STC8406-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8406-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-03076-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite: <\/p>\n
2.1. Afirma el promotor que, \u00ab[e]l Fondo Nacional del Ahorro, sin realizar la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, el 20\/02\/03 instaur\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria [en su contra]\u00bb, limit\u00e1ndose a aportar \u00abprueba de haber realizado en forma unilateral el trabajo de redenominaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, pasando por alto lo anterior, el despacho a cargo profiri\u00f3 mandamiento de pago por el capital adeudado y, al no presentar excepciones, \u00abporque no fui notificado en debida forma\u00bb, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala que \u00abel 20\/01\/20 se radic\u00f3 incidente de nulidad por carencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026), siendo rechazado\u00bb; m\u00e1s adelante, dice que present\u00f3 solicitud de \u00abterminaci\u00f3n anormal del proceso con fundamento en los art\u00edculos 312 del CGP, (\u2026) 880 del C. de Co., (\u2026) 111 de la ley 510 de 1999 [y] 72 de la ley 45 de 1990, sustentado con una liquidaci\u00f3n en donde se demuestra que en las dos liquidaciones aprobadas en el despacho no se aplicaron los 30 pagos recibidos por el FNA\u00bb, pero el estrado encartado \u00abasevera que al ceder a un tercero la obligaci\u00f3n, el Fondo Nacional del Ahorro ya no es parte del proceso, por lo tanto niega requerir[lo]\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo dem\u00e1s, destaca que como \u00abla parte actora presenta una actualizaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (\u2026) tomando como base las liquidaciones aprobadas con tasa de inter\u00e9s variable\u00bb, la objet\u00f3 por error grave, aportando una liquidaci\u00f3n alternativa. <\/p>\n
Frente a ello, \u00abel despacho declar[\u00f3] sin valor y efecto las liquidaciones aprobadas [previamente], modific\u00f3 y aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n ordenando a pagar la suma de $10.652.485,12. A la decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n en v\u00eda de aclaraci\u00f3n correcci\u00f3n errores aritm\u00e9ticos adici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, [pues] si se toma lo ordenado a pagar en los tres \u00edtems en el mandamiento de pago es la suma de $16.152.029 frente a los 30 pagos realizados posterior al mandamiento de pago de $22.647.779 queda un saldo a favor (\u2026) de $6.495.479, [y] el despacho solo aplica $5.499.543 (\u2026) desconociendo el hist\u00f3rico de pago suministrado por el FNA y los recibos de pagos aportados en la etapa en que se pidi\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb; no obstante, el tribunal ratific\u00f3 lo decidido, toda vez que al desatar el recurso vertical \u00abdefine que los art\u00edculos 285 al 287 no son sujeto de apelaci\u00f3n [y] asevera falazmente que no se aport\u00f3 en la objeci\u00f3n liquidaci\u00f3n alterna\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abse ordene terminar el proceso No. 2003-00158 por [pago] total de la obligaci\u00f3n, se conmine al Fondo Nacional del Ahorro a devolver la suma de $6.495.479,90 con los intereses causados desde el 14 de julio del 2016 hasta la fecha\u00bb y de manera subsidiaria, \u00abdeclarar la nulidad del proceso desde el 5 de agosto del 2004 incluido el mandamiento de pago porque (\u2026) no se reestructur\u00f3 el cr\u00e9dito de vivienda aqu\u00ed ejecutado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tribunal accionado afirm\u00f3 que, en la providencia atacada, \u00abse valor\u00f3 en integridad las pruebas y se aplicaron las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que \u00abatendi\u00f3 cada uno de los memoriales interpuestos por el tutelante; igualmente, se han desatado todas las controversias relativas a la imputaci\u00f3n de abonos y terminaci\u00f3n del asunto alegadas por los intervinientes\u00bb y remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo Nacional del Ahorro aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n, toda vez que no es parte dentro del proceso objeto de queja, como quiera que \u00ab[l]a obligaci\u00f3n hipotecaria No 7941025504, cuyo titular es el se\u00f1or Juan Carlos Collazos Vargas, fue cedido en el a\u00f1o 2014, y la cesi\u00f3n es reconocida por el Juzgado de conocimiento mediante auto del 11 de mayo de 2015\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abno ha conocido proceso alguno en el que sea parte el se\u00f1or JUAN CARLOS COLLAZOS VARGAS\u00bb y por ende \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Aecsa S.A.S., quien represent\u00f3 al Fondo Nacional del Ahorro, destac\u00f3 que el proceso cuestionado \u00abfue cedido a un tercero, por lo cual mi protegida desconoce las gestiones que se hayan realizado entre el acreedor originario, el cesionario y el accionante como deudor de dicha obligaci\u00f3n\u00bb y asegur\u00f3 que no ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles mencion\u00f3 las actuaciones que ha desplegado, como \u00f3rgano de control, con ocasi\u00f3n del proceso cuestionado y pidi\u00f3 \u00abNEGAR el amparo exorado respecto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, [pues] no aparece fundamento f\u00e1ctico alguno que apunte a cuestionar [su] actuar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del gestor, en el hipotecario que se promueve en su contra (rad. n.