STC8401-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC8401-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 11 de julio de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernel Grimaldo Garc\u00eda, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 54001-60-01131-2014-05929. <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto cuestionado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que en su contra se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de omisi\u00f3n de agente retenedor, tr\u00e1mite en el que fueron adelantadas diferentes actuaciones sin convoc\u00e1rsele adecuadamente y, por lo cual, el 17 de enero de 2018, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garant\u00edas de C\u00facuta, lo declar\u00f3 persona ausente, fecha en la que adem\u00e1s se efectu\u00f3 la imputaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, bajo esa vinculaci\u00f3n, fue condenado el 23 de junio de 2021 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n y multa de $140.191.084, decisi\u00f3n que apel\u00f3 quien fuera designado su defensor de oficio, y confirm\u00f3 el Tribunal Superior accionado el 14 de septiembre de 2022, providencia que no fue impugnada a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que s\u00f3lo se enter\u00f3 de las diligencias en su contra hasta mediados del mes de mayo de 2023, cuando fue capturado, y, anot\u00f3 que no cuenta con herramientas de defensa en el proceso adelantado, porque en el mismo ya se adoptaron decisiones definitivas, lo que evidencia la procedencia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Tras exponer in extenso lo ocurrido en el proceso y las equivocaciones cometidas frente a su vinculaci\u00f3n, expres\u00f3 que la protecci\u00f3n demandada debe abrirse paso porque tales irregularidades no constituyen un simple error judicial que pueda ser tolerado, porque \u00abi) el juicio en ausencia es una figura excepcional\u00edsima que solo procede, como lo han dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, cuando se ha evidenciado que se han agotado todos los recursos razonables para la ubicaci\u00f3n de la persona; ii) esos recursos no se utilizaron aqu\u00ed: no se hicieron labores de vecindario para ubicar[lo] (\u2026), no se realiz\u00f3 una orden de captura que permitiera ubicarlo a trav\u00e9s de controles realizados por la polic\u00eda de vigilancia en la revisi\u00f3n de c\u00e9dulas, no se consult\u00f3 con los accionistas de la empresa en cuesti\u00f3n qui\u00e9n era el representante legal de la misma, entre otra gran cantidad de posibles labores investigativas que pudieron realizarse; iii) se conden\u00f3 a una persona que nunca tuvo la oportunidad de defenderse, no porque se haya alejado de su proceso o pudiera evidenciarse su desinter\u00e9s en asistir, sino por la simple ineficiencia de la Fiscal\u00eda y los operadores judiciales, y iv) si [\u00e9l] (\u2026) se hubiera podido defender habr\u00eda tenido diferentes oportunidades que le fueron negadas\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 anular el tr\u00e1mite judicial adelantado en su contra \u00abdesde el 26 de octubre de 2017 para que este se rehaga cumpliendo las cargas de verificaci\u00f3n material para la declaratoria de persona ausente, lo que llevar\u00e1 a que (\u2026) pueda estar enterado de su proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta, inform\u00f3 que en sentencia de 14 de septiembre de 2022 confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al solicitante, providencia en la que neg\u00f3 los beneficios de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2. El Juez Coordinador del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio de C\u00facuta, relat\u00f3 los antecedentes del proceso reprochado y, en cuanto a las diligencias adelantadas para vincular al accionante, advirti\u00f3 que el edicto ordenado para el emplazamiento del solicitante, realizado el 2 de noviembre de 2017, fue objeto de control de legalidad y se dispuso su reelaboraci\u00f3n, lo cual se realiz\u00f3 correctamente el 18 de enero de 2018, surti\u00e9ndose su publicaci\u00f3n en prensa y radio. <\/p>\n
4. La Fiscal 25 Seccional de Seguridad P\u00fablica de C\u00facuta, indic\u00f3 que, si bien en su sistema de informaci\u00f3n se evidencia la denuncia formulada contra el peticionario y la sentencia condenatoria proferida en su contra, no tiene acceso a los documentos correspondientes, puesto que no estuvo a cargo del proceso y las diligencias se encuentran en f\u00edsico en los despachos judiciales. <\/p>\n
5. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de conocimiento de C\u00facuta, refiri\u00f3 lo ocurrido en el proceso y pidi\u00f3 negar el amparo, toda vez que no evidencia vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo porque no evidenci\u00f3 irregularidad \u00aben el procedimiento que condujo a la declaratoria de persona ausente del aqu\u00ed accionante\u00bb, toda vez que, de la revisi\u00f3n del proceso cuestionado, pudo concluir que se encontraron satisfechos los presupuestos del art\u00edculo 127 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal que consagra el tr\u00e1mite para la declaratoria de persona ausente y, \u00aba pesar de las actividades efectuadas dentro de la fase de indagaci\u00f3n, libr\u00e1ndose comunicaciones a las direcciones que se registraron como posibles residencias del procesado y sus n\u00fameros telef\u00f3nicos\u00bb, no se logr\u00f3 establecer su ubicaci\u00f3n \u00abraz\u00f3n por la cual se hizo necesario proceder al emplazamiento mediante edicto y su publicaci\u00f3n en medios de prensa radial y escrita\u00bb. Agreg\u00f3 que, en el procedimiento censurado, el actor siempre cont\u00f3 con la representaci\u00f3n de un abogado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos expresados en la demanda de tutela, a los que adicion\u00f3 que el a quo constitucional desconoci\u00f3 que dejaron de realizarse varias actuaciones que pudieron agotarse para lograr su debida convocatoria al tr\u00e1mite y destac\u00f3 que el hecho de contar con un abogado en el proceso no superaba la vulneraci\u00f3n alegada, porque se trat\u00f3 de un defensor de oficio con quien no tuvo oportunidad de contactarse para controvertir las imputaciones efectuadas en su contra con argumentos y pruebas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiera adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022 reiterada, entre muchas otras, en STC1886-2023 y STC3021-2023). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, el se\u00f1or Fernel Grimaldo Garc\u00eda pretende la nulidad del proceso penal en el que fue condenado el 23 de junio de 2021, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta el 14 de septiembre de 2022, por el delito de omisi\u00f3n de agente retenedor, porque, seg\u00fan expuso, las diligencias adelantadas para su vinculaci\u00f3n como persona ausente en ese asunto -declaratoria acogida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta-, fueron insuficientes, lo que conduce a la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
3. Sobre lo expuesto, se advierte que en este caso se encuentra superado el presupuesto de inmediatez, porque, como lo indic\u00f3 el solicitante, apenas tuvo conocimiento del asunto rese\u00f1ado en mayo de 2023 -cuando se materializ\u00f3 su captura- y, asimismo, est\u00e1 satisfecho el requisito de la subsidiariedad, pues, si bien no fue agotado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia proferida en segunda instancia, lo cierto es que la defensa del solicitante estuvo a cargo de un defensor de oficio con quien no tuvo contacto y por lo que, seg\u00fan afirma en la impugnaci\u00f3n, no se surti\u00f3 una debida defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
4. Fijado lo anterior, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la providencia impugnada, pues, como lo sostuvo el a quo, la declaratoria de persona ausente en el asunto reprochado estuvo precedida de gestiones diligentes dirigidas a lograr la ubicaci\u00f3n del accionante, sin embargo, como \u00e9stas fueron infructuosas y el proceso deb\u00eda continuar se vincul\u00f3 al actor como persona ausente. <\/p>\n
4.1 En efecto, de la revisi\u00f3n de los soportes allegados a este tr\u00e1mite, se constata que en el proceso controvertido la Fiscal\u00eda aport\u00f3 como datos para citar al actor, la direcci\u00f3n \u00abcalle 11 Nro. 10-38 o 10-40 barrio El Llano (C\u00facuta) tel\u00e9fonos: 5721856 y 3143327224\u00bb, porque la DIAN, denunciante en el caso, la hab\u00eda suministrado conforme al certificado de la C\u00e1mara de Comercio de la sociedad representada por el aqu\u00ed accionante, sin embargo, el Centro de Servicios Judiciales, tras intentar la notificaci\u00f3n, advirti\u00f3 \u00abseg\u00fan lo manifestado por los vecinos, la vivienda se encuentra desocupada desde el a\u00f1o anterior. El n\u00famero celular desv\u00eda la llamada al buz\u00f3n de mensajes, en cuanto al n\u00famero telef\u00f3nico el sistema informa que no est\u00e1 en uso\u00bb. <\/p>\n
