STC8407-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8407-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00121-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de julio de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Deisy Ayala Ayala contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se revoquen \u00ablas providencias de fecha 19 de agosto de 2022 y… de 28 de octubre de 2022\u00bb que \u00abcausan la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Alexander Morales Dur\u00e1n y Andr\u00e9s Rodrigo Morales D\u00edaz instauraron proceso hipotecario contra Mar\u00eda Deisy Ayala Ayala, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, en el que se libr\u00f3 mandamiento de pago, se dispuso el embargo y secuestro del inmueble perseguido, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el aval\u00fao del bien y su remate. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, con auto de 19 de agosto de 2022 fue desestimada la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao presentada por la pasiva; y el 1\u00ba de septiembre de 2022 se fij\u00f3 el 5 de octubre siguiente como fecha para llevar a cabo la almoneda, data en la que se adelant\u00f3 dicha diligencia y en la que se adjudic\u00f3 a los ejecutantes el bien por la suma de $2.534.048.475. <\/p>\n
2.3. Con prove\u00eddo de 28 de octubre de ese a\u00f1o se rechaz\u00f3 por improcedente la solicitud de ilegalidad del auto de 1\u00ba de septiembre anterior, decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; y en la misma data, se aprob\u00f3 el remate, determinaci\u00f3n objeto de alzada; el 24 de noviembre se desestim\u00f3 la reposici\u00f3n y las apelaciones impetradas; y el 30 de noviembre se interpuso queja, sin embargo, el 22 de febrero de 2023 el ad-quem declar\u00f3 bien denegada la alzada. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que el despacho acusado se apart\u00f3 del procedimiento dispuesto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso; que el t\u00e9rmino de vigencia de los aval\u00faos era de un a\u00f1o; que el allegado debi\u00f3 someterse a contradicci\u00f3n de su contraparte, \u00faltima que deb\u00eda aportar un nuevo dictamen, que no limitarse a presentar reparos; y que se rechaz\u00f3 dicha actualizaci\u00f3n por carecer de las memorias que llevaban a su conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en la audiencia de remate se le solicit\u00f3 al extremo actor que especificara por qu\u00e9 present\u00f3 dos ofertas, frente a lo que la apoderada contest\u00f3 que era una aclaraci\u00f3n, empero, fue una revocatoria parcial de la misma, lo que no era posible por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso; y que se indujo a error al fallador acusado al expresarle que la oferta v\u00e1lida era la presentada el 5 de octubre de 2022, que no la del d\u00eda anterior, pues no fue un yerro de digitaci\u00f3n como se aleg\u00f3, sino una reducci\u00f3n del 4.5% del valor. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto; y que se le hab\u00eda vulnerado el debido proceso en 3 oportunidades: \u00ab(i) la omisi\u00f3n del rechazo de la objeci\u00f3n del aval\u00fao\u00bb conforme a la norma, \u00ab(ii) la omisi\u00f3n de ordenar la realizaci\u00f3n del aval\u00fao de conformidad con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 444 C G del P\u00bb, y (iii) \u00abaceptar la revocatoria parcial de la oferta de remate del demandante\u00bb. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que no se ten\u00eda en cuenta la contradicci\u00f3n de la prueba pericial; que su abogado no puedo verificar lo acontecido con la aclaraci\u00f3n de la oferta, por cuanto no pod\u00eda conocer las ofertas que se hab\u00edan allegado al remate; y que se present\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no hab\u00eda peticiones pendientes por resolver; que la parte pasiva \u00abde manera posterior\u00bb le manifest\u00f3 estar incursa en tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante; y que en el proceso hab\u00eda dado cabal cumplimiento a los preceptos legales y constitucionales existentes, por lo que no se presentaba la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. Dana Jaime Usme Mej\u00eda, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Alexander Morales Dur\u00e1n y Andr\u00e9s Rodrigo Morales D\u00edaz, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dichos vinculados. <\/p>\n
3. Oscar Arturo Ram\u00edrez \u00c1ngel solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, en tanto que desconoc\u00eda lo sucedido en el juicio criticado; y que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. El Centro de Conciliaci\u00f3n Moncar adujo que no intervino en la ocurrencia de los hechos que fundaban la solicitud de resguardo; que no conculc\u00f3 ninguna prerrogativa esencial; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
5. La accionante se pronunci\u00f3 frente a las contestaciones allegadas y solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la accionante guard\u00f3 silencio frente al prove\u00eddo de 19 de agosto de 2022; que si lo pretendido era la invalidaci\u00f3n de la diligencia de remate, la actora debi\u00f3 alegar las irregularidades que ahora pon\u00eda de presente, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso; que la tutela no era un instrumento alterno a los procedimientos judiciales; y que no se vislumbraba la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que agot\u00f3 los recursos ordinarios procedentes; que si bien no recurri\u00f3 la providencia de 19 de agosto de 2022, s\u00ed interpuso solicitud de control de legalidad frente a la misma y, en la audiencia, a trav\u00e9s de la reposici\u00f3n, manifest\u00f3 los defectos, por lo que lo indicado por el Tribunal Constitucional era contrario a la realidad; que desat\u00f3 los recursos frente a la adjudicaci\u00f3n; y que se cercen\u00f3 el resguardo sin fundamento jur\u00eddico v\u00e1lido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la providencia censurada de 19 de agosto de 2022 y la interposici\u00f3n de la tutela el 27 de abril de 2023, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. De otro lado,encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que no se vislumbra que la accionante hubiese agotado todos los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, la promotora no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el referido prove\u00eddo de 19 de agosto de 2022, ni tampoco aleg\u00f3 las irregularidades que ahora expone, que pod\u00edan afectar la validez del remate, antes de la adjudicaci\u00f3n del inmueble, conforme con lo previsto en el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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