibilidad que, la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones del juez de conocimiento proferidas en debida forma\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante reiterando lo aducido en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama vulner\u00f3 las prerrogativas deprecadas por el convocante, al rechazar, por extempor\u00e1nea, la solicitud de adici\u00f3n incoada frente al prove\u00eddo de 18 de abril de 2023, proferido en el marco del ejecutivo de alimentos n\u00ba 2022-00151-00 adelantado en su contra. <\/p>\n
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La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
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3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. El reclamo se enfila a cuestionar el auto de 9 de mayo de 2023, por medio del cual la autoridad fustigada no dio tr\u00e1mite a la solicitud de aclaraci\u00f3n que formul\u00f3 el aqu\u00ed accionante respecto del auto de 18 de abril anterior, pues seg\u00fan el dicho del promotor la publicaci\u00f3n del estado electr\u00f3nico n\u00ba 12, de 19 de abril de 2023, en el micrositio del despacho accionado s\u00f3lo se dio hasta el d\u00eda 26 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n
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2. De la revisi\u00f3n que la Sala realiza al asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que la concesi\u00f3n del auxilio resulta improcedente por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Hechos probados: <\/p>\n
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i. Angela Tamayo Romero, mayor de edad, promovi\u00f3 el ejecutivo n\u00ba 2022-00151-00 en contra de su progenitor Hernando Tamayo Tamayo, pretendiendo el cobro de las cuotas alimentarias de los meses de enero, febrero y marzo de 2022. <\/p>\n
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ii. El 23 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama libr\u00f3 orden de apremio y dispuso el embargo del 30% del salario devengado por el demandado. <\/p>\n
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iii. El 18 de julio de 2022, el estrado dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; y el 26 de octubre de esa anualidad recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n del \u00e1rea de talento humano de administraci\u00f3n judicial en la que se inform\u00f3 sobre la imposibilidad de acatar la cautela dispuesta, esto en raz\u00f3n a que el 40% salario del empleado se encontraba afectado con otra medida por cuota de alimentos. <\/p>\n
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iv. El 1 de marzo de 2023, Hernando Tamayo Tamayo solicit\u00f3 \u00abautorizar y ordenar el desarchivo del proceso 2021-357. Remitir al \u00e1rea de talento humano de administraci\u00f3n judicial los oficios de levantamiento de medida cautelar proferidos dentro del proceso ejecutivo de alimentos 2021-357. Ordenar al \u00e1rea de talento humano realizar los respectivos descuentos del monto m\u00e1ximo a favor del proceso 2022-151. Ordenar al \u00e1rea de talento humano no tener en cuenta la medida cautelar decretada en el proceso 2021-00357. De haberse realizado los descuentos del salario del demandado dentro del proceso bajo radicado 2021-357 se tengan en cuenta dentro del proceso 2022-151 y se autorice a la demandante el cobro de dichas sumas de dinero\u00bb. <\/p>\n
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v. El 13 de marzo de 2023, el despacho convocado resolvi\u00f3 desfavorablemente las solicitudes del aqu\u00ed accionante, y dispuso el embargo del 10% de su salario. <\/p>\n
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vi. La anterior determinaci\u00f3n fue recurrida por el interesado, no obstante, en prove\u00eddo de 18 de abril de 2023 se mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n, la cual se notific\u00f3 en el estado electr\u00f3nico n\u00ba 12, el 19 de abril de esta anualidad1, y en la cartelera del despacho. <\/p>\n
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vii. El 26 de abril de 2023, Hernando Tamayo Tamayo solicita adici\u00f3n respecto del auto de 18 de abril anterior, sin embargo, el 9 de mayo de 2023 la autoridad convocada la rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea, determinaci\u00f3n que no fue objeto de modificaci\u00f3n, el 13 de julio de 2023, relievando que \u00ablas publicaciones con efectos procesales realizadas por \uf05bese\uf05d Juzgado son publicadas en el micrositio de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, a su vez, las mismas son publicitadas en la cartelera f\u00edsica de la Secretar\u00eda del Despacho, con el fin de garantizar el derecho de contradicci\u00f3n y publicidad que tiene los sujetos procesales, lo anterior, teniendo en cuenta que por el alto tr\u00e1fico de datos de la p\u00e1gina web existen momentos en los cuales se colapsa la misma y no permite la visualizaci\u00f3n del contenido. As\u00ed las cosas, se tiene que dentro del caso en concreto no existen reclamos adicionales respecto de la publicaci\u00f3n del Estado No. 12\u00bb <\/p>\n
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2. Conforme a lo documentado en precedencia, y al margen de la discusi\u00f3n en torno a la fecha en la que se concret\u00f3 la inserci\u00f3n del estado n\u00ba 12, en el micrositio del despacho acusado, que dicho sea de paso, no fue acreditado por el accionante que se hubiese efectuado en una fecha diferente al 19 de abril de 2023, lo cierto es, que el enteramiento del prove\u00eddo de 18 de abril hoga\u00f1o, tambi\u00e9n se surti\u00f3 en la cartelera del despacho, garantizando as\u00ed la publicidad de dicha decisi\u00f3n, el derecho de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo expuesto, no se evidencia la trasgresi\u00f3n de las prerrogativas invocadas a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
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4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, pero por lo arg\u00fcido en esta instancia, debido a que no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones se\u00f1aladas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n