4.2 Fijada la fecha para adelantar la diligencia de imputaci\u00f3n, la autoridad a cargo la reprogram\u00f3, y requiri\u00f3 que previamente se realizara la notificaci\u00f3n del investigado en otra direcci\u00f3n obrante en el expediente, esto es, \u00abAVENIDA 0 Calle 2 Nro. 0-02 del barrio Kennedy\u00bb de C\u00facuta, lo que se intent\u00f3 sin \u00e9xito en dos oportunidades m\u00e1s, en las que se certific\u00f3 que \u00abla direcci\u00f3n est\u00e1 incompleta falta n\u00famero del inmueble, los vecinos no lo conocen\u00bb. <\/p>\n
4.3 Teniendo en cuenta las gestiones adicionales que se adelantaron para lograr la notificaci\u00f3n del peticionario, esto es, los oficios enviados a la EPS en la que figuraba como afiliado y a la Superintendencia de Sociedades -Regional Bucaramanga-, ante quien se tramit\u00f3 el proceso liquidatorio de la sociedad representada por el actor, el que termin\u00f3 con rendici\u00f3n de cuentas y \u00abcero activos\u00bb, estas entidades suministraron iguales datos a los ya aportados en el proceso penal sobre el lugar de notificaciones del reclamante, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de C\u00facuta el 26 de octubre de 2017, acogi\u00f3 la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda sobre disponer el emplazamiento del procesado mediante edicto fijado en la secretar\u00eda del despacho durante cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles y en radio y prensa, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, solicitud coadyuvada por la DIAN y no controvertida por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
4.4 En diligencia de 17 de enero de 2018, el Juzgado mencionado, tras verificar el emplazamiento realizado y encontrar errores en el mismo, porque el n\u00famero de c\u00e9dula del procesado no figuraba correctamente, orden\u00f3 rehacer el emplazamiento y, una vez agotada esa gesti\u00f3n, el 17 de abril de 2018 declar\u00f3 al aqu\u00ed actor persona ausente, oportunidad en la que adem\u00e1s se le design\u00f3 abogado de oficio y se realiz\u00f3 la imputaci\u00f3n al acusado. <\/p>\n
4.5 Durante el juzgamiento el accionante cont\u00f3 con la representaci\u00f3n del apoderado de oficio, quien formul\u00f3 en su nombre apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio, que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de C\u00facuta el 14 de septiembre de 2022. <\/p>\n
5. En las actuaciones rese\u00f1adas esta Sala no encuentra irregularidad ni negligencia, porque las autoridades referidas agotaron gestiones suficientes en orden a conseguir la vinculaci\u00f3n efectiva del peticionario, sin embargo, ante la imposibilidad de lograr su comparecencia, el Juzgado con funciones de control de garant\u00edas accedi\u00f3 a declararlo persona ausente, verificando, como lo impone el art\u00edculo 127 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que se hubiesen \u00abagotado mecanismos de b\u00fasqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado\u00bb, todo lo cual descarta la procedencia del amparo aqu\u00ed reclamado. <\/p>\n
6. Adicionalmente, corresponde destacar que no se establece vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica del peticionario, pues siempre estuvo asistido por un abogado adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica, quien concurri\u00f3 al juicio, se notific\u00f3 de los actos procesales trascendentales y present\u00f3 su teor\u00eda del caso en favor de los intereses del solicitante, e incluso apel\u00f3 el fallo condenatorio. <\/p>\n
Con todo, debe anotarse que esta Sala, siguiendo lo se\u00f1alado por la hom\u00f3loga Penal, ha indicado que cuando se cuestiona v\u00eda tutela la gesti\u00f3n profesional de un defensor en un proceso penal, la violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3, pues el actor no estuvo en \u00abuna situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho (SP154-2017, exp. 48128)\u00bb (CSJ. STC8252-2022). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8401-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC8401-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01325-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}