\u00ba 2003-00158), por cuanto confirm\u00f3 el auto que, en primera instancia, revoc\u00f3 el prove\u00eddo de 9 de noviembre de ese a\u00f1o y dej\u00f3 sin efecto los autos de 3 de mayo de 2010 y 24 de agosto de 2015 que, previamente, impartieron aprobaci\u00f3n a las liquidaciones de cr\u00e9dito aportadas por la parte ejecutante y, en su lugar, decidi\u00f3 \u00abmodificar y aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en un total de $10.652.485.12\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la prerrogativa fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la corporaci\u00f3n querellada si bien comenz\u00f3 precisando que, \u00ablos cuestionamientos planteados por el demandado frente a la decisi\u00f3n de 15 de diciembre de 2021, que modific\u00f3 oficiosamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no son susceptibles de ser abordados como una apelaci\u00f3n\u00bb, debido a que lo pedido \u00abfrente a esta providencia fue la aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n\u00bb, por lo que \u00ab[c]omo en este caso la solicitud fue resuelta de forma negativa en el auto de 18 de agosto de 2022, (\u2026) la norma habilitaba al demandado para que, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de esta decisi\u00f3n, interpusiera los recursos procedentes contra aquel auto de 15 de diciembre de 2021. No obstante, en esta oportunidad no emple\u00f3 tal facultad\u00bb. <\/p>\n
Lo cierto es que, en \u00faltimas, frente a las alegaciones formuladas por el demandado, defini\u00f3 que las mismas no tendr\u00edan posibilidad de salir avante, como quiera que, de una parte, \u00abel ejecutado busca que se libre \u201cmandamiento de pago en contra de FONDO NACIONAL DEL AHORRO por la suma de $6.495.4793.99 m\u00e1s los intereses de mora que se causen desde la fecha de expedici\u00f3n del mandamiento de pago hasta cuando se efectu\u00e9 el pago\u201d [y] [t]al pretensi\u00f3n resulta, a todas luces, improcedente, pues, para cumplir tal prop\u00f3sito debe iniciar la acci\u00f3n respectiva, conforme a los art\u00edculos 422 y ss. del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que \u00ablos valores cuyo pago pretende que sean reconocidos por el juzgador no se soportaron debidamente, seg\u00fan las exigencias del canon 446, ibidem, esto es, aportando una liquidaci\u00f3n alternativa, junto con los documentos que sustenten dichos valores y que precisen los errores cometidos en la cuenta que se debate\u00bb, pues \u00abest\u00e1n soportados en 3 documentos consistentes en un estado de cuenta de emitido por el Fondo Nacional del Ahorro con fecha de 5 de junio de ese 2015, un paz y salvo emitido por esa entidad el 5 de septiembre de 2016, y un pago hecho a esa misma instituci\u00f3n el 14 de julio siguiente. Sin embargo, como se evidencia en el expediente, desde el 11 de mayo de 2015 se reconoci\u00f3 como cesionario del Cr\u00e9dito a Oscar Arbey Ortiz, circunstancia que incluso fue validada por este Tribunal en auto de 15 de junio de 2018, en donde se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo que hab\u00eda aceptado la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso suscrita entre el FNA y el demandado, dado que \u201cel acto de disposici\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito cristalizado en la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, emanado de la referida entidad, no pod\u00eda desconocer esa condici\u00f3n sustancial\u201d. Posteriormente, en virtud de otro acuerdo de cesi\u00f3n, qued\u00f3 como titular del cr\u00e9dito el se\u00f1or Fredy Guillermo Mu\u00f1oz Ram\u00edrez, situaci\u00f3n que fue reconocida en auto de 19 de octubre de 2018, que se notific\u00f3 por estado el 22 siguiente y cobr\u00f3 firmeza d\u00eda 25 de esa fecha\u00bb. <\/p>\n
Y fue bajo ese an\u00e1lisis que concluy\u00f3, \u00abno es dable tener como soporte de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito pagos realizados a un sujeto distinto del acreedor de la obligaci\u00f3n. Si bien es cierto que al inicio del proceso judicial el FNA ten\u00eda dicha calidad, tambi\u00e9n lo es que, en raz\u00f3n de la cesi\u00f3n que hizo a Oscar Ortiz, y este a Fredy Mu\u00f1oz, en este momento procesal, esa entidad viene a ser un tercero respecto de la relaci\u00f3n sustancial de la cual emana el cobro\u00bb y, en tal virtud, \u00abla liquidaci\u00f3n propuesta por el extremo ejecutado no luce suficiente para descartar la hecha oficiosamente por el juez de primer grado\u00bb, en la que, en todo caso, adem\u00e1s de tener en cuenta los abonos incluidos en la orden de pago, se determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar al reconocimiento de intereses de mora a cargo del demandado. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente caso. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
3.3. Finalmente, como el promotor extiende sus reclamos aduciendo que el demandante \u00abno reestructur\u00f3 el cr\u00e9dito de vivienda aqu\u00ed ejecutado\u00bb, cabe decir que igual conclusi\u00f3n -la de razonabilidad- se presenta frente a tales alegaciones, pues mediante autos de 23 de enero y 3 de marzo de 2020 -confirmados en segunda instancia-, se defini\u00f3 que no hab\u00eda lugar al cumplimiento del aludido requisito de procedibilidad para iniciar la ejecuci\u00f3n, debido a que \u00abel cr\u00e9dito se concedi\u00f3 en pesos y se ejecuta en pesos\u00bb y \u00abcon oficio No. 2794 del 12 de septiembre de 2014, el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogot\u00e1, comunic\u00f3 el embargo de remanentes\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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