STC8412-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8412-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2023-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de agosto de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Arles y Consuelo Hoyos G\u00f3mez contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y S\u00e9ptimo Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, familia, vivienda, vida digna y \u00abjusticia recta\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar que \u00abse resuelva la apelaci\u00f3n por el juez 3 civil del circuito, pues t[ienen] derecho al recurso [que] el abogado si present\u00f3 el escrito de sustentaci\u00f3n y lo hizo antes y no est\u00e1 prohibido\u00bb. <\/p>\n
2.1. Carlos Arles y Consuelo Hoyos G\u00f3mez promovieron demanda en contra de Miguel Hernando Segovia Ruiz y Holmes Hoyos G\u00f3mez, con el fin de obtener por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el inmueble con folio inmobiliario n\u00b0 370-177142 de Cali; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de esa ciudad, autoridad que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 9 de diciembre de 2022 neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 8 de marzo siguiente, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 el remedio, al tiempo que, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 corri\u00f3 traslado de 5 d\u00edas al recurrente para sustentar la alzada; no obstante, ante el actuar silente, el 19 de abril de 2023 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de las decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, lo procedente es tramitar la apelaci\u00f3n, toda vez que, su \u00ababogado ya hab\u00eda sustentado en un escrito demasiado largo donde indicaba fallas o irregularidades [de la] sentencia\u00bb, memorial con el que \u00abcumpli\u00f3 con sustentar, por eso no est\u00e1[n] de acuerdo con que se rechaz\u00f3 [el] recurso\u00bb, destacando que, tal argumentaci\u00f3n la formularon ante el a quo dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la emisi\u00f3n del fallo, tal como lo dispone el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.4. Anotaron que el estrado acusado desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales, en punto a la validez de la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n en primera instancia, raz\u00f3n por la que no hab\u00eda lugar a declarar tal deserci\u00f3n, esto, conforme se lo indic\u00f3 su abogado. <\/p>\n
2.5. Agregaron que es necesario que el ad quem tramite de fondo su remedio vertical, comoquiera que, el fallador de instancia cometi\u00f3 yerros en el juicio, pues \u00abdesconoci\u00f3 todas las pruebas y solo tomo un pedacito de las preguntas que [les] hizo y lo que aclara[ron] para la sentencia y\u2026 el abogado [les] dijo que eso era una indebida valoraci\u00f3n y no exist\u00eda congruencia\u00bb; adem\u00e1s, que ellos le indicaron a su mandatario que recurriera la sentencia de primera instancia, pero \u00abya no cre[en] en la justicia\u2026 y le dije[ron] al abogado que dejara as\u00ed las cosas de la apelaci\u00f3n, pero el abogado\u2026 [les] dijo que ya [hab\u00eda] susten[tado]\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que el 19 de abril de 2023 declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que incoaron los accionantes contra la sentencia de primera instancia; que se remite a la motivaci\u00f3n contenida en el prove\u00eddo criticado; que con anterioridad los gestores formularon otra acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n 2022-00356. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, comoquiera que, no ha vulnerado garant\u00edas de primer grado y ha actuado conforme las normas aplicables al caso concreto; destac\u00f3 que el ahora escrito de tutela omiti\u00f3 la lealtad y buena fe, as\u00ed como la temeridad en las declaraciones de los accionantes, al indicar bajo la gravedad del juramento que recibieron una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica por parte de al juzgado, enlodando el buen nombre y reputaci\u00f3n del despacho; remiti\u00f3 para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Karen Julieth Quimbaya Andrade, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Miguel Hernando Segovia Ru\u00edz, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, pues, de un lado, los accionantes \u00abpasaron por alto los t\u00e9rminos y oportunidades con que contaba para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia, al tenor de los dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022\u00bb; y, por otra parte, porque contra el auto que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada, no formularon recurso de reposici\u00f3n, el cual era procedente para exponer ante el juez natural los argumentos ahora tra\u00eddos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien los gestores promovieron una inicial acci\u00f3n de tutela, aquella se dirigi\u00f3 contra los autos que negaron una nulidad y resolvieron un derecho de petici\u00f3n, por lo que no se advierte la existencia de temeridad con lo ahora pretendido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que, el a quo constitucional desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, en los que en casos similares se concede el resguardo por haber sido sustentada la apelaci\u00f3n ante el fallador de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja de los promotores de la salvaguarda se dirige contra el prove\u00eddo de 19 de abril de 2023; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, debido a que los quejosos tuvieron a su alcance el recurso de reposici\u00f3n contra el referido auto -por medio del cual el Juzgado declar\u00f3 desierta la alzada-, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del Estatuto General del Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Al respecto, en reciente pronunciamiento, en un caso con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, la Corte dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que la memorialista no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n \u2013en virtud de la regla general contenida en el primer inciso del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013 el auto mediante el cual el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de C\u00facuta declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado, en el marco del ejecutivo hipotecario que se adelant\u00f3 en su contra, si es que se encontraba inconforme con esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, es de resaltar que la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
Ahora, sobre la idoneidad y eficacia del recurso de reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb(CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). (CSJ, STC7251-2021; 18 de jun.; rad. 2021-00109-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo dicho impone confirmar el fallo impugnado, destacando que los precedentes invocados por los quejosos son inaplicables a su caso, dada la disparidad f\u00e1ctica existente, comoquiera que, en aqu\u00e9llos, a diferencia de \u00e9ste, s\u00ed se satisfizo el aludido presupuesto de